Abelardo cree que la delincuencia organizada colombiana, con todas sus siglas y configuraciones, tiene la mano levantada para proceder a someterse sin más ni más, como si estuviera derrotada y aniquilada. Las estructuras rurales y urbanas conservan su capacidad militar intacta; sus rentas, tanto legales como ilegales siguen lucrando; no hay poblaciones movilizadas exigiendo su entrega al gobierno, algunas por miedo y otras por asimilación de su presencia; su capacidad de corromper a la institucionalidad no se ha menguado, lo mismo que su capacidad para incidir en los procesos electorales. Muchos políticos agradecen y agradecerán sus votos y recursos.
La primera circunstancia para presagiar que la ley 2640 de 2026, o ley de sometimiento, será un fracaso estruendoso, es la mala lectura del estado actual de los múltiples actores generadores de violencia en Colombia. Llámense beligerantes o no, aunque el gobierno de Abelardo y el Congreso borraron de un brochazo la clasificación que la institucionalidad había formulado desde años atrás, con criterios validos unos y otros discutibles, como los GAO (grupos armados organizados), GAOML (grupos armados organizados al margen de la ley con vocación política) y las más urbanas EAOCAI (estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto). Sin mayor análisis o evaluación, para el actual gobierno, todas son ilegales o terroristas (¡esa letra o tan peligrosa ¡). El voluntarismo improvisador del milagroso del palacio de Nariño, no se propuso considerar una mínima caracterización de los sujetos objeto de la ley de sometimiento, para un factible tratamiento diferenciado.
En el escenario urbano, en particular de Medellín y el Valle de Aburra, el Espacio de Conversación Socio Jurídico llevado a cabo en el gobierno anterior con las estructuras ilegales del crimen de alto impacto, pudo constatar su capacidad de regulación de la actividad delincuencial en la región, y como expresión de su voluntad de paz, la reducción histórica de las cifras de los más impactantes delitos como el homicidio; tendencia que hoy parece va en reversa, después del levantamiento del proceso, ante la amenaza cierta del crimen multinacional interesado en apropiarse de los territorios y las rentas licitas e ilícitas. Las estructuras locales habían contenido su presencia en los recientes años, y ahora no se van a dejar desplazar. Las autoridades locales con mirada miope e impotencia solo registran los hechos y, lamentablemente, la policía también pone sus muertos en medio de las confrontaciones. De manera adicional, se vislumbran tensiones internas en la criminalidad organizada, no ajenas a su solución violenta.
Otra consideración para presagiar la inutilidad de la ley en mención es su diseño procedimental. Para quienes hacen parte de la delincuencia organizada, las prebendas ofrecidas son inferiores a las que permite la ley ordinaria. Si tienen mando la pena mínima seria de 10 años y podrían ser responsables de las actuaciones de los de abajo. Actualmente con mando o sin él es posible tener rebajas de penas del 50%. La ley no consagra mecanismos jurídicos claros que beneficien a los que han cometido delitos graves y tienen mando. La norma es un instrumento para premiar la delación, desmotivando a los mandos, pero de manera paradójica, le ley asigna a los mismos la facultad de decidir quién se postula o no, al tener la competencia de pasar los listados con los interesados en la entrega. Los jefes, capos o mandos, son los iniciadores del proceso. Bajan la bandera.
La otra expresión de torpeza de la ley es pretender que los interesados en el sometimiento deban entregar sus bienes, contar los pormenores de su actividad criminal con toda la verdad auto incriminadora incluida, reparar las víctimas, entregar los fierros… todo ello sin la seguridad jurídica de ser admitidos como sujetos de sometimiento, lo que sería a posteriori, con los beneficios inciertos. A sabiendas de la falta de seriedad histórica y jurídica del Estado colombiano con los participantes en distintos procesos de paz en el país. Casos recientes: AUC, FARC y los 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que se entregaron y concentraron en el Putumayo en junio de 2026, quedando a la deriva con el cambio de gobierno… Y Abelardo ha demostrado no ser de confiar.
Otra razón para presagiar la debacle con la ley de sometimiento es que no va a pasar el examen de legalidad en la Corte Constitucional. Cuatro argumentos contundentes con antecedentes de situaciones similares. Con ocasión del proyecto de ley 002 de 2025 radicado por el gobierno Petro en el congreso, según lo ordenado por la Corte en su sentencia de exequibilidad de la ley 2272 de 2022, y enmochilada por el legislativo, la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2025 emitió un concepto negativo sobre el proyecto de ley referido que bien vale ser traído a colación. https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:va6c2:3c3462e6-ad36-4a3b-a0b9-947ed4997690 Fueron 9 consideraciones de las cuales se destacan:
Primero. “Precisamente, por tratarse de un tema tan delicado que reclama una estrategia de sujeción o sometimiento sólida, permanente y efectiva, la Sala de Casación Penal considera que la construcción de una propuesta de esta envergadura necesita mayor deliberación pública, consensos más robustos y un análisis más reposado de varias de las medidas que pretenden implementarse”. Es uno de los apartes centrales del pronunciamiento. Todos vimos lo que pasó con el proyecto abelardista: cero debate público -ni una sola audiencia-, tramite atropellado y contra el tiempo en cámara y senado, y pupitrazo de media noche.
Segundo. Dijo la CSJ: “De acuerdo con el artículo 66 transitorio constitucional, hay apartados del proyecto de Ley que deberían ser evaluados pues tendrían reserva de ley estatutaria. Definido mediante el Acto Legislativo 01 de 2012(Julio 31) «Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.»”. Por abocar derechos y deberes fundamentales de los colombianos y por inmiscuirse en los asuntos de la administración de justicia, consideró la CSJ que un proyecto de este tipo requiere ser tramitado por un camino distinto al ordinario. Error grave.
Tercero. “El trámite legislativo debería entonces asegurar una participación vigorosa de las víctimas -atendiendo especialmente los enfoques diferenciales-, pues la exposición de motivos no refleja que esta se hubiera materializado, al menos, en las fases iniciales de construcción de la propuesta previa a su radicación aquí en el Congreso”. Si no hubo deliberación pública, mucho menos se dio lugar a escuchar a las víctimas organizadas en ninguna fase relacionada con el diseño, la discusión y la aprobación de la ley.
Cuarto. “De la revisión del articulado y la exposición de motivos no se advierte un diagnóstico debidamente soportado de los desafíos operativos ni del impacto fiscal de la propuesta. Dado que se asignan responsabilidades significativas a la rama judicial, en particular a la jurisdicción penal ordinaria (FGN y jueces penales del país), el articulado no es suficientemente claro en relación con los recursos y la metodología de implementación para atender las necesidades que acarrea la propuesta”. En el texto sancionado por Abelardo no hay diagnostico ni proyección de los recursos necesarios para que la justicia ordinaria asuma la implementación del proceso de sometimiento, tampoco sobre los requerimientos presupuestales indispensables para la construcción o adecuación de las colonias o penitenciarias agrícolas ofrecidas como prebendas a los sometidos.
Si las cortes le aplican el mismo rasero a las iniciativas de Abelardo, que le aplicaron a Petro, la ley de sometimiento no pasará el examen de legalidad. De todas maneras, con ley o sin ley tendremos más violencia en Colombia.
Jorge Mejía Martínez
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