Progresismo y derechos humanos

Introducción

Los tumultuosos años 90 en América Latina estuvieron marcados por diversos consensos. Salvo notables excepciones, como el caso del Perú fujimorista, el retorno a la democracia en varios países de la región permitió el fortalecimiento de un entendimiento liberal en el cual los derechos humanos constituyeron no solo una premisa, sino también un mínimo civilizatorio para regular la vida en democracia¹. No obstante, con el paso de los años, ese piso mínimo perdió fuerza y cayó incluso preso de gobiernos que renunciaron a él, extraviados por una consolidación democrática que no fue acompañada necesariamente por una consolidación de derechos². La reciente asunción de nuevos mandatos de izquierda en América Latina augura sin embargo una oportunidad reivindicativa de las agendas de derechos humanos, en un contexto en el que las normas ya no son dictadas únicamente por el Norte global.

Hay quienes dicen que la izquierda latinoamericana tiene –y siempre ha tenido– dos almas, y que en el centro de esa dualidad se encuentran los derechos humanos como evidencia de profundas diferencias. Si observamos el comportamiento y la narrativa de los mandatarios y las mandatarias de la región, podemos encontrar ciertos elementos que apoyan esta tesis. Por un lado, tenemos el caso de Chile, donde el presidente Gabriel Boric ha señalado que los derechos humanos «no son una ideología privativa de un cierto sector político, sino que son un avance civilizatorio»³. Declaraciones como estas han sido acompañadas de una consistente posición respecto a lo que es considerado el talón de Aquiles de la izquierda: los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En 2022, por ejemplo, en una intervención realizada en la Universidad de Columbia, en el marco de su participación en la 77a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (onu), Boric declaró que «si queremos un futuro en que los partidos de izquierda tengamos solo un estándar moral respecto a los derechos humanos, no podemos solo condenar lo que están haciendo algunos Estados, si no eres capaz de ver lo que tus aliados, o quienes crees tus aliados, están haciendo»⁴. En una línea similar, y empujado por la necesidad de resolver una crisis fronteriza que golpea fuertemente a Colombia, el presidente Gustavo Petro se ha abierto a dialogar con Nicolás Maduro para emprender una solución a la crisis humanitaria de Venezuela, por medio del restablecimiento de las relaciones bilaterales. Mientras entre algunos analistas estos pasos son leídos como una legitimación y reconocimiento del régimen de Maduro, otros aplauden esta estrategia como una oportunidad para que Venezuela se reincorpore progresivamente al sistema interamericano de derechos humanos y para que, en consecuencia, el régimen pueda ser sometido a escrutinio y responsabilidad, y así avanzar en una incipiente justicia para las víctimas.

Por otro lado, existen líderes que han mostrado una posición más bien tibia y distante ante la abrumadora evidencia de lo que ocurre en países que, gobernados por la izquierda, han sido denunciados por la violación de derechos humanos. Al ser consultados sobre las violaciones en Cuba, Nicaragua o Venezuela, son más bien renuentes a pronunciamientos de condena y hacen infértiles llamados a un «diálogo regional» que nunca se organiza o prospera y que queda rápidamente relegado por la contingencia o por problemas más apremiantes. Tal ha sido el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia o Pedro Castillo en Perú antes de su caída. Estos últimos mandatarios han sido permanentemente cuestionados por su falta de decisión a la hora de condenar los atropellos contra los derechos humanos. En algunos casos han jugado un rol ambiguo, oculto bajo el principio de no intervención en asuntos internos. Y en el mejor de los casos, se han sumado tímidamente a declaraciones de protesta, ya sea en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), la Organización de Estados Americanos (oea) o la onu. Aún no sabemos el rol que jugarán las nuevas autoridades de Brasil, pero hay creciente expectativa para que asuman un liderazgo moral que México, el otro gigante latinoamericano, definitivamente no decidió reclamar bajo el mandato de López Obrador.

Los derechos humanos en permanente disputa

Para bien o para mal, no se puede hablar de derechos humanos en América Latina sin atender a la tríada en cuestión. Cuba, Nicaragua y Venezuela constituyen hoy una fuente de división y tensión en el interior del campo progresista. No obstante, también es posible vislumbrar promisorias oportunidades para el nuevo ciclo político. Un permanente, irrestricto y genuino compromiso con los derechos humanos puede consolidar un nuevo capítulo para el entendimiento latinoamericano, gracias a la construcción de un mínimo civilizatorio renovado. A diferencia de los años 90, cuando las izquierdas latinoamericanas gozaban de un «monopolio» moral respecto de la defensa de los derechos humanos, en la actualidad las derechas han sido lo suficientemente astutas para resarcirse de sus peligrosos errores del pasado y le disputan a la izquierda no solo su autoridad moral, sino también su capacidad para establecer nuevos criterios de defensa de los derechos humanos.

En este contexto, las derechas han sido mucho más exitosas para simplificar y masificar su mensaje. Estas no ven contradicciones entre condenar las violaciones de derechos humanos bajo los regímenes de Maduro o Daniel Ortega y, al mismo tiempo, proponer soluciones eficientes desde el punto de vista comunicacional, como aquellas basadas en la intervención y militarización de las fronteras, la securitización, el aumento de sanciones económicas o el aislamiento de estos países. Las izquierdas, en cambio, tropiezan torpemente a la hora de entregar mensajes contundentes y claros, y también para alinearse colectivamente en torno de una causa. Sumado a ello, las diversas gestiones diplomáticas que se han encarado no solo muestran señales de fatiga, sino que además se refugian en un statu quo de permanente letargo. Por tanto, no es de sorprender que la mayoría de los líderes progresistas latinoamericanos estén expuestos a fuertes críticas en sus propios espacios políticos cuando abogan por el respeto irrestricto de los derechos humanos en diversos foros multilaterales, siendo al mismo tiempo enfrentados y cuestionados por sus contradicciones o matices discursivos cuando se trata de denunciar los atropellos que se cometen en Cuba, Nicaragua o Venezuela.

En consecuencia, estos tres casos se transformaron en una fuente de permanente disputa que obstaculiza la coherencia, la narrativa y la autoridad progresista de defensa de los derechos humanos; y permite que sectores conservadores, populistas e incluso de extrema derecha tomen como suyas banderas de lucha que les son históricamente ajenas y que, por tanto, seguirán instrumentalizando solo mientras les sean útiles.

Por otra parte, es importante reconocer lo perjudicial que puede ser el vacío del activismo de la sociedad civil cuando las izquierdas llegan al poder. Cuando las derechas gobiernan, la sociedad civil organizada tiende a ser mucho más estricta y crítica en sus tareas de revisión, requerimientos de transparencia, recursos de denuncia, de rendición de cuentas y de vigilancia de los derechos humanos. En cambio, cuando las izquierdas son oficialismo, la natural migración de la sociedad civil a puestos de gobierno genera un vacío y falta de autonomía que son peligrosos para una promoción coherente y consecuente de los derechos humanos. Por tanto, se debilita no solo el necesario monitoreo de la sociedad civil, sino también la calidad de la democracia y el Estado de derecho. Resolver estos problemas es un asunto necesario para evitar silencios y complicidades, y también para transparentar cuando no existe la debida autonomía político-organizacional, lo que puede derivar en problemas de legitimidad⁵. La sociedad civil organizada, cuando hace su trabajo, es capaz de influenciar políticas y tomas de decisiones, y de movilizar a la ciudadanía por las causas que considera justas. Pero para sobrevivir como institucionalidad autónoma, su trabajo requiere de una consistencia programática que no se vacíe de contenido cuando las izquierdas llegan al poder. Este es, probablemente, uno de los principales déficits que deben resolver las izquierdas.

La difusión reivindicativa de los derechos humanos

Ante este complejo panorama, la asunción de nuevos –y en algunos casos, renovados– gobiernos de izquierda en América Latina en los últimos años puede ser una oportunidad para difundir con fuerza y sin complejos un mensaje reivindicativo de protección irrestricta de los derechos humanos. Cinco elementos marcarán este esfuerzo.

a) La asimetría discursiva no solo se produce según el clivaje izquierdas-derechas, sino también según las disímiles miradas del Sur y el Norte globales, en lo que puede ser entendido como una asimetría estructural. El Norte global ha acostumbrado establecer agendas y énfasis, y el Sur global ha tendido a perseguir una asimilación pasiva que ha coartado su agencia transformadora. Estos roles se han consolidado a lo largo de décadas, hasta instalarse como una base institucional resistente al cambio. En el caso de los derechos humanos, esto ha sido claro, pues acciones como las sanciones económicas o las políticas de aislamiento y ostracismo han dominado las estrategias regionales y multilaterales e impedido climas de entendimiento y negociación más fructíferos. Así, los líderes regionales han reproducido relaciones de dependencia, sacrificando su autonomía con la expectativa de mejorar su estatus, prestigio o reconocimiento bajo los estándares impuestos por el Norte global⁶. Por ejemplo, es el Norte global el que termina definiendo que las sanciones bajo el principio de Responsabilidad de Proteger sean el principal mecanismo de presión contra gobiernos que violan los derechos humanos. El Sur global, en lugar de proponer nuevas opciones ante el evidente fracaso de las sanciones, se refugia en una consonancia de diagnósticos que es meramente artificial.

b) Es crucial reconocer que el éxito de los esfuerzos de protección de derechos humanos en la región latinoamericana pasa necesariamente por los presidentes y las presidentas de turno. Por eso es tan importante la coincidencia de tantos gobiernos de izquierda en América Latina. Dado que la mayoría de los países de la región tienen sistemas políticos donde la institución presidencial –Poder Ejecutivo– es el principal conductor de la política exterior, a menudo libre de frenos y contrapesos institucionales como el Congreso⁷, un análisis centrado en su comportamiento permite correlacionar su desempeño con los éxitos y fracasos de las agendas de derechos que se han impulsado, a pesar de la asimetría estructural a la que se hizo referencia previamente. Por lo tanto, cuando tenemos presidentes o presidentas que se manifiestan con tibieza contra las violaciones de derechos humanos, estos dañan fuertemente la reputación y capacidad de la región para promover soluciones culturalmente relevantes a las urgencias del Sur global. Con sus acciones –o muchas veces con la falta de ellas–, los mandatarios y mandatarias de América Latina están marcando la pauta sobre el tipo de normas y estándares a reproducir, lo que la literatura ha denominado la difusión de normas y estándares internacionales⁸. Esto quiere decir que para que se desarrolle una vocación de incidencia, primero hay que establecer que un problema es un problema. De esta forma, si los derechos humanos se siguen subordinando a otras urgencias o intereses y los liderazgos de la región se ajustan con complicidad a la falta de acción, será muy difícil aunar fuerzas para denunciar la violación de estos derechos y presionar por un verdadero cambio de rumbo en los gobiernos que los violan.

c) Existe una cierta tendencia de los líderes latinoamericanos a insistir en la creación de nuevas instituciones de integración regional como único mecanismo para ofrecer soluciones, a pesar de su permanente y sostenido fracaso a lo largo de los años. Es sorprendente que, tras décadas de ensayos burocráticos acumulados, la integración bajo esquemas rígidos siga siendo el único formato de respuesta organizada regional. De manera exploratoria, argumento que la necesidad que tienen los gobernantes de construir un acervo y «sello propio» de política exterior les trae beneficios políticos que les permitirán presentarse como líderes que gozan de credibilidad, prestigio y estatus entre sus pares regionales, atributos que son considerados positivamente por la opinión pública interna. En muchos casos, este «sello propio» ha sido el puntapié inicial para la construcción de proyectos de integración que buscan superar la dependencia extractiva de las materias primas, como en el caso de la Alianza del Pacífico, y empoderar así a los países como plataformas de inversión con valor añadido. Lo interesante de esto es que, debido al escenario de asimetría estructural, los líderes latinoamericanos no solo buscan crear instituciones de integración con fines de política interna, sino también como una plataforma de liderazgo que les permita ser representantes de los intereses regionales frente a las presiones de las grandes potencias. Desafortunadamente, esto crea tensiones entre los propios gobiernos latinoamericanos, que tienden a tomar decisiones basadas en la competencia interregional más que en los intereses regionales.
¿Cómo impacta esto en las tareas de protección y resguardo de los derechos humanos? Las afecta, de hecho, fuertemente, pues en lugar de poner a disposición su credibilidad, su patrimonio político y su corto mandato (entre cuatro a cinco años, en la mayoría de los casos) para influir en la toma de decisiones de resguardo y protección de los derechos humanos, al momento de seleccionar los énfasis programáticos que quieren promover, los mandatarios se decantan por tópicos que tienen mayor aceptación y entendimiento. Tal es el caso de las agendas de desarrollo, medio ambiente, tecnología, cooperación, inversiones o asociación económica. Los derechos humanos, en este sentido, están marcados por un estigma muy perjudicial, ya que los gobernantes saben de antemano que, sea cual fuere la acción que promuevan, será muy difícil que les reporte ganancias tanto entre sus audiencias internas como entre sus pares regionales. Si a esto se suma que las derechas están en permanente preparación para dificultar pronunciamientos de denuncia de violación de derechos humanos, entonces la tarea se torna aún más compleja.

d) Es necesario destacar el puente entre la difusión de normas internacionales y los emprendedores de tales normas. Como señalé en el punto anterior, el problema estratégico en la promoción de acciones de resguardo y protección de los derechos humanos no está precisamente vinculado al fondo, sino a los daños políticos colaterales, los costos y las resistencias que los líderes tienden a enfrentar. Los enfoques «psicológicos» en relaciones internacionales han alimentado este debate de forma interesante. Mientras los paradigmas dominantes, como el realismo o neorrealismo, han concentrado sus esfuerzos analíticos y reflexivos en el comportamiento de los Estados, a riesgo de caer en un determinismo excesivo basado en la mera búsqueda de poder⁹, estos paradigmas no han sido capaces de explicar los incentivos y restricciones que enfrentan los actores, o los cambios en las categorías de aliados o rivales. Los enfoques «psicológicos», en este sentido, permiten analizar la cuestión de los derechos humanos en América Latina desde una perspectiva diferente, basada en la construcción de percepciones, creencias e identidades¹⁰.

e) Debido a que comprometerse en agendas de promoción y resguardo de los derechos humanos significa muchas veces despertar las resistencias y reacciones adversas en sus países de origen, y en sus propias fuerzas o alianzas de gobierno, poniendo en peligro el capital político local, los presidentes y presidentas entienden que esta no es una causa que pueden emprender en solitario. Al contrario, deben crear alianzas que les permitan distribuir los costos y transformarse en emprendedores de nuevas normas internacionales, propendiendo a construir percepciones positivas primero en el exterior y luego en sus propios países. Desde mi perspectiva, la generación de mecanismos de asociación menos rígidos, como los formatos ad hoc, podrían servir como una plataforma más adecuada tanto para la consolidación de sintonías y entendimientos en torno de un problema específico, como para la eficiente transferencia de información entre las autoridades y la ciudadanía, con la consecuente retroalimentación y evaluación pública de estos esfuerzos. Ser emprendedores de las normas significa, en definitiva, asumir los costos de promover agendas y temas «polémicos» en el plano interno, pero con la expectativa de aumentar las percepciones de liderazgo y legitimidad en el exterior (a escala regional, en este caso), lo que, eventualmente, permitirá revertir y corregir las resistencias locales. Esta es una herramienta de construcción de identidad, creencias y memoria colectiva que ha sido ampliamente estudiada por expertos que utilizan los enfoques psicológicos para analizar las relaciones internacionales y la toma de decisión en política exterior¹¹.

Reflexiones finales

La coincidencia de diferentes gobiernos de izquierda en América Latina constituye una oportunidad única para resguardar la tradición de defensa y protección de los derechos humanos en la región. La anterior sección dio cuenta de algunos elementos de alerta que podrían marcar este esfuerzo.

Hoy, la referencia de lo que entendemos por defensa irrestricta de los derechos humanos no pasa necesariamente por los estándares y normas impuestos por el Norte global, sino que también puede ser complementada por los énfasis y estrategias diseñadas por el Sur global, como ha sido el caso de la respuesta de contención de la crisis humanitaria de Venezuela propuesta por el presidente colombiano Gustavo Petro. Sin embargo, aun cuando Petro está reaccionando a una crisis que afecta directamente a su país, debido al éxodo migratorio proveniente de Venezuela, él sabe muy bien que para propender a soluciones de largo plazo requiere de la participación y aceptación del resto –o al menos la mayoría– de las izquierdas de la región. Ya sea bajo esta u otras propuestas, la solución a la cuestión pendiente de los derechos humanos en América Latina pasa por respuestas coordinadas y multilaterales. Para ello, la institucionalidad del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), es una pieza clave, pues puede servir como referencia para elaborar diagnósticos relativamente aceptados por todos los miembros que la integran. Teniendo esta institucionalidad inicial fortalecida, será más fácil difundir y apropiarse de un discurso de defensa y promoción irrestricta de los derechos humanos. La cidh ha realizado un trabajo relevante en esta materia y, en consecuencia, debería ser un espacio protegido de abogacía y de denuncia.

Sin embargo, también es importante entender a quienes tienen reservas y distancias con el Sistema Interamericano, porque lo siguen considerando un instrumento de intervención e imposición del Norte global sobre el Sur global. Y aquí es fundamental hacer una distinción: entender no significa justificar. Significa, más bien, enfrentar aquellos liderazgos que podrían obstaculizar un entendimiento regional para abordar la cuestión pendiente de los derechos humanos.

Finalmente, es importante incluir en el análisis a quienes están en la primera línea de la gestación de nuevas normas y estándares internacionales, principalmente aquellas comunidades epistémicas que influyen en las organizaciones internacionales, la sociedad civil y, por cierto, los gobiernos. Estas comunidades epistémicas –intelectuales, académicos, defensores organizados, líderes de opinión, etc.– tienen gran influencia en la toma de decisiones, aumentando el costo de no adhesión a los esfuerzos de condena y denuncia de los gobiernos que persisten en violaciones de derechos humanos en sus países. En definitiva, como todo grupo de presión, las comunidades epistémicas juegan un papel crucial en la difusión reivindicativa de los derechos humanos en esta nueva alineación progresista que se está inaugurando en América Latina.