Comentarios al sexto informe de la comisión de seguimiento y monitoreo a la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras.
El 16 de agosto de 2019 fue radicado ante el congreso de la República el sexto informe de la comisión de seguimiento a la implementación de la ley 1448 de 2011, este informe fue elaborado por la procuraduría general de la nación, la contraloría general de la república, la defensoría del pueblo y la mesa Nacional de participación efectiva de las víctimas. De acuerdo a lo expresado por el informe en su parte introductoria “…la demanda en materia de atención, asistencia y reparación integral, ha superado la capacidad del Estado, impidiéndole a las víctimas acceder a soluciones duraderas que posibiliten la superación de la situación de vulnerabilidad”. Esto a pesar de los esfuerzos que el gobierno nacional ha realizado, pero que sin embargo y según las propias palabras del informe comentado, el esfuerzo institucional aunque ha sido importante, no tiene correspondencia con la magnitud del fenómeno que debe atender, en este sentido, es bueno decir que el gobierno en 8 años de implementación de la ley de víctimas, ha sido incapaz de superar los desafíos que se requieren en materia de restablecer los derechos de las víctimas del conflicto armado.
De conjunto el sexto informe es la reiteración de la ausencia del compromiso real que el gobierno tiene para adoptar medidas que le permitan a la política pública de víctimas tener mayor solidez, no sólo desde el punto de vista presupuestal, frente al cual es necesario decir que la reparación sólo será posible en la medida en que la sociedad colombiana supere el conflicto armado, situación que dados los hechos de persistencia del conflicto en muchas regiones del país no será posible en los próximos años, igualmente manifestar que es necesario que más allá de los anuncios rimbombantes por parte del gobierno sobre la asignación de recursos para la política pública de víctimas, hace falta un esfuerzo colosal, que debe sumarse a la mejora en las fallas persistentes, como por ejemplo, la continua desarticulación institucional, que en muchos casos se traduce en repetición de programas, por parte de distintas entidades que terminan “beneficiando” a un mismo grupo poblacional de víctimas, sin tener mayores impactos sobre el universo total de personas afectadas por el conflicto armado en Colombia durante los últimos años.
El informe está organizado en esta ocasión en 7 secciones, que muestran un panorama general de la implementación en los principales aspectos de la ley de reparación integral a las víctimas, incluye en esta ocasión una metodología que intenta presentar en cada una de las secciones, un análisis cuantitativo de las realizaciones en cada aspecto, seguido de un análisis cualitativo y las respectivas conclusiones y recomendaciones en cada una de ellas. De esta manera, se intenta de forma más organizada que los informes anteriores, dar cuenta de detalles que se presentan en cada uno de los aspectos más relevantes de la implementación de la ley 1448.
En este sexto informe se incluye un comunicado de la mesa Nacional de víctimas, en el que se llama la atención del gobierno Nacional, de una preocupación en relación a la falta de compromiso de este con la política pública de víctimas, en lo que hace relación tanto con la implementación del acuerdo de paz, particularmente en el tema de protección a la vida y a la integridad de los líderes y lideresas sociales, como en general, a la ausencia de compromiso para la asignación de recursos efectivos que permitan la implementación del mismo, como igualmente a la falta de asignación de recursos para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan Nacional de desarrollo 2014-2018, como también a la asignación de recursos en el plan Nacional de desarrollo 2018- 2022. Esta constante en la ausencia de recursos efectivos, es la que permite afirmar cómo se ha hecho en el pasado, que el gobierno actual no tiene los suficientes intereses para garantizar ni el término del conflicto armado en Colombia, ni el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 2016, pero tampoco para el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, en ese sentido junto con el llamado de la mesa Nacional de participación efectiva y otras organizaciones, como también lo hace el propio informe de la comisión legal de seguimiento, el gobierno actual como los anteriores han mostrado su falta de compromiso real y efectivo para la superación del estado de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas en Colombia.
En este sentido no deja de ser preocupante el reto establecido en el plan Nacional de desarrollo 2018- 2022 de “actualizar y ajustar la política pública de víctimas”, porque este desafío podría ser asumido en la idea de solamente fijar compromisos que el gobierno pueda cumplir y bajar las metas y los indicadores de logro, lo que sería un retroceso que no es consecuente con el anhelo de millones de víctimas, que siguen esperando la indemnización y la reparación integral.
De acuerdo a los indicadores presentados en la primera sección del informe sobre presupuesto de la política pública, aunque se registra un notorio incremento de la asignación presupuestal tal y como lo señala el informe “…este aumento del presupuesto no tiene destinación específica a la reparación integral de las víctimas, sino que tales recursos provienen del sistema general de participaciones y tienen como destinación la atención de salud y educación a la población vulnerable en general, sin que se detalle cuánto de esos recursos, se destinan a la atención de salud y educación para las víctimas del conflicto armado.
Finalmente sobre este aspecto presupuestal la preocupación tiene que ver con que el presupuesto asignado en el período 2012-2019 de 96.6 billones de pesos, presupuesto que siendo importante, no es suficiente, ni se corresponde con los recursos necesarios para la población que demanda atención y reparación integral. Entonces surge la pregunta, si el gobierno actual será capaz de asignar los 115, 9 billones que se requieren en el período 2019 – 2021, fecha de vigencia la ley 1448 para dar cumplimiento a las metas fijadas por dicha ley? La preocupación entonces, no es menor porque este gobierno, ha dado muestras suficientes durante el primer año de gobierno, de su falta de voluntad para cumplir tanto con los acuerdos de paz, como con los desafíos de la política pública, para el restablecimiento de derechos para las víctimas.
Otro aspecto importante presentado en el informe de la comisión legal de seguimiento tiene que ver con la protección y prevención, dado que en el país persiste el conflicto armado en muchas regiones y cómo se acaba de conocer hay un resurgimiento de una guerrilla conformada por una parte de excombatientes de las FARC, resurgimiento que sea dicho de paso, se origina entre otras razones, por el incumplimiento del gobierno a la implementación del acuerdo de paz. Pero además de este factor, también existen numerosas bandas criminales, dedicadas al narcotráfico, que vienen ejerciendo control militar, amenaza, hostigamiento y desplazamiento en muchas regiones del país, en una disputa violenta por el control del territorio y las rutas del narcotráfico.
Ante esta situación, según lo manifiesta el informe de la comisión legal de seguimiento, “…la Unida Nacional de Protección, no ha sido capaz de mejorar la metodología para la evaluación de riesgos y su respuesta sigue siendo ineficaz e inoportuna a la hora de brindar protección a quienes la requieren…” igualmente señala el 6° informe que no se superan por parte de las instituciones la falta de acciones para superar la estigmatización y discriminación, al tiempo que no se mejora sustancialmente los niveles de articulación de las instancias territoriales y nacionales encargadas de brindar garantías de protección y prevención a fenómenos de violencia contra líderes lideresas sociales y comunidades vulnerables.
En las secciones tercera y cuarta, referídas a la atención y a la asistencia, el sexto informe reitera la preocupación por las bajas cifras reportadas por las entidades encargadas de estos aspectos como a la atención psicosocial, entre otros aspectos. Y particularmente manifiesta la preocupación por la persistencia del fenómeno del desplazamiento y la tardanza en la respuesta de las entidades gubernamentales para brindar la asistencia humanitaria requerida en los desplazamientos masivos.
Se manifiesta igualmente, la sensible disminución de las acciones, que por parte de las entidades encargadas hay en materia implementar medidas de retornos y reubicaciones, reportando cifras notoriamente insuficientes de acuerdo a las demandas y la necesidad que se tiene para implementar esta medida de atención a las comunidades.
En materia de restitución de tierras, el sexto informe de la comisión legal de seguimiento, reitera la tendencia presentada en informes anteriores de un sistemático incumplimiento del gobierno, para garantizar a las familias despojadas, el derecho a la restitución de la tierra, de acuerdo a lo planteado en el informe comentado, se manifiesta una persistencia de incumplimiento de las metas, de familias con orden judicial sin la garantía de restitución efectiva, igualmente señala el informe, que aumenta el porcentaje de solicitudes a las que se niega el derecho de estudio o admisión de casos ante los jueces de restitución, en general hay un incumplimiento de las órdenes proferidas por las sentencias de restitución.
Según cifras presentadas por la Unidad de Restitución de Tierras, a marzo de 2019 se habían presentado 125.462 solicitudes de las cuales 95.473 fueron habilitadas y de estas 70.442 fueron “resueltas”, sin embargo cabe anotar qué la categoría resueltas se debe entender como con algún tipo de respuesta, por ello es bueno considerar que de estas solicitudes “resueltas” el 64% tuvieron como resultado final, la negación del proceso, el rechazo o los desestimientos por parte de los peticionarios, lo cual no deja de ser preocupante por cuanto, tales desestimientos puede ser producto de la presión de quienes se apropiaron ilegalmente de las tierras, que ahora están en proceso de restitución. una cifra significativa para dar cuenta del fracaso del proceso de restitución de tierras en el marco de la ley 1448, es que todas las solicitudes, sólo 25.063 terminaron inscritas en el registro de tierras, es decir que hacen parte de un proceso que avanza en la adjudicación de un predios para los reclamantes. En todo este proceso, llama la atención, la baja cifra de mujeres que pudieron acceder al derecho de restitución, o ser participes de los beneficios de la política de proyectos productivos, lo cual evidencia una discriminación y en todo caso una revictimización a las mujeres reclamantes.
Otro aspecto presentado en el sexto informe de la comisión legal de seguimiento, da cuenta del pago de las indemnizaciones a las víctimas, en este sentido señala el informe “… la meta del gobierno de víctimas susceptibles de indemnización era de 6.495.713 personas y de estás solo 821.836 han logrado satisfacer este derecho, lo que indica que solo el 13% han recibido la medida de reparación a dos años de terminar la vigencia prevista de la ley”
De acuerdo a las cifras presentadas en el informe solo el 11% de las indemnizaciones han sido pagadas por hechos victimizantes distintos del desplazamiento forzado. El porcentaje de víctimas indemnizadas en situación de discapacidad es del 16% y el 1% corresponde a víctimas en condición de diversidad sexual. Igualmente se señala que la medida adoptada para el pago a través de fiducia a víctimas que cumplen la mayoría de edad, no ha resultado efectiva. Llama mucho la atención las inconsistencias y la falta de certeza, para las víctimas frente a la entrega real y efectiva de la indemnización y la inconsistencia de las cifras entre el número de indemnizaciones pagadas, el número de víctimas indemnizadas y la aplicación de las medidas de priorización establecidas para el pago de las indemnizaciones.
Igualmente no deja de ser preocupante el bajo número de mujeres víctimas de violencia sexual indemnizadas, si se compara el número de mujeres incluidas en el registro de víctimas por este hecho victimizante.
En materia de reparación a los sujetos colectivos el informe señala que el gobierno nacional no cumplió con la meta establecida en el plan Nacional de desarrollo, en lo fundamental debido a la baja capacidad para garantizar el acceso a bienes y servicios relacionados con la construcción o mejoramiento de obras de infraestructura solicitadas por estos.
Señala el informe la falta de coordinación entre la unidad de víctimas y las entidades del sistema Nacional de reparación integral.
Aunque en el plan Nacional de desarrollo 2018-2022 se establecen indicadores de reparación colectiva, no se establecen metas y productos, lo cual no deja de ser preocupante, porque en este tema ha sido persistente el incumplimiento del Estado colombiano con este aspecto sustancial de la reparación integral.
Finalmente señalar de acuerdo a lo establecido en el informe de la comisión legal de seguimiento, la persistencia en la ausencia de garantías para la participación efectiva de las víctimas, de acuerdo al estudio de monitoreo que ha presentado la comisión legal, en muchos casos se evidencia que no se proporcionan garantías para permitir al menos la reunión 4 veces al año de las mesas de participación efectiva.
En conclusión, el sexto informe de la comisión legal de seguimiento, no hace cosa distinta que reiterar lo que ha sido una constante durante 8 años de implementación de la ley de víctimas, el constante y permanente desinterés del gobierno Nacional de asignar los suficientes recursos que permitan garantizar mejoras en la atención a las necesidades de las víctimas del conflicto armado, garantías tanto para el derecho a la participación, como a la protección de la integridad de quiénes participan en los procesos organizativos de las víctimas, como tampoco el compromiso del gobierno para superar los cuellos de botella en la articulación institucional, la coordinación entre la nación y el territorio para garantizar un mejoramiento sustancial de la política pública de reparación integral y restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado.
El incumplimiento de las propias metas establecidas por la ley de víctimas y por el gobierno nacional en materia de indemnización y restitución de tierras, da cuenta de la ausencia de voluntad por parte del gobierno y demanda tanto del Congreso de la República, cómo de las organizaciones de víctimas, mayores esfuerzos y mayor vigilancia, ahora que se presentan iniciativas en el camino de modificar la ley de víctimas, para que este ejercicio cuente con las garantías suficientes de participación de las víctimas y sus organizaciones, como para que al mismo tiempo el gobierno aproveche esta oportunidad para introducir aspectos que podrían significar grave y retrocesos en la implementación de la política pública de atención, prevención y reparación efectiva.
La actual hora que vive el país, es de gran preocupación, dadas las graves cifras en materia de violaciones a los derechos humanos, aumento de las amenazas por restablecimiento de grupos alzados en armas y el aumento de la violencia en muchas regiones del país, al mismo tiempo que el gobierno muestra su falta de compromiso y desinterés a la hora de asignar recursos y comprometer mayores y mejores voluntades de los entes gubernamentales para cumplir con las metas de reparación efectiva las víctimas.
Sea está la oportunidad, para reiterar el llamado a las organizaciones de víctimas y a las víctimas del conflicto armado, de profundizar su compromiso con los procesos de organización y movilización, exigiendo al gobierno colombiano garantías para el cumplimiento del acuerdo de paz, el cese de toda violencia contra las comunidades vulnerables y en todo caso un compromiso real y efectivo para satisfacer a las víctimas del conflicto armado, en sus derechos de la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
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Alfonso Castillo: Defensor de los derechos humanos
Foto obtenida de: https://www.eltiempo.com/
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