Con la gratuidad del PIN para inscripción en instituciones estatales de educación superior por pobreza y vulnerabilidad (Decreto de MinEducación 0617 de 2026, reglamentario de la Ley 2367 de 2024), se da un paso más en el sentido esperado para la concreción del derecho a la educación en Colombia, procurando trayectorias educativas completas de la educación inicial a la superior.
Aunque muy despacio, esto está cambiando, por ello vale hacer memoria: hace apenas 35 años, antes de la concertación de la Constitución de 1991, solo una pequeña proporción de bachilleres recién graduados aspiraba a ingresar a una universidad: eran de ciudades capitales o medianas, de familias con alguna posibilidad económica o con respaldos para enviarlos a capitales grandes, y claro, solo pasaban quienes tenían ICFES suficiente. Los de menos posibilidades y de más lejos en todo, ni chance.
La cobertura en educación superior no llegaba al 18%, (hoy bordea el 58%), y eso que concentrada en las ciudades grandes. Los jóvenes de vereda y de barriada, condenados al No futuro, y lo peor, sin aspirar a estudios después del bachillerato, si es que lo completaban. Por su historia y por las condiciones, esa juventud ni siquiera llegaba a desear el título universitario viendo más reales las informalidades de cualquier tipo y riesgo, el día a día y el hágale como pueda en un país sumido en los tráficos y consumos, las guerras de calle y de selva, después estimuladas por “los visajes” con las motos, los celulares, las músicas y las culturas del yo hago como quiera y del yo no me dejo de cualquiera, cueste lo que cueste.
Una profesora de la época, en el suroriente de Bogotá, decía que los bachilleres a lo máximo que aspiraban era a ser ayudantes de bus urbano (no existía Transmilenio) porque se veía el dinero, moneda a moneda, y en estudios, a hacer cursos con el SENA; de universidad, nada.
También vale recordar a un entrañable maestro líder pedagógico y sindical: en esos años 90, Juvenal Nieves Herrera era rector del colegio distrital El Libertador en otro sector popular de Bogotá, quien una tarde en la ADE, sindicato bogotano de educadores, me contó que, preguntados uno a uno, casi ninguno de sus estudiantes de 11º siquiera pensaba en ingresar en la universidad, ¡y eso viviendo con familia en Bogotá, con tanta oferta, incluso de varias universidades estatales!
Cuenta que un joven le dijo que si tuviera los $38.000 que valía inscribirse en la Nacional, preferiría comprarse una camisa (hoy son $175.000). Esto hizo, recuerda el profesor Juvenal, que como rector llevara la propuesta al Consejo Directivo de asumir por el colegio ese pago, la que fue aprobada: 30 estudiantes fueron inscritos para la Universidad Nacional. Ninguno pasó, quizá tenían razón los estudiantes en no gastar, pero se empezó a sembrar la idea de aspirar. El ICFES y los exámenes de algunas universidades siguen siendo, lo sabemos todos, un perverso filtro para negar el derecho a la educación superior a quienes más necesitan del apoyo estatal, y lo peor, culpabilizando de esa “mala calidad” a estudiantes, familias y docentes que hacen sus esfuerzos en escenarios de más carencias y dificultades. Sin sueños nadie vuela, nadie aterriza; no hay paraíso.
Lo de ese colegio con sus egresados ha sido replicado en muchos en el país, lo mismo que por algunas secretarías de educación, pero sigue siendo algo marginal y coyuntural, quedando todavía muchos jóvenes sin ese apoyo para aspirar.
El Decreto del Ministerio, para el caso de la inscripción gratuita establecida en la Ley 2367 de 2024 “Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar el acceso a la educación superior y se dictan otras disposiciones” acoge la “gratuidad del derecho de inscripción a las instituciones de educación superior públicas para quienes no puedan asumir su costo dada su situación de pobreza o condición de vulnerabilidad” indicando que el Gobierno Nacional se obliga a garantizar, “de manera gradual, la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de los derechos de inscripción de los jóvenes colombianos que se inscriban para cursar un programa de pregrado en una de las instituciones de educación superior públicas, priorizando los pertenecientes a los grupos poblacionales más vulnerables de acuerdo con la focalización socioeconómica Sisbén IV o el instrumento que haga sus veces definido por el Departamento de Planeación Nacional”.
Precisa que se beneficia a nacionales colombianos y colombianas, entre 14 y 28 años de edad, reconocidos en los grados A,B y C, del SISBEN IV, y que cada aspirante, que no tenga título profesional previo, tendrá derecho a inscribirse hasta para tres programas académicos técnico profesionales, tecnológicos y universitarios de pregrado con registro calificado vigente, incluso simultáneamente; y que esto no afectará por motivo alguno la autonomía institucional, los presupuestos anuales ni las transferencias que la Nación haga regularmente a las instituciones estatales de educación superior, y que; “El pago de los derechos de inscripción se realizará de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Gobierno Nacional”, lo que deja inquietudes respecto de cómo asuma esto último cada gobierno de turno, lo que lo hará objeto de necesario seguimiento por las instituciones y poblaciones interesadas.
La inversión se hará para los grupos A en el primer año; para grupos de A y B, en el segundo año; y de A, B y C desde el tercer año, según SISBEN o el instrumento que haga sus veces. Atención a este dato: son $ 54.281.307.203.00 los presupuestados para el segundo semestre de este año (2026). Este gobierno deja el decreto en ejecución. Son más recursos para la juventud que llegarán a las universidades públicas.
Para el manejo de la política y los recursos, el Decreto crea una Junta Administradora de la Gratuidad en los Derechos de Inscripción, de la que hacen parte el (la) Ministro(a) y directivos(as) del Ministerio de Educación, junto con representantes de rectores y estudiantes de instituciones de Educación Superior estatales.
También se agrega que “Los municipios, distritos y departamentos quedan facultados para disponer recursos o cofinanciar el pago de los derechos de inscripción de la población objeto de la iniciativa” lo que deja la opción legal para que, de acuerdo con sus políticas y planes territoriales, puedan ampliar el alcance de esta norma, de ahí que tendrán mucho sentido las movilizaciones que se hagan autónomamente por las comunidades ante sus gobernantes territoriales.
El valor del PIN para pregrados en universidades estatales es variado según institución, sedes y programas, estando entre los $209.000 hasta los $60.000, con algunos casos de gratuidad o valores bien bajos (consulta rápida en web de algunas IES).
Hasta ahora, y luego de avances con la Ley 30 de 1992 (de Educación Superior), que abrió algo las puertas universitarias, Colombia no tenía una política nacional de Estado para la gratuidad en la inscripción, matrícula y graduación en las instituciones estatales, incluyendo además el pago a estudiantes del SENA y de medicina en sus prácticas.
El actual Gobierno Nacional cumplió en este campo, para beneficio de millones de jóvenes en las ciudades grandes y en las regiones, asumiendo en la práctica que la educación sí es un derecho de todas y de todos, incluyendo la educación superior, tal como desde 1966 (¡hace 60 años!) se acordó en el tratado de la Naciones Unidas Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, suscrito por el Estado colombiano. El consuelo: es mejor tarde que nunca.
Los filtros de ICFES, PIN y centralismo continúan, aunque morigerados parcialmente estos dos últimos por el gobierno que hoy termina, por eso es un paso en un rumbo que no debe detenerse, y menos, echarse para atrás.
Como se ha dicho, la gratuidad en inscripción y matrícula en instituciones públicas de educación superior establecida en este periodo de Gobierno nacional que termina, son un paso muy importante en materia de cobertura y descentralización para la garantía del derecho a la educación, y para comprender que este va desde la formación inicial a la superior, incluyendo también educaciones técnicas, populares, vocacionales, ciudadanas y para el resto de la vida, más allá de la considerada edad escolar. Esta gratuidad no ha sido simple benevolencia de gobiernos, lo ha sido de luchas ciudadanas; recordemos que ante el gobierno nacional anterior fue la movilización estudiantil y profesoral de universidades la que logró lo que en su momento se llamó “Matrícula Cero” y que este Gobierno, al volverla política de Estado la hizo trascender en Ley de Gratuidad, (hoy, aproximadamente 1 millón de estudiantes beneficiados) sumando a esto la reforma de dos artículos (86 y 87) de la Ley 30 de 1992 que permitió a la IES públicas recuperar, y aumentar, con otra fórmula de cuantificación, niveles significativos de recursos.
Ha sido gracias a una sinergia importante entre movilizaciones, Gobierno Nacional y bancadas progresistas y aliadas en el Congreso.
La Educación Superior ha dado pasos muy importantes en Colombia; por supuesto quedan retos en materia de descentralización, infraestructura, pertinencia e investigación conectada con el país y sus desafíos en los territorios, pero principio tienen las cosas. Capítulo aparte será el necesario balance en lo relacionado con la educación que va de la inicial a la media y al mundo del trabajo, incluyendo Ministerio, secretarías de educación, sindicatos y el ICFES, el ICFES, el ICFES. Fueron 4 años ante problemas que se traen desde muchas décadas atrás, pero tampoco es pretexto para no haber avanzado más en estos últimos casos.
A quien lea esta nota: si conoce a jóvenes beneficiarios potenciales, a motivarlos para que se inscriban, son más de 65 las instituciones estatales en donde pueden aspirar, y están en todas las regiones, incluso hay programas a distancia. Una vez adentro, a gestionar la gratuidad en matrícula y apoyo en sostenimiento.
Aunque algo tarde, profe Juvenal, aquí avanzamos, y que esa platica de cada muchacha o muchacho vulnerable se destine, no para un pin, sino para un vestidito nuevo o para una camisa nueva; la de la esperanza, la del querer para poder. Gracias por el testimonio.
Fernando A. Rincón Trujillo
Foto tomada de: Chatgpt
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