La periodista Ana Cristina Restrepo se atrevió a hablar del principio de la memoria como un derecho de los habitantes de la ciudad, en particular de la múltiples víctimas, en respuesta, el mismo alcalde animó a sus virulentas bodegas para que descargaran su rabia contra la comunicadora que le recordó que el espacio público es de todos y no propiedad del mandatario y que los grafitis hacen parte de la expresión popular que en sectores de la ciudad, como la comuna 13, configuran atractivos turísticos al mismo tiempo que son la recurrencia a la memoria para no olvidar los martirios sufridos en ese territorio por la alianza de la fuerza pública con el paramilitarismo que dio lugar a la primera gran y despiadada operación militar urbana en el país, una de ellas conocida como la operación orión, en el primer gobierno de Uribe, cuyo recuerdo no desaparecerá porque allí hay un lugar conocido como la escombrera donde en medio de los escombros y las basuras fueron enterrados cientos de cuerpos de pobladores asesinados por las balas oficiales y paramilitares.
La periodista Ana Cristina, para nada petrista, ha sido inmolada mientras la mayoría de sus colegas acobardados se destacan por el silencio cómplice con los perseguidores de la libertad. Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo presentes en el evento del grafiti popular contra el fascismo, como es su obligación misional, también fueron masacrados desde los micrófonos oficiales.
Al alcalde Federico no le suena mirar hacia atrás para que la memoria ayude a evitar la repetición de las violencias con las cuales los habitantes de Medellín y el valle de Aburrá hemos convivido en los últimos 40 años. La verdad hay que enterrarla o borrarla con pintura. En su anterior administración 2016-2019, decidió demoler el edificio Mónaco en El Poblado, lugar de residencia de Pablo Escobar y su familia, con la vana pretensión de que entre sus escombros quedara enterrado el recuerdo del narcotraficante. Allí se construyó un parque homenaje a las víctimas, sin relevancia y abandonado.
Los que pintaron ese letrero alertando contra el fascismo en Medellín, que encolerizó al alcalde, no están equivocados. La ciudad viene recorriendo ese camino de intemperancia oficial, ejemplarizante para lo que será la política pública en seguridad con irrespeto a los derechos humanos en el próximo cuatrienio. Es el modelo violento que recorre la región desde las extremas derechas con Trump, Bukele y Milei a la cabeza.
Hace pocos días, el juzgado 47 penal de Medellín sancionó a Federico Gutiérrez por censurar abiertamente la publicación de un libro de un reconocido académico de Medellín. La justicia exigió una reparación pública. Ni una disculpa ha merecido ese acto burdo, contrario a la libertad de expresión.
Otro derecho vulnerado desde la alpujarra ha sido el de la movilización y la protesta pacífica. En octubre de 2025 en una marcha no violenta solidaria con Palestina apareció bate en mano un concejal coequipero del alcalde de Medellín para amedrentar a los manifestantes. La Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación al corporado, quien en marzo de este año 2026 se presentó también enarbolando su garrote en una marcha indígena. Lo mismo en otros eventos públicos ante la complacencia del gobierno distrital. Detrás del ejemplo del concejal ya aparecen otros hombres intemperantes esgrimiendo el bate amenazante en las manos. https://x.com/petrogustavo/status/1975769324263551182?s=09
Es recurrente la presencia en eventos ciudadanos de escuadrones civiles de uniformados desde la Secretaría de Seguridad, para perseguir y atropellar manifestantes, mientras escoltan al violento concejal y sus acompañantes. https://x.com/petrogustavo/status/1975775577484501234?s=08
En la ciudad, es posible observar actividades como las de las fotos: personas encapuchadas, no funcionarios, ni miembros de la fuerza pública, aparentemente armados, llevando a cabo acciones político militares o cívico policiales o de adoctrinamiento ciudadano, ante la complacencia de la administración del alcalde distrital.
Con razón, el concejal José Luis Marín, del Pacto Histórico, asegura que en Medellín ya Federico creó los cuerpos de “seguridad y control” que funcionan como una fuerza para policial pagada con recursos públicos: cascan manifestantes en las calles, amedrentan trabajadores informales, los protege el alcalde y los entes de control de vez en cuando se pronuncian, pero no hacen nada. Respecto a esta problemática, el ex magistrado José Gregorio Hernández recordó que “La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-076/18, declaró exequible esta norma y subrayó el principio de exclusividad (de la Policía). La Constitución “proscribió toda forma de fuerza no estatal, al determinar que las funciones y facultades que son propias de la Fuerza Pública en ningún momento pueden ser atribuidas, trasladadas o delegadas a los particulares, como lo es el ejercicio mismo de la fuerza, las labores de inteligencia o el desarrollo de actividades de patrullaje destinadas a preservar el orden público y la paz”.
Medellín es el campo abonado para el impactante anuncio autoritario de De la Espriella: “El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia. No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra Patria”. Por algo dicen que el señor presidente electo, aparentemente, sabe mucho de “bloques” y de “autodefensas”. Parece que se nos viene la legalización del régimen paramilitar y para el efecto, la flexibilización del porte de armas, el servicio militar obligatorio y la reivindicación de la famosa ley del general Ñungo, en el gobierno de Turbay Ayala: todo mundo es culpable, hasta que no demuestre su inocencia. A construir mega cárceles, llenarlas de “bandidos” y endurecer el sistema carcelario. Preocupa que en un ambiente fascista “bandido” es todo aquel que piense distinto al régimen imperante.
En fin, echarle tierra al pasado, pero revivirlo con mampara de legalidad y, para ello, asfixiar la verdad. Acabar la JEP.
En eso de enterrar la verdad Medellín da ejemplo. La actual administración se sofoca con las revelaciones que el proceso de paz urbana puso sobre el tapete, al procurar compromisos sobre la mesa y no a escondidas como ocurrió en ocasiones anteriores. Hoy se sabe que el actual alcalde tuvo vínculos con los bandidos que dice combatir, con los cuales, según su testimonio, negoció el cargo de secretario de Gobierno en su primera administración, a cambio de favores, vinculo que la justicia comprobó al judicializar y condenar al funcionario Gustavo Villegas por su connivencia con las organizaciones delincuenciales de la ciudad. Igual suerte corrió el director regional de la Fiscalía, Guillermo León Valencia, en el año 2008, condenado por la Corte Suprema de Justicia, como demostración de la capacidad de cooptación de la institucionalidad local por parte de las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá. Parece que los voceros de las estructuras que siguen sentados con el gobierno en la cárcel de Itagüí, construyendo la paz urbana, tienen muchas historias que contar de vínculos con políticos y empresarios de la ciudad, lo cual no se puede permitir. Por ello, desde la derecha violenta, claman el cierre del espacio de conversación socio jurídico, repitiendo el antecedente de los paramilitares en el gobierno Uribe, extraditados para que se fueran con sus secretos al exterior y al olvido.
Acallar la verdad en manos de los jefes delincuenciales de Medellín, pesa más que el ejercicio de la paz como una obligación del Estado y un derecho de la ciudadanía. El gobernante de Medellín y el electo de Colombia, prefieren tierra arrasada, aplicar las mismas formulas aplicadas en tres o cuatro décadas sin mayores resultados, con discursos grandilocuentes pero anodinos, así se sepulten los avances significativos ocurridos con ocasión de la paz urbana que han permitido que Medellín enarbole la tasa de homicidios más baja en los últimos 50 años, muy por debajo del promedio nacional y departamental. Igual impacto se puede aseverar en los 10 municipios del Valle de Aburra. El recurso del dialogo y la conversación para desactivar violencias solo es posible de manera subrepticia, a escondidas, no con las cartas a la vista.
Para el concejal Andrés Tobón, energúmeno del grupo del alcalde “Medellín debe volver a ser símbolo de la lucha contra las estructuras criminales, el narcotráfico, la extorsión, contra el atraco. Nunca más la burla del tarimazo. La Mesa de Itagüí se tiene que acabar: sus cabecillas deben ser trasladados, aislados y, en lo que sea posible, extraditados”. Pura virulencia. Es lo que se respira en el concejo de Medellín, de fuerte mayoría uribista y fiquista. Con el bate en la mano o con la lengua viperina, algunos tratan de acallar la vocación de paz que se respira en las comunas o el ejercicio de la vida democrática en las calles. El fascismo muestra sus fauces en Medellín y se respirará en Colombia.
Rodrigo Correa S.
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