Lo primero que llama la atención es el silencio del país ante semejante (des) propósito normativo. Es un proyecto que ya ha pasado dos debates y que se apresta a ser discutido por tercera ocasión en la comisión VII del Senado, solo con una ponencia en contra por parte del senador Alberto Castilla. Los sindicatos, la CUT, la CTC y otras organizaciones sociales han empezado a reaccionar, sin embargo, en buena parte la suerte está echada y es bastante difícil, aunque nada es imposible, que el proyecto de marcha atrás, especialmente con la sólida presencia de los gremios rurales en el Gobierno.
Digamos que el proyecto de ley, en principio, es sensato en tanto formaliza una situación que ya se da en la faenas agropecuarias: la informalidad en el campo hace que el trabajo pleno de garantías salariales, prestacionales y de derechos sea mínimo, de hecho con cifras del Censo agropecuario se llega a establecer que solo el 11% de los trabajadores rurales cotizan a pensiones, lo que va significando, además, que dependen del régimen subsidiado en salud y que la población mayor, queda a expensas de la misericordia familiar o estatal, cuando no cae definitivamente en la miseria o en la indigencia. Son pocas, relativamente, las empresas formales y el trabajo se da desde la informalidad, a destajo, entre vecinos o con cualquier otra forma pero menos bajo cánones de ley o de formalidad, con pagos que se alejan del concepto de trabajo decente que el propio gobierno se ha comprometido a defender en los acuerdos firmados con la OIT y con las centrales obreras (firma que no aceptó la CUT por considerar que el Gobierno siempre ha venido incumpliendo la normativa laboral).
El proyecto tiene entonces un eje fundamental: a los trabajadores agropecuarios, más no rurales aún con el título de la pretendida ley, se les crea la modalidad de contrato de trabajo agropecuario llamado Jornal Diario Integral. Esto se refiere a que los o las trabajadoras agropecuarias podrán ser contratadas por un determinado tiempo o por obra o labor, teniendo como remuneración o pago diario integral, la suma del salario equivalente a un día de trabajo de salario mínimo más las prestaciones de ley equivalentes al 35% de ese salario diario (cuando el factor prestacional se ubica hoy por encima de este valor, al menos en 20 puntos porcentuales). De esto el trabajador deberá cotizar a la seguridad social, siendo parte del régimen contributivo, pero volviendo al régimen subsidiado cuando ya no genere cotizaciones, esto último está como un parágrafo del artículo 13 del proyecto.
Así las cosas, la Ley se propone formalizar los trabajadores agropecuarios con base en la responsabilidad de cotización de los mismos trabajadores, y eliminando la responsabilidad de los empleadores sobre las cotizaciones, en apariencia reconocidas en ese 35%, en donde también se incluyen las demás prestaciones de ley. De esta forma las relaciones laborales, sujetas incluso a los principios normativos internacionales, pierden su esencia y terminarán en relaciones laborales diarias donde cada día terminan, la formalidad entonces es un decir, por el contrario, el proyecto de ley lo que representa es la precariedad máxima, la eliminación de los compromisos contractuales por parte del empleador, dejando al trabajador sin mayor acceso a los derechos laborales consagrados incluso en el código sustantivo del trabajo. El proyecto de Ley se puede plantear entonces abiertamente inconstitucional ya que viola el principio de Salario Mínimo Vital y Móvil.
El segundo eje del proyecto de ley tiene que ver con el piso mínimo de protección social. La propuesta es que todos y todas las habitantes del mundo rural (ahora si para todo lo que se llama rural y no solo para los trabajadores agropecuarios) puedan tener acceso al régimen subsidiado de salud, al Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), administrado por Colpensiones, e incluso poder adquirir micro seguros laborales. De nuevo, de entrada, suena bien, pero no se trata de lo que puede parecer, la realidad es más compleja.
Frente a la afiliación al sistema subsidiado el asunto es en apariencia relevante pero no cambia la situación actual. En realidad, los y las campesinas dependen del régimen subsidiado ya que no suelen cotizar, por razones de informalidad y precariedad laboral, al régimen contributivo. Acá de los que se trata, en cambio, son las limitaciones y la calidad del servicio que se tiene por parte del Estado en las zonas rurales, pero nada de esto se contempla en este proyecto y es lógico que así sea.
El tema de los BEPS sí que es más complicado. Este programa de ahorro individual les permite a las personas generar un capital a futuro que puede convertirse en una pensión o aprovechar el ahorro más los aportes gubernamentales para realizar otros pagos. Obviamente esto está atado a la capacidad de ahorro que tengan las personas, lo que depende de los ingresos. Así que el plantear los BEPS no es ninguna alternativa al problema de las pensiones para los y las trabajadoras rurales.
Es comprensible que el proyecto de Ley en realidad no plantea cosas diferentes a las ya existentes frente a la seguridad social para las y los trabajadores rurales. Visto de esta manera, el proyecto solo hace una cosa: Plantear el jornal único integral para las y los trabajadores agropecuarios.
Así que queda un gran interrogante, entre otros claro está: ¿Les convendrá a los empleadores de trabajos formales mantener los pocos empleos que en estas condiciones existen hoy en el mundo rural o preferirán liquidar a sus empleados para que entren al sistema de jornal integral diario? Mantener los empleos formales actuales es sin duda alguna un despropósito financiero, la salida lógica y racional es llevar a todos los trabajadores a lo que sería el nuevo sistema. Visto de esta manera, la conclusión lógica para las y los trabajadores del sector agropecuario es la disminución de sus ingresos, la inestabilidad laboral, además de las dificultades para ejercer sus derechos laborales, como sería el caso de la asociación. Es este entonces el verdadero trasfondo de la Ley que esperan aprobar en los próximos días.
Es ignominioso que esto suceda en un país como el nuestro dónde debemos hacer del mundo rural y de sus pobladores una alternativa de vida digna no solo para su beneficio sino el de todo un país que podría garantizar su seguridad y soberanía alimentaria, además de una oferta comercializable y exportable generadora de divisas y bienestar.
Esto necesariamente pasa por varias alternativas que necesitarán de la voluntad política de los legisladores, entre ellas están:
- Extender la formalización del trabajo desde las mismas garantías que hoy prevalecen en el país y para las zonas rurales, atendiendo las normas colombianas y las disposiciones internacionales frente al trabajo, los derechos laborales y de asociación. Eliminándose así la posibilidad de condiciones precarias y legales para el campo
- Un sistema de protección social integral, que se contemple desde la infancia hasta la vejez, teniendo en esta última la posibilidad de un ingreso de ciudadanía que les permita a quienes ya son adultos mayores contar con los recursos necesarios para su existencia.
- Un programa que les reconozca a las mujeres del campo un ingreso básico, como un derecho social a sus qué haceres en la economía del cuidado.
- Creación, apoyo y fortalecimiento a los grupos asociativos y cooperativas, de tal manera que estos puedan lograr las condiciones necesarias para formalizar el trabajo de sus asociados.
- Dar cumplimiento a lo propuesto desde distintas instancias como la Misión Rural y el punto uno de los acuerdos de La Habana, en tanto reforma rural integral.
El camino de la formalización laboral en el campo debe de ser para todos y todas las trabajadoras rurales que son mucho más que los trabajadores agropecuarios, pasa por dignificar al campo y hacerlo un activo de riqueza y calidad de vida. Si se mantienen las ideas de los campesinos como sujetos para la explotación, el detrimento de las condiciones en el mundo rural se seguirá dando, haciéndolo inviable como alternativa de vida para sus pobladores, pero, igual de fuerte, para un país que no ha podido entender que, tal y como lo hacen las sociedades más avanzadas, la ruralidad es la garantía de una vida digna.
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Jaime Alberto Rendón Acevedo: Universidad de La Salle
Foto obtenida de: Periódico El Campesino
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