Pero, el tiro les salió por la culata, porque, la Ley de reforma pensional que se encuentra congelada en la Corte Constitucional, gracias a la demanda interpuesta por Paloma Valencia, obliga a que el régimen pensional consagrado en la Ley 100/1991 continúe vigente; por lo tanto, ningún trabajador puede estar afiliado a dos fondos al mismo tiempo. En consecuencia, los trabajadores que decidieron pasarse a COLPENSIONES, deben trasladarse con sus respectivos ahorros y, el fondo privado del cual se desafiliaron está obligado a girar los ahorros de las y los trabajadores a Colpensiones, su nuevo fondo; ergo, los fondos privados que se niegan a girar inmediatamente a Colpensiones, algo más de cinco billones, correspondientes a los ahorros de 25.000 trabajadores que ya recibieron su pensión en Colpensiones, se los están robando; pero, Colpensiones, tendrá que pagarla con los impuestos de las y los colombianos mediante el subsidio que le gira anualmente el Estado. Ellos son los que realmente se quieren robar los ahorros pensionales de los trabajadores.
La Ley 100 de 1991, favoreció, durante más de tres décadas, la afiliación de más de 18 millones de trabajadores y trabajadoras a los fondos privados; los cuales, a precios 2025 percibieron $420 billones de pesos anuales por concepto de aportes de sus afiliados; pero, en esas tres décadas, tan solo han pensionado algo más de 300.000 trabajadores, con mesadas irrisorias equivalentes a menos del 40% del salario devengado al momento de pensionarse; mientras que, COLPENSIONES que cuenta con algo mas de 7 millones de afiliados, y recibe tan solo $58 billones anuales, $24 billones de aportes de sus afiliados y $34 billones que subsidia el Estado, paga cumplidamente las pensiones de cerca de dos millones de pensionados a su cargo. La diferencia es abismal, los aportes de los afiliados a los fondos privados van a las arcas de los clanes banqueros Sarmiento Angulo y Gilinski, que los han invertido durante más de 30 años en los llamados fondos de inversión, acumulan los rendimientos, mientras que, como la mayoría de sus afilados no logran ahorrar las sumas requeridas para acceder a la irrisoria pensión, dichos fondos les devuelven sus ahorros en un bono pensional que jamás les alcanzará para sobrevivir, junto con su familia, el resto de sus vidas.
Apalancados por los tales fondos de inversión, con los recursos de los trabajadores, los hijos del expresidente Uribe construyeron centros comerciales que bautizaron con el nombre de “Nuestra” Bogotá, Cartago, Montería etc. Razón de más para que el matarife, con su perversa gratitud, defienda como gato bocarriba los fondos privados que son de los clanes Sarmiento Angulo y Gilinski, quienes enriquecieron a sus hijos con el robo de los ahorros para la pensión, que nunca llega, de millones de trabajadores.
La pensión que nunca llegará.
De las y los 18.000.000 de trabajadores, que, a lo largo de 35 años, ahorraron sus aportes en los fondos privados, por lo menos 17. 700.000 resultaron estafados porque jamás se pensionaron. La razón por la que nunca obtuvieron ni obtendrán su pensión es simple, el congresista Fabio Amín del partido liberal que, durante los debates del proyecto de reforma realizados en 2025, apoyó la reforma pensional congelada por obra y gracia de la Corte Constitucional, lo explicó con las siguientes cifras: “para alcanzar una pensión de salario mínimo en un fondo privado, una persona debe cotizar al fondo durante 25 años, equivalentes a 300 meses, la suma de $906.565 mensuales para ahorrar alrededor de $290 millones requeridos; si el trabajador cotiza con el salario mínimo, $1.300.000 a precios de 2025, su aporte mensual al fondo sería de $208.000 y apenas alcanzaría a cotizar $62.400.000, le quedarían faltando $227.600.000 para alcanzar una pensión de salario mínimo, para lograrlo debería cotizar durante 116 años aproximadamente”; ¡Jamás se va a pensionar!.
La persona que aspire a recibir un salario mínimo de pensión en un fondo privado, tendrá que cotizar sobre un salario de $6.043.000 mensuales la suma de $ $966.666 mensuales, cifra que no está al alcance de quienes devenguen 2.3 SMLV en 2025. Si una persona quiere recibir una pensión de $2.900.000 (2.3 SMLV a precios de 2025) en un fondo privado tendrá que ahorrar $667.000.000 en 25 años, 300 cuotas mensuales de $2.223, 333 y, para hacerlo, tendría que devengar un salario de $13.895.800 mensuales, los rendimientos que le suman los fondos son mínimos. Ningún trabajador de 2.3 SMLV logrará ahorrar $667 millones en 25 años, (@martharincón porras, en threads); no los ahorraría ni trabajando toda la vida, ni siquiera si pudiera prolongar su expectativa de vida con capacidad laboral hasta los 80 0 90 años, nunca logrará pensionarse.
Los fondos privados de pensiones, han sido la gran estafa, amparada por la ley, a la clase trabajadora colombiana, es el robo continuado de sus ahorros pensionales desde la década de los 90 del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI. Los ladrones son ellos, las mafias que han gobernado el país, las altas cortes dueñas del poder judicial y sus financiadores los gremios económicos que detentan el poder económico y político los verdaderos amos del país. Nunca como ahora, ha sido tan nítido el control que ejerce sobre las instituciones y la dictadura de la clase capitalista imperante en la democracia liberal colombiana.
Más clara aún es la razón por la cual la Corte Constitucional ha congelado la reforma pensional; se trata de impedir que Colpensiones pase a capitalizar $334 billones anuales, a precios de 2025, que harían posible la pensión del 70% de los trabajadores, (2.5 a 3 millones) que devengan hasta 2.3 salarios mínimos, en tanto que, los fondos privados solo capitalizarían, la no despreciable suma de $144 billones anuales correspondientes al 30% de trabajadores que devengan salarios superiores a 2.3 SMLV. No se resignan a perder la billonaria suma que se roban anualmente.
El Consejo de Estado aceptó la demanda interpuesta por la Asociación Colombiana de Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías – Asofondos – y, decidió suspender “provisionalmente” el traslado de los ahorros pensionales de las y los 119.000 trabajadores que se trasladaron a Colpensiones, ordenado por el decreto presidencial 415. El presidente rechazó esta decisión y señaló en un trino publicado en X que “El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorros que han pedido los ahorradores trabajadores. Les permite a los banqueros robar los ahorros de los trabajadores” y tiene razón. Por este motivo, Invitó al pueblo trabajador de Colombia “a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen las tarifas y crezca el empleo. La asamblea constituyente es para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción. El primero de mayo por la Asamblea Constituyente para hacer las reformas sociales de la gente” arengó. La movilización que convoca el presidente Petro es el camino, la Asamblea Constituyente es la salida democrática para alcanzar las reformas boicoteadas en el Congreso y ganar las elecciones con Iván Cepeda y Aida Quilcue en primera vuelta es el imperativo del pueblo colombiano.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la RED Socialista de Colombia y Fiscal de ANEP.
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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