Las EPS, La Suficiencia de la UPC, Reservas Técnicas y el Decreto 2702 del 2014

Si las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hubieran cumplido con lo establecido en el Decreto 2702 de 2014, el sistema de salud colombiano podría estar en una situación financiera mucho más sólida. El incumplimiento de este decreto ha generado pérdidas patrimoniales masivas y ha dado pie a excusas que perpetúan la crisis. A continuación, analizo por qué el cumplimiento del Decreto 2702 podría haber hecho que el sistema fuera “casi perfecto” financieramente y cómo su incumplimiento ha agravado la situación.

Lo que el Decreto 2702 buscaba garantizar

El Decreto 2702, en su artículo 8 y disposiciones relacionadas, establecía un régimen de solvencia que, de haberse implementado rigurosamente, habría asegurado:

• Patrimonio mínimo adecuado: Las EPS debían mantener un nivel de capital suficiente para respaldar su operación, calculado según el número de afiliados y los ingresos. Esto habría evitado que operaran con números rojos o con patrimonios negativos, como ha ocurrido con varias.
• Reservas técnicas sólidas: El decreto obligaba a provisionar recursos para cubrir riesgos futuros y obligaciones con prestadores, lo que habría garantizado liquidez para pagar a hospitales y clínicas sin acumular deudas multimillonarias.
• Gestión financiera responsable: Al exigir indicadores de solvencia y liquidez, el decreto forzaba a las EPS a priorizar la sostenibilidad sobre la expansión descontrolada o el desvío de recursos.

Si todas las EPS hubieran cumplido estos requisitos desde 2014, el sistema habría tenido una base financiera mucho más robusta, capaz de absorber shocks como el aumento de costos médicos o la insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) sin colapsar.

Cómo habría sido “casi perfecto”

Un sistema donde las EPS cumplieran con el Decreto 2702 habría logrado:

• Estabilidad patrimonial: Las EPS no habrían acumulado pérdidas patrimoniales como las observadas hoy (por ejemplo, EPS con deudas que superan su capacidad de pago, como los casos de Medimás o Coomeva en años pasados). El patrimonio mínimo habría actuado como un colchón financiero.
• Liquidez garantizada: Con reservas técnicas bien constituidas, las EPS podrían haber pagado oportunamente a la red de prestadores, evitando los 25 billones de pesos en deudas que actualmente ahogan a hospitales y clínicas.
• Transparencia y confianza: Un cumplimiento estricto habría obligado a las EPS a reportar su situación real, eliminando excusas como “la UPC no alcanza” sin evidencia actuarial o financiera concreta.
• Menor intervención estatal: Si las EPS fueran financieramente autosostenibles, el Estado no habría tenido que inyectar billones de pesos en salvamentos o asumir deudas, como ha ocurrido repetidamente.

En esencia, el sistema habría funcionado como un mecanismo bien engrasado: ingresos (UPC y aportes) entrando, reservas protegiendo contra imprevistos y pagos fluyendo a los prestadores sin interrupciones. No habría sido perfecto en términos absolutos —ya que factores externos como la corrupción o el diseño mismo de la Ley 100 seguirían pesando—, pero financieramente habría sido mucho más resiliente.

Las pérdidas patrimoniales y las excusas actuales

El incumplimiento del Decreto 2702 ha llevado a un escenario opuesto:

• Pérdidas patrimoniales masivas: Muchas EPS operan con patrimonios negativos o insuficientes, lo que significa que sus deudas superan sus activos. Por ejemplo, entidades intervenidas como Saludcoop o Cafesalud dejaron huecos financieros, y la historia se repite con otras EPS en crisis hoy.
• Excusas recurrentes: Al no haber cumplido con las reservas técnicas ni el patrimonio mínimo, las EPS culpan al Gobierno por no ajustar la UPC o al sistema por ser “insostenible”, cuando en realidad su mala gestión y falta de provisiones son gran parte del problema. Si hubieran seguido el decreto, habría habido menos margen para estas justificaciones, porque su solvencia estaría respaldada por números claros.
• Efecto dominó: La falta de liquidez ha generado un círculo vicioso: las EPS no pagan a los prestadores, estos quiebran o reducen servicios, y los usuarios sufren las consecuencias, mientras las EPS afirman que “no hay recursos suficientes”.

Si las EPS hubieran cumplido con el Decreto 2702, el sistema de salud no estaría en la crisis financiera que enfrenta hoy. Las pérdidas patrimoniales serían mínimas, las deudas con prestadores no habrían alcanzado niveles críticos y las excusas de las EPS tendrían menos peso, ya que su responsabilidad estaría clara y cuantificada. Ha sido una oportunidad perdida, generando frustración, porque el mecanismo estaba presente en la ley, pero la falta de cumplimiento y supervisión lo convirtió en un documento irrelevante. Ahora, los usuarios y el Estado enfrentan las consecuencias, mientras las EPS continúan señalando culpables externos en lugar de reconocer sus propias fallas.

Vicente Calvo

Foto tomada de: Diario El Día de La Plata