La raíz del desequilibrio fiscal
El proyecto revisado del Presupuesto General de la Nación para 2027 incrementó sustancialmente el servicio de la deuda. Mientras oficialismo y oposición cruzan acusaciones, el Banco de la República advierte que la raíz del desequilibrio es estructural: entre 2021 y 2025, los ingresos tributarios promediaron un 14,7% del PIB, mientras el gasto total —sin amortizaciones de deuda— se ubicó cerca del 23% del PIB.
La solución que plantea el emisor —medidas simultáneas sobre ingresos y gastos— resulta peligrosa. Históricamente, la postura del Banco Central tiende a blindar los intereses del capital financiero especulativo, lo que suele traducirse en recortes al gasto social o en el remate de bienes del Estado.
Parte de la solución está en enfrentar las grandes pérdidas y recursos potencialmente recuperables: la corrupción, estimada en $60 billones; la evasión tributaria, cercana a $100 billones anuales; los beneficios tributarios, cuyo costo fiscal superó los $130 billones en 2024; y la cartera morosa de la DIAN, que alcanzó cerca de $61 billones a junio de 2026 y podría aproximarse a $70 billones al incluir intereses.
Pero el déficit fiscal recurrente responde a una falla estructural: la reducida recaudación generada por la fragilidad del tejido productivo. Con un 95% del tejido empresarial compuesto por micronegocios de baja rentabilidad, la estructura laboral sufre alta informalidad, bajos ingresos y exclusión de la seguridad social contributiva. Así, el sostenimiento fiscal del Estado termina dependiendo de una base exigua de trabajadores y empresas.
Según la DIAN, en Colombia solo cerca de 217.000 personas jurídicas y 1,4 millones de personas naturales pagan efectivamente el impuesto sobre la renta. La cifra contrasta con un universo potencial de casi 5 millones de unidades económicas —de las cuales 1,8 millones están registradas formalmente y 3,1 millones operan sin registro— y más de 25 millones de personas ocupadas con un margen financiero muy limitado: el 50% de los trabajadores percibe menos de un salario mínimo, el 10% gana exactamente un salario mínimo y el 80% en total devenga dos salarios mínimos o menos.
Aunque en la OCDE las personas naturales aportan más al recaudo que las empresas, en esos países los salarios representan más del 60% del ingreso nacional. En Colombia, la masa salarial solo bordea el 33% del ingreso nacional y la informalidad laboral abarca al 55% de los ocupados.
El presupuesto presentado por el gobierno de Gustavo Petro ya contenía un déficit cercano al 7%, equivalente a unos $140 billones. El presupuesto de la nueva administración registra un déficit próximo al 10% del PIB, alrededor de $200 billones. Frente a esta magnitud, ni la propuesta de Petro ni la de De la Espriella son viables: ambas obligan a continuar endeudándose para pagar deuda a tasas cada vez más elevadas. Una reforma tributaria que recaude $30 billones es insuficiente, igual que un recorte del gasto con margen de maniobra limitado.
Deuda, intereses y presupuesto
El problema de fondo radica en que hemos financiado, a un costo cada vez mayor, un endeudamiento destinado a gastos improductivos, corrupción o, en el mejor de los casos, a gasto social y de funcionamiento. Pero la realidad es aún peor: el país ha caído en una dinámica peligrosa —nos estamos endeudando para pagar deudas anteriores mediante el roll-over o refinanciación perpetua—. O peor aún, contratamos nuevo crédito para cubrir el pago de intereses, configurando una verdadera “bola de nieve” (debt snowball) que acelera el crecimiento insostenible de los pasivos públicos.
El presupuesto del gobierno asciende a $634,9 billones, un incremento de cerca de $60 billones frente a la propuesta inicial del gobierno Petro, fijada en $575,6 billones. De ese total, $155,4 billones se destinarán al servicio de la deuda: aproximadamente $94,4 billones a intereses y $58,3 billones a amortizaciones de capital.
Según el Gobierno, la propuesta presupuestal de la administración Petro no incorporaba de manera completa obligaciones en materia de pensiones, salud, nómina, universidades ni el servicio de la deuda. Según proyecciones del Banco de la República, la deuda neta del Gobierno Nacional Central pasaría al 66,2% del PIB —superando el 58,9% contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026—, mientras el Plan Financiero actualizado estima un déficit del 9,4% del PIB.
El endeudamiento creciente es impulsado por altas tasas de interés y el financiamiento de proyectos sin retorno o permeados por la corrupción. Bajo el esquema neoliberal, la autonomía del Banco de la República prohíbe el crédito directo al Estado, salvo aprobación unánime de su junta. Esta restricción fuerza al Gobierno a recurrir al mercado financiero y a emitir bonos ante fondos especulativos bajo condiciones de elevado costo financiero.
Por tanto, una deuda que roza el 59% del PIB no es responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro; responde a una dinámica estructural originada hace 35 años con reformas que endurecieron las condiciones crediticias del Estado al crear un Banco Central independiente del Ejecutivo, pero subordinado a los intereses del capital financiero especulativo.
Frente a este escenario, las soluciones planteadas habitualmente resultan éticamente cuestionables e inviables para resolver de fondo el déficit fiscal: el ajuste fiscal, la amnistía o legalización de capitales de origen ilícito, la venta de activos estatales, o la reducción del aparato público. Ninguna constituye una respuesta estructural. Las propuestas de refinanciación —sustituir bonos de alto costo al 12% por deuda más barata— enfrentan una gran incertidumbre por la volatilidad del mercado de capitales.
El mayor crecimiento de la deuda pública del GNC se registró durante el gobierno de Andrés Pastrana. Le sigue la administración de Iván Duque, cuyo aumento se justificó en parte por la pandemia, aunque persiste una grave falta de transparencia sobre el destino de los $200 billones en los que endeudó al país, aunado a una respuesta tardía a la emergencia y a la firma de contratos opacos con multinacionales farmacéuticas. El tercer y cuarto lugar corresponden a los gobiernos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, respectivamente.
En contraste, la administración de Gustavo Petro presenta el menor incremento real de la deuda. Sin embargo, no pudo romper con el modelo de refinanciación mediante mayor endeudamiento. Además, ese endeudamiento se ha pactado a tasas elevadas, incrementando el peso del servicio de la deuda al punto de que los pagos por intereses superan actualmente las amortizaciones a capital.
Pago de intereses de la deuda pública (2000-2026)
El pago de intereses ajustado a valor presente ha registrado un crecimiento constante en términos reales. Mientras los pagos nominales crecieron de 6.693,84 miles de millones (2000) a 52.084,55 miles de millones (2025), en términos reales —pesos de 2026— el aumento es de aproximadamente 116% en 25 años.
El máximo se alcanza en 2022, con 85.146,10 miles de millones de pesos de 2026, coincidiendo con el choque inflacionario post-pandemia. Aunque el pago nominal cayó 29,82%, en términos reales la caída fue similar, situándose en 55.282,50 miles de millones. El pago semestral de 44.475,48 miles de millones en 2026 es elevado; si se anualizara —multiplicando por 2— superaría los 88.000 miles de millones, aunque esto es solo una referencia gruesa, no una proyección.
Este endeudamiento no genera retornos económicos, pues desde hace tiempo se destina a financiar rubros no productivos en lugar de apalancar inversiones clave en infraestructura, ciencia, tecnología o eficiencia energética que impulsen la productividad nacional.
Participación de los intereses en el presupuesto del GNC
En 2015, el pago de intereses representaba el 8,8% del Presupuesto General de la Nación del GNC. Esa participación aumentó al 11,4% en 2020 y, para 2025, se redujo al 11%, en parte por la revaluación del peso frente al dólar.
Proyecto de presupuesto GNC vigencia 2027
En el proyecto de presupuesto de 2027 el panorama es más sombrío:
El servicio de la deuda roza el 25% del gasto total en el presupuesto proyectado para 2027. Dentro de esta presión fiscal, el pago de intereses absorbe un 15,23% y las amortizaciones a capital un 9,18%, al tiempo que la inversión pública se contrae al 13,77%.
La posibilidad de reducir el gasto, como lo plantea el Gobierno, resulta sumamente limitada: entre el 87,6% y el 93% del gasto del GNC es inflexible, según datos recientes del Ministerio de Hacienda y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Más temprano que tarde —si no es que la encrucijada ya se presentó—, el Gobierno deberá dirimir si prioriza el pago de las pensiones o la atención del servicio de la deuda. La Constitución es clara al establecer que el gasto social tiene carácter prioritario en la asignación del presupuesto público, y una reducción drástica de la inversión resulta inviable a la luz del texto constitucional.
Desarrollo productivo e inserción multipolar para la sostenibilidad fiscal
Si bien el país requiere un sistema tributario ajustado a los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia, la sostenibilidad fiscal depende en mayor medida de un programa de desarrollo económico que transforme la estructura productiva, mejorando en cantidad y calidad tanto el tejido empresarial como el empleo. En este contexto, las finanzas públicas dependen de políticas como las que siguen:
- Política de desarrollo como mejor reforma tributaria. La verdadera sostenibilidad fiscal no proviene tanto del aumento de la carga impositiva, sino de una política de desarrollo que fomente la producción nacional en la industria, la agricultura, la ganadería, la minería, la energía, el transporte, las comunicaciones y la construcción. Respaldada por aranceles temporales para industrias nacientes, una tasa de cambio estable, control de cambios, paridades fijas e innovación tecnológica aplicada a los procesos productivos, esta estrategia permitirá ampliar la densidad empresarial con unidades más rentables y competitivas. Así, el aumento del empleo formal con mejores salarios y una mayor masa de empresas y trabajadores tributando fortalecerá el recaudo y las finanzas públicas por la vía productiva.
- Integración iberoamericana. Apalancar la infraestructura regional mediante grandes proyectos de integración, como el corredor bioceánico que conectará el océano Atlántico en Brasil con el océano Pacífico a través del puerto de Chancay, en Perú. La integración ferroviaria es una necesidad que debe desarrollarse apoyándonos en el potencial tecnológico de China.
- Inserción en nuevas fuentes de financiamiento. Ingresar formalmente al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS y consolidar la participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto permitirá acceder a mecanismos financieros multilaterales para proyectos estratégicos como ferrocarriles, carreteras, puertos e iniciativas de gran escala como el canal seco o interoceánico en la región Chocó-Urabá.
- Articulación con el orden multipolar. Participar activamente en plataformas globales como los BRICS, donde se debate un nuevo paradigma económico y financiero que subordine el sistema financiero al servicio de la economía real y la producción.
- Endeudamiento productivo. Es indispensable prohibir categóricamente el uso del endeudamiento público para financiar gastos de funcionamiento o gasto social y, de forma aún más rigurosa, para saldar deudas pasadas o cubrir el pago de intereses. El crédito debe ser una herramienta reservada exclusivamente para la inversión productiva con capacidad comprobada de retorno.
- Auditoría y reestructuración de la deuda. Implementar mecanismos alternativos, siguiendo la experiencia de Ecuador bajo la administración de Rafael Correa, mediante la creación de un comité de auditoría que identifique la deuda legítima de la ilegítima para honrar únicamente la primera. De forma complementaria, avanzar en la refinanciación de pasivos caros por crédito más económico o evaluar moratorias parciales según el margen fiscal.
- Sistema tributario progresivo y fortalecimiento de la DIAN. Para sanear las finanzas públicas se requiere una reforma tributaria progresiva, eliminando los beneficios tributarios innecesarios, complementada con el fortalecimiento tecnológico de la DIAN para optimizar la fiscalización y frenar la evasión. Asimismo, es indispensable articular estrategias de cobro para recuperar la cartera en mora y consolidar mecanismos de control frente a la corrupción.
Conclusión
El debate presupuestal actual es intrascendente porque no plantea soluciones estructurales. Sin un cambio de modelo que ponga el sistema financiero al servicio de la producción y la economía real, Colombia seguirá atrapada en un círculo vicioso de endeudamiento creciente, intereses altos y gastos improductivos que hipotecan el futuro del país.
La verdadera discusión no radica en definir quién ostenta el presupuesto «de la verdad» o «de la mentira», sino en cómo romper con un esquema de endeudamiento que lleva 35 años favoreciendo al capital financiero especulativo. Este modelo ha terminado beneficiando a los fondos de inversión a costa de castigar la economía real, el gasto social y las necesidades fundamentales de la ciudadanía.
Notas
- Banco de la República. Comentario al Presupuesto General de la Nación 2027. https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/comentario-presupuesto-general-nacion-2027
- Pulzo. Corrupción y evasión fiscal en Colombia: cifras, impacto actual y desafíos para 2025. https://www.pulzo.com/nacion/corrupcion-y-evasion-fiscal-en-colombia-cifras-impacto-actual-y-desafios-para-2025-PP5237737A
- Periódico UNAL. Beneficios tributarios y evasión siguen vaciando las finanzas del Estado. https://periodico.unal.edu.co/articulos/beneficios-tributarios-y-evasion-siguen-vaciando-las-finanzas-del-estado
- La República. Los morosos de la DIAN deben más de $61 billones en impuestos a junio. https://amp.larepublica.co/economia/los-morosos-de-la-dian-deben-mas-de-61-billones-en-impuestos-a-junio-4464469
- Cálculos propios con base en DIAN (Estadísticas Tributarias de Renta), DANE (GEIH, Cuentas Nacionales y EMICRON), Confecámaras (RUES), Banco de la República y OCDE (Revenue Statistics).
- Banco de la República. Estadísticas económicas – Gobierno Nacional Central: balance, saldo y deuda. https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas-back/reporte-dv.html?path=gobierno_nacional_balance_saldo_deuda
- Forbes Colombia. Sin realismo fiscal no hay sostenibilidad posible. https://forbes.co/red-forbes/sin-realismo-fiscal-no-hay-sostenibilidad-posible
- Constitución Política de Colombia, arts. 13, 334, 350 y 366.
Carlos Julio Díaz Lotero
Foto tomada de: impactonews.co/
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