La Escuela Nacional Sindical, ENS, propone una agenda programática laboral y sindical para el próximo gobierno nacional, orientada a consolidar el trabajo digno, decente y saludable, la democracia laboral, la libertad sindical, la protección social y la transformación productiva con justicia social.
Esta agenda se presenta en un momento político decisivo. El programa presidencial de Iván Cepeda, “El Poder de la Verdad”, se define como una propuesta para profundizar los cambios democráticos y sociales iniciados en el actual gobierno, estructurando su apuesta alrededor de transformaciones relacionadas con la paz, la democratización económica, la revolución agraria, la transición energética justa, la ampliación de derechos, la igualdad de género, el fortalecimiento territorial y la lucha contra las desigualdades históricas.
En este contexto, el trabajo digno decente y saludable debe dejar de ser entendido únicamente como un asunto sectorial o regulatorio y convertirse en un eje estructurante de la política económica, productiva y social del país. Colombia enfrenta el agotamiento de un modelo de competitividad basado en la flexibilización laboral, la alta informalidad, la concentración de la riqueza y la dependencia de actividades extractivas con bajo impacto redistributivo y baja generación de capacidades productivas territoriales.
Las profundas desigualdades territoriales, sociales, de género y generacionales limitan la posibilidad de consolidar un modelo de desarrollo democrático y sostenible. Por ello, la política laboral del próximo gobierno no puede reducirse únicamente a la regulación del empleo, sino que debe articularse con la ampliación de derechos sociales y de participación, sino con la transformación productiva, la democratización económica, la cohesión territorial y la construcción de paz.
La presente propuesta plantea avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentado en el trabajo digno, decente y saludable, el fortalecimiento de la institucionalidad laboral, la ampliación de derechos colectivos, la transición energética justa, la inclusión productiva de la economía popular y la generación de capacidades territoriales para reducir la precarización laboral y ampliar las oportunidades económicas y sociales.
Avances logrados
El actual gobierno reconoció que el “trabajo” continúa siendo el principal mecanismo de integración económica y social de la población y al mismo tiempo, uno de los espacios donde se reproducen con mayor intensidad las desigualdades estructurales del país.
Cabe recordar que durante décadas, Colombia impulsó políticas laborales orientadas a reducir costos de contratación bajo la idea de que la flexibilización produciría crecimiento económico y empleo. Sin embargo, el resultado fue un mercado laboral altamente precarizado, con elevados niveles de informalidad, baja cobertura de negociación colectiva, fragmentación sindical y enormes brechas territoriales y de género.
Bajo la administración Petro se modificó parcialmente esta orientación, apostándole a la recuperación de derechos laborales y a la consolidación de una agenda de trabajo digno y decente. Con el Decreto 1527 de 2024 se adoptó la Política Pública de Trabajo Digno y Decente, creando un marco integral de política pública laboral. Posteriormente, la Ley 2466 de 2025 recuperó derechos laborales y amplió garantías relacionadas con remuneración justa, bienestar integral, diálogo social, acceso a seguridad social y fortalecimiento de los derechos colectivos, entre otros.
Así mismo, el DNP y el Ministerio del Trabajo avanzaron en la construcción del CONPES 4189 “Política Nacional de Trabajo Digno y Decente”, incorporando enfoques territoriales, de género e inclusión productiva.
En este contexto, el desafío del próximo gobierno ya no será únicamente aprobar nuevas reformas, sino construir capacidades institucionales, fiscales, estadísticas y territoriales para garantizar su implementación efectiva.
Subsisten problemática estructurales
A pesar de la mejoría en algunos indicadores laborales, persisten altos niveles de precarización, informalidad y desigualdad estructural. En efecto, según cifras del Dane, aunque la tasa de desempleo nacional se mantuvo estable entre abril de 2025 vs abril de 2026, en 8,8%, persisten flagelos en la realidad laboral.
La misma fuente para el mismo mes, evidencia que las mujeres continúan enfrentando mayores niveles de desempleo y precarización. La tasa de desempleo femenina disminuyó levemente al pasar de 11,2% a 10,9% (abril de 2025 vs abril de 2026), sigue ubicándose por encima del promedio nacional y de la tasa de desempleo masculina (que pasó de 7,0% a 7,1% en el período de análisis). Continuando la brecha de desempleo en 3,8 en las mujeres. Ello responde a factores estructurales como la desigual distribución del trabajo de cuidado no remunerado, la segregación ocupacional, la persistencia de brechas salariales y las barreras de acceso al empleo formal.
No es menos crítica la situación laboral de la población juvenil que aumentó levemente al pasar del 16,0% (abril de 2025) al 16,2% (abril 2026). Cabe resaltar que la tasa de desempleo juvenil prácticamente duplica la tasa nacional, (16,2% frente a 8,8%), guarismo que puede ser mucho mayor cuando se presentan períodos de desaceleración económica. Los jóvenes son normalmente los primeros en salir del empleo y los últimos en ser contratados nuevamente. A esto se suma que muchas empresas prefieren trabajadores con trayectorias más largas y menor rotación.
Los contrastes de este indicador entre hombres y mujeres jóvenes, reflejan la brecha estructural de género presente en el mercado laboral, que es casi de 7,6 puntos porcentuales en este segmento poblacional. En efecto, las diferencias son muy amplias pues las mujeres jóvenes padecen con mayor rigor el fenómeno del paro, comparado con los hombres jóvenes (20,6% frente a 13%).
Por último, los jóvenes de hogares pobres enfrentan mayores dificultades de acceso a educación de calidad, conectividad, redes laborales, idiomas y formación técnica. En zonas rurales y periferias urbanas las oportunidades son aún más limitadas. Además, las mujeres jóvenes sufren una doble desventaja por género y edad, asociada a cargas de cuidado y discriminación laboral.
Con relación a la informalidad laboral, sigue estando por encima del 50%, las cifras del Dane, evidencian que este indicador disminuyó levemente al pasar del 55% al 54,2%, evidenciando una economía fragmentada donde millones de personas trabajan sin estabilidad, sin protección social, ni acceso efectivo a derechos laborales.
Una de las características de la informalidad es la baja productividad, que está estrechamente ligada a la desigualdad histórica del país. En nuestro país, las diferencias entre regiones, sectores económicos y niveles educativos hacen que el crecimiento económico beneficie de manera desproporcionada a quienes ya tienen capital, tierra o acceso a oportunidades, agravando la alta concentración de enormes rentas en algunos sectores. Mientras, millones de trabajadores informales sostienen la economía cotidiana sin garantías mínimas.
La economía popular y el trabajo por cuenta propia representan una parte estructural del mercado laboral colombiano. Según cifras recientes del DANE, el 41% de la población ocupada del país corresponde a trabajadores por cuenta propia, es decir, aproximadamente 9,9 millones de personas ocupadas, mientras más de la mitad de la población trabajadora continúa vinculada a condiciones de informalidad laboral. Diversos análisis coinciden además en que el trabajo por cuenta propia constituye la principal fuente de informalidad en Colombia y representa alrededor del 75% del trabajo informal del país. Esto demuestra que la economía popular no constituye un fenómeno marginal ni transitorio, sino una dimensión estructural de la economía y del empleo nacional.
Sin embargo, históricamente las políticas de formalización se diseñaron desde lógicas empresariales tradicionales, imponiendo requisitos fiscales, administrativos y financieros incompatibles con las capacidades reales de amplios sectores productivos populares. Como resultado, millones de trabajadores y unidades productivas permanecen excluidos de sistemas de protección social, financiamiento, capacitación, innovación y acceso efectivo a mercados, reproduciendo círculos de baja productividad y precarización laboral.
La precarización laboral también se expresa en:
- Bajos niveles de cobertura de negociación colectiva.
- Limitada sindicalización.,
- Tercerización laboral.
- Alta rotación.
- Inestabilidad contractual.
- Debilidad de la inspección laboral.
- Fragmentación institucional.
A esto se suman los desafíos derivados de la transición energética, la digitalización del trabajo y las nuevas formas de empleo vinculadas a plataformas digitales.
En síntesis, Colombia enfrenta el reto de transformar un modelo de mercado laboral basado históricamente en la precarización, la desigualdad y la fragmentación productiva, hacia un modelo sustentado en trabajo digno, democratización económica, productividad sostenible y cohesión territorial.
Aunque hay complementos, son más los riesgos de desmontes, retrocesos y más precariedad, presentes en las propuestas de algunas campañas
Después de la primera vuelta electoral, quedó claro que en el escenario político actual hay dos visiones contrapuestas sobre el papel del trabajo, el Estado y el desarrollo económico. Mientras Iván Cepeda defiende un modelo de participación tanto público como privado, (rechazando una estatización total), una tributación progresiva (quien más tiene más paga), una política de austeridad, un combate frontal a la pobreza y apoyo al sector rural. En materia laboral propone blindar la reforma laboral, impulsar la producción nacional, el empleo digno y formal, el apoyo a los pequeños negocios y trabajadores independientes mediante créditos públicos y ayudas directas, defensa del salario vital entre otros, temas.
La visión contraria se da en las propuestas de De la Espriella, quien parte de una reducción significativa del Estado (40%) eliminando y fusionando Ministerios (pasar de 19 a 9), entidades estatales como embajadas y del orden nacional, además afirma que eliminará más de 700.000 contratos de prestación de servicios. En materia fiscal pretende modificar y simplificar la estructura tributaria para incentivar la inversión privada.
En materia laboral ha planteado la creación de “más de 600 mil empleos rurales”, acompañada de una estrategia para convertir al campesino en propietario y mejorar su productividad. Y propone la Escuela de Emprendedores Rurales, que formaría a “100 mil jóvenes en prácticas más eficientes y productivas”, con acceso a crédito, tecnología y mentoría. En su programa también se incluye la inclusión laboral, pues con la misma pretenden “formalizar 200 mil emprendimientos femeninos”, con un fondo de $500 mil millones para promover la autonomía económica de las mujeres.
Un aspecto no menor a tener en cuenta es que el candidato de la Espriella ha expresado abiertamente su inclinación con lo realizado por Javier Milei (Argentina), Bukele (El Salvador) y Trump (EE.UU). De este último pretende copiar algunas de sus acciones, ya que ha dicho “que en los primeros días de su gobierno firmaría 90 decretos, haciendo un uso amplio del poder ejecutivo para implementar sus propuestas, entre las cuales estarían la propuesta de un proyecto de Ley para desmontar las reformas laboral y pensional, de igual manera eliminar la figura del salario vital y con ello disminuir el salario mínimo, es lo que ha dicho en algunas de de sus entrevistas.
Estas propuestas, soportadas en la flexibilización laboral, se presentan como mecanismos para estimular la inversión y el crecimiento económico. No olvidemos que la evidencia histórica colombiana y latinoamericana muestra que tales procesos de flexibilización laboral, sin fortalecimiento simultáneo de capacidades productivas y protección social han generado:
- Ampliación de la informalidad.
- Debilitamiento de derechos laborales.
- Incremento de desigualdades.
- Reducción de estabilidad laboral.
- Fragmentación sindical.
- Deterioro de ingresos reales de trabajadores y trabajadoras.
En un contexto de transición energética, transformación tecnológica y profundas desigualdades territoriales, una estrategia centrada exclusivamente en reducción de costos laborales podría profundizar la precarización y aumentar la vulnerabilidad social y territorial.
Así mismo, propuestas de reducción acelerada del papel del Estado en regulación laboral, inspección, protección social o inversión territorial podrían debilitar aún más la capacidad institucional para enfrentar desafíos estructurales como:
- La informalidad laboral.
- La transición energética justa.
- La protección de trabajadores rurales.
- La reconversión productiva territorial.
- La economía popular.
- La ampliación de oportunidades para mujeres y jóvenes.
En materia ambiental y extractiva, la ausencia de mecanismos robustos de transición justa y participación territorial podría profundizar conflictos socioambientales y laborales, especialmente en regiones dependientes de carbón, hidrocarburos y minería.
Si no se actúa, o si el país retorna a un modelo sustentado principalmente en flexibilización laboral y reducción del papel redistributivo y regulador del Estado, Colombia podría enfrentar:
- Profundización de la precarización laboral.
- Debilitamiento de la negociación colectiva y la libertad sindical.
- Expansión de economías informales de baja productividad.
- Aumento de desigualdades territoriales y de género.
- Mayores tensiones sociales y sociolaborales.
- Dificultades para implementar la transición energética.
- Debilitamiento de la cohesión democrática.
- Pérdida de legitimidad institucional.
Por el contrario, avanzar hacia un modelo sustentado en trabajo digno, democratización económica y fortalecimiento de capacidades estatales permitiría fortalecer el mercado interno, mejorar la productividad, ampliar la protección social, reducir desigualdades y consolidar condiciones para una paz sostenible y una transformación productiva con cohesión territorial.
Propuestas desde la ENS para la Campaña Iván Cepeda Castro
Estrategia 1. Democracia, derechos en el trabajo y paz
La estrategia (que incorpora 4 ejes) se orienta a reducir la brecha existente entre el reconocimiento legal de los derechos y su aplicación efectiva. Parte del reconocimiento de que no puede existir una democracia plena mientras persistan relaciones laborales profundamente desiguales y limitadas capacidades de ejercicio efectivo de los derechos colectivos.
Esta estrategia debe priorizar, en el corto plazo, la implementación efectiva de la reforma laboral y el fortalecimiento de la inspección laboral; en el mediano plazo, la consolidación de mecanismos de negociación multinivel y fortalecimiento sindical; y en el largo plazo, avanzar hacia un nuevo pacto democrático del trabajo mediante el desarrollo del Estatuto del Trabajo.
Como propuesta articuladora, se plantea la creación de un Sistema Nacional de Democracia Laboral y Diálogo Social que integre mecanismos de negociación colectiva, fortalecimiento sindical, inspección laboral, resolución de conflictos, reparación colectiva y promoción del diálogo social territorial.
Eje 1: Implementación de la reforma laboral y defensa de derechos adquiridos
Objetivo: garantizar que la Ley 2466 de 2025 no quede como una reforma formal, sino que transforme condiciones reales de trabajo.
Propuestas:
- Elaborar una hoja de ruta reglamentaria de la reforma laboral acorde a las capacidades territoriales.
- Monitorear sectores de alto riesgo de incumplimiento y cuellos de botella: comercio, plataformas, servicios, tercerización, vigilancia, salud, sector del cuidado, agroindustria y economía popular.
- Crear observatorios sectoriales para el monitoreo y evaluación de la implementación de la reforma y sus impactos económicos y laborales de la reforma: empleo formal, ingresos, productividad, costos laborales, conflictividad y negociación colectiva.
- Diseñar una estrategia pedagógica nacional para trabajadores, sindicatos, empleadores, jueces, inspectores y entidades públicas.
- Establecer una estrategia hacia la actualización gradual del Código Sustantivo del Trabajo, priorizando los derechos colectivos y fortaleciendo la discusión hacia una propuesta de Ley que instaure el Estatuto del Trabajo.
Eje 2: Fortalecimiento de la inspección y acceso efectivo a la justicia laboral
Objetivo: reconstruir las capacidades institucionales para el cumplimiento de la legislación laboral.
Propuestas:
- Fortalecer el Plan Nacional de Inspección Laboral mediante el seguimiento a las resoluciones 4179 y 4180 de 2025 y la profesionalización, estabilidad y autonomía técnica de inspectores e inspectoras, priorizando sectores críticos como trabajo rural, economía popular, plataformas digitales, trabajo doméstico, tercerización laboral y libertad sindical.
- Consolidar protocolos especializados de inspección y rutas rápidas de protección de la libertad sindical, incluyendo aquellas que respondan a casos de violencia laboral.
- Avanzar hacia sistemas interoperables de inspección y articulación entre Ministerio del Trabajo, Defensoría, Fiscalía y jueces laborales y constitucionales.
Eje 3. Libertad, fortalecimiento sindical y negociación colectiva multinivel
Objetivo: fortalecer la capacidad de organización, representación y negociación colectiva.
Propuestas:
- Desarrollar una campaña nacional de promoción de la libertad sindical y democratización de las relaciones laborales, sustentada en evidencia sobre el impacto positivo de la negociación colectiva sobre productividad, estabilidad laboral y reducción de desigualdades.
- Fortalecer capacidades organizativas y de negociación colectiva de sindicatos de rama e industria y federaciones.
- Implementar una estrategia de desestímulo al contrato sindical y pactos colectivos usados como mecanismos de intermediación laboral.
- Implementar una estrategia de desestímulo a la doble afiliación y multiplicidad de organizaciones sindicales en las instituciones públicas y privadas
- Crear un Programa Nacional de Crecimiento Sindical con enfoque sectorial, territorial, de género, juventud y economía popular.
- Consolidar y promover mecanismos de negociación colectiva multinivel y sectorial.
- Avanzar hacia un sistema más articulado de representación sindical.
Eje 4. Reparación colectiva al sindicalismo, memoria, garantías de no repetición y paz
Objetivo: articular la agenda laboral con la paz, la memoria y los derechos humanos.
Se propone consolidar el Plan Integral de Reparación Colectiva al Sindicalismo (PIRC) mediante un CONPES específico que garantice criterios vinculantes de implementación y financiación.
Propuestas:
- Fortalecer el CONARE como espacio de articulación para la defensa de derechos humanos y laborales y avanzar en mecanismos de implementación y seguimiento del PIRC y el Decreto de Reparación Colectiva al movimiento sindical.
- Socializar, ajustar e implementar el Plan de Conmemoración del Centenario de la Huelga y Masacre de las Bananeras.
- Crear y consolidar un Observatorio de Derechos Humanos Laborales y Violencia Antisindical.
- Impulsar la construcción de un CONPES de Reparación Colectiva que garantice los criterios vinculantes del PIRC e instale las vías de fortalecimiento de las medidas de memoria y reconocimiento público del PIRC.
- Generar garantías de no repetición y protección del movimiento sindical.
- Incorporar plenamente la memoria laboral y sindical dentro de las políticas de construcción de paz y garantías de no repetición.
Estrategia 2. Trabajo digno y decente que impulse la transformación del mercado de trabajo y supere la precarización
Esta estrategia parte de reconocer que la precarización laboral constituye no solo un problema social, sino también una limitación estructural para la productividad, la cohesión territorial y la democratización económica.
En coherencia con el Programa de Gobierno de Iván Cepeda, la transformación económica debe reflejarse en generación de empleos dignos. La transformación productiva debe expresarse en generación de empleo digno, fortalecimiento del mercado interno, inclusión productiva, ampliación de capacidades económicas territoriales y en la garantía de derechos laborales.
Los ejes que incorpora esta estrategia son:
Eje 5. Política Nacional de Trabajo Decente con enfoque territorial, sectorial y de género
Objetivo: convertir el trabajo decente en el núcleo de la política económica, laboral y productiva.
Propuestas:
- Desarrollar pilotos territoriales y sectoriales de participación y diálogo social que permitan validar las intervenciones antes de escalarlas, como primer ejercicio para la implementación efectiva del reciente CONPES y la Política Pública de Trabajo Digno y Decente
- Mejorar el desarrollo conceptual en torno a la definición de la Economía Popular y continuar la construcción de una política pública que tribute a una propuesta de formalización gradual y diferenciada, con un esquema de incentivos y apoyos por parte del Estado.
- Avanzar en la formalización y dignificación del empleo rural y relaciones laborales democráticas en las actividades económicas del campo, así como en las actividades agropecuarias diferentes a las actividades mineras e industriales, como complemento a la Revolución Agraria y al componente rural de la reindustrialización.
- Incluir un módulo permanente de trabajo decente en encuestas oficiales o una Encuesta Nacional de Trabajo Decente.
- Crear pactos territoriales y sectoriales de Trabajo Decente que logre a través del dialogo social interactoral e interinstitucional (gobiernos locales, sindicatos, trabajadores, trabajadoras, empresas, academia, el Ministerio de Trabajo, etc.) Políticas Públicas de Trabajo Decente y saludable para los territorios.
- Dar continuidad a las acciones de reconocimiento, garantías de derecho y creación de oportunidades para la amplia población trabajadora de la economía popular.
- Construir un Índice Nacional de Precariedad Laboral que permita monitorear estabilidad, rotación, jornadas, ingresos, protección social, formalización, salud laboral y brechas de género.
- Consolidar paquetes de política pública con incentivos empresariales a la promoción de la formalización, la disminución de la rotación laboral y el cierre de brecha de género.
- Establecer un Acuerdo Nacional para la Profesionalización del Empleo Público y de Carrera Administrativa y procurar la formalización y disminución de la precariedad laboral en el sector público debido a los contratos de prestación de servicio en actividades misionales y recurrentes.
- Consolidar un nuevo modelo de competitividad basado en productividad y trabajo digno.
Eje 6. Transición energética justa, empleo y transformación productiva
Objetivo: garantizar que la transición energética no genere abandono territorial ni desprotección laboral.
Como instrumento central se propone crear un Plan Nacional de Reconversión Laboral y Transición Justa, acompañado por un Fondo de Reconversión Productiva Territorial financiado mediante regalías, cooperación internacional y recursos de transición climática, que contemple las propuestas realizadas por organizaciones de trabajadores en los pactos de transición justa en carbón, hidrocarburos, energía, transporte e industria impulsados, como el impulsado por el Colectivo Transición Justa.
Propuestas:
- Construir mapas de sectores y territorios vulnerables por pérdida de empleo y crear mecanismos de protección temporal para trabajadores afectados.
- Identificar potenciales empleos alternativos y generar acompañamiento mediante un programa de subsidios temporales en este período a quienes pierden empleo, así como políticas de acceso a créditos blandos con énfasis en proyectos productivos.
- Promover y fortalecer el diálogo social multiactoral, con una participación activa de las organizaciones sindicales en territorios minero-energéticos y estrategias efectivas de solución de conflictos.
- Desarrollar programas de reconversión laboral, recalificación de los trabajadores en la transición energética justa y diversificación productiva territorial, que minimicen los riesgos de pérdida de puestos de trabajo y la exclusión de grupos poblacionales territoriales sin accesos a procesos de formación.
- Construir una Política Nacional de Transición Justa basada en gradualidad, diálogo social y participación sindical, reconversión productiva y protección laboral.
- Consolidar economías territoriales alternativas sustentadas en empleo verde, restauración ambiental, bioeconomía, agroindustria y energías renovables.
Eje 7. Trabajo en plataformas, digitalización y nuevas formas de empleo
Objetivo: proteger derechos laborales en nuevas formas de trabajo mediadas por plataformas digitales y tecnologías frenar la innovación productiva.
Se propone consolidar una política pública de trabajo digno en plataformas digitales, incorporando mecanismos de regulación sobre ingresos, tiempo de trabajo, mecanismos de protección, seguridad social y reconocimiento de relaciones laborales en situaciones de dependencia económica.
Propuestas:
- Crear un sistema de caracterización actualizada y monitoreo del mercado laboral digital.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las garantías mínimas de trato justo, seguridad social, ingresos y libertad sindical, enmarcadas en la Ley 2466 de 2025, mediante indicadores de dependencia económica, subordinación algorítmica y riesgos laborales.
- Consolidar mecanismos de inspección laboral digital con enfoque interseccional y establecer estrategias de diálogo social y formalización laboral que comprometan a las plataformas que utilizan el trabajo precario y la informalidad.
- Fortalecer los procesos de asociación y formación sindical para nuevos sujetos laborales.
- Consolidar marcos regulatorios modernos que garanticen derechos sin afectar la innovación productiva.
Aporte ENS: investigación, caracterización, propuestas normativas, formación y análisis comparado.
Estrategia 3. El trabajo para la vida: cuidado, protección e igualdad
Esta estrategia reconoce el trabajo como determinante fundamental de bienestar y calidad de vida, y entiende el cuidado como una dimensión estructural de la sostenibilidad económica y social. La política laboral debe articularse con sistemas de cuidado, protección social y reducción de desigualdades de género e interseccionales.
Eje 8. Economía del cuidado, trabajo doméstico y enfoque de género e interseccionalidad
Objetivo: incorporar el cuidado como dimensión estructural de la política laboral.
Propuestas:
- Hacer seguimiento a la formalización y regulación del trabajo doméstico remunerado.
- Fortalecer la inspección especializada y los protocolos de actuación frente a manifestaciones de violencia y acoso laboral para garantizar la implementación efectiva de los Convenios 189 y 190 de la OIT.
- Implementar una política laboral para el Sistema Nacional de Cuidado y consolidar mecanismos de formalización y protección del trabajo doméstico remunerado.
- Generar un sistema integrado de medición de brechas de género, trabajo no remunerado, discriminación y violencias laborales.
- Avanzar hacia un Programa nacional de corresponsabilidad social y empresarial con los sistemas del cuidado.
Eje 9. Salud laboral, riesgos laborales y protección de trabajadores excluidos
Objetivo: ampliar la protección en riesgos laborales hacia sectores históricamente excluidos.
Propuestas:
- Configurar un sistema de protección social universal, incluido el de riesgos laborales y el sistema de cuidado para la vida y la paz, que coloque énfasis en el cuidado de la salud y la vida y en el bienestar de los y las trabajadoras. Con enfoque Preventivo.
- Implementar un Sistema de Ciencia, Investigación, tecnología e innovación en Salud y Riesgos Laborales
- Adelantar una investigación sobre riesgos biológicos, ergonómicos, ambientales y psicosociales, considerando el aumento de las afectaciones en salud mental, la intensificación del trabajo digital y las condiciones laborales en plataformas laborales.
- Continuar fortaleciendo un modelo de salud mental integral, territorial y de base comunitaria.
- Diseñar e implementar un sistema de información y seguimiento como observatorio de los Riesgos Psicosociales en el Trabajo, teniendo en cuenta la batería de riesgos psicosociales que ya existe y es de obligatorio cumplimiento su aplicación.
- Construir un CONPES de salud y riesgos laborales, ajustado a nuevas normativas, como la Ley 2528 de 2025 que ratifica el Convenio 190 de la OIT.
- Desarrollar un Sistema Nacional de Información sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, que realice un seguimiento al Sistema de Riesgos Laborales, al Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo y en particular sobre los accidentes, enfermedades laborales y casos de violencia y acoso.
- Ampliar progresivamente y con esquemas de priorización la cobertura de trabajadores rurales, informales, de cuidado, economía popular y plataformas en esquemas de protección.
- Revisar el modelo de vigilancia de las ARL y avanzar en la medición de riesgos psicosociales y protocolos de inspección.
- Ampliación y fortalecimiento de la inspección laboral en salud y riesgos laborales, tanto en cantidad de inspectores e inspectoras como en la calidad y especialización de la inspección en este tema específico.
- Crear el Instituto Nacional de Salud y Riesgos Laborales, incluyendo un sistema moderno de salud laboral articulado con el nuevo mundo del trabajo.
- Crear un sistema de protección, seguimiento y atención de salud a las actividades de alto riesgo por disminución de la esperanza de vida.
Estrategia 4. Institucionalidad que promueve el mercado de trabajo
Esta estrategia busca fortalecer las capacidades institucionales para diseñar, implementar y evaluar políticas laborales.
Parte del reconocimiento de que Colombia mantiene debilidades históricas en la producción de información laboral, coordinación institucional y territorialización de las políticas públicas y de la relevancia de la interoperabilidad institucional para evitar duplicidades de instrumentos y recursos.
Eje 10. Sistema nacional de información laboral, sindical y de conflictividad
Objetivo: garantizar que la política laboral se base en evidencia estadística y análisis territorial y no en intuiciones coyunturales.
Propuestas:
- Fortalecer el Censo Sindical con estándares de calidad estadística del dato
- Consolidar una Red Nacional de Observatorios del Mundo del Trabajo y un sistema interoperable de información laboral que integre registros administrativos, negociación colectiva, conflictividad sociolaboral, inspección, seguridad social y sistemas sindicales.
- Definir estándares de calidad del dato, interoperabilidad y trazabilidad y crear tableros públicos de seguimiento a la sindicalización, la negociación colectiva, la conflictividad, informalidad, reparación colectiva, inspección y trabajo decente y sistemas interoperables.
- Consolidar un sistema moderno de gobernanza laboral basada en evidencia.
Eje 11. Formación laboral, sindical y ciudadana para la democracia
Objetivo: construir capacidades sociales e institucionales para sostener reformas laborales democráticas.
Propuestas:
- Fortalecer programas de formación para inspectores, trabajadores y organizaciones sindicales.
- Diseñar y desarrollar programas de formación especializada en Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales específicamente.
- Crear una Escuela Nacional de Trabajo Decente y Democracia Laboral articulada con el SENA, universidades, organizaciones sindicales y territorios, como parte de planes anuales de formación para las y los trabajadores tanto en empresas públicas, privadas y sociales como mecanismo de reconocimiento y reparación al movimiento sindical.
- Crear Escuelas sindicales territoriales y un Programa de formador de formadores sindicales, incluyendo la formación para trabajadores de la economía popular y solidaria, y desde las modalidades tanto de educación virtual como presencial con enfoque territorial, sectorial y generacional.
- Avanzar en una Reforma del SENA orientada a responder a los nuevos desafíos del trabajo, la transición productiva y la economía digital.
- Generar desde el Estado y las empresas campañas de promoción de los derechos de sindicalización y negociación colectiva
- Consolidar un sistema nacional de formación laboral y ciudadana articulado con la democratización económica y territorial.
Equipo ENS
Foto tomada de: Infobae
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