Por estos días, una cumbre de la DEA en Buenos Aires Argentina mostró cómo el gobierno de EE.UU. impone su estrategia en el hemisferio. Trump hace poco por reducir la demanda, destina menos presupuesto a programas de salud pública en su país, abandona el discurso de reducción de daños en el ámbito del consumo, traslada su fuerza a reprimir la oferta, exige regresar a las fumigaciones aéreas en Colombia, introduce sus agencias de seguridad en los países andinos, y usa una “guerra contra drogas 2.0” para posicionar sus intereses.
En agosto de 2025, Trump desplegó buques del ejército estadounidense en el Caribe, con Venezuela en el punto de mira, pero luego se extendió al Pacífico, involucrando a Colombia, Ecuador y Perú, entre otros. Lo “novedoso” es que ahora realiza operaciones conjuntas con las fuerzas armadas de las naciones subordinadas, se involucra directamente en acciones en terreno, y no solo brinda cooperación de inteligencia y apoyo técnico, como antes. Lo nuevo son los ataques perpetrados contra las lanchas de pescadores en el Caribe y el Pacífico, gozando de impunidad, al tiempo que cuestiona a la Corte Penal Internacional.
El 1 de septiembre de 2025, un buque de la armada atacó y hundió una lancha rápida que, según alegaron oficiales de EE.UU., traficaba drogas desde Venezuela. Trump afirmó que el ataque destruyó una cantidad significativa de narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos, y que mató a 11 miembros del Tren de Aragua. Esa semana, Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, declaró que “en lugar de interceptarla, por orden del presidente, la hicimos explotar. Y volverá a suceder”. Según The Wall Street Journal “Ese fue el primer ataque aéreo reconocido públicamente por el ejército estadounidense en Centroamérica o Sudamérica desde la invasión de Panamá en 1989”. En los ataques, se han visto involucradas bases de Puerto Rico, Honduras, Panamá y Dominicana, entre otros.
El presidente de EE.UU. alega, sin pruebas judiciales, que las lanchas rápidas atacadas eran operadas por “narcoterroristas”, categoría en la que incluye a varios grupos armados y bandas de narcotráfico, de Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil. En este marco, la madrugada del 3 de enero de 2026, sin una previa “declaración de guerra”, exigida por los demócratas, una operación unilateral ejecutada por el Comando Sur, apresó al entonces presidente de Venezuela Nicolás Maduro, en Caracas. Éste se encuentra privado de la libertad en Nueva York, enfrentando cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para introducir cocaína a los EE.UU. Posteriormente, Trump dijo que el costo de esa “guerra” en Caracas se ha recuperado con el petróleo que han tomado de Venezuela, alcanzando incluso para pagar los costos de la guerra que desató en Irán.
Después la Operación “Lanza del Sur” no se detuvo. Hasta el 23 de junio de 2026, han sido atacados al menos 68 lanchas rápidas, 45 en el Pacífico, 17 en el Caribe y 2 en lugares no determinados. Según el más reciente reporte de la Washington Office on Latin America – WOLA, comentado en un diálogo del Forum on the Arms Trade, el 19 de agosto anterior, a la fecha, los ataques suman:
223 personas asesinadas;
17 desaparecidas y presuntamente muertas;
23 habrían sobrevivido.
Por otro lado, el 6 de marzo de 2026, como parte del conflicto de Ecuador, Estados Unidos y las Fuerzas Armadas ecuatorianas realizaron un ataque aéreo contra un objetivo, del lado colombiano, presuntamente perteneciente a disidentes de las FARC. Además, a partir del primer semestre de 2026, según el Washington Post, la CIA habría llevado a cabo una campaña paralela de ataques encubiertos contra botes de pescadores ecuatorianos cerca de Islas Galápagos, tanto en la zona económica exclusiva de Ecuador como en aguas internacionales.
Las violaciones del derecho internacional no logran justificarse como medida eficaz para detener el flujo de drogas. Los ataques a pequeñas lanchas no impactan el comportamiento del mercado en EE.UU. Históricamente, la geografía de las rutas de traficantes se mueve según la dinámica del mercado y/o de la persecución oficial. Según estadísticas de adamisacson.com/ las actividades adelantadas, incluyendo esas operaciones, le han costado a los contribuyentes estadounidenses 4.7 billones de dólares (cerca de 15 billones de pesos colombianos), mientras que la cocaína siguió circulando en sus ciudades: el precio no ha subido (por escasez), su pureza no se deterioró en este periodo y el número de consumidores sigue igual. Es posible incluso, según autoridades fronterizas que se haya detectado “ligeramente más cocaína”.
Recientemente, un reporte de la BBC mostró que los ataques estarían cambiando las rutas del narcotráfico (que antes se endilgaba, fluían por Venezuela), sin que cese el comercio de cocaína (ver en https://www.bbc.com/mundo/articles/c242351611lo). Los embarques en containers se mantienen y los puertos colombianos y ecuatorianos cuentan con pocos mecanismos de monitoreo y control. Para citar un ejemplo, el 60% de la carga que se despacha desde Santa Marta va hacia EE.UU. y, a pesar de avances técnicos, en ese puerto no hay capacidad de revisar toda la carga. En el mundo, es más o menos aceptable que el transporte de cocaína a gran escala está estandarizado en barcos de carga que surcan todos los mares. Hacia EEUU, los botes siguen, así mismo, sumergibles y semisumergibles surcan las aguas, el trasiego terrestre continua y las rutas aéreas igualmente.
Al comienzo de estas operaciones militares, los gobiernos de Venezuela y Colombia acusaron a EE.UU. de ejecutar acciones extraterritoriales afectando a comunidades del Caribe. Esas protestas no frenaron los ataques. En la actualidad, esos dos gobiernos guardan silencio y se pliegan a lo determinado por la Casa Blanca. Según Trump, Delcy Rodríguez de Venezuela está “haciendo las cosas bien”. Por su lado, el nuevo presidente de Colombia es ciudadano de los EE.UU. y ofreció ser sede del “Escudo de las Américas”; el presidente de Ecuador se vanagloria de recibir el apoyo gringo; y en Perú y Bolivia los nuevos gobiernos regresan a las viejas prácticas represivas contra la producción de coca y cocaína.
La cruzada contra las lanchas, conducidas principalmente por pescadores que se arriesgan al mar, y contra lo que el departamento de Estado llama “ultra izquierda”, conlleva la ejecución de personas, a lo sumo sospechosas de delitos, sin que se haya surtido un proceso judicial; en aguas internacionales; y sin que haya un verdadero conflicto de por medio, además sin autorización del Congreso de ese país. Todo ello viola el derecho estadounidense, el derecho internacional y el debido proceso. Para expertos, grupos de derechos humanos y organismos internacionales se trata de asesinatos a sangre fría, pero a pocos parece importarle.
Este año, el Senado estadounidense, controlado por los republicanos, rechazó, en tres ocasiones, resoluciones que limitarían la autoridad de Trump para continuar la acción militar fuera de su país en operaciones conjuntas como las que pretende hacer en Colombia, o unilaterales como la de enero en Caracas, e incluso para contener los ataques aéreos contra lanchas ligeras. A la evidente falta de control, se suma el desconocimiento de la jurisdicción internacional y la falta de mecanismos de acceso a la justicia para las víctimas. La inmunidad de los responsables, el interés por negocios, y el escenario de impunidad, enturbian aún más el escenario.
Nota: En este link puede verse la grabación del diálogo citado en esta nota. https://adamisacson.com/video-a-wretched-anniversary-the-implications-of-one-year-of-u-s-boat-strikes/
Programa drogas y derechos humanos de Corporación Viso Mutop.
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