Cuando se examinan los datos sobre la juventud rural en Colombia, aparece una pregunta que se repite en distintos espacios, ¿realmente los jóvenes están dejando el campo o estamos frente a una realidad más compleja de lo que suele plantearse? La respuesta no es inmediata y, de hecho, exige detenerse un poco más de lo habitual. En ese sentido, el punto de partida obliga a reconocer que la juventud rural no es homogénea, se trata de una población diversa, atravesada por condiciones culturales, territoriales y socioeconómicas distintas, tal como lo plantea la Ley 2539 de 2025.
Ahora bien, hay una idea bastante instalada, sobre todo en entornos urbanos, que tiende a ver lo rural como algo lejano o marginal. En efecto, cuando esa percepción se contrasta con los datos, el panorama cambia. Colombia tiene cerca del 85% de su territorio en zonas rurales y alrededor del 30% de su población habita en estos espacios. Eso es, el país tiene una base rural amplia que condiciona buena parte de su funcionamiento. Incluso ciudades como Bogotá tienen una proporción considerable de suelo rural, lo que rompe con esa idea de separación tan marcada entre lo urbano y lo rural.
En esa misma línea, la dimensión demográfica ayuda a ubicar mejor la discusión. Para 2026 se proyectan cerca de 12,8 millones de personas en zonas rurales, de las cuales aproximadamente 3,3 millones son jóvenes entre 14 y 28 años. En consecuencia, uno de cada cuatro jóvenes en Colombia vive en el campo. Empero, hay un matiz clave. La población total del país ha crecido más rápido que la población joven rural, lo que implica que, en términos relativos, los jóvenes tienen menos peso dentro de la estructura demográfica.
Aunado a lo anterior, hay otra señal que suele pasar desapercibida. Entre 2018 y 2026, la población infantil en zonas rurales cayó cerca de un 12%, pasando de 2,5 millones a 2,2 millones. En términos sencillos, vienen menos generaciones detrás. Así las cosas, lo que se va configurando es un campo que envejece de manera gradual.
Un campo que envejece y unas brechas que se acumulan
Cuando se habla de envejecimiento rural, el concepto puede parecer lejano, pero en realidad tiene expresiones muy concretas. La población mayor de 50 años ha pasado de cerca del 15% a comienzos de siglo a más del 23% en años recientes. En esa misma línea, muchas dinámicas productivas y comunitarias descansan hoy en generaciones mayores, lo que plantea preguntas sobre la transición generacional.
En efecto, uno de los efectos más visibles aparece en la transmisión de saberes. Las prácticas agrícolas, el manejo del suelo, el conocimiento sobre semillas y ciclos productivos siguen concentrados en personas mayores. Ergo, cuando hay menos jóvenes en proporción, ese conocimiento encuentra más dificultades para transferirse. Del mismo modo, el cuidado del entorno, que históricamente ha estado en manos de comunidades rurales, también enfrenta tensiones en este contexto.
Ahora bien, el mercado laboral rural permite ver otra cara del problema. Entre diciembre y febrero de 2026, cerca de 4,8 millones de personas estaban ocupadas en zonas rurales, con una informalidad del 83,2%, frente a un 48,1% en cabeceras. En jóvenes, la cifra ronda el 56% a nivel nacional y supera el 79% en departamentos como Nariño, Caquetá, Chocó, La Guajira o Cauca. En consecuencia, lo que aparece es una estructura laboral marcada por la inestabilidad.
En esa misma línea, la brecha digital también pesa. Mientras en zonas urbanas el acceso a computador supera el 80%, en áreas rurales está cerca del 47%. En conectividad a internet, la cobertura ronda el 62% en ruralidad frente a más del 80% en ciudades. Eso es, la conexión existe, pero con limitaciones claras en calidad y acceso. Esto termina afectando desde la educación hasta las posibilidades de emprender.
En educación, la diferencia sigue siendo amplia. La tasa de tránsito inmediato a educación superior supera el 50% en zonas urbanas, mientras en zonas rurales se ubica por debajo del 30%. A esto se suma una pobreza monetaria cercana al 42,5% en áreas rurales frente a un 28,6% en cabeceras, junto con una pobreza multidimensional que más que triplica la urbana. Siendo así las cosas, las condiciones de partida son claramente desiguales.
Entre quedarse, migrar y lo que el país decide hacer
Frente a este panorama, la decisión de quedarse o migrar no es trivial. En efecto, muchos jóvenes ven en las ciudades una posibilidad de acceso a educación, empleo y servicios que en sus territorios aparecen con más limitaciones. Aun así, cerca de 3 millones de jóvenes permanecen en el campo.
No obstante, hay una contradicción que atraviesa toda la discusión. El país depende del campo para su alimentación y para una parte importante de su economía, aunque las condiciones en estos territorios no reflejan ese peso. Durante la pandemia esto se hizo evidente para muchas personas, aunque ese reconocimiento no se ha traducido en transformaciones sostenidas.
Desde ese punto de vista, cuando se mira hacia afuera, el contraste es claro. En la Unión Europea, la política agrícola ha representado cerca del 20% del presupuesto comunitario. En Estados Unidos existen esquemas fuertes de apoyo a productores. En Colombia, en cambio, los esfuerzos han sido más dispersos. En consecuencia, el potencial en áreas como la bioeconomía sigue estando ahí, aunque con limitaciones para desarrollarse plenamente.
Ahora bien, hay una pregunta que empieza a aparecer con más frecuencia, ¿quién va a producir los alimentos en el futuro? En efecto, si las condiciones actuales se mantienen, es posible que actores externos ocupen espacios que hoy sostienen comunidades rurales. (Y esto abre discusiones sobre tierra, control territorial y soberanía alimentaria).
Siendo así las cosas, el debate deja de ser únicamente demográfico y pasa a ser político. El rumbo que tome el campo colombiano dependerá en gran medida de las decisiones que se adopten en el corto plazo. En ese contexto, el nuevo gobierno tiene la responsabilidad de mirar con mayor detenimiento al sector rural, fortalecer su presencia en los territorios y avanzar en la garantía de derechos, de lo contrario, las brechas seguirán ampliándose y la permanencia de los jóvenes en el campo será cada vez más difícil de sostener.
Entre la expulsión estructural, la resistencia territorial y la disputa por el futuro del campo
El éxodo juvenil en las zonas rurales colombianas no puede comprenderse como una simple decisión individual asociada a la búsqueda de oportunidades, sino como el resultado de profundas desigualdades estructurales que configuran un escenario de expulsión. En este sentido, la migración juvenil rural responde más a condiciones de precariedad que a elecciones libres, evidenciando las limitaciones del modelo de desarrollo rural vigente. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso alcanzó el 27.3% en 2023, en contraste con el 7.5% en las cabeceras urbanas, lo que refleja una brecha estructural persistente (DANE, 2024). Esta desigualdad no solo limita las oportunidades económicas, sino que condiciona las trayectorias de vida de los jóvenes rurales.
Uno de los factores más críticos es el acceso a activos productivos, particularmente la tierra. La denominada “paradoja del heredero” describe cómo los jóvenes rurales solo acceden a este recurso a través de herencias tardías, lo que retrasa su autonomía económica hasta etapas avanzadas de la vida. Esta situación se articula con una débil oferta de crédito rural y con políticas agrarias que históricamente han favorecido la concentración de la tierra (Machado, 2017). A ello se suma un sistema educativo rural descontextualizado que, lejos de fortalecer capacidades para la innovación agrícola o el desarrollo territorial, reproduce lógicas urbanas que incentivan la migración (Perfetti et al., 2013).
Las consecuencias de este éxodo trascienden lo demográfico y afectan directamente el capital social, cultural y productivo de los territorios. La salida de los jóvenes implica la ruptura de la memoria biocultural, entendida como el conjunto de saberes ancestrales relacionados con el manejo de semillas, los ciclos climáticos y las prácticas agrícolas sostenibles (Toledo & Barrera-Bassols, 2008). Asimismo, se pierde un actor clave en los procesos de innovación, dado que los jóvenes suelen ser el puente entre el conocimiento tradicional y las nuevas tecnologías. Su ausencia acelera el envejecimiento del campo y limita la adaptación a los desafíos contemporáneos, como el cambio climático.
En términos comunitarios, el debilitamiento del relevo generacional impacta negativamente el tejido organizativo y la capacidad de incidencia política. Las juntas de acción comunal y las organizaciones campesinas pierden dinamismo y liderazgo, reduciendo su capacidad de exigir derechos y participar en la toma de decisiones territoriales. Este fenómeno se relaciona con lo que Bourdieu (1986) conceptualiza como la pérdida de capital social, entendido como las redes de relaciones que facilitan la acción colectiva.
Sin embargo, frente a este panorama, emergen formas de resistencia juvenil que reconfiguran la relación con el territorio. Para muchos jóvenes, permanecer en el campo no es una imposición, sino una decisión política que reivindica la identidad campesina y la defensa del territorio. Este fenómeno se expresa en la noción de “rurbanidad”, que propone la integración de condiciones urbanas —como conectividad digital, acceso a servicios y oportunidades culturales— en contextos rurales. Así, quedarse se convierte en una apuesta por transformar el campo desde dentro, desafiando modelos extractivistas y promoviendo alternativas sostenibles (Llambí & Pérez, 2007).
Para que el campo sea una opción de vida viable, es necesario transitar de una lógica de subsistencia hacia un enfoque de bienestar rural, esto implica garantizar condiciones básicas como acceso a internet, educación pertinente, servicios de salud y oportunidades económicas. La conectividad digital, en particular, se ha convertido en un factor clave para la inclusión social y productiva de los jóvenes rurales, permitiéndoles acceder a mercados, formación y redes de colaboración (FAO, 2019). Asimismo, se requieren políticas específicas de acceso a tierra y crédito para jóvenes, que reconozcan sus proyectos productivos sin exigir garantías tradicionales que suelen ser excluyentes.
Un obstáculo importante en este proceso ha sido el enfoque de la política pública y la academia, caracterizado por el urbanocentrismo, el productivismo y el adultocentrism, el diseño de políticas desde centros urbanos desconectados de la realidad rural ha generado intervenciones poco pertinentes, mientras que la visión productivista ha reducido el desarrollo rural a indicadores de rendimiento, ignorando dimensiones fundamentales como el bienestar, la cultura y la salud mental. Además, la exclusión de los jóvenes en los espacios de participación limita la construcción de políticas más inclusivas y sostenibles (Leavy & Hossain, 2014).
En este contexto, resulta fundamental reconocer la multifuncionalidad del campo, que trasciende su papel productivo para incluir dimensiones ambientales, sociales y culturales. El campesinado desempeña un rol clave en la conservación de ecosistemas y la provisión de servicios ecosistémicos, así como en la reproducción de la vida y la soberanía alimentaria. Asimismo, el paisaje cultural campesino constituye un patrimonio que puede ser base para iniciativas de turismo sostenible y economías alternativas.
Si las tendencias actuales persisten, el campo colombiano enfrenta un escenario crítico marcado por la extranjerización y la corporativización de la tierra. ; la concentración en manos de actores externos y la expansión de modelos agroindustriales mecanizados podrían desplazar aún más a las comunidades rurales, debilitando la soberanía alimentaria del país. Como advierte la FAO (2018), la pérdida del relevo generacional en la agricultura compromete la seguridad alimentaria global, al reducir la capacidad de producción local y aumentar la dependencia de importaciones.
Algunas reflexiones para pensar una propuesta de política pública y fortalecimiento social para juventudes rurales en Colombia
La transformación del campo colombiano exige una política pública integral que reconozca a las juventudes rurales como sujetos políticos, productivos y culturales, articulando desarrollo territorial, justicia social y sostenibilidad. En coherencia con los avances recientes en la construcción de la política nacional de juventudes rurales, que enfatizan la participación, el acceso a la tierra y el fortalecimiento organizativo , se propone una estrategia basada en tres ejes estructurales: inclusión productiva, arraigo territorial y gobernanza juvenil.
En primer lugar, el eje de inclusión productiva plantea la creación de un Sistema Nacional de Oportunidades Rurales Juveniles, orientado a garantizar acceso diferencial a tierra, crédito y mercados. Esto implica operacionalizar instrumentos como la Ley 2539 de 2025, que prioriza la inclusión de jóvenes en la reforma agraria , mediante bancos de tierras juveniles, créditos sin garantías tradicionales y programas de incubación agroecológica. La evidencia señala que el acceso a activos productivos es un factor determinante para evitar la migración forzada y promover trayectorias rurales dignas (FAO, 2019; Machado, 2017). Este eje debe incorporar tecnologías digitales y cadenas cortas de comercialización para conectar a los jóvenes con mercados locales y globales.
En segundo lugar, el eje de arraigo territorial propone consolidar condiciones de bienestar rural desde un enfoque de “rurbanidad”, integrando servicios sociales, conectividad y cultura. La literatura reciente evidencia que las políticas rurales han fallado al centrarse exclusivamente en la productividad, ignorando dimensiones sociales y culturales clave para la permanencia juvenil . Por ello, se plantea la implementación de Centros Rurales de Innovación y Cultura Juvenil, espacios comunitarios que articulen formación técnica contextualizada, salud mental, arte y deporte. Asimismo, la conectividad digital debe ser reconocida como un derecho habilitante, fundamental para la educación, el emprendimiento y la participación (FAO, 2018).
En tercer lugar, el eje de gobernanza juvenil busca superar el adultocentrismo mediante la institucionalización de la participación vinculante de jóvenes en la planeación territorial. Esto implica fortalecer los Consejos de Juventud, las plataformas rurales y las organizaciones campesinas juveniles, garantizando su incidencia en instrumentos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estudios recientes subrayan que el fortalecimiento organizativo y la formación en liderazgo son condiciones esenciales para el empoderamiento juvenil y la sostenibilidad de las políticas públicas . En este sentido, se propone un programa nacional de Escuelas de Liderazgo Rural Intergeneracional, que articule memoria biocultural, innovación y acción política.
De manera transversal, esta política debe incorporar el enfoque de multifuncionalidad del campo, reconociendo a los jóvenes como actores clave en la sostenibilidad ambiental, la soberanía alimentaria y la preservación cultural. Esto implica incentivos para prácticas agroecológicas, pagos por servicios ecosistémicos y el fortalecimiento de economías campesinas basadas en el cuidado y el territorio (Toledo & Barrera-Bassols, 2008).
El fortalecimiento social requiere procesos sostenidos de acompañamiento comunitario que vayan más allá de la intervención institucional. Se propone la implementación de metodologías de investigación-acción participativa y educación popular, que permitan a los jóvenes construir agendas propias, disputar narrativas sobre el campo y consolidar proyectos colectivos de vida. Como señalan Leavy y Hossain (2014), las aspiraciones juveniles son un factor clave en la decisión de permanecer o migrar, por lo que las políticas deben dialogar con sus expectativas y no imponer modelos externos; esta propuesta articula condiciones materiales, simbólicas y políticas para que el campo deje de ser un espacio de expulsión y se convierta en un territorio de oportunidades. La permanencia juvenil no depende únicamente de incentivos económicos, sino de la construcción de un nuevo pacto social rural que reconozca la dignidad, la agencia y el potencial transformador de las juventudes.
Bibliografía
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. En J. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education. Greenwood.
DANE. (2024). Pobreza multidimensional en Colombia 2023.
FAO. (2018). El futuro de la alimentación y la agricultura: tendencias y desafíos.
FAO. (2019). Juventud rural y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
FAO. (2023). Encuentro Nacional de Juventudes Rurales de Colombia.
Leavy, J., & Hossain, N. (2014). Youth aspirations and rural transformation.
Llambí, L., & Pérez, E. (2007). Nuevas ruralidades y desarrollo rural territorial.
Machado, A. (2017). La cuestión agraria en Colombia.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2024). Construcción de política pública de juventudes rurales.
Perfetti, M., et al. (2013). Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia.
RIMISP. (2023). Lineamientos de política pública para juventud rural.
Toledo, V. M., & Barrera-Bassols, N. (2008). La memoria biocultural.
Artículo SciELO (2024). Juventud rural en Colombia y políticas públicas.
Prensa Rural (2023). Participación juvenil rural.
ICA. (2025). Juventudes rurales y normatividad.
Sebastián Gutiérrez Villamil, Investigador Centro de Estudios e Investigaciones Rurales CEIR, Coordinador Observatorio de Bioeconomía y Economía Circula (OBEC) Universidad de la Salle.
Alba Lucía Cruz Castillo. Investigadora, Centro de Estudios e Investigaciones Rurales CEIR, docente Escuela de humanidades y estudios sociales, Universidad de la Salle.
Foto tomada de: Chatgpt
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