El informe comienza con un recuento anterior a la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC y describe cómo esta guerrilla impuso controles a la deforestación porque usaban la selva como refugio ya que la densidad boscosa dificultaba la vigilancia aérea de los campamentos guerrilleros. Desde 2014, con el anuncio del alto al fuego unilateral de las FARC como parte de los diálogos de paz con el gobierno Santos, la deforestación aumentó en Guaviare, Caquetá y Putumayo, ya que los ganaderos, inversores en tierras y madereros tenían menos controles por parte de las FARC. Después de la firma del acuerdo y ante el lento ritmo de implementación de este, la deforestación en Colombia alcanzó el más alto nivel histórico en el año 2018.
La historia reciente es bien conocida, ante los incumplimientos del gobierno Duque para la implementación del acuerdo, surgieron nuevas disidencias de grupos firmantes y no firmantes que hoy se conocen como EMC y Segunda Marquetalia. Además, la falta de implementación mermó la confianza de las comunidades en el Estado, dejándolas en una situación de inseguridad y pocas opciones económicas. Más aun, la implementación de la “Operación Artemisa” condujo principalmente a la captura y aperturas de investigaciones en la Fiscalía a campesinos, sin llegar a la judicialización de grandes financiadores de estos crímenes ambientales. Esta estrategia, además de socavar lo que quedaba de confianza por parte de las comunidades locales, resultó en la expulsión y prohibición de la entrada a áreas protegidas del personal de agencias estatales como Parques Nacionales Naturales (PNN) por parte del EMC.
Así, entre 2019 y 2023, el EMC casi duplicó el número de municipios donde hacía presencia. Con la llegada del gobierno Petro y la promesa de abandonar el enfoque de la Operación Artemisa para promover incentivos a la adopción de prácticas ambientalmente sostenibles, se dio inicio a la llamada política de “Paz Total” y a las negociaciones de paz con el EMC. Según el informe, en 2022 como muestra de voluntad de paz del EMC, en ese entonces liderado por Iván Mordisco, dicho grupo guerrillero emitió órdenes para parar la deforestación. Razón por la cual, desde septiembre de 2022 hasta diciembre de 2023 las tasas de deforestación disminuyeron muy por debajo de los años anteriores. Sin embargo, en enero de 2024, el EMC levantó la orden de deforestar y los niveles de deforestación volvieron a dispararse, como se observa en la siguiente gráfica:
Ilustración 1. Tomada de: https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/b52-rebel-razing-loosening-criminal-hold-colombian-amazon
Los incumplimientos del EMC como el asesinato de menores reclutados forzosamente que intentaron escapar en marzo de 2023 y el asesinato de un indígena en el Cauca en marzo de 2024, llevaron al gobierno a la decisión de suspender (parcialmente) el cese al fuego. Entonces, en abril de 2024 la facción liderada por alias Iván Mordisco se levantó de la mesa de negociación, mientras que el grupo liderado por alias Calarcá decidió continuar la negociación. Durante todo este tiempo, según detalla el informe, el EMC adoptó un régimen de multas y sanciones frente a la deforestación que se comunicaban a través de panfletos físicos y virtuales, así como con “manuales de convivencia” y la carnetización de la población para restringir su movilidad. La aplicación de estas medidas varía en el área dependiendo de la interpretación del mando guerrillero local y se forzó la cooperación de las Juntas de Acción Comunal.
International Crisis Group detalla cómo el EMC ha comandado la construcción de aproximadamente 25.000 kilómetros de carreteras ilegales en el Meta, Caquetá y Guaviare, incluyendo áreas protegidas como el PNN Chiribiquete y el Resguardo Indígena Nukak. Según el reporte, deforestar una hectárea cuesta entre 470 y 570 dólares estadounidenses. Esta construcción de vías ilegales, también, se ha visto acompañada de asentamientos en la zona que, en algunos casos, ha inducido el traslado de comunidades campesinas provenientes de Arauca.
Pero la consolidación del poder territorial del EMC no termina allí, pues el EMC cobra impuestos a campesinos que pradericen parcelas previamente deforestadas, a políticos y élites locales que les pagan para poder talar bosques y, además, el grupo guerrillero mismo ha deforestado para hacerse con tierras para su uso propio y especulación en el mercado de tierras.
Además, con el fin de contar con información más precisa, el EMC ha circulado encuestas para estimar los activos de la población, midiendo las propiedades y contabilizando el ganado, una especie de catastro guerrillero o como recientemente han llamado algunos medios como un “catastro de las disidencias”[2]. Así, el grupo guerrillero se lucra de la especulación para la venta de tierras (que son susceptibles de ser formalizadas), de recursos del narcotráfico – a pesar de la crisis cocalera – que se utilizan para comprar ganado y legalizar estos ingresos y, además, del mercado de bonos de carbono y de los pagos por
servicios ambientales al cobrar extorsiones a las comunidades que perciben estos ingresos.
En suma, el EMC se lucra por partida doble, tanto de mercados legales como ilegales. Esta situación ha conllevado a que, entre 2016 y 2023, el inventario ganadero haya aumentado en más de un millón de cabezas de ganado que incluso pastan en áreas protegidas. Ante esta situación se ha propuesto, como relata el informe, que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) deje de vacunar en estas áreas. No obstante, en mi opinión, la mejor solución está en la implementación de un sistema de trazabilidad de la cadena bovina como expliqué en una columna anterior[3].
La estrategia de consolidación del dominio territorial del EMC es exitosa porque se complementa con la expulsión del Estado de sus zonas de control. Como menciona el informe, el EMC prohíbe la entrada de funcionarios de PNN, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, también, de organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento nacional o internacional, socavando los apoyos externos que podrían recibir las comunidades bajo su dominio. Además, el panorama se completa con la influencia, cooptación y sustitución de organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales, como las guardias campesinas, con el fin de utilizarlos como escudos humanos para impedir la entrada del ejército o acceder a recursos financieros de
proyectos ambientales y de desarrollo local. Por esta razón, no sorprende que el reporte destaque cómo las fuerzas armadas están “con las manos atadas”.
Finalmente, el informe concluye con una serie de recomendaciones que se resumen en una combinación de estrategias. Para comenzar, se recomienda continuar los diálogos con los grupos guerrilleros e implementar programas de desarrollo para los habitantes bajo el dominio de estos grupos. Esto, en el corto plazo debe contribuir al cierre de la frontera agrícola siempre y cuando sea un tema central en las negociaciones. Se sugiere adoptar una política de seguridad más centrada en combatir los delitos ambientales a gran escala y mejorar la coordinación interinstitucional, para evitar desacuerdos entre las carteras de defensa y de ambiente que limitan la retoma de control estatal en la zona. A largo plazo, se insiste en que el Estado debe aumentar el acceso y control sobre la región amazónica para garantizar que sea el Estado y no el grupo guerrillero la legítima autoridad. Estas son, a mi juicio, tareas titánicas que el gobierno del cambio tiene para los dos años que le quedan en palacio.
Ilustración 4. Fotografía tomada en sobrevuelo por el arco amazónico. Andrés Santana, marzo de 2024.
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[1] Disponible en: https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/b52-rebel-razing-loosening-criminal-hold-colombian-amazon
[2] Ver: https://elpais.com/america-colombia/2024-10-20/el-catastro-de-tierras-de-las-disidencias-en-el-guaviare-avanza-mas-rapido-que-el-del-estado.html
[3] Ver: https://www.sur.org.co/y-la-ley-de-trazabilidad-de-la-ganaderia-para-cuando/
Andrés Santana Bonilla
Foto tomada: en sobrevuelo por el arco amazónico. Andrés Santana, marzo de 2024.
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