Al avecinarse un gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella, Colombia se encuentra ante un cambio de paradigma que no solo redefine la seguridad y la economía, sino que amenaza con desmantelar décadas de avances en los derechos de las mujeres. Bajo la retórica de un “feminismo de la vieja guardia” y la promesa de “orden”, se esconde un proyecto político que, visto a través de sus acciones y declaraciones, proyecta un futuro donde la mujer es relegada a roles tradicionales, su inteligencia política es cuestionada y su autonomía reproductiva queda bajo asedio institucional.
De la Espriella ha invocado su supuesta participación en la creación de leyes clave como la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely, como un argumento central de defensa frente a las acusaciones de machismo y misoginia que han marcado su carrera pública. Nada más falso.
Según sus propias declaraciones, estas leyes son prueba de que él ha defendido a las mujeres “con acciones” y no solo con discursos. Sin embargo, al contrastar estas afirmaciones con la realidad, se evidencia la falsedad de su discurso: la ley Rosa Elvira Cely, ley 1761 de 2015, que tipificó el feminicidio como un delito autónomo en Colombia, fue una respuesta a la enorme indignación social tras el asesinato y tortura de Rosa Elvira Cely en el Parque Nacional de Bogotá. El proyecto de ley original fue radicado por la entonces senadora Gloria Inés Ramírez, destacada figura del progresismo. Su avance fue liderado por una coalición de congresistas mujeres de diversos partidos. De la Espriella fue apoderado de la familia de la víctima y, según medios de comunicación, incrementó su patrimonio con gran parte de la indemnización que el Estado pagó por la victimización de Rosa Elvira. Ese fue su “gran aporte”.
El hecho de que de la Espriella “saque pecho” por esta ley resulta contradictorio con su papel como abogado defensor en casos de violencia sexual. El caso de la defensa del pastor Álvaro Javier Gámez Torres es quizás la muestra más fehaciente de esta contradicción. Mientras se presenta como defensor de las mujeres, de la Espriella no dudó en utilizar calificativos como “trepadoras” para referirse a las víctimas que denunciaron abuso sexual, acusándolas de usar su “libre disposición” sexual para escalar posiciones en la congregación. Más grave aún, llegó a ridiculizar el trauma de las víctimas, cuestionando su credibilidad porque una de ellas “salió a tomar café” tras la agresión. Esta tendencia a la revictimización sugiere que, en su gobierno, la protección legal de la mujer podría ser meramente formal, mientras que el aparato de defensa judicial seguiría operando bajo lógicas que culpan y estigmatizan a la denunciante.
De la Espriella también cita su participación en la ley Natalia Ponce de León, ley 1773 de 2016, que endureció las penas por ataques con agentes químicos y que se dio como respuesta a la movilización que este crimen originó, y en la que el hoy el presidente electo (con abierta violación constitucional) no tuvo ninguna participación. Simplemente apoderó a la víctima.
Si bien ha promovido discursos de “mano dura” y populismo punitivo, como su propuesta de cadena perpetua para violadores, este enfoque se centra exclusivamente en el castigo y no en la prevención o la transformación de las estructuras de género, de las que no entiende absolutamente nada.
Mientras de la Espriella utiliza las leyes mencionadas como un escudo retórico para desmarcarse de los señalamientos de machismo, la documentación legislativa atribuye el éxito de estas normas a la movilización de organizaciones feministas y congresistas mujeres, mientras que su conducta judicial y pública sigue siendo una amenaza a los derechos materiales de las colombianas.
Uno de los pilares de la campaña de De la Espriella. fue una masculinidad exhibicionista utilizada como símbolo de autoritarismo. El episodio en el programa Piso 8 marcó un hito en esta preocupante tendencia: el candidato mostró una fotografía suya, en la que se destacaba su pene, para jactarse de haber ganado votos del “electorado femenino” gracias a sus atributos físicos. Este hecho no fue una simple broma de mal gusto. Una sentencia judicial determinó que de la Espriella violó los derechos a la igualdad y la no discriminación al proyectar estereotipos degradantes sobre el electorado femenino, ordenándole retractarse y reconocer que las mujeres votan con inteligencia y discernimiento.
Al tratar a la mujer como un sujeto político movido por los “atributos” físicos y no por el discernimiento, el gobierno de De la Espriella amenaza con infantilizar a más de la mitad de la población, desconociendo su autonomía ciudadana.
Su retórica de “protección” contrasta con su trato hostil hacia mujeres periodistas que lo cuestionaron en campaña, a quienes descalificó, en vivo, o sometió a bloqueos informativos y litigios económicos. Tales son los casos de María Lucía Fernández, a quien llamó “atrevida” e “ignorante” por preguntar sobre la ética en el derecho, o el veto informativo a programas dirigidos por Camila Zuluaga y las amenazas a Ana Bejarano. Ello muestra un patrón de intolerancia hacia la mujer que ejerce el periodismo.
Más oscuro es el panorama de la violencia digital. Monitoreos independientes han identificado ataques con marcas misóginas en redes sociales contra comunicadoras críticas, utilizando incluso inteligencia artificial para crear imágenes degradantes de periodistas[1]. Si estas son las prácticas de campaña, un gobierno de De la Espriella podría significar un entorno de censura simbólica y persecución judicial para cualquier mujer que ose cuestionar el poder desde la opinión pública.
Para organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos, la presidencia de De la Espriella representa una “máxima alerta”. El presidente electo ha sido explícito en su oposición al aborto como servicio de salud y ha prometido apoyar reformas mayoritarias para prohibirlo, chocando directamente con los avances logrados ante la Corte Constitucional. Su discurso sobre el respeto a la integridad de la Constitución es solo eso, un discurso, como suele ser la palabrería grandilocuente y vacía de contenido en materia de derechos, de todos los fascistas.
Su proyecto político defiende una “igualdad únicamente formal”, rechazando las políticas públicas diferenciadas para grupos históricamente discriminados. Esto, sumado a su anuncio de querer retirar a Colombia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dejaría a las mujeres sin la última instancia de justicia ante vulneraciones estatales. Esta visión busca el regreso a una sociedad donde el papel de la mujer se limite al cuidado, la maternidad y el hogar, lo que algunos califican como un retroceso hacia lógicas “feudales” o del siglo XIX.
A pesar de su retórica de “mano dura” y su propuesta, ya mencionada, de cadena perpetua para violadores, existe una profunda inconsistencia en su enfoque. La experiencia muestra que De la Espriella ha utilizado el derecho penal no solo para castigar, sino como una herramienta de prestigio que a menudo ignora la sensibilidad de género, necesaria para reparar a las víctimas.
El riesgo inminente es que el sistema penal bajo su mando se enfoque en el populismo punitivo, utilizando crímenes atroces para ganar réditos políticos mientras, en la práctica, se desmantelan los programas de educación sexual integral y prevención de violencia sexual que el candidato omitió en su programa de gobierno.
Mención aparte merece la afirmación de De la Espriella, sobre prohibir la “ideología de género”[2]. Ese término, acuñado por la ultraderecha para deslegitimar y ridiculizar a las organizaciones feministas, refleja mucho lo que implicará para las mujeres el gobierno siguiente. La falta de respeto sobre la identidad sexual y de género y la absoluta ignorancia sobre el asunto que parece ser una condición intrínseca del neo-fascismo, predice la destrucción de la inclusión hasta ahora lograda, con tanto dolor y sangre.
Vendrá un gobierno títere del imperialismo más descarado y brutal de la modernidad y liderado por un pedófilo, del que el hombre que aspira a gobernar a los colombianos (as) es admirador y vasallo. ¿Cómo puede pretender De la Espriella que sea creíble que es “protector” de las mujeres, cuando la persona que admira y de la que es agente en nuestro país es un violador de niñas?
Lo que espera a las mujeres colombianas en el gobierno de Abelardo de la Espriella es una lucha frontal por la vigencia de sus derechos conquistados. La democracia no se mide solo en las urnas, sino en la capacidad de las mujeres para preguntar, cuestionar, opinar y decidir sin ser tratadas desde estereotipos degradantes.
Frente a un mandatario que convierte la masculinidad en argumento y el litigio en presión, la ciudadanía femenina se enfrenta al reto de no dejarse “distraer” por los discursos de protección y defender un Estado Social de Derecho que hoy parece más frágil que nunca. El fascismo ya está aquí, pero las mujeres colombianas, con su larga historia de movilización legal y social, han demostrado que no están dispuestas a volver al siglo XIX.
Es momento de que las organizaciones feministas, sociales y de mujeres cerremos filas en la construcción de un movimiento de resistencia activa, pedagógica, y deliberante que pueda contener el retroceso a nuestros derechos, que el fascismo pretenderá imponer. No podemos aceptar señalamientos, estigmatizaciones, intromisiones patriarcales en las decisiones sobre nuestros cuerpos, retroceso alguno en lo que hemos conquistado en décadas de luchas sociales. Debemos seguir avanzando. Ningún títere, vasallo de un pedófilo, nos detendrá.
Y para concluir debo señalar que existe un parecido evidente entre el presidente supuestamente electo, de nombre Abelardo, con el loro verde de Plaza Sésamo, dulce y entrañable: ambos son marionetas.
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[1] Ver casos Juana León y Ana Bejarano
[2] https://youtu.be/ZCE08NdmpxM
María Consuelo del Río Mantilla, Vicepresidenta Corporación Sur
Foto tomada de:
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