Por ejemplo, en el pasado reciente, entre 2018 y 2023 la frontera agrícola se amplió en 3 millones de hectáreas, con cambios irreversibles en la cobertura vegetal, principalmente por deforestación.
El presidente electo anunció “la ampliación de la frontera agrícola en un millón de hectáreas”, principalmente en la Altillanura. Y declaró que “la reforma agraria es un fracaso”. Son los lemas que ya habíamos oído en 1972 como preludio del acuerdo al que entonces llegaron en Chicoral los partidos tradicionales, y los gremios para tratar de liquidar el proceso de reforma agraria iniciado por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo.
La expansión de la frontera agrícola en la Altillanura ya es cosa del pasado como puede verse en este mapa de 2018, que muestra esta región.
Fuente: Upra
La cuestión en la Altillanura es y era en qué medida el desarrollo agropecuario en la región se hace solamente por la gran empresa y los grandes propietarios, en qué medida se incluye al campesinado en forma autónoma y no dependiente como abastecedores de los agronegocios y qué tanto se respeta y restablece los derechos de los pueblos indígenas y los desplazados por la violencia en la región.
Y apreciando este y otros mapas de la frontera agrícola en la Orinoquia uno se pregunta hacia dónde la van a expandir en los espacios que quedan: ¿A la Selva Matavén, al sur del Vichada? O más bien hacia el Guaviare, considerando la reciente ordenanza de la Asamblea de ese departamento que lo incluyó en la Orinoquia. Legalizar la destrucción del bosque amazónico del Guaviare en beneficio de los grandes ganaderos y el agronegocio y ¿exterminando definitivamente al pueblo Nükak?
Colonización en vez de reforma agraria, ampliar la frontera agrícola en vez de redistribuir la tierra. Ha sido siempre el programa de los grandes propietarios que insisten en que ellos son los que pueden desarrollar el país.
El Chicoralazo de 1972 fue preparado por un “Comité de Expertos” que manejó las cifras de entrega de tierras por el INCORA y las comparó con el número de familias campesinas sin tierra y declaró la reforma agraria “inocua”. Ahora se repite el fenómeno, los expertos de hoy proceden a hacer la misma comparación y como entonces no se preguntaban cuál fue la diferencia del gobierno Lleras Restrepo con los anteriores, ahora ocultan en sus notas de 2026, cuál fue la diferencia entre el gobierno Petro y los anteriores, en lo que se refiere a reforma agraria, para crear el pretexto para el Chicoralazo 2.0.
Fuentes: ANT y Ministerio. De Agricultura
La comparación de las cifras de hectáreas adquiridas y negociadas por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, durante el gobierno de Gustavo Petro con las de los gobiernos anteriores es clara y demoledora. El gobierno Petro reinició la reforma agraria, convencional que es la que permite la ley 160 de 1994 recortada por el Plan de desarrollo del segundo gobierno de Uribe y por el decreto 902 de 2017.
El salto cuantitativo de la ejecución de la ANT es solamente un resultado del viraje desde un período de contrarreforma agraria y acaparamiento de tierras hacia la redistribución de la tierra. Por lo menos 7 millones de personas fueron desplazadas forzadamente. Los períodos de mayor cantidad de desplazamiento fueron entre 2000 y 2002 y entre 2005 y 2008. El 77% de los baldíos que fueron adjudicados ya no está en manos de quienes recibieron la propiedad.
El coeficiente de Gini de concentración de la propiedad llegó en 2022 a 0,89.
Los hechos de despojo fueron acompañados y seguidos por una modificación regresiva de las leyes agrarias. La ley 1151 de 2007 del plan de desarrollo 2006-2010 eliminó la adquisición directa de tierra para campesinos por la ANT y la destinación de las tierras de extinción de dominio por enriquecimiento ilícito a la reforma agraria, recortando dos importantes normas de la ley 160.
La Ley 1152, llamada Estatuto Rural, que intentó derogar la ley 160 de 1994 y la ley 200 de 1936; fraccionó el Instituto de Reforma Agraria y Desarrollo Rural paralizó toda actividad de redistribución de tierras durante los dos años en que la ley estuvo en vigencia, hasta que fue declarada inconstitucional por la Corte.
En 2015 fue dividido el INCODER en Agencia Nacional de Tierras, ANT y Agencia de Desarrollo Rural ADR, lo cual dificultó y dificulta la articulación del acceso a la tierra con el impulso de proyectos productivos y por tanto la integralidad de la reforma agraria.
El decreto ley 902 de 2017 que supuestamente debía servir para aplicar el punto uno del acuerdo de paz sobre reforma rural integral, se convirtió en realidad en uno de los mayores obstáculos para cumplirlo, entre otras cosas porque estableció una fase judicial obligatoria para culminar la extinción de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad, que era un proceso administrativo desde 1936. También obligó a una fase judicial para los procedimientos agrarios de recuperación de baldíos de la nación indebidamente apropiados, delimitación de ciénagas y clarificación de propiedad. Esto es lo que algunos llaman “no tratar de usar atajos” para hacer la reforma agraria.
Hasta 2022 continuó el proceso de reducción del presupuesto de reforma agraria que afectó fuertemente a la ANT. Esto es más grave si se tiene en cuenta que la contrarreforma agraria en Colombia fue acompañada durante 30 años por el debilitamiento de la institucionalidad agraria que llevo a la desaparición de instituciones como el IDEMA y el DRI y a la fragmentación o reducción de algunas como el ICA y el Banco Agrario.
El gobierno Petro se propuso reiniciar la reforma agraria, proteger los suelos agrícolas disponibles y reconocer las territorialidades campesinas, indígenas y afro de manera que se pueda controlar el crecimiento de la frontera agrícola y se protejan los ecosistemas estratégicos. Es todo esto lo que el nuevo presidente quiere devolver al pasado en el futuro inmediato y mientras sus epígonos declaran el fracaso de la reforma, campesinos que recibieron tierras en varias partes del país son amenazados y atacados físicamente.
Él ha anunciado la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos APPA constituidas por el actual gobierno. La APPA creadas por la ley del Plan de Desarrollo tratan de proteger los suelos agrícolas. De las 172 mil hectáreas de suelos agrícolas de clase 1 que tenía Colombia en 1972 ya no queda ni un metro cuadrado. La pérdida de suelos agrícolas de primera calidad habría podido ser impedida si se hubiera aplicado la ley 12 de 1982 sobre zonas de reserva agrícola.
Los Alcaldes tampoco respetaron la ley 99 de 1993 que declaró a la Sabana de Bogotá como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria debe ser la agropecuaria y forestal.
Avanzó rápidamente la conurbación de la Sabana. Derogadas las APPA, el “volteo de tierras volverá a ser el negocio patrocinado por las administraciones municipales. Las ciudades seguirán perdiendo sostenibilidad alimentaria y ambiental. No se ha querido ni se quiere asumir experiencias como los cinturones verdes de las ciudades inglesas y de otras partes del mundo y sólo se mira a la rentabilidad de la especulación con la tierra para y por urbanización, establecimiento de zonas francas y minería.
Por otra parte, se oyen anuncios contradictorios sobre supresión de entidades. Ya el gobierno de Uribe había fusionado ministerios, por ejemplo, Ambiente con Vivienda. Milei suprimió en Argentina el Ministerio de Agricultura.
Colombia fue sometida a la pérdida de su institucionalidad agropecuaria por medio de leyes de facultades extraordinarias que utilizaron uno a uno los sucesivos gobiernos. La contrarreforma agraria en Colombia fue acompañada por el debilitamiento de la institucionalidad agraria que llevo a la desaparición de instituciones como el IDEMA y el DRI y a la fragmentación o reducción de algunas como el ICA del que fueron despedidos la tercera parte de los científicos y técnicos que trabajaban en la entidad y otra tercera parte fue transferida a una entidad “de derecho privado” sin presupuesto propio. La Caja Agraria fue reducida al Banco Agrario. ¿Vamos a asistir a otras liquidaciones”?
El presidente entrante anunció sin embargo que va a crear el más grande centro de investigaciones en Cereté en mil hectáreas. La ubicación, el área y el nombre “Turipaná”, coinciden con el centro de Investigaciones creado en 1962, asignado al ICA en 1963 y usado por Corpoica y Agrosavia hasta hoy. Allí se ha investigado principalmente sobre ganadería y también sobre yuca, ñame, sorgo y otros cultivos durante más de 60 años.
Se anuncia que en Turipaná funcionarán oficinas de todas las entidades del sector. ¿A costa de terrenos dedicados actualmente a investigación? Ocasionalmente todas las entidades han hecho ferias de servicios allí, pero eso es distinto a establecer oficinas permanentes en un centro dedicado a la investigación científica. Lo que se necesita es un instituto público de investigación e innovación agropecuaria, con representación de campesinos, indígenas y comunidades negros en su junta directiva.
El nuevo gobierno ha anunciado que fomentará la compra de los productos agropecuarios directamente por la agroindustria. Pero los agricultores y los lecheros necesitan medidas como las que tomó el gobierno Petro para poner precios mínimos al productor y hacer que las industrias oligopólicas les reconozcan un margen mayor por su trabajo y no se aprovechen. De los éxitos productivos dejando al productor en la ruina.
El gobierno de Petro, con las leyes vigentes, consiguió reiniciar la reforma agraria, aumentar en 23% el abastecimiento de alimentos de las ciudades, disminuir el porcentaje de población con hambre, aumentar el empleo rural y además un crecimiento notable del sector agropecuario en 2024 y 2025.
Fuentes: DANE y Ministerio de Agricultura
La sólida alza del salario mínimo en 23%, salario vital, es el mayor éxito del gobierno Petro, logrado a pesar de los gritos de los economistas neoliberales que pretendieron suspenderlo sin tener en cuenta que el aumento de las toneladas de alimentos que llegaron a las ciudades en 2025 equivalió a dos meses completos de las toneladas que llegaron en 2022.
¿Volverán los gobiernos a desatender la producción de alimentos y a decretar salarios de miseria?
Héctor Mondragón
Foto tomada de: Redjuristas.com
Deja un comentario