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Cómplices del patriarcado y la corrupción: las ministras de Abelardo de la Espriella- Parte 1

3 agosto, 2026 By María Consuelo Del Rio Leave a Comment

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El ascenso de discursos reaccionarios, punitivistas y profundamente patriarcales en Colombia encuentra en el autoproclamado gobierno de Abelardo de la Espriella no solo su expresión más estridente, sino también su síntesis más peligrosa. En un intento desesperado por maquillar la misoginia estructural y el talante autoritario de su proyecto político, la nueva administración ha recurrido a una vieja y cínica estrategia del poder hegemónico: la colocación estratégica de mujeres al frente de carteras ministeriales clave. Se pretende vender al país la falacia de que la presencia mujeres en el alto gobierno es, por sí sola, garantía de democracia, equidad o representación de las luchas de las mujeres.

Esta narrativa se desmorona al primer examen riguroso. La designación de estas mujeres no responde a una reivindicación de género, sino a una cooptación utilitaria. Son piezas funcionales a una maquinaria de poder que históricamente ha violentado a las mujeres, precarizado sus vidas, perseguido a las disidencias y blindado los privilegios de las élites corruptas y mafiosas. Analizar el perfil, los prontuarios éticos, los conflictos de interés y los oscuros antecedentes legales de cada una de las ministras designadas por De la Espriella revela una verdad ineludible: estas funcionarias no solo están desprovistas de cualquier legitimidad ética para hablar en nombre del movimiento social de mujeres, sino que encarnan los peores vicios del establecimiento colombiano.

  1. Elsa Margarita Noguera: al servicio de los clanes corruptos

Elsa Margarita Noguera de la Espriella ha sido presentada de manera insistente por los medios corporativos como un bastión de eficiencia técnica, una gestora pulida y moderada que supuestamente encarna el éxito de la administración pública en la costa caribe. Sin embargo, al profundizar un poco en su extenso recorrido por la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico deja al descubierto una realidad radicalmente distinta: una trayectoria indisolublemente atada a las estructuras de poder más cuestionadas de la región, el clan Char, y un prontuario judicial nutrido de investigaciones por corrupción, contratos amañados y desvíos millonarios.

Noguera es la cara institucional y refinada de una hegemonía política que ha gobernado el caribe colombiano bajo lógicas clientelares y de captura corporativa del Estado. Su paso por la Alcaldía de Barranquilla fue, en la práctica, una prolongación directa del modelo de Alejandro Char, caracterizado por la priorización de obras de fachada urbana mientras los cordones de miseria y la inseguridad crónica devoraban los barrios populares. Pero más allá de su eficiencia para reproducir el modelo político de los clanes regionales, lo verdaderamente alarmante de Noguera son sus múltiples sombras ante la justicia:

1.1. El caso del Hotel Dann Colonial: investigación disciplinaria de la Procuraduría por omisión e incumplimiento de funciones en la adquisición y adecuación de un inmueble como sede del Ministerio de Vivienda, donde se despilfarraron más de 7 mil millones de pesos en un elefante blanco que jamás operó a tiempo.[1][2]

1.2. Irregularidades en el POT (2014): una década de investigaciones en la Fiscalía por la expedición por decreto de un Plan de Ordenamiento Territorial diseñado a la medida de intereses inmobiliarios particulares, saltándose al Concejo Municipal y afectando zonas de reserva ambiental en La Loma. Esta investigación fue cerrada por la Fiscalía un día antes de su designación como ministra. Curiosa coincidencia[3]

1.3. Desvío de fondos agroindustriales: hallazgos de la Contraloría General sobre más de 15.000 millones de pesos desviados en un programa departamental de innovación, donde el 96% de las empresas beneficiadas ni siquiera pertenecían al sector agroindustrial (ópticas y de seguridad).

1.4. Financiación y nexos oscuros: Créditos de campaña por 258 millones de pesos otorgados por Tasset S.A.S., una empresa contratista de la pandemia, encendiendo alarmas sobre conflictos de interés y retribución contractual.

1.5. Orden de arresto: Sancionada con cinco días de arresto en 2021 por desacato judicial al negarse a cumplir el reintegro del director del Hospital Metropolitano, lo que llevó a un juez a compulsar copias a la Fiscalía por fraude procesal, prevaricato, falsedad en documento público y corrupción privada.

1.6. Vínculos familiares: Su esposo, Juan Carlos Hernández Lucarini, fue condenado en 2004 por narcotráfico.

Presentar a una mujer con semejante estela de cuestionamientos e investigaciones penales como un triunfo para el liderazgo femenino es una afrenta directa a la inteligencia colectiva. Noguera representa la tecnocracia cómplice, aquella que utiliza el barniz de la competencia económica para encubrir la dilapidación de recursos públicos y la connivencia con las redes de poder tradicional.

  1. Paola Holguín Moreno: el legado del testaferrato y la captura cultural

Si Elsa Noguera representa la máscara técnica del establecimiento regional, Paola Holguín Moreno encarna el rostro más duro, intolerante y retardatario de la ultraderecha colombiana. Comunicadora social de formación pero dedicada por entero al aparato ideológico y de seguridad del uribismo, su llegada al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes es una provocación directa a los sectores artísticos, intelectuales y comunitarios del país.

Holguín ha pasado tres periodos legislativos en el Senado defendiendo una agenda de seguridad nacional hipertrofiada, doctrina militar y negacionismo histórico. Su visión de la cultura no es la del florecimiento de la diversidad, el pensamiento crítico o la memoria de los pueblos, sino la de una imposición moral y nacionalista rancia, cuyo hito legislativo más notable se reduce a declarar al carriel antioqueño como patrimonio nacional, mientras el presupuesto y la autonomía de los centros culturales periféricos son ignorados o avasallados.

Pero el cuestionamiento a Holguín trasciende con creces su indigencia conceptual para el cargo cultural; se hunde en las profundidades de su origen familiar y su ética patrimonial:

2.1. Testaferrato familiar documentado: expedientes judiciales de extinción de dominio confirmaron que su padre, Frank Holguín Ortiz, actuó como testaferro del capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. En 2003, la justicia despojó a la familia de bienes (apartamentos y parqueaderos en el edificio Las Lomas) comprados en 1991 mediante transacciones simuladas e injustificables con dinero del narcotráfico.[4]

2.2. Apropiación de baldíos: cuestionamientos éticos y legales por su participación junto a su padre en la compra y venta de la finca La Majita en Guatapé, un terreno baldío de la Nación, sustraído irregularmente para particulares con capacidad económica, vulnerando los derechos históricos del campesinado sin tierra.

2.3. Cooptación y autoritarismo burocrático: sus recientes choques con la administración saliente del Ministerio, a la que acusó de blindar intereses sin aportar pruebas reales, evidencian un talante sectario enfocado en la colonización burocrática de la cartera más sensible para el tejido social del país.

Que una mujer cuya fortuna familiar está manchada por los réditos del Cartel de Medellín y el despojo de tierras baldías sea designada para regir la cultura y los saberes de la Nación es la demostración más palmaria de que este gobierno no busca la excelencia ni la reparación social, sino la consagración institucional de los privilegios de casta y la impunidad heredada.

  1. Viviane Morales Hoyos: Fanatismo confesional, fundamentalismo patriarcal y la sombra del fraude criminal

La designación de Viviane Morales Hoyos en el gabinete de Abelardo de la Espriella, en una cartera vinculada a la educación y la formación de las futuras generaciones, constituye un peligro latente para el Estado laico y los derechos conquistados por las mujeres y las minorías en Colombia. La trayectoria pública de Morales ha estado marcada por un dogmatismo religioso implacable y una cruzada ideológica orientada a subordinar la legislación civil y educativa a los preceptos de una moral fundamentalista.

El punto más álgido de su carrera parlamentaria fue la descarada promoción del referéndum de 2016 destinado a prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo y personas solteras, un intento burdo de instrumentalizar el Estado para excluir legalmente a miles de familias y desconocer la diversidad afectiva de la sociedad colombiana. Morales no ha ocultado jamás su propósito de desmantelar el carácter pluralista de la educación pública para someterla a los dogmas de sectas confesionales que operan en alianza con geopolíticas reaccionarias internacionales.

A este prontuario de fanatismo ideológico se suma el prontuario judicial y penal de su círculo más íntimo y socio político, su esposo Carlos Alonso Lucio:

3.1 El pasado criminal de Carlos Alonso Lucio: su esposo y principal operador político fue condenado en el año 2000 por la Corte Suprema de Justicia por el delito de falsa denuncia, tras estructurar un contrato simulado para defraudar a un banco mediante un crédito millonario y posteriormente denunciar falsamente a su cómplice.[5]

3.2 Manipulación institucional: intentos sistemáticos y jugadas jurídicas en el Consejo Nacional Electoral para lograr la habilitación de su partido político mediante la revictimización judicial de Lucio, buscando blanquear prontuarios criminales a través del tráfico de influencias institucionales.

3.3. Violencia política de género y crítica legítima: mientras sectores conservadores intentan blindar a Morales escudándose en falsas acusaciones de persecución a su fe, el movimiento feminista denuncia que el verdadero peligro radica en que una fundamentalista religiosa, aliada con estructuras de fraude judicial, ocupe cargos donde se decide la formación ciudadana de la niñez y la juventud.

Viviane Morales representa el ala clerical y oscurantista del nuevo régimen. Su visión de la mujer está anclada en el sometimiento doméstico, la maternidad obligatoria y la persecución de la autonomía corporal y sexual. Llevarla al corazón del sistema educativo es una declaración de guerra contra la educación laica, científica y con perspectiva de género.

  1. Juliana Gutiérrez Zuluaga: Nepotismo y el clan de los “Sheriffs”

El nombramiento de Juliana Gutiérrez Zuluaga en el Ministerio del Deporte completa este mosaico de despropósitos ministeriales. Hermana del actual alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, su ascenso meteórico a la escena ministerial nacional no responde a ninguna trayectoria destacada en el desarrollo de políticas públicas deportivas, sino a las prebendas del nepotismo familiar y a la consolidación de clanes regionales en el poder central.

La biografía política de Juliana Gutiérrez está cruzada por la instrumentalización de su indudable dolor personal, la pérdida de su hijo y la enfermedad degenerativa de su hija, para construir una plataforma de caridad asistencialista que busca eludir el escrutinio técnico y político. Sin embargo, detrás de la fachada de abnegación familiar se encuentra la estructura de poder de su hermano Federico, cuya alcaldía en Medellín ha estado marcada por gravísimos cuestionamientos de gobernanza mafiosa:

4.1. Escándalo de Gustavo Villegas: el exsecretario de seguridad de la administración de Federico Gutiérrez fue capturado y condenado por sus nexos directos con la estructura criminal “La Oficina de Envigado”, evidenciando pactos oscuros entre la alcaldía y los capos urbanos para negociar cifras de criminalidad.[6]

4.2. Investigaciones electorales: la propia Juliana Gutiérrez enfrentó investigaciones formales y pliegos de cargos en el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en propaganda electoral, violación de normas de campaña y uso indebido del aparato institucional para promover candidaturas afines.

4.3. Derroche publicitario y bodegas digitales: la gestión de su hermano ha sido denunciada reiteradamente por destinar más de 130.000 millones de pesos a la autopromoción publicitaria y al mantenimiento de ejércitos digitales de trolls para hostigar a la oposición y maquillar la ineficiencia institucional.

Otorgarle la dirección del deporte nacional a una figura cuyo único mérito indiscutible es ser la hermana del alcalde de Medellín, enmarcada en un movimiento político investigado por financiación irregular y nexos con oficinas criminales, demuestra que para el gobierno de De la Espriella los ministerios son fortines de pago político y familiar, donde el rigor técnico y la meritocracia brillan por su ausencia.

Tras un examen de los perfiles, trayectorias, prontuarios judiciales, conflictos de interés y nexos criminales o clientelares de Elsa Noguera, Paola Holguín, Viviane Morales y Juliana Gutiérrez, como feminista  solo hay una conclusión categórica e inapelable:

Ninguna de estas mujeres representa a las mujeres de este país, ni a sus históricos reclamos de justicia, dignidad, igualdad y emancipación. La presencia de figuras femeninas en los altos cargos del Estado no constituye un logro democrático cuando esas mujeres operan como guardianas del statu quo patriarcal, el despojo capitalista, el fundamentalismo religioso y la corrupción sistémica.

Elsa Noguera encarna la tecnocracia corrupta al servicio de los clanes, Paola Holguín representa la ultraderecha heredera del testaferrato mafioso, Viviane Morales simboliza el fanatismo confesional que busca recortar las libertades ciudadanas y Juliana Gutiérrez es el producto más acabado del nepotismo y la politiquería regional.

Ninguna de ellas ha levantado jamás la voz por los derechos reproductivos de las mujeres, por la erradicación de las violencias machistas, por la soberanía de las madres comunitarias, por los derechos de las trabajadoras informales o por la justicia social de las campesinas e indígenas. Al contrario, sus carreras políticas y personales se han edificado sobre la exclusión, la persecución de las minorías, la tolerancia con el narcotráfico y la complicidad con las estructuras de poder que oprimen a las grandes mayorías populares.

Desde el feminismo popular, autónomo y progresista, rechazamos con indignación esta farsa de representación. Que porten faldas o títulos ministeriales no las hace nuestras aliadas; su complicidad con el proyecto autoritario de Abelardo de la Espriella las sitúa, sin ambages, en la otra orilla: en el bando de los opresores. La verdadera emancipación de las mujeres colombianas no vendrá de la mano de estas ministras de la infamia, sino de la lucha colectiva para subvertir las raíces mismas del poder patriarcal y oligárquico.

___________________________

[1]  https://apps.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=net.comtor.cms.frontend.component.pagefactory.NewsComponentPageFactory&action=list.

[2] https://apps.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-activa-plan-de-vigilancia-e-intervencion-para-las-elecciones-de-2023.news

[3] https://revistaraya.com/fiscalia-cerro-investigacion-penal-contra-elsa-noguera-un-dia-antes-de-ser-nombrada-ministra-por-de-la-espriella.html

[4] https://voragine.co/corrupcion/pablo-escobar-no-fue-condenado-por-narcotrafico-defensa-del-padre-de-paola-holguin/

[5] https://www.rtvcnoticias.com/actualidad/carlos-alonso-lucio-condena-falsa-denuncia

[6] https://voragine.co/historias/investigacion/asi-fue-la-captura-del-secretario-de-seguridad-de-fico-gutierrez-por-nexos-con-la-mafia/

María Consuelo del Río Mantilla, Presidenta Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – LIMPAL, Vicepresidenta Corporación Sur

Foto tomada de: El Colombiano

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