El movimiento telúrico se sintió en 471 municipios de 15 departamentos. Pereira y Cali fueron las ciudades más afectadas, aunque también golpeó con fuerza a numerosos municipios de Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, así como a extensas zonas rurales. En algunos lugares, como El Cairo, en el Valle del Cauca, hasta el 60 % de la infraestructura resultó afectada.
El número de víctimas mortales ha aumentado a medida que concluyen las labores de rescate. Al momento de escribir este artículo, los datos suministrados por entidades oficiales —entre ellas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los puestos de mando unificado (PMU) y el Gobierno nacional— registran 314 personas fallecidas, 4.437 heridas, 262 desaparecidas y 364 rescatadas. Asimismo, se reportan 262.154 personas y 147.464 familias afectadas; 30.664 viviendas completamente destruidas y 136.964 averiadas; 302 edificios colapsados y 5.809 con daños estructurales.
Los daños más graves se presentaron, en su orden, en Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia, además de numerosos municipios y zonas rurales de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas y Quindío.
Respuesta inicial a la emergencia
Puede afirmarse que la respuesta inmediata al desastre estuvo marcada por dos componentes principales: el institucional y el social.
La respuesta institucional, encabezada por el Gobierno nacional, fue errática, producto de la improvisación y de la ausencia de un adecuado proceso de empalme en la UNGRD.
A ello se sumaron la falta de empatía y el aparente desinterés por las víctimas que mostró el primer mandatario durante su visita a Pereira: sonreía y enviaba besos al público como si se tratara de un reinado de belleza. También generó rechazo la entrega de balones a niños afectados por la tragedia en el departamento del Chocó, sin mencionar las vacaciones del ministro de Vivienda en Santa Marta en plena catástrofe.
Igualmente cuestionable fue el rechazo al apoyo internacional ofrecido por países como México y China, que solo esperaban la solicitud formal de la Cancillería, requisito diplomático necesario en estos casos. Resulta especialmente grave la negativa del Gobierno al ingreso de los «Topos Mexicanos», un grupo especializado en rescate con experiencia en más de 95 países. Después de su entrada no oficial, se les exigieron certificaciones y pólizas de seguro que terminaron obstaculizando su labor.
Cabría considerar la responsabilidad del Estado mediante una demanda de reparación directa por acción u omisión en los casos de víctimas mortales que hubieran podido ser salvadas si se hubiera brindado pleno apoyo a este grupo de expertos.
El Gobierno nacional, además, politizó la tragedia y manifestó que solo recibiría ayuda de países políticamente afines, como Estados Unidos, Israel, El Salvador, Argentina y Chile, entre otros.
Muy diferente fue la respuesta de la ciudadanía, que se volcó masivamente a participar tanto en las labores de rescate como en la asistencia logística. Gracias a donaciones provenientes de todo el país, llegaron toneladas de alimentos, insumos médicos, ropa, comida para mascotas, carpas, colchones y herramientas para los rescatistas, entre muchos otros elementos.
Las diferencias políticas y de clase quedaron a un lado: el pueblo colombiano se mostró solidario con quienes padecieron la tragedia.
En Cali y Pereira, numerosos jóvenes pertenecientes a la «Primera Línea» volvieron a agruparse, esta vez no para protestar, sino para salvar vidas. Se les vio arriesgar la propia para rescatar a personas atrapadas entre los escombros.
Magnitud de los daños
El efecto destructivo del sismo también comprometió la infraestructura pública: resultaron afectados 352 centros de salud, 3.470 establecimientos educativos, 4.971 centros comunitarios, 449 vías, 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales, 105 acueductos y cinco aeropuertos.
Costo de la reconstrucción
Según datos oficiales, la reconstrucción de las zonas afectadas supera los 30 billones de pesos, cifra equivalente al 1,5 % del producto interno bruto nacional. No obstante, el costo podría aumentar hasta situarse entre 35 y 40 billones. El Banco Mundial ya desembolsó 630.000 millones de pesos, apenas el 2 % de los 30 billones estimados inicialmente. Si se suman estos recursos a las donaciones de la empresa privada, las alcaldías, las gobernaciones, los organismos internacionales y los países extranjeros, podrían reunirse alrededor de tres billones de pesos: tan solo el 10 % de la estimación inicial.
La pregunta es inevitable: ¿de dónde saldrán los restantes 27 a 37 billones de pesos?
La experiencia del FOREC: una alternativa exitosa tras el terremoto de 1999
En 1999, después del terremoto del 25 de enero, que azotó principalmente a Armenia y al Eje Cafetero, dejó más de mil víctimas mortales y comprometió la infraestructura de 28 municipios de la región, se creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC). Este organismo, conformado por representantes de la sociedad civil y de los gremios regionales y encabezado por el exministro y exdirector de la ANDI Luis Carlos Villegas, administró durante dos años y medio los recursos destinados a la reconstrucción de los municipios afectados y alcanzó una ejecución superior al 93 %.
La experiencia fue exitosa porque imprimió un manejo ejecutivo y gerencial a los recursos y evitó que la burocracia y la politiquería obstaculizaran su administración eficaz y eficiente.
Si bien la magnitud de la zona afectada hoy es muy superior a la de entonces —471 municipios de 15 departamentos, frente a 28 municipios de tres departamentos en 1999—, conviene retomar la experiencia del FOREC y constituir un fondo semejante. Este debería contar con estructuras regionales, una caracterización precisa de los municipios y de las personas afectadas, y una organización austera que evite la proliferación de cargos burocráticos.
La creación de este fondo es urgente. Al igual que en 1999, buena parte del desastre no ocurre durante el sismo ni siquiera en las dos o tres semanas siguientes. Los efectos socioeconómicos y las consecuencias sobre la salud, la seguridad, la violencia y el desempleo aparecen después y se acentúan con el paso de los meses, cuando la solidaridad ciudadana comienza a disminuir. Es entonces cuando el Estado y un fondo de reconstrucción inspirado en el FOREC deben ofrecer soluciones a los problemas más apremiantes que dejan este tipo de tragedias.
¿Qué se debe hacer?
En la etapa de reconstrucción se deben emprender las siguientes acciones:
- Consolidar un registro actualizado de las personas fallecidas, heridas, desaparecidas y damnificadas, así como de los daños materiales.
- Evaluar estructuralmente los inmuebles afectados.
- Garantizar alojamiento transitorio digno a las personas que hayan tenido que desalojar sus viviendas.
- Crear un programa especial de salud y atención psicosocial para las víctimas y sus familiares.
- Constituir un fondo de reconstrucción semejante al FOREC, que no se limite a recuperar la infraestructura material, sino que también contribuya a reconstruir el tejido social. Debe contar con dirección técnica, participación ciudadana, mecanismos permanentes de auditoría y rendición de cuentas.
- Proteger a comerciantes, propietarios, poseedores, trabajadores formales e informales, y pequeños y medianos empresarios.
- Reconstruir la infraestructura afectada conforme a las normas sismorresistentes vigentes y en zonas de bajo riesgo.
- Reactivar la economía mediante la generación de empleo, créditos blandos, alivios tributarios, períodos de gracia y apoyo directo a pequeños y medianos comerciantes.
- Crear, dentro del fondo de reconstrucción, un capítulo rural dedicado exclusivamente a la recuperación de las zonas campesinas afectadas.
- Establecer veedurías ciudadanas que supervisen el manejo de los recursos durante todo el proceso.
José Roberto Zuluaga, MD y abogado
Foto tomada de: HNGN.
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