El cambio se expresa en decisiones aparentemente separadas: el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán; el respaldo a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y el congelamiento de las relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática; el retiro de Colombia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta promovida por China; la incorporación al llamado Escudo de las Américas y la profundización de la cooperación militar con Estados Unidos. Incluso la gestión internacional de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto ha quedado atravesada por esa nueva orientación.
El problema no consiste simplemente en que De la Espriella esté desmontando la política exterior de Petro. Esa lectura reduciría una cuestión de Estado a una disputa entre dos presidentes. La pregunta relevante es otra: ¿estas decisiones fortalecen la capacidad de Colombia para defender sus intereses nacionales en un sistema internacional crecientemente multipolar o subordinan esos intereses a las afinidades ideológicas del nuevo gobierno poniendo en grave peligro la soberanía nacional?
Del multilateralismo al alineamiento
El reconocimiento colombiano de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán constituye quizá la señal más clara del nuevo rumbo. Israel ocupó ese territorio sirio durante la guerra de 1967 y posteriormente extendió sobre él sus leyes y administración. La Resolución 497 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declaró en 1981 que esa decisión israelí era nula y carecía de efecto jurídico internacional. El asunto toca uno de los principios más importantes del orden internacional posterior a 1945: la inadmisibilidad de adquirir territorio mediante el uso de la fuerza.
El gobierno fascista de ADLE, ha decidido apartarse de ese consenso y acercarse a la posición adoptada por Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. No es una modificación diplomática menor. Convertir a Colombia en el segundo país del planeta en validar jurídicamente semejante despojo territorial, tras el precedente aislado de la administración de Donald Trump en 2019, dinamita la tradición jurídica nacional que históricamente defendió la intangibilidad de las fronteras ante la imposición de la fuerza bruta.
Hay aquí una paradoja. Las grandes potencias pueden proteger su territorio mediante capacidades militares, económicas y nucleares. Países como Colombia dependen en mayor medida de la existencia de reglas internacionales que limiten el comportamiento de los más poderosos. Debilitar esas normas para favorecer coyunturalmente a un aliado significa erosionar mecanismos jurídicos que mañana podrían resultar indispensables para defender los propios intereses nacionales.
Una lógica semejante de sumisión geopolítica guio la decisión de respaldar la soberanía del Reino de Marruecos sobre el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, ordenando de forma paralela el congelamiento de las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática y el Frente Polisario. Esta postura desconoce de tajo el mandato histórico de descolonización tutelado por las Naciones Unidas y refrendado de manera categórica por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, ignorando los derechos inalienables del pueblo saharaui y otorgando legitimidad al expolio continuado de sus riquezas minerales, pesqueras y energéticas.
Para Colombia existe además una dimensión constitucional difícil de ignorar. El artículo 9 de la Constitución establece que las relaciones exteriores se fundamentan, entre otros principios, en la soberanía nacional y en el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos. Puede discutirse jurídicamente hasta dónde ese mandato determina una decisión diplomática concreta, pero resulta difícil sostener que carezca de relevancia cuando Colombia adopta posición frente a un territorio cuyo estatuto internacional permanece sin resolver.
Los casos del Golán y del Sáhara revelan así una contradicción inquietante: un gobierno que reivindica permanentemente la soberanía colombiana adopta posiciones internacionales que relativizan la soberanía territorial o la autodeterminación cuando esos principios entran en conflicto con los intereses de sus nuevos aliados. El problema está en reemplazar una política por otra cuya coherencia parece depender menos del interés nacional que de la pertenencia a un determinado campo ideológico internacional.
En el terreno de la integración económica y el financiamiento del desarrollo, la cancelación unilateral de la adhesión colombiana a la Iniciativa de la Franja y la Ruta pactada previamente con la República Popular China evidencia la irracionalidad de sacrificar los intereses económicos del país en el altar de la afinidad ideológica. China es uno de los principales socios económicos de Colombia. El país importa alrededor de 19.000 millones de dólares y exporta aproximadamente 3.000 millones, según las cifras recogidas en los antecedentes de este análisis. El desequilibrio es enorme y constituye precisamente una razón para negociar mejores condiciones de acceso al mercado chino, no necesariamente para retirarse de los espacios donde esa negociación podría producirse.
En medio de un contexto macroeconómico altamente restrictivo, Colombia renunció voluntariamente al acceso preferencial a fuentes de liquidez soberana, entre ellas la emisión de bonos panda y los fondos de inversión del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y de la banca de desarrollo de los países BRICS.
Mientras otras economías de la región consolidan proyectos logísticos y portuarios de escala mundial con capital asiático, Colombia optó por un repliegue que estrecha drásticamente las posibilidades de diversificación exportadora para su sector agropecuario, profundiza un déficit comercial bilateral cercano a los dieciséis mil millones de dólares y deja expuestas a las cadenas de suministro productivas que dependen de bienes de capital y tecnología asiática indispensables. La expectativa gubernamental de que un alineamiento irrestricto con Washington suplirá automáticamente estos vacíos financieros tropieza con las dinámicas de proteccionismo comercial y la volatilidad presupuestaria que dominan el escenario político interno de los Estados Unidos.
Y en política internacional las opciones son poder.
Soberanía bajo vigilancia
Las manifestaciones de mayor gravedad de esta política exterior se concentran en el sector de la seguridad nacional y la soberanía operativa de las Fuerzas Militares. La incorporación formal de Colombia a la alianza militar del Escudo de las Américas, mediante acuerdos bilaterales de combate conjunto contra el narcoterrorismo y contención regional de potencias rivales, entraña una peligrosa cesión de soberanía ante el Comando Sur y la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. La subordinación del aparato de inteligencia nacional a plataformas de vigilancia satelital foráneas menoscaba la independencia de las instituciones armadas y supedita los objetivos estratégicos nacionales a la agenda hegemónica estadounidense.
La Constitución colombiana no deja enteramente esta materia a discreción presidencial. El artículo 173 atribuye al Senado competencias relacionadas con el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. La jurisprudencia constitucional desarrollada alrededor de los acuerdos militares con Estados Unidos ha insistido, además, en que el Ejecutivo no puede utilizar denominaciones administrativas o instrumentos simplificados para evadir los controles constitucionales cuando la sustancia de un acuerdo crea obligaciones que exceden las competencias ordinarias del gobierno.
Asimismo, este proceder desacata la jurisprudencia obligatoria fijada en el Auto 288 de 2010 de la Corte Constitucional, el cual establece con total claridad que cualquier instrumento que contemple la presencia de personal extranjero armado o la ejecución de operaciones conjuntas de combate en territorio colombiano requiere la aprobación previa del legislativo y el control automático de constitucionalidad. Esta opacidad institucional erosiona el principio republicano de frenos y contrapesos y debilita la rendición de cuentas penal ante eventuales vulneraciones a los derechos humanos de la población civil.
Por ello, el gobierno debería publicar íntegramente los acuerdos, protocolos operativos y reglas de participación. ¿Quién dirige las operaciones? ¿Qué personal extranjero ingresará al país? ¿Portará armas? ¿Puede participar directamente en combates? ¿Qué jurisdicción se aplicaría ante una eventual violación de derechos humanos? ¿Quién respondería por daños ocasionados durante una operación conjunta?
Estas preguntas no son obstáculos burocráticos colocados contra la lucha contra el narcotráfico. Son preguntas sobre soberanía.
Resulta especialmente preocupante que aspectos importantes de la nueva cooperación hayan sido conocidos mediante informaciones provenientes de Estados Unidos antes de que existiera una explicación suficientemente detallada ante el Congreso y la ciudadanía colombiana. Una democracia no debería enterarse desde el extranjero de los alcances de operaciones militares que eventualmente se desarrollarán dentro de su propio territorio.
La soberanía no se pierde únicamente cuando un ejército ocupa una frontera. También puede erosionarse gradualmente cuando las decisiones estratégicas, las capacidades de inteligencia y las prioridades militares de un país empiezan a depender estructuralmente de otro Estado.
Hay además una dimensión latinoamericana. El Escudo de las Américas aparece vinculado no solamente al combate contra estructuras criminales, sino a una arquitectura regional de seguridad que busca limitar la influencia china y aumentar la presión sobre gobiernos considerados adversarios de Washington. Colombia corre entonces el riesgo de convertirse en pieza avanzada de una estrategia de confrontación regional contra gobiernos democráticos que no son del gusto de Washington.
Cuando la ideología sustituye al interés nacional
La politización de las relaciones exteriores alcanzó ribetes éticamente inaceptables durante la atención del devastador sismo de magnitud 7.4 que azotó recientemente a Colombia. Mientras el gobierno facilitaba la llegada de contingentes y brigadas de socorro de administraciones ideológicamente afines, impuso trabas burocráticas, exigencias de certificaciones adicionales y notas verbales de restricción que bloquearon las ofertas solidarias de rescatistas especializados provenientes de México, Brasil y China. En el caso de México, los rescatistas hubieran podido llegar en 4 horas.
En regiones profundamente vulnerables del occidente del país y del litoral Pacífico, como el departamento del Chocó y el norte del Valle del Cauca, la población debió remover escombros y recuperar los cuerpos de sus familiares con sus propias manos durante la ventana crítica de las primeras 72 horas, demostrando que el sectarismo ideológico del gobierno se antepuso al deber irrenunciable de salvar vidas humanas. Esta trágica decisión, que es mucho más grave que un desacierto diplomático, condenó a muerte a cientos de sobrevivientes.
La asistencia humanitaria se rige por una lógica diferente a la de las alianzas políticas. Frente a personas atrapadas bajo los escombros no existen gobiernos amigos o enemigos. Existen capacidades disponibles y vidas que pueden salvarse. Las primeras horas después de un terremoto son irrepetibles. Convertirlas en escenario de alineamientos geopolíticos significaría colocar la ideología por encima de la obligación primaria del Estado de proteger la vida.
El despliegue de tropas extranjeras bajo el pretexto del auxilio humanitario tras el devastador sismo, representa uno de los capítulos más delicados de este viraje en las relaciones internacionales. La llegada a Cali y Pereira de un contingente integrado por 82 militares activos de las Fuerzas de Defensa de Israel, cuyo gobierno está realizando un genocidio contra el pueblo Palestino, trasciende con creces el ámbito del socorro técnico para convertirse en una calculada operación política de lavado de cara y legitimación bilateral. Este arribo sella el restablecimiento inmediato del eje de seguridad e inteligencia militar con el gobierno de Benjamín Netanyahu, desmantelando por completo la postura de la administración Petro, que había roto relaciones diplomáticas en 2024 con el Estado sionista de Israel, ante la masacre perpetrada en la Franja de Gaza. De manera simultánea, Colombia formalizó su retiro de la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y abandonó el Grupo de La Haya, claudicando de su responsabilidad internacional frente a crímenes de guerra investigados por la justicia global.
En el plano interno, la presencia de estos uniformados foráneos operando en ciudades como Cali ha desatado una intensa controversia jurídica y ética. Diversas fuerzas de oposición y colectivos sociales han calificado este despliegue como una inadmisible instrumentalización del dolor civil para consumar una virtual ocupación e inserción militar encubierta, señalando la contradicción moral que supone invitar a actuar como agentes de salvamento a efectivos castrenses acusados por la comunidad internacional por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en territorio palestino. Asimismo, esta presencia foránea elude abiertamente los controles preceptivos del Congreso de la República y los límites que la jurisprudencia constitucional impone a la soberanía territorial.
La diplomacia confesional y la ruptura del orden normativo
La materialización doctrinaria de este giro adquiere rostro propio en la designación de los principales cuadros diplomáticos del país, articulando una calculada estrategia de doble vía que combina el fundamentalismo militante en los escenarios continentales con la sofisticación técnica en los foros globales. El nombramiento de Alejandro Ordóñez Maldonado como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) ilustra de manera descarnada la hostilidad del nuevo gobierno hacia el marco interamericano de derechos humanos y hacia los sectores progresistas. Su retorno a la OEA encierra una profunda contradicción institucional y un ostensible conflicto de intereses: fue el propio Ordóñez quien, durante su ejercicio como procurador general de la Nación, destituyó e inhabilitó arbitrariamente a autoridades de elección popular, provocando una histórica sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por violación flagrante de garantías políticas fundamentales. Situar al artífice de dicha vulneración a representar a Colombia ante el mismo tribunal y sistema regional que sancionó sus excesos no solo mina la autoridad moral de la diplomacia nacional, sino que lo coloca en una posición aberrante de juez y parte.
El perfil público de Ordóñez simboliza una cruzada regresiva contra las libertades civiles. Con un historial marcado por episodios inquisitoriales, como su participación juvenil en la quema colectiva de libros de autores clásicos universales en Bucaramanga, su trayectoria se ha caracterizado por un rechazo militante a los derechos de las mujeres, a la autodeterminación reproductiva, al matrimonio igualitario y a la legislación antidiscriminación. Su labor en Washington se perfila abiertamente como una plataforma de combate ideológico para revertir consensos hemisféricos en materia de libertades individuales y pluralismo, utilizándola como trinchera contra cualquier proyecto de transformación social democrática en la región y celebrada como un triunfo por los sectores más recalcitrantes de la derecha conservadora.
Esta ofensiva ideológica se complementa en el escenario global de las Naciones Unidas con la designación de Mauricio Gaona como representante permanente en Nueva York. Respaldado por una sólida trayectoria académica internacional, doctorado en derechos humanos y solvencia técnica en derecho comparado y comunitario, Gaona aporta el blindaje intelectual y retórico indispensable para dotar de respetabilidad jurídica el desmantelamiento sistemático de los compromisos multilaterales del país. Su perspectiva marcadamente conservadora del orden internacional instrumentaliza el rigor formalista y la erudición jurídica para legitimar el repliegue soberano frente a los tratados universales, desarticular la agenda de justicia climática global y neutralizar las demandas históricas de los pueblos del Sur Global.
De esta manera, el gobierno articula un dispositivo diplomático sumamente eficaz: mientras en los foros continentales de la OEA se despliega la beligerancia doctrinaria más cruda a través de figuras dogmáticas, en los organismos universales de la ONU se utiliza la solvencia técnica para matizar el desacato al derecho internacional y contener las críticas de las grandes potencias. Esta combinación de fundamentalismo militante en Washington y sofisticación procesal en Nueva York configura un servicio exterior diseñado no para representar los intereses colectivos y la diversidad de la nación, sino para librar batallas culturales contra el pensamiento progresista, debilitar los sistemas de fiscalización internacional y justificar el repliegue normativo bajo un barniz de legalismo formal.
Este conjunto de decisiones permite comprender mejor lo que está ocurriendo. Colombia no está simplemente regresando a la política exterior anterior a Petro. Está entrando en una forma más rígida de alineamiento internacional, en un momento histórico en el cual paradójicamente buena parte del mundo intenta diversificar sus relaciones. La rivalidad entre Estados Unidos y China, el debilitamiento relativo del orden unipolar, el crecimiento político del Sur Global y la competencia por recursos estratégicos están transformando el sistema internacional. Para América Latina, ese escenario contiene riesgos evidentes a su soberanía y al ejercicio de la democracia.
La experiencia latinoamericana debería haber enseñado algo sobre esto. Durante demasiado tiempo nuestra inserción internacional estuvo definida desde fuera. Exportamos materias primas, importamos manufacturas, asumimos doctrinas de seguridad diseñadas en otros centros de poder y aceptamos como universales intereses que frecuentemente eran ajenos. No se trata de reemplazar la dependencia de Washington por dependencia de Pekín. Eso apenas cambiaría el domicilio de la subordinación. Exige construir capacidad propia para negociar con ambos y también con Europa, África, India, el mundo árabe y nuestros vecinos latinoamericanos.
Por eso resulta equivocada la falsa alternativa entre Estados Unidos y China. Colombia necesita relacionarse con todos los países del orbe y fortalecer una relación especialmente con los países del sur Global. Una política exterior seria no pregunta primero quiénes son nuestros amigos ideológicos. Pregunta cuáles son los intereses permanentes de Colombia y qué principios estamos dispuestos a defender incluso cuando resulte incómodo hacerlo. Ese es el verdadero problema del giro iniciado por de la Espriella. Su gobierno parece confundir afinidad política con interés nacional. Y ambas cosas no son equivalentes.
Los presidentes pasan. Los intereses del Estado permanecen.
Colombia necesita una política exterior capaz de sobrevivir a de la Espriella, una política fundada en la Constitución, el derecho internacional, la integración latinoamericana, multilateralismo, la solución pacífica de las controversias y una autonomía pragmática frente a las grandes potencias. No para permanecer neutral ante las injusticias, sino precisamente para conservar la libertad necesaria para denunciarlas dondequiera que ocurran.
Cambiar de gobierno puede significar cambiar de rumbo. Lo que un país no debería entregar con cada cambio presidencial es su brújula ética.
Jaime Gómez Alcaraz, Analista Internacional
Foto tomada de: Bloomberg Línea
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