Este hecho plantea una tensión fundamental. El principio de soberanía estatal, recogido en la Carta de las Naciones Unidas, no es una fórmula decorativa sino uno de los pilares del orden jurídico internacional contemporáneo. La prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, el principio de no intervención y el derecho de los pueblos a la autodeterminación constituyen límites normativos frente a la expansión de poderes imperiales que históricamente han justificado intervenciones bajo lenguajes cambiantes: seguridad hemisférica, lucha antidrogas, defensa de la democracia o combate al terrorismo.
El secuestro de un jefe de Estado por una potencia extranjera, acompañada de despliegues militares masivos en el Caribe y operaciones letales extraterritoriales sin debido proceso, no puede normalizarse jurídicamente. Ningún hecho de la política interna venezolana habilita automáticamente formas de intervención unilateral que erosionan la arquitectura jurídica internacional. Críticas al régimen venezolano no deben convertirse en licencia para reinstalar lógicas neocoloniales de administración externa.
Aquí aparece una primera paradoja: Venezuela enfrenta simultáneamente una crisis de política interna y una crisis de soberanía externa. El gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez carga con el peso histórico de operar bajo una tutela estadounidense que limita severamente su autonomía decisoria. Ningún país puede desarrollarse democráticamente de manera plena desde el vasallaje geopolítico.
La visita del presidente colombiano Gustavo Petro, se inserta precisamente en esa contradicción. Su presencia no representa una validación automática del nuevo paisaje político venezolano, sino un intento de impedir que el vacío de poder derive en una descomposición territorial aún más profunda, particularmente en la frontera colombo-venezolana. Su preocupación no es abstracta: cuando el Estado se debilita, no emerge espontáneamente la libertad, sino con frecuencia la soberanía paralela de mafias, economías ilícitas y actores armados.
Los acuerdos concretos y sus límites estructurales
Un elemento central de esta reunión fueron los acuerdos sobre seguridad fronteriza e integración energética, cuyas consecuencias trascienden lo técnico y tienen profundas implicaciones geopolíticas. En materia de seguridad, el establecimiento de planes de cooperación militar, intercambio de inteligencia y despliegues coordinados contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y la minería ilícita puede representar para Colombia una oportunidad de reducir la presión armada en regiones como Catatumbo y Norte de Santander, donde la presencia del ELN, disidencias y economías ilegales ha debilitado gravemente la autoridad estatal. Para Venezuela, supone una posibilidad de recuperar control territorial en zonas donde actores armados no estatales han operado con relativa autonomía, además de mejorar su legitimidad regional como interlocutor en materia de seguridad.
En el plano energético, la interconexión eléctrica y el eventual suministro de gas natural venezolano ofrecen a Colombia una vía urgente para diversificar su matriz energética ante la disminución de sus reservas internas y reducir vulnerabilidades económicas futuras; para Venezuela, significan una posibilidad de reactivar ingresos estratégicos, recuperar parcialmente su infraestructura petrolera y fortalecer el comercio binacional. No obstante, esta integración está severamente condicionada por el régimen de sanciones estadounidenses, lo que confirma que incluso los acuerdos más pragmáticos entre Caracas y Bogotá siguen subordinados a la arquitectura de poder hemisférico definida por Washington.
El bilateralismo trilateral y los límites del pragmatismo progresista
La relación entre Colombia y Venezuela ha entrado en una fase que podría describirse como un bilateralismo subordinado: dos países negocian, pero un tercero autoriza. La integración energética, por ejemplo, no depende esencialmente de la voluntad política entre Bogotá y Caracas, sino de las licencias de la OFAC y del cálculo estratégico de la Casa Blanca. La posibilidad de que Colombia reciba gas venezolano, en un contexto de bajas reservas internas, está jurídicamente filtrada por el régimen de sanciones estadounidense.
Este hecho revela algo más profundo que una dependencia coyuntural: muestra cómo el imperialismo contemporáneo no necesita siempre ocupaciones formales, sino mecanismos financieros, regulatorios y sancionatorios que disciplinan la soberanía ajena. El control sobre los flujos energéticos y sobre la arquitectura de pagos internacionales funciona como una forma sofisticada de gobierno indirecto. No se administra el territorio; se administra la posibilidad de respirar económicamente.
En ese contexto, el presidente Petro intenta una maniobra compleja. Por un lado, necesita resultados concretos en seguridad fronteriza, migración, comercio e integración energética. Por otro, ha mantenido una posición crítica frente a soluciones militares o transiciones impuestas desde Washington. Su propuesta previa de una transición compartida o co-gobernanza temporal no surgía necesariamente de afinidad ideológica con el chavismo, sino de una lógica de contención del colapso: evitar que la sustitución abrupta del poder produjera una fragmentación territorial administrada por redes criminales.
Sin embargo, esa propuesta encontró un rechazo frontal en la oposición venezolana, especialmente en María Corina Machado y la Plataforma Unitaria. Desde su perspectiva, cualquier fórmula de poder compartido con estructuras chavistas, implica desfigurar lo que ellos llaman “el mandato popular”. Sin embargo, pretenden defender la legitimidad democrática, animando al imperio a invadir a su país. El tufillo vasallo es evidente. Así las cosas, surge un problema evidente cuando la supuesta demanda democrática queda atrapada en el uso del discurso por parte de Estados Unidos para legitimar una tutela orientada también por intereses energéticos.
El presidente Petro se mueve en ese terreno inestable. Su margen de maniobra, además, se reduce por las fricciones con Washington y por el desgaste interno de su propio gobierno. No se trata simplemente de una disputa ideológica, sino de una correlación material de fuerzas donde Colombia tampoco actúa desde plena autonomía. Pensar la política exterior latinoamericana exige reconocer que incluso los gobiernos progresistas operan bajo severas restricciones estructurales.
Democracia, autodeterminación y la disputa por el futuro regional
La cuestión central no es si el presidente Petro debía o no reunirse con Delcy Rodríguez, sino bajo qué horizonte político debe interpretarse esa reunión. Si se la entiende como adaptación pasiva a un nuevo orden tutelado por Washington, el encuentro refuerza una lógica de subordinación regional. Si en cambio, se la concibe como un esfuerzo por impedir la militarización irreversible de la crisis venezolana y abrir una salida institucional menos destructiva, su lectura cambia sustancialmente.
No obstante, cualquier salida legítima debe partir de una premisa no negociable: el futuro de Venezuela no puede decidirse en Washington, Bogotá o Bruselas. Debe decidirse en Venezuela por los venezolanos, con garantías reales de respeto al querer del pueblo venezolano y la protección de los derechos conquistados. El principio de autodeterminación significa centralidad del pueblo como sujeto político.
Esto implica admitir que la gobernabilidad democrática no puede imponerse mediante operaciones de fuerza selectiva ni mediante protectorado extranjero. La experiencia comparada demuestra que las democracias nacidas bajo ocupación geopolítica suelen arrastrar déficits severos de legitimidad y dependencia. La libertad política no puede consolidarse sobre la humillación nacional permanente.
En el fondo, el caso venezolano vuelve a exponer una vieja herida latinoamericana: la región sigue discutiendo su destino dentro de marcos de dependencia estructural donde la soberanía es frecuentemente negociable para las potencias, pero imprescindible para los pueblos. La desigualdad global no es solo económica; también es jurídica. Hay Estados a los que se les exige obediencia legal absoluta y otros que administran excepciones permanentes.
La reunión entre Petro y Delcy Rodríguez debe leerse no como una escena de alineamientos fáciles, sino como expresión de una disputa mayor: quién tiene derecho a decidir sobre Venezuela y bajo qué reglas. Si la respuesta termina siendo el petróleo antes que el pueblo, la estabilidad será apenas una pausa administrada. Si la respuesta logra combinar soberanía, justicia y garantías democráticas, todavía habrá una posibilidad de reconstrucción regional menos subordinada.
La historia latinoamericana enseña que los protectorados rara vez se anuncian como tales. Llegan con el lenguaje de la estabilización y la democracia, la seguridad y la urgencia técnica. Por eso el análisis crítico debe insistir en preguntar no solo quién gobierna, sino quién autoriza que se gobierne. Esa diferencia, que parece sutil, suele definir el destino de las naciones.
Jaime Gómez Alcaraz, Analista Internacional
Foto tomada de: CAMBIO Colombia
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