El primer gran espejismo que debemos desmontar es el discurso hegemónico de la seguridad alimentaria. Nos han querido convencer de que la globalización y el mercado todo lo resuelven, pero la realidad nos ha demostrado que esta afirmación es, en el mejor de los casos, una verdad a medias, y ya sabemos que las verdades a medias casi siempre terminan siendo mentiras. Hemos construido una arquitectura agropecuaria que, por principio, asume que podremos importar lo que se puede producir en mejores condiciones en otros mercados, por lo tanto, es mejor no sembrar. Pero ¿qué sucede cuando los canales internacionales colapsan? No podemos depender de los campos de Ucrania o del tránsito por el estrecho de Ormuz para garantizar los agroinsumos que nutren nuestra productividad, ni creer que el comercio internacional estará invariablemente abierto para suplir nuestras deficiencias a voluntad, o lo que es peor, que podemos dejar de producir para comprar, sin preguntarnos con qué dinero lo haremos.
Así, el debate no debe centrarse exclusivamente en la seguridad, ya se queda esto corto ante las realidades de los territorios, y es aquí donde los movimientos campesinos han tenido la razón: la soberanía alimentaria se constituye en la comprensión que con los alimentos no se juega en el casino, parodiando a Keynes. La soberanía implica una pregunta profundamente política y espacial: ¿dónde, en qué regiones y en qué condiciones somos capaces de reordenar el territorio en función de la producción de nuestros propios alimentos? E incluso de los productos para los mercados externos, que nos garanticen divisas, como históricamente ha sucedido con el café, el plátano, el banano, y ahora con el cacao o el aguacate.
Este debate está intrínsecamente ligado a la crisis climática y a la inaplazable transición energética. Hablamos de reducir emisiones, pero poco examinamos el absurdo modelo logístico de nuestra alimentación. Resulta un derroche injustificable, en términos energéticos y ambientales, que se envíen alimentos desde el Quindío o el Valle hacia las grandes plataformas de acopio en Bogotá o Medellín, para luego devolverlos empacados en plástico a sus regiones de origen. Ese gasto en combustibles fósiles, en energía, esa ineficiencia logística, es una irracionalidad que la humanidad no puede seguir costeando.
Pero la producción agrícola tiene un límite biofísico insalvable: el agua. Cada vez que nos acercamos a las épocas de sequía severa y el fenómeno de El Niño muestra su rigor, recordamos nuestra vulnerabilidad. Seguimos habitando un país supuestamente rico en recursos hídricos, pero dramáticamente incapaz de gestionarlos. La agricultura campesina familiar y comunitaria sobrevive casi sin distritos de riego, a merced de la incertidumbre climática, pero también de las enormes brechas estructurales que la ha dejado relegada de las grandes decisiones de país (Rendón y Gutiérrez, 2019).
Lo que resulta aún más escandaloso es la poca efectividad de la planificación local. Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en nuestros municipios siguen girando, casi de manera obsesiva, en torno a la expansión urbanística y la construcción de grandes conjuntos residenciales e infraestructuras, mientras relegan a un segundo plano la provisión de agua y la protección de los suelos con vocación agrícola. Es indudable que el acceso a la vivienda es un derecho o si se quiere una aspiración social que debe garantizarse, pero la alimentación y el agua son la garantía primaria de la vida. Somos agua. Si no gestionamos el recurso hídrico en nuestras comunidades, priorizando el sustento vital sobre la renta inmobiliaria, estaremos pavimentando nuestro propio colapso.
Todo esto nos lleva a un cuestionamiento profundo sobre cómo hemos entendido el territorio. Desde la planificación tradicional de hace más de sesenta años, se impuso una falsa dicotomía que asocia lo rural con el atraso (algo que debe ser superado o “civilizado”) y lo urbano con el progreso. Esta narrativa ha justificado que los procesos de conurbación arrasen con nuestras ruralidades. Olvidamos que las grandes ciudades colombianas son, en su extensión geográfica, inmensamente rurales. Bogotá tiene un territorio mayoritariamente rural; lo mismo ocurre en Soacha o en Fusagasugá, al igual que en Cali, Medellín, o Barranquilla, entre muchas otras. Necesitamos comprender que lo urbano y lo rural no son realidades antagónicas, sino formas de entender la vida que conviven y se necesitan mutuamente. El caso de Los Soches, en Bogotá y en general las comunidades campesinas del paramos de Sumapaz, nos demuestra que es posible habitar la metrópoli manteniendo viva la identidad y la economía campesina, ejemplos entre muchos otros claro está.
Hacer frente a los retos de la ruralidad exige, entonces, superar estas visiones fragmentadas y tocar la estructura misma del modelo económico. Es aquí donde la apuesta por la bioeconomía (Sánchez, 2026) debe dejar de ser un concepto abstracto para convertirse en el eje de la transformación. Si logramos integrar los principios de la bioeconomía con los circuitos cortos de comercialización, estaremos articulando un proceso completo que abarca desde la producción hasta el consumo, pasando por los modos de la vida rural, es decir se trata de transformaciones estructurales integrales (Rendón, 2025).
Pero esto no es solo un mecanismo de venta, sino de estructurar ecosistemas productivos que respeten los ciclos de la naturaleza y eliminen la intermediación extractiva. Esta integración es un motor de doble tracción: por un lado, dignifica, dinamiza y protege a las pequeñas economías rurales y campesinas, garantizándoles rentabilidad, autonomía y arraigo territorial; por el otro, ofrece a los consumidores urbanos acceso directo a alimentos sanos, de calidad y a precios justos, reconectándolos con quienes sostienen su vida alimentaria.
Se cumplirían así los sueños de los hacedores de la política económica: productividad, competitividad y calidad de vida. En este sentido es de esperar que el pilar o estrategia ABC Ambiental del actual gobierno, permita que estos elementos se sigan constituyendo en las bases de un modelo de desarrollo que por fin cumpla con las promesas de décadas fallidas. Este pilar se propone organizar la política en Agua (protección de recursos hídricos y océanos), Biodiversidad (lucha contra la deforestación y minería ilegal) y Comunidades (economía legal para quienes habitan y cuidan el territorio). Un reto aún mayor si se aborda no solo desde la economía, sino desde el cuidado de la casa común (Francisco, 2015), que se espera sea el propósito gubernamental con la Estrategia ABC (DNP, 2026).
De esta manera, repensar los alimentos, el agua y nuestros territorios no es otra cosa que resignificar la vida misma para transitar hacia un modelo donde la coexistencia entre ecosistemas (Rendón, 2020) se haga realidad, se constituya en la base de una biocivilización construida a partir de la comprensión de lo humano y de la naturaleza al servicio de una renovada apuesta civilizatoria. Es la oportunidad inmejorable para consolidar un campo vivo, con derechos, y unas ciudades que por fin valoren y retribuyan de manera equitativa a quienes las alimentan cada día, que se cierren las brechas (Unisalle, 2019) campo ciudad y se posibilite la construcción y consolidación de territorios sostenibles, funcionales e inteligentes (Murcia, Rendón y Molano, 2021).
Nota: Este texto sirvió de base para mi intervención en el cierre del curso “Mercados de proximidad para el abastecimiento agroalimentario regional” en el marco del foro técnico-académico “Abastecer la región”, realizado el 15 de octubre, en colaboración con la FAO, la Universidad de La Salle (CEIR – Vicerrectoría de Investigación y Transferencia) y diversas entidades nacionales, regionales y municipales, como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto para la Economía Social (IPES), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) , Secretaría Distrital de Planeación (SDP), ADR, DNP, la RAP-E Región Central y los municipios de Cajicá, Fusagasugá y Soacha.
Bibliografía
Departamento nacional de Planeación (DNP) (16/09/2026) Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Lineamientos para la elaboración del PND. https://img.lalr.co/cms/2026/10/01211926/Formulacion_-PND_sesion_enlaces_sectoriales.pdf
Francisco (2015). Carta encíclica Laudato si’. Sobre el cuidado de la casa común. Madrid: San Pablo, 2015. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
Murcia, N. (Hno); Rendón, J. y Molano, M. (2021) “Forjar territorios para cerrar brechas,” Magazín Ruralidades y Territorialidades: No. 7. https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=mrt
Rendón, J. (2020). Economía ecológica: resignificación de la economía política para una nueva sociedad. En: Correa, G. (2020) Compilador. Ecología y sociedad. Bogotá: Universidad de La Salle. Pp 202-226. DOI: https://doi.org/10.19052/978-958-5136-09-0.
Rendón, J (2025). 10 oportunidades para consolidar la ruralidad colombiana. Centro de Estudios e Investigaciones Rurales, Universidad de La Salle. https://cmspreprod.lasalle.edu.co/sites/default/files/2026-03/CEIR%20Oportunidades%20para%20consolidar%20la%20ruralidad%2026%2003%202026.pdf
Rendón, J. y Gutiérrez, S. (2019). Brechas urbano- rurales. Las desigualdades rurales en Colombia, Universidad de La Salle (82), 13-36. https://doi.org/10.19052/ruls.vol1.iss82.2
Sánchez, R. (2026) (compilador). Bioeconomía, desarrollo y territorio. Ediciones Unisalle. https://ciencia.lasalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/0826cedd-8c2c-4951-9aac-786a6b3c8d05/content
Universidad de La Salle. (2019) “Librillo 70. Manifiesto rural por un pacto de la ciudad con el campo: un compromiso con el desarrollo rural y territorial” (2019). Librillos institucionales. https://ciencia.lasalle.edu.co/librillos/1
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Económicas, Universidad de La Salle
Foto tomada de: Pontificia Universidad Javeriana
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