En Colombia, las autoridades electorales han señalado como ganador de las elecciones a un empresario y abogado que ha consagrado su vida a defender a paramilitares, a narcos y a delincuentes internacionales.
El presidente Petro y el bloque del Pacto Histórico han desconocido el resultado de las elecciones en Colombia sobre la base de pruebas que se están consignando en la fiscalía, en el Consejo de Estado y también ante la justicia norteamericana. Eso no quitá que Petro se ha comprometido a entregar el poder el 7 de agosto, cuando termina su mandato. Se reconoce la legalidad de De la Espriella pero no su legitimidad.
No es común que la izquierda desconozca un resultado electoral. Es algo más propio de la derecha, como se ve con Donald Trump que sigue insistiendo -sin pruebas que le den la razón- que le robaron las elecciones que ganó Joe Biden. Esas reclamaciones desde la izquierda no suelen tener éxito porque el sistema judicial siempre está escorado en todos los países a la derecha (quizá con la salvedad de Italia en su lucha contra la mafia y la corrupción de la democracia cristiana y de Silvio Berlusconi). En todos los países, a los votantes de centro, que no suelen tener una mirada crítica ni sobre el poder judicial ni sobre los sistemas electorales, no les gusta que se cuestione el resultado electoral que brindan las instituciones. Ni siquiera cuando hay evidencia de que se han hecho trampas. Los votantes de centro es más fácil que protesten contra la izquierda que contra la derecha o las instituciones.
Todo indica que a López Obrador le robaron las elecciones en 2006 en un sonado fraude electoral y en 2012 con trampas que el sistema permitió y toleró. Pese a constatarse las corruptelas, el veredicto no se varió y el PRI y luego el PAN se beneficiaron de esas trampas. En 2028 Lula Da Silva fue encarcelado con una falsa acusación de corrupción. Tras 580 días en la cárcel, el Tribunal Supremo anuló sus casos, dictaminando que el juez Sergio Moro no tenía jurisdicción y actuó de forma parcial (recordemos que Bolsonaro lo nombró ministro de Justicia e Interior), lo que permitió a Lula recuperar todos sus derechos políticos. Pero Bolsonaro ya era el presidente y eso no tuvo marcha atrás. En España, al partido Podemos lo acusaron dos semanas antes de las elecciones, con una factura falsa hecha con Photoshop, de haber cobrado 272.000 dólares de Venezuela. Fue multiplicado por los medios aún sabiendo que era falso -caso de televisión La Sexta- lo que provocó un enorme retroceso electoral. Luego se demostró que la factura era falsa, pero nadie restituyó el daño. Y estamos hablando de decisiones que influyen en quién va a gobernar un país. Petro, que es el presidente de Colombia hasta el 7 de agosto, ha desconocido el resultado tras la constatación de multitud de fraudes y ha llamado a un proceso de desobediencia civil.
¿Tenía otra opción Petro cuando, además de las evidencias, desde las filas del abelardismo se le estaba prometiendo revancha contra él, su familia y todos los que se atrevieron a protagonizar el primer gobierno de izquierdas de la historia de Colombia? ¿Tiene alternativa el Pacto Histórico cuando las primeras medidas prometidas de De la Espriella es la renovación del paramilitarismo que generó en un genocidio en Colombia? La derecha colombiana necesita ruido y furia para ocultar sus enormes debilidades.
La victoria de Abelardo de la Espriella, como va a ocurrir con todas las elecciones en las que intervenga Trump, está llena de desconfianzas y prevenciones. Y dificulta la paz social. Cuando gana las elecciones una fuerza política que empezó mal la carrera electoral, con sospechas de fraude en las firmas necesarias para legalizar la presentación; cuando gana las elecciones, no por sus propios méritos, sino con el apoyo de EEUU, es decir, de un país extranjero del que el candidato, además, tiene la nacionalidad; cuando la victoria la logra, para más inri, con una costosísima campaña sucia basada en Inteligencia Artificial y en granjas de bots situadas en otros países, y con el uso de algoritmos que tergiversan el resultado; cuando se verifica la compra masiva de votos, y se evidencia la intervención, junto a Donald Trump, de empresarios y gobiernos de otros países que han brindado dinero y tecnología para hacer trampas; si además resulta que esa fuerza política bajo sospecha, una vez que gana las elecciones decide desde el Ejecutivo -quitándole su jurisdicción al poder judicial- ir contra el presidente saliente con la intención de aniquilar a la oposición, en un ánimo claro de revancha, intentando clausurar la posibilidad de que la izquierda -y los demócratas- nunca vuelva a ganar en Colombia, y olvidando que ha ganado por menos de un punto de distancia, siendo además quien lo anuncia Carlos Alonso Lucio, el responsable del “empalme” (esto es, el traslado de poderes), un estafador y prófugo de la justicia devenido pastor evangélico, la verdad es que le están poniendo muy difícil a esos 12,750.000 colombianas y colombianos que votaron por Iván Cepeda y Aída Quilcué aceptar unas reglas del juego que se están quebrando de una manera tan burda.
Antes de que el traspaso de poderes se consume, los paramilitares seguidores de De la Espriella están atacando a campesinos que habían recuperado sus tierras, se está amenazando a los profesores críticos, así como a los defensores del proceso de paz, se pretende crear de nuevo un cuerpo de paramilitares para hacer labores de policía (el llamado “Bloque de Defensa de la Seguridad Urbana”) y, como ejemplo del comportamiento execrable, están acosando a la madre y al padre del presidente Gustavo Petro, gente humilde de 83 y 92 años respectivamente, a los que la policía, para colmo, no defiende de esos energúmenos. Lo que, a su vez, demuestra que la petición de “justicia” de Carlos Alonso Lucio no tiene ninguna voluntad de tal, porque no solamente no persigue los delitos que se pueden haber cometido en su espacio ideológico, sino que demuestra con esta persecución a ancianos que lo que buscan es, como era propio del fascismo del siglo pasado, sembrar el terror e intentar disciplinar con el miedo.
Creo que, pese a todo, es muy inteligente la petición de Iván Cependa de abrir un proceso de desobediencia civil -que por su propia definición es pacífica- ante la quiebra de la Constitución que promete Abelardo de la Espriella, de la misma manera que la petición del presidente Gustavo Petro de no caer en provocaciones y no responder con nada que no sean los tribunales, las redes sociales, las calles y la comunicación ciudadana allá donde esté cada uno de esos 12,7 millones de colombianos que votaron conscientemente para no perder ni la legalidad constitucional ni la paz ni la soberanía.
El grupo de De la Espriella no destaca por su finura intelectual. Cuando se ha planteado crear desde el Pacto Histórico un shadow cabinet al estilo inglés, es decir, que el Pacto Histórico nombre un equipo que haga seguimiento de los ministros del gobierno -como si fueran unos Ministros espejo, que es lo que expresa la idea de un gobierno en la sombra– para realizar una oposición más eficaz, han creído que se trataba de un gobierno paralelo que desconocía al que nombre el presidente ultraderechista. En la misma línea, no han entendido nada de lo que significa la desobediencia civil, que es un concepto muy desarrollado del derecho constitucional que tiene tres principios. Primero, que lo que reclamas no es particular, sino que lo reclamas para toda tu sociedad; en segundo lugar, y esto es esencial es pacífico. ¿Por qué? Porque la desobediencia civil es algo pensado para los sistemas democráticos que tienen la legitimidad del grueso de la población. Por eso, la violencia se vería como terrorismo. Y en tercer lugar, la desobediencia civil asume las consecuencias de los actos. Es precisamente en la asunción de un castigo a todas luces injusto donde puede crecer la conciencia ciudadana.
Este concepto tiene una prehistoria con Platón. En su diálogo Critón, narra cómo los amigos de Sócrates sobornan a sus carceleros y le ofrecen huir la noche antes de que le vayan a obligar a beber cicuta. Es ahí donde Sócrates argumenta que las Leyes son las que le han hecho quien es, de manera que aunque la sentencia sea injusta, debe cumplirla porque ha vivido toda su vida beneficiándose del orden de la ciudad, y romper ese pacto tácito sería una traición mayor que la propia muerte. Se trataba, por tanto, de desafiar públicamente el veredicto sin huir de él, aceptando la pena como parte del propio acto político, que es justo el germen de la “asunción de responsabilidad” que, junto a la reclamación de asuntos que sean universalizables -no se desobedece civilmente para un asunto personal -y la exigencia de la que la reclamación no sea violente, configuran los tres requisitos de la desobediencia civil. Es Habermas quien, más de dos siglos después, le pone marco institucional a todo esto. moderando las posiciones de autores anteriores como Thomas Paine.
Habermas, como una persona de orden, entiende que la desobediencia civil no es una anomalía peligrosa, sino que es parte legítima de la cultura política de una democracia madura, una apelación pública a los principios de legitimidad que la propia Constitución dice defender y, por tanto, un mecanismo mediante el cual el sistema se somete a su propia autocorrección cuando los canales formales de decisión han fracasado a la hora de representar el sentido compartido de justicia. No es raro que un filósofo como Iván Cepeda haya recurrido a este concepto.
Ya hemos dicho que el bloque que ha votado por De la Espriella, a diferencia del que ha votado por Cepeda, no está cohesionado. Es una amalgama sin coser de voto comprado, voto asustado y voto engañado junto con el voto consciente del paramilitarismo, del uribismo, del anarcocapitalismo al estilo Milei, de conservadores tradicionales y de sectores a los que ya les sobra la democracia. ¿Qué es lo único que podría cohesionarles? La violencia por parte del bloque de Cepeda. Lo que, a su vez, justificaría la violencia por parte del nuevo gobierno. De manera que lo inteligente es mantenerse en la legalidad, denunciar las violaciones de los derechos humanos; por supuesto, resistir la violencia -repito, sin permitir que justifiquen la represión- y organizar de manera consistente el bloque de los 12,7 millones de Iván Cepeda para que quede evidente la correlación de fuerzas.
En Colombia, después de la toma de posesión de De la Espriella, habrá tres “poderes” en la oposición. Uno lo organizará el numeroso grupo parlamentario del Pacto Histórico, amplio, bien preparado, con experiencia y liderado con alguien de enorme valía y reconocimiento como Iván Cepeda, acompañado de un gran equipo (Quilcué, Carolina Corcho y el resto de senadores y diputados) y que ejercerá desde su espacio institucional tanto el desarrollo de su programa como la desobediencia civil a la quiebra de la Constitución y las leyes por parte del abelardismo.
Otro, para mí más relevante, lo tiene que organizar el Pacto Histórico articulándose como un partido-movimiento (no como un partido de vanguardia ni un partido vertical y jerárquico), que actúe como nave nodriza junto a las fuerzas progresistas que no quieran incorporarse al Pacto Histórico. En la organización del partido-movimiento están todas las personas que no tienen cargo institucional y quienes entienden su tarea en lo orgánico. Deben organizar los territorios, debe poner en marcha de manera democrática las elecciones regionales y municipales, debe organizar la defensa jurídica de la ciudadanía que ejerza la desobediencia civil, y debe ser el recipiente donde el vapor político de los 12,7 millones se acumule para poder producir transformaciones. No debe ser en modo alguno correa de transmisión del bloque parlamentario, sino que tiene que ir creando una cultura política democrática donde sea el partido, después de una profunda deliberación, quien marque el rumbo y al que se sometan los cargos de elección popular. Y no tiene por qué estar siempre de acuerdo con el bloque parlamentario -aunque conviene que así sea-. Por ejemplo, el partido puede tener en su agenda el proceso constituyente y no así el bloque parlamentario. O lo puede tener el Pacto Histórico y no los partidos con los que construir algo más amplio que funcione como un frente.
El tercero, que tiene connotaciones obvias propias del Ejecutivo, será lo que haga Gustavo Petro como actor político de enorme relevancia. Si el abelardismo cree que van a poder silenciarlo, se equivocan, igual que se equivocan si piensan que van a poder procesarlo con ánimo de revancha sin que el grueso de los 12,7 millones, entonces sí, se pongan en pacífico pie de guerra.
Nunca la izquierda ha tenido tanta fuerza en Colombia, al tiempo que no sé si en algún momento habrá enfrentado un reto del tamaño que tiene por delante y que amenaza con desmantelar la democracia y sustituirla por una dictadura de corte fascista autorizada por EEUU. El aparato jurídico colombiano es sólido y no se desmantela de manera tan sencilla. A Trump, gran valedor de De la Espriella y del jugador Balogun, sancionado con tarjeta roja, le crecen los problemas y es muy fácil que, si el Pacto Histórico no comete errores, pronto haya desencantados con el abelardismo que se sumarán a las filas de los que reclaman la democracia en Colombia. Al final, cuando se constate la realidad, en el abelardismo quedarán los realmente abelardistas: paramilitares, uribistas, violentos, empresarios sin escrúpulos, egoístas, gente sin escrúpulos, los pusilánimes que siguen viendo fantasmas en la izquierda y, como en todos los países, ese puñado de indiferentes a los que en la Divina Comedia condenaron a vagar eternamente en el limbo picados por avispas.
Juan Carlos Monedero
Foto tomada de: El Tiempo
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