Y dele con las importaciones de alimentos

No somos un país agrícola, lo dejamos de ser gracias no a la modernidad como suelen hacernos creer y con ello además le generaron al campo un estigma de atraso, sino al olvido, o mejor a la apuesta por una urbanización que tampoco nos ha garantizado un mejor vivir. Pero si somos un país rural. En efecto, de acuerdo con la metodología propuesta por la Misión para la Transformación del Campo (2014) y con datos censales del DANE, se puede obtener que el 84.7% del área del país corresponde a municipios categorizados como rural (373 municipios y el 19.8% del área) y rural disperso (318 municipios y el 64.9% del área). 314 municipios están considerados como intermedios (el 8.9% del área) y 117 son considerados Ciudades y aglomeraciones que ocupan el 6.4% del área del país. A esto hay que sumarle que en las ciudades grandes e intermedias la ruralidad es también una realidad que pervive y cohabita, es decir, lo rural y lo urbano lejos están de ser realidades ajenas, ellas reflejan las características y particularidades de los territorios que conforman. Somos un país rural, con las políticas públicas y las grandes urbes de espaldas a sus realidades.

Así, y aún a pesar de los esfuerzos realizados por las economías campesinas, los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios por garantizar una oferta interna e incluso exportable, las vicisitudes de las políticas públicas, en particular lo permitido desde las negociaciones de los tratados de libre comercio, han expuesto a unos y otros a una feroz competencia con bienes importados.

En efecto, las importaciones del país presentaron por razones de la pandemia un descenso significativo durante el período enero – noviembre de 2020 frente al mismo período de 2019, del orden del -19.1%, aunque es explicado fundamentalmente por la caída en las importaciones manufactureras que dan cuenta del 74.3% de este comportamiento. Otro 24.4% es explicado por la disminución de las importaciones de combustibles. Ahora las importaciones agropecuarias solo decrecieron el 1.7%, prácticamente permanecieron constantes.

El 78% de las importaciones agropecuarias son de alimentos, donde sobresale la importación de cereales que representa el 40% de este grupo de importaciones. Llama también la atención que el 16.6% de estas compras son pienso para animales, el 10.5% legumbres y frutas y el 8.6% son pescados. En definitiva, son cerca de 5.000 millones de dólares que el país podría estar potenciando en las producciones internas, pero que ha optado por comprar en los mercados globales, marchitando la producción nacional y con ello la viabilidad del campo colombiano.

Casos particulares han sido las importaciones de maíz, un producto básico en la dieta colombiana, del cual se importa 3.6 veces de lo que se produce. En cebada se importa 50 veces lo que se produce. Trigo se produce 283 veces menos de lo que se importa. En arroz las cosas son por ahora diferentes, las importaciones reactivamente bajas frente a la producción nacional, se calculan en el 7%, no obstante, hay puestas diferentes alarmas ya que, a raíz de la liberación paulatina por los tratados, incluso por los términos que se tienen en la Comunidad Andina de Naciones, los años venideros pueden ser de alto riesgo para la producción colombiana, las importaciones desde Estados Unidos y desde Ecuador vienen creciendo de manera importante. En las cifras no se han puesto de acuerdo ni gremios ni dignidad arrocera ni el Ministerio de Comercio Industria y Turismo,

Lo cierto es que son miles de familias que producen y trabajan en la producción y comercialización de alimentos, de frutas, verduras y cereales, que cada vez más pierden la batalla comercial ante los bienes importados, que no solo cuentan con mejores condiciones de productividad en sus países de origen, sino que las políticas públicas les garantizan mejores posibilidades e incluso cuentan con la favorabilidad del tipo de cambio, sin que las autoridades colombianas actúen de manera categórica.

Recorrer el país alentando a productores, asociaciones y gobernantes locales en torno a las producciones agropecuarias, va dejando diferentes sentimientos: primero, las ganas de nuestros productores de seguir haciendo la tarea, esperando un acompañamiento que mejore sus condiciones de productividad y lograr mejores estándares de competitividad en los mercados. Segundo, las limitaciones de los gobernantes locales, que van desde técnicas financieras e incluso logísticas para apoyar a los productores. Tercero, las buenas voluntades de las gobernaciones e incluso de las entidades del orden nacional, que se van quedando en solo buenas voluntades mientras los tiempos van pasando. Cuarto, un empresariado del campo y de la comercialización dispuesto a apostarle a la ruralidad como una opción viable y posible para un país en progreso y con deseos de construir una paz duradera.

Todo esto nos deja con la responsabilidad de contribuir a comprometer al país, a las ciudades, a los hacedores de política, a los productores, comercializadores y consumidores, en un gran pacto nacional por la ruralidad, en defensa de la producción nacional, de las economías campesinas, de los circuitos cortos, verdes y sustentables. Un pacto nacional que revindique la vida productiva y social en la ruralidad, que dignifique la vida rural, el empleo decente, que haga posible la educación rural de calidad, el cuidado de la naturaleza, que trabaje en pro de la seguridad y la soberanía alimentaria y con todo esto la paz en los territorios que ya bastante de guerra, pobreza y desigualdad han tenido que soportar.

Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales. Universidad de La Salle

Foto tomada de: Efeagro