El uso de esta lúgubre enseña simbólica no es sorpresa en un país en el que, desde mediados de la década de los cuarenta del siglo pasado, la violencia política ha dejado alrededor de nueve millones de víctimas, entre las que se cuentan cinco candidatos presidenciales y casi toda la militancia de un partido político, la Unión Patriótica, cuyos pocos sobrevivientes forman parte hoy de la coalición que por primera vez en Colombia llevó a un líder de izquierda, Gustavo Petro, a la presidencia de la República.
Evoca los cerca de trescientos mil muertos de la época de la confrontación bipartidista en la que, enervados por el odio y arrastrados por sus dirigencias, conservadores y liberales hicieron de la muerte un festín y acudieron a todo tipo de prácticas para salir de aquellos a quienes, antes que contradictores, consideraron enemigos a los que había que liquidar. Evoca también los otros tantos miles de muertos que ha dejado la confrontación con las organizaciones insurgentes -ya algunas desmovilizadas-, surgidas en su mayoría durante el llamado periodo del Frente Nacional, como respuesta a la proscripción de que fueron objeto cualquiera de las fuerzas políticas no inscritas bajo la égida bipartidista, que ha sido tal cual la égida del establecimiento.
De manera que lo ocurrido en la marcha es una muestra de los trazos que todavía quedan de esa escisión heredada de la llamada época de La Violencia en Colombia, en cuyos imaginarios navega todavía el subconsciente de muchos colombianos. Vale decir que para algunos puede que se ubique realmente en el más puro nivel de su conciencia. El asesinato recurrente de líderes sociales, comunales, ambientales, firmantes del Acuerdo de paz y defensores de derechos humanos, para nombrar solo unos de los más considerados no afectos al establecimiento, sigue dando cuenta de ello.
Quienes acompañaban a los cargueros del féretro coreaban la consigna de “Petro, en serio, te vas pal cementerio”, expresada con un don tan natural que parecía un simple cántico de infantes, sin advertir el mensaje tremendamente violento que estaban promoviendo. Cuesta entender que en una marcha en la que se proclamaba la defensa de las instituciones se haga un llamado, así sea simbólico, a matar al presidente de la República. Desdice totalmente de lo que se proclamaba como una marcha pacífica y en la que se han ufanado en destacar el comportamiento cívico de quienes concurrieron. Nada más contrario a lo que realmente ocurrió.
La marcha, totalmente legítima como corresponde en un sistema democrático, contó con el respeto absoluto de parte del Gobierno. No fue este el caso de lo ocurrido en gobiernos anteriores, que estigmatizaron y criminalizaron la protesta social, respondiendo a las manifestaciones con el uso indebido y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades militares y de policía. Basta solo recordar el más de un centenar de jóvenes asesinados y otros tantos mutilados ocularmente durante las jornadas de protesta ocurridas entre los meses de abril y junio de 2021, durante el gobierno de Iván Duque, para tomar solo el caso más reciente y lamentable.
Colombia es un país en donde la violencia ha estado siempre imbricada en su historia y ha sido fácilmente acogida por una dirigencia tozudamente negada a que se impriman los cambios durante tanto tiempo aplazados, lo que explica en buena medida las razones de la confrontación de la cual pareciera imposible salir.
Es la misma dirigencia a la que la sola idea de que alguien ajeno al establecimiento pueda llegar a las más altas instancias del poder la mantiene estresada y le suena delirante, en tanto no concibe otra cosa que la fidelidad al viejo orden, hecho a su medida. Es al fin y al cabo la sustancia de una premisa antidemocrática, en la que cualquier opción diferente se considera un exabrupto, el riesgo de un salto al vacío o la inminencia de un fracaso. Nada nuevo es posible, ni siquiera pensable.
Fue esa la lógica establecida desde mediados del siglo XIX, cuando alrededor de los intereses de comerciantes, terratenientes, caudillos, familias y castas locales y regionales tuvo su origen la conformación de los partidos tradicionales que, aunque difuminados hoy en otras colectividades partidarias, siguen siendo en esencia los mismos. Vino viejo en odres nuevos.
Dentro de ese universo la violencia tomó visos de naturalización e identidad y terminó siendo un instrumento útil y la vía más expedita para el acaparamiento de tierras, la extracción de rentas legales e ilegales, la apropiación de los presupuestos públicos, etc., además de cumplir su función como soporte y fuente de legitimación de las hegemonías y estructuras de poder, también legales e ilegales, que dominan en los territorios. Fue así como se impusieron las reglas de juego y como otras fuerzas políticas y formas de representación quedaron condenadas al destierro o listas para ser llevadas y exhibidas en cajas mortuorias.
Proclamar la muerte del presidente de la república, así sea con una manifestación alegórica, fue un hecho tan propio del paisaje como, en el caso de Bogotá, los árboles tocados por la lluvia que iban quedando atrás con el paso de la marcha. Es la puesta en escena de ese híbrido que somos de ufanos celebrantes de la democracia y de la vida, al tiempo que danzantes acuciosos de la negación del otro y de la acogida sin rubor a la paz perpetua de los cementerios.
Es, finalmente, el reflejo de una sociedad a la que le ha costado dar forma a otro tipo de hitos integradores, a nuevos referentes de identidad, que permitan que se abran espacios en los que el valor y la defensa de la vida y no la negación o eliminación del otro den lugar a formas de convivencia en las que justamente ser, pensar, creer y tener historias y pertenencias políticas distintas sea el sustrato fundante del ejercicio de la libertad y de un nuevo país en el que, en las marchas, los féretros al hombro no sean propiamente los que simbolicen la manera de diferenciarnos; y sobre todo de entendernos.
Orlando Ortiz Medina, Economista-Magister en Estudios políticos
Foto tomada de: Eltiempo.com
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