En el actual periodo legislativo que se inició este 20 de julio la discusión y aprobación de algunos de los temas del acuerdo de desmovilización de la guerrilla de las FARC sobre la base de una agenda marcadamente rural que se encuentra en proceso de implementación será de extraordinaria importancia para la consolidación de la misma.

Parte de los asuntos importantes que determinaran que este proceso de paz no esté lleno de incertidumbres tiene que ver con la voluntad política de aprobar temas en materia de seguridad a la vida para los excombatientes a partir de la discusión de un esquema de seguridad que permita la incorporación de algunos de sus hombres a la Unidad Especial de Protección como escoltas de sus propios jefes políticos a fin de minimizar los riesgos que otrora facilitaron la masacre de la Unión Patriótica; otro tema será lo referente a la seguridad política para el ejercicio democrático electoral a partir de la aprobación de una circunscripción especial de paz en más de 170 municipios afectados directamente por la ausencia del Estado y la negligencia de los partidos políticos, que han permitido que las relaciones políticas en esas zonas periféricas se hayan mediado en el marco de la ilegalidad y la corrupción de múltiples actores armados; y finalmente, será de fundamental importancia la aprobación del tema de la seguridad jurídica que permitirá la puesta en marcha de la llamada Justicia especial para la paz a través de la ley estatutaria que reglamentara dicha instancia.

Todos estos asuntos temáticos que son el corazón del proceso de desmovilización son los que animaran este round venidero en el Congreso Nacional entre los amigos de la consolidación del proceso de paz y sus opositores, y que seguramente determinaran si la paz tiene un rumbo de incertidumbres mayores o de certezas de esperanzas venideras de un mejor país.

Ahora bien, no hay que olvidar que la violencia política post frente nacional trastocó la estructura demográfica del país y transformó sustancialmente las proporciones campo-ciudad. La gran masa de campesinos que huyeron y huyen a las ciudades aún continúan conformando grandes sectores de la llamada economía informal y cordones de miseria alrededor de las grandes ciudades, generando barrios de invasión; es decir, el conflicto de la tierra y la violencia se trasladó a las ciudades como forma de violencia estructural, con todas sus secuelas de hambre y desempleo, y aumentó las falencias y vicios propios del sistema capitalista.

El crecimiento poblacional en las urbes por causa de la violencia ha generado “ciudades dentro de la ciudad”: Siloé y el Distrito de Agua Blanca, en Cali; Ciudad Bolívar en Bogotá; la comuna nororiental en Medellín, y barrios de miseria en el Tolima; en la mayoría de ciudades intermedias así se evidencia; son poblaciones que han visto alterado su crecimiento urbanístico.

La ciudad de hoy implica entonces para los nuevos moradores una necesidad vital de ser reconocidos como individuos urbanos; ese carácter de ciudadano urbano requerirá por lo menos acceder a todas o a una parte de las lógicas de las relaciones políticas y sociales que se viven en las democracias de las grandes urbes. Lo anterior significa que más allá de la paz rural que se pueda lograr a partir de la implementación de los acuerdos de la Habana en materia de tierras y lucha contra la pobreza rural, las tareas de gran importancia a la que se deberá dedicar todo el esfuerzo del Estado en el marco del llamado posconflicto en los próximos años será también en función de consolidar una Paz Urbana.

El aumento de la violencia urbana ha generado un espacio de hábitat actual de ciudadanos enemigos que conviven en medio de ciudades que los representan como peligro y los anonimiza, los excluye de sus lógicas; lo que hace que se incentive en los sectores urbanos marginales una cultura de la reivindicación social y de legitimación como ciudadanos sujetos de derechos a partir de la protesta cívica, y en muchos casos, de manera creciente, por medio de actos delincuenciales de pandillas que muchas veces expresan situaciones de exclusión y discriminación. Conductas violentas frente a una sociedad supuestamente definida en mayores niveles de ciudadanía y cultura.

Otro elemento que ha incrementado sustancialmente la violencia urbana es el fenómeno creciente del micro trafico como una dinámica delincuencial de búsqueda de nuevos consumidores a través de la ampliación de mercados para el consumo de estupefacientes abarcando fundamentalmente los centros escolares de grandes y medianas ciudades. Frente a esta estrategia de ampliación de mercados ilegales del micro tráfico en las ciudades se debe diseñar una gran estrategia de protección del entorno juvenil y escolar, y de disuasión y judicialización de los actores criminales que envenenan nuestra juventud.

De tal manera que, hoy en Colombia tanto la llamada violencia política como la llamada violencia social de carácter estructural deben llevar implícitos unos escenarios que posibiliten su superación de manera civilizada en el marco de la creación de Paz Urbana, que no deben ser otros que los que se construyen mediante el proceso de concertación entre las comunidades y el Estado a fin de lograr implementar políticas públicas que logren superar los retos de las desigualdades sociales, causas de la violencia estructural, y que, por supuesto, permitan avanzar en el diseño de estrategias de paz para superar el conflicto violento de las grandes ciudades que complementen la lucha contra la violencia rural en el marco del llamado posconflicto.

Contribuir a la construcción de una Paz Urbana implica comprender que la protesta cívica y el desarrollo del movimiento social urbano no pueden ser sometidos a un tratamiento de orden público. El Gobierno debe renunciar a apelar a la represión y a una política de tierra arrasada, y exhortar a los gobiernos locales y del ejecutivo nacional a resolver las reivindicaciones de las protestas cívicas por la vía del diálogo y de la implementación de políticas públicas.

Lo más significativo en el pasado con la política represiva fue que se privilegió el tema del manejo del orden público en Colombia, desde un punto de vista negativo, que llegó a conseguir que la guerrilla privilegiara la lucha armada como respuesta a la violencia institucional; lo que conllevó a desestimular la organización de la protesta y la lucha popular y social en el marco de la legalidad. Dicho de otra forma, se militarizó desde el Estado y desde la izquierda armada la protesta ciudadana, lo que de alguna manera fue tomado como un nuevo pretexto para que se incrementara la criminalización de la oposición democrática.

El gran reto del posconflicto es entonces resolver las grandes incertidumbres que afronta el proceso de paz de la Habana en materia de seguridad para la vida de los excombatientes, de la seguridad política de construir una circunscripción electoral en la periferia política colombiana que estimule la participación política legal de esas comunidades; y de la seguridad jurídica que permita lograr un juicio justo frente al horror de los crímenes cometidos en estos años de violencia por los diversos actores armados, y a partir de allí, avanzar en la discusión y construcción de una agenda nacional para entrar a trabajar en la construcción de una urgente paz urbana que nos permita a todos los colombianos de nuevo vivir de manera democrática la ciudad.

HECTOR ALONSO MORENO: Profesor Universidad del Valle.

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