1. Concurrencia de los recursos de inversión
En el 2024 la suma total de los recursos destinados a la inversión es significativa, y llega a $224,5 billones.
Este monto resulta de sumar $99,9 billones del Presupuesto General de la Nación (PGN), más los $70,5 b del Sistema General de Participaciones, más $14,1 b del Sistema General de Regalías (SGR), más $40,1 b de la inversión de las ciudades y los departamentos.
Esta agregación de la inversión muestra que la concurrencia de recursos representa una suma relevante. Ente el total matemático de los montos disponibles para la inversión y la concurrencia en los proyectos de inversión hay una asimetría notable. En la realidad es muy difícil que el gobierno nacional se ponga de acuerdo con los alcaldes y gobernadores, de tal manera que los diferentes recursos confluyan hacia proyectos de inversión de carácter estratégico. El gobernante local difícilmente evita la tentación de utilizar sus recursos de inversión en proyectos locales y pequeños. Estas obras que le dan visibilidad frente a sus votantes, no contribuyen a la concurrencia de recursos.
Además de los aspectos relacionados con la subjetividad del gobernante, también son evidentes los obstáculos institucionales, que limitan las posibilidades de concurrencia. Falta coordinación entre los ministerios, y entre éstos y las administraciones locales. Son evidentes las fallas en la articulación de las inversiones. No existen programas estratégicos que obliguen a la concurrencia de recursos. Las ciudades y los gobernadores son autónomos en sus decisiones de inversión, y la normatividad de las regalías no favorece la concurrencia. Todo lo contrario, favorece la dispersión de los recursos en pequeños proyectos de carácter local. La mayor parte de las regalías se han repartido como en una piñata.
En la concurrencia tienen que participar los ministerios de manera activa. Las transformaciones que se proponen el Plan de Desarrollo superan la fragmentación sectorial.
2. Regionalización de la inversión
No conviene “departamentalizar” la inversión, sino que se deben buscar mecanismos de coordinación alrededor de proyectos regionales. La distribución por departamentos no permite reconocer el impacto inter-departamental de proyectos como la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) Canoas, o la vía Villeta-Guaduas, o el dragado del puerto de Buenaventura. Estas inversiones corresponden a objetivos de carácter nacional, y no tiene sentido adscribirlos a un departamento.
En el mapa se observan la distribución de la mayor parte de las inversiones del PGN en el 2024. Se incluyen $75,8 b. La distribución de la inversión por regiones muestra tres hechos.
El primero es la reducción de la inequidad. Entre el 2023 y el 2024 se observa un aumento considerable en Amazonía (61,7%), Orinoquía (47,7%) y Pacífico ($31,2%). Mientras tanto, en Bogotá el aumento fue de 6,7%, y en la zona Andina de 20,44%.
El segundo es la importancia del monto absoluto. En el 2024 en la Amazonía y la Orinoquía, el monto de la inversión es superior a los $4 billones.
Y el tercero, es la necesidad de la concurrencia. Si estos dineros se administran bien, alrededor de proyectos estratégicos, se avanzará en la reducción de las brechas regionales y sociales. Por esta razón es fundamental que los gobernadores y alcaldes trabajen de manera articulada.
3. Definición de proyectos estratégicos
Si el proyecto supera la dimensión departamental, se debe buscar que sean de naturaleza estratégica. Algunos ejemplos de estos programas podrían ser: i) Actualización de todas las Ptar. Este propósito valdría $21 b. ii) Acueductos en todos los municipios del país. iii) Proyecto biodiversidad en el litoral Pacífico. Su valor podría ser de $2 billones.
Estos proyectos se pueden articular alrededor de los llamados pactos territoriales, que permiten aunar recursos con criterios regional y multisectoriales.
Jorge Iván González
Foto tomada de: El Pilón
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