La población de esos barrios populares está constituida en su gran mayoría por personas provenientes de áreas rurales de municipios caucanos o departamentos vecinos. Unos pocos individuos son de la ciudad o veredas cercanas. La gran mayoría son integrantes de familias desplazadas por la violencia o por la pobreza extrema.
Antes de la pandemia y del confinamiento obligatorio obtenían sus ingresos de la economía informal. Son vendedores ambulantes, moto-taxistas, trabajadoras domésticas, obreros de la construcción y otras actividades similares. Su nivel de vida es precario y su futuro incierto.
Después de organizarse alrededor de los “huertos comunitarios de emergencia” que sirvieron para llamar la atención y obtener algunas ayudas solidarias, las familias integrantes de ese esfuerzo colectivo aspiran a convertirse en productores de su propia comida y en recicladores de residuos orgánicos. Es una apuesta por rehacer sus vidas y enfrentar un mundo en crisis que les ofrece y amenaza con la esclavitud moderna y/o la indigencia camuflada.
Han ideado un proyecto que consiste en producir simultáneamente peces (tilapia roja) y hortalizas mediante la técnica de aguaponía familiar y urbana, y se están organizando para transformar los residuos orgánicos que genera la población en abonos para sus huertas caseras. Ya están montado dos (2) pilotos del proyecto para generar un efecto demostrativo y conformar una primera asociación con las primeras 90 familias.
Lo llamativo del proceso es que el liderazgo lo ha asumido un grupo de mujeres relativamente jóvenes. Ellas quieren dejar de ser trabajadores dependientes y sueñan con convertirse en “prosumidores” (Rifkin), productores y consumidores a la vez. Su meta es construir una economía relativamente autónoma, que cuente con sus propias fuentes de energía y se apropie de la cadena productiva para eludir los intermediarios que son los que finalmente se apropian del fruto de su trabajo.
Poco a poco, en la medida en que el proceso se ensancha y fortalece van apareciendo conflictos de mayor dimensión. La lucha contra los monopolios privados que se apoderaron desde los años 90s del siglo pasado (XX) de los servicios públicos se les apareció de frente. Las tarifas y costos de la energía eléctrica, agua potable, gas domiciliario y aseo se han incrementado en medio de la pandemia y el confinamiento, la inconformidad general crece y los grupos “en movimiento” se convierten en referentes de coordinación y lucha.
También deben enfrentar las condiciones de ilegalidad de la propiedad de los predios en donde se instalaron estos barrios, surgidos de la acción de urbanizadores piratas que utilizan a funcionarios corruptos para estafar a gente humilde que “invierte” sus escasos ahorros en comprar un “lote” que es entregado con un falso título de propiedad.
De esa manera, la vida obliga a esas comunidades a enfrentar otros problemas acumulados. La alianza que se formó en Popayán desde hace 25 años entre los transportadores y terratenientes sigue “ordenando” la ciudad en favor a sus intereses. Grandes proyectos inmobiliarios en extensos “lotes de engorde” ubicados estratégicamente están en el eje de sus planes. Por ello se niegan a “formalizar” los asentamientos de familias humildes porque son un estorbo para sus negocios. Aspiran a desalojarlos con cualquier excusa. Rechazan la reforma urbana del suelo y se niegan a democratizar la propiedad de la tierra que es el paso necesario para poder realizar programas de vivienda para arrendatarios y gentes de bajos ingresos.
En medio de la pandemia han surgido iniciativas para desmontar los símbolos del poder de la antigua aristocracia payanesa y caucana (pinturas y estatuas de conquistadores españoles y próceres criollos de la independencia) siguiendo el ejemplo de otros pueblos del mundo que están tumbando los íconos que representan el esclavismo, el racismo y la discriminación social. Los movimientos sociales locales empiezan a visualizar esas acciones simbólicas y la tarea está a la orden del día.
Este proceso de organización de los barrios del norte de Popayán muestra los desafíos que los sectores populares tienen en medio de la crisis sistémica que vive el mundo del capital, que se manifiesta no solo en los centros metropolitanos sino en la periferia colonial y dependiente.
El reto es grande. Ya algunas mujeres representaron al movimiento de la “agricultura urbana” en una marcha de protesta que se organizó el pasado 18 de junio en Popayán. Es la primera vez que participan en una actividad de ese tipo y con disposición natural y rebeldía a flor de piel se pusieron al lado de estudiantes, sindicalistas y otros sectores sociales.
Orgullosas y valientes portaban una hermosa y vistosa pancarta que decía: “No queremos más limosnas… ¡Queremos trabajar!”.
La idea que está naciendo es desarrollar un fuerte “movimiento social”, con auto-gobierno, auto-gestión económica y nuevo sentido cultural y político. ¡Recién empezamos!
Nota: La información sobre esta experiencia comunitaria se puede obtener en https://www.facebook.com/Agricultura-Urbana-Barrios-Norte-de-Popay%C3%A1n-La-Paz-y-otros-111398423888137/?modal=admin_todo_tour
Fernando Dorado
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