Es desolador y apocalíptico el paisaje de la ciudad, la cual recorrimos los días 5, 6, y 7 de septiembre.
Los daños son descomunales; el histórico edificio Marulanda en la Plaza de Bolivar murió para la vida urbana de la ciudad. No se puede reconstruir afectando duramente la identidad de los pereiranos.
El terremoto impactó el patrimonio, el ahorro y al empleo local. En Pereira están registradas 22 mil negocios comerciales, de los que 13 mil están en los espacios más destruidos como las comunas Centro, Universidad y Cuba. Son el 62% de todas las 32 mil empresas que cubren 153 mil empleos, 5 de cada una (Universidad Tecnológica, 2026), y siendo micro negocios el 94%. Esta malla se afectó profundamente en los dos minutos y segundos que duró en terremoto y será el centro de una crisis que ya es una realidad que debe intervenirse y reconstruirse con la participación de todos.
A hoy, se calcula en 12 billones la inversión necesaria para reconstruir la ciudad. Reconstrucción que el gobierno de Abelardo ha dicho estará a cargo de un Fondo Milagro que se ha anunciado, pero no se concreta en una plataforma jurídica e institucional.
Después de un mes del terremoto, aún no está claro cuál será el dispositivo institucional y administrativo para la reconstrucción que, a mi juicio, no debe ser un calco del Forec pues, con este se desconoció la autonomía municipal y departamental en el Eje Cafetero y el norte del Valle en 1999.
Hay mucho anuncio, mucho titular emitido por Abelardo, pero los arriendos siguen por las nubes, las carpas están ahí, las victimas del cismo no reciben la ayuda indispensable y la desesperación crece.
12 billones son un platal y una tentación muy grande para las mafias de la corrupción que en Pereira han protagonizado grandes escándalos como el de la remodelación del Aeropuerto Matecaña y su concesión a los Solarte; como el de la Avenida de los Colibríes y el de la salud municipal, objeto del más descarado saqueo que demandan la organización urgente de una Auditoria forense en los términos del decreto 1600 del 2024.
Los dineros de la reconstrucción de Pereira y de Risaralda requieren la mayor transparencia, para lo que se requiere una activa participación ciudadana (ley 1757 del 2015) para adelantar un eficaz control social sobre la inversión y los proyectos correspondientes.
En ese sentido, con varios compañeros de Pereira organizamos la Veeduría ciudadana “Reconstrucción de Pereira con Transparencia”, debidamente registrada en la Personería Municipal para adelantar la vigilancia, el seguimiento y la trazabilidad de las inversiones que haga el Fondo Milagro de Abelardo.
La Veeduría ciudadana recurrirá a todos los instrumentos y herramientas de ley para blindar los dineros de la reconstrucción. Me refiero a los derechos de petición (PQR), las acciones de tutela, las Auditorias visibles, las Auditorias comunitarias, las Auditorias forenses, los Cabildos abiertos, las Audiencias públicas, las rendiciones de cuentas, el Estado abierto, los Códigos de debida diligencia, de conflicto de intereses, de integridad, el SARLAF (lavado de activos), Codigo Antisoborno y los Programas de Transparencia y Ética Publica que deben acreditar las entidades públicas y las empresas privadas contratistas.
No se trata solo del control a la inversión que adelante el Fondo Milagro y su Gerente para Pereira, la gobernación de Risaralda, la Alcaldía de Pereira y las del Área Metropolitana. La reconstrucción va incidir en el “nuevo modelo urbano” de Pereira, que debe surgir con la reforma del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la cual debe adelantarse dentro de la mayor transparencia para evitar “chanchullos” con la determinación de los nuevos usos del suelo, con el volteo de tierras en la incorporación de nuevos predios al perímetro urbano, con los procesos de loteo, con las maniobras para la gentrificación de importantes núcleos urbanos, con la densificación, con la expansión urbana, con la vivienda de interés social y con el papel de las corruptas curadurías urbanas.
La reconstrucción de Pereira no puede terminar siendo el gran negocio de las empresas e inversionistas inmobiliarios. La misma debe adelantarse pensando en el bien común de los 510 mil habitantes de la capital risaraldense.
La reconstrucción debe dar pie, por lo demás, a la constitución de una subjetividad política muy sólida en la que participen las víctimas del terremoto, los destechados y los miles de inquilinos que reclaman el derecho a una vivienda digna.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: El Colombiano
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