El contenido duro de este proyecto es que el peso del Estado caerá sobre todas las estructuras armadas ilegales que el proyecto las define como estructuras terroristas a la usanza del más vulgar trumpismo al cual se asocia el Showman Abelardo de la Espriella. Este es el primer exabrupto del proyecto. Dice el artículo tercero del mismo: “Se entenderá por actores armados o terroristas toda organización, grupo o estructura que, con independencia de su tamaño, de su capacidad militar u operativa o de su grado de incidencia frente a la Fuerza Pública, cumpla funciones relevantes en un sistema de economías ilícitas y, por es vía, cometa o tenga la capacidad de cometer actos terroristas, afectar gravemente el orden público, comprometer la seguridad ciudadana, alterar la convivencia pacífica o vulnerar los derechos de la población civil, en los términos establecidos en la ley 1908 de 2018 o demás normas que la reglamenten, aclaren o adicionen o sustituyan”.
Para el gobierno del Showman Abelardo todas las organizaciones armadas ilegales son grupos terroristas y con los grupos terroristas no se negocia, se les amenaza con hacer caer todo el peso de la ley y de la fuerza armada del Estado sobre ellas. Eso es loque dice el proyecto y el gobierno espera que en un lapso de 90 días todas esas estructuras armadas se sometan a la autoridad estatal. Quienes se sometan tendrán una rebaja del 50% de las penas de los delitos por los cuales se les acusará para todos los combatientes de base, para los dirigentes de las estructuras armadas solo tendrán una rebaja del 30% de las penas y en todo caso esas penas no pueden ser inferiores a 10 años de cárcel para esos dirigentes de los actores armados ilegales.
El gobierno del Showman Abelardo cree que con esa amenaza todos esto actores armados acudirán en los próximos noventa días a la Fiscalía y al gobierno, entregarán las armas, se someterán a la justicia y de esta forma se recuperará para el Estado los territorios en los que ejercen sus actividades criminales. Ocurrirá entonces un milagro y estas estructuras armadas por la amenaza del gobierno y del Estado se rendirán sin ningún beneficio adicional a la rebaja de penas que es lo que contempla este proyecto de Ley. Es obvio que estas estructuras armadas que no han podido ser derrotadas militarmente durante los últimos sesenta años como es el caso del Ejército de Liberación Nacional, ELN, o unos treinta o cuarenta años de las organizaciones ligadas a los grupos paramilitares y por supuesto que no se someterán a la ley y a la Constitución.
Lo que si ocurrirá es que se agudizará la confrontación armada, crecerá el número de muertos en ambos bandos, se agudizará la crisis de los derechos humanos en aquellas regiones que tienen una fuerte presencia de estos actores armados y sufrirán como siempre las poblaciones civiles que viven allí, todo ello se complementara con las fumigaciones sobre los cultivos de coca y la persecución a la minería ilegal, es decir, en toda la línea volveremos a lo que el país ha vivido bajo estas políticas que no son nuevas, son las mismas que pusieron en marcha gobiernos como los de Turbay Ayala, Álvaro Uribe e Iván Duque al final como ocurre con el 80% de los conflictos armados en el mundo se retornará a las negociaciones solo que después de decenas de miles de muertos y de afectación y empobrecimiento de las comunidades que viven en esos territorios.
Pero el proyecto trae además algunas perlas y una de las principales son los beneficios que ofrece a los lavadores de activos y a los testaferros del narcotráfico que entreguen voluntariamente sus fortunas. Originalmente el proyecto ofrecía para ellos solo un año de cárcel, fue tan duro el cuestionamiento de la oposición a esta dádiva para los narcotraficantes, que en la ponencia aprobada para el debate en las plenarias de Cámara y Senado, esta pena se elevó a tres años. El numeral 5 del artículo 66B que versa sobre el tratamiento penal diferenciado para quienes se sometan a la Constitución y a la Ley decía: “Transcurrido un año de la ejecución de la pena, suspensión condicional de su ejecución a los colaboradores de los actores armados ilegales que hayan participado de los delitos de lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, siempre y cuando entreguen los bienes producto de las acciones ilícitas y se comprometan con medidas verificables de justicia restaurativa”.
Pero el proyecto adolece de otras fallas que hará muy difícil que pase el examen de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Uno de los temas es que deja demasiadas funciones al gobierno y justamente fue la parte de la ley 2272 de 2022 llamada la ley de la Paz Total que la Corte declaró inexequible porque según dijo la Corte en un fallo sobre esa materia es el Congreso de la República quien debe en la ley hacer las precisiones sobre los diversos actores armados y sobre el sometimiento a la justicia.
Esta ley lo que quiere es perpetuar la guerra, la confrontación armada. Es más de lo mismo, de la extrema derecha en los gobiernos que fracasó con Turbay Ayala, fracasó con Uribe y Duque y fracasara con el Showman Abelardo, no tengo dudas al respecto.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: El Espectador
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