“La relación con el Congreso ha mejorado y las expectativas pueden crecer. Encontré un Congreso adverso al Gobierno y un Congreso que no tenía comunicaciones.” Armando Benedetti, ministro del Interior.
Aunque el primer No del Senado desconoció la consulta popular, el llamado “Decretazo”, Petro cumplió con lo prometido días antes: “dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular…el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo.”[1]
Petro había señalado en aquel fin de semana anterior al 24 de junio, que el texto final no había llegado a su despacho para sancionarlo. Responsabilizó a Efraín Cepeda por la demora. Éste señaló a su turno, que el retardo provenía de que la Cámara no había remitido el documento final.
Entretanto, la demanda contra el decreto de la Consulta Popular continuó su curso natural en la sección quinta del Consejo de Estado. Esta decretó medidas cautelares, mientras el Consejo decidía de fondo, arrogándose de paso la competencia que es exclusiva de la Corte Constitucional. Esto lo recordó Eduardo Montealegre, polémico ministro de justicia, en diferentes escenarios de opinión pública.
En respuesta a su afirmación, la W emisora de Caracol Radio inauguró un show mediático con el jurista Mauricio Gaona, campeón circunstancial importado de las fuerzas de oposición al gobierno del cambio. La “intempestiva” estrella de Prisa/ Caracol Radio/W, en el tinglado preparó Julito Sánchez hizo su debut, y obtuvo récord de audiencia nacional. Ahora el grupo Prisa convirtió a Gaona en influencer regular en la misma radio que lo lanzó al estrellato desde las aulas universitarias internacionales.
Pero, la historia no terminó aquí. Después, la amenaza del decretazo tuvo efecto. A regañadientes se aprobó la reforma laboral, luego de resucitarla de los cajones de la comisión séptima del Senado, el socorrido sepulturero de las reformas sociales de esta administración. Mientras tanto, la aprobación de la reforma pensional para se volvió el nuevo dolor de cabeza. Por segunda vez fue devuelta por la Corte Constitucional, que exige a la bancada de gobierno que tiene que haber el debate en el Congreso, porque sigue sin surtirse.
Entonces, en semejante clima, el presidente Petro no renuncia todavía al “san benito” del proceso constituyente. Con más razón ahora cuando el bloque de la guerra pone también a caminar un referendo para acabar con el Acuerdo de Paz,[2] y abonar el terreno electoral de 2026.
Porque, a la fecha, en esta coyuntura, la primera línea la ocupa en la agenda gubernamental la aprobación del presupuesto para el año 2026. A la vista está, pende, igualmente, la hipoteca que padece la economía pública; aquejada de las deudas de administraciones anteriores, y del bloqueo sufrido en el Congreso.[3] El peaje lo impone la mayoría opuesta al curso reformista del orden semifeudal colombiano, como de vez en cuando lo califica el economista presidente.[4]
El fantasma Constituyente alza de nuevo el vuelo sobre las cabezas de los congresistas remisos. Ahora con más fuerza, porque se suman el trámite aprobatorio de la reforma de la salud, que fue la piedra de toque al inicio del paquete reformista,[5] cuya ejecutoria define el tono neoprogresista de mayor alcance y cubrimiento al programa de gobierno votado por la mayoría ciudadana.
Antes la potencia constituyente tendrá que sortear dos obstáculos mayores: la economía con la aprobación del presupuesto 2026, y la seguridad individual y colectiva en el año de cierre. La trinchera es un Congreso, donde las mayorías se alinean a conveniencia con los congresistas de la reacción y la derecha, que, sin embargo, hace ineludibles cálculos electorales. Más envalentonado está este bloque proclive a la guerra interna, cuando amenaza con las acciones descertificadoras de Trump y la movilización de fuerzas de tierra, mar y aire con la disposición de intervenir militarmente en la vecina Venezuela, cuando el gobierno de Nicolás Maduro pronto celebrará nuevas elecciones, sin que le reconozcan legitimidad alguna.[6]
El otro obstáculo es en materia de seguridad, la casamata desde la que se dispara el fuego enemigo del Centro Democrático, cuando se alcanzó un tope coyuntural con el atentado homicida contra el senador Miguel Uribe. El clímax se produjo después que batalló por sobrevivir al disparo mortal que recibió.[7] Al producirse el deceso, la oposición trató de sacar el máximo provecho construyendo narrativas que culpabilizaron al gobierno del cambio y al Acuerdo de Paz.
El corolario de este esperpento luctuoso era el carnaval electoral en ciernes, a efecto de construir una fuerza política que la reacción no tiene aún, con la promesa que traerá seguridad, prosperidad y democracia al país. El condenado expresidente desde su reclusión provisional no se resistió a lanzar una catilinaria contra el expresidente Santos, su adversario en materia de paz, cuando acompañado de su familia presentó las condolencias en la catedral primada.
¿Hipotecada la economía?
“El país atraviesa una situación fiscal insostenible, agravada por debilidades estructurales en el sistema tributario y en el manejo del gasto público.” Henry Amorocho Moreno, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto en la U. Javeriana, ET, 3076/25, 1.7.
“Hay que reelegir la reforma agraria. Miren los programas de todos esos candidatos a ver quién habla de reforma agraria. La Cabal – María Fernanda- seguro que no.” Gustavo Petro. Tierralta, Córdoba, 8/8/25, en: ET 10/8/25, p. 1.2.
Echémosle enseguida un vistazo crítico a la economía nacional, para abundar en la problemática no resuelta aún por la tercera oleada de los progresismos americanos. La materia inflamable es la construcción de la hegemonía económica después que pasó el boom de las materias primas, y cuando la potencia regional, los Estados Unidos gobernados por la troika de Trump chantajea con aranceles y descertificaciones esgrimiendo el arma del nacionalismo armado con que busca arrodillar al subcontinente americano y mantener bajo control a la UE, y al Oriente Medio con Israel como gendarme atómico.[8]
Ahora como antesala y botón de muestra actual, recordemos en la coyuntura internacional a uno los primeros damnificados, Bolivia monoexportadora gobernada por el Mas, donde la estrategia del capitalismo indígena andino no dio sus frutos diversificadores en veinte años de experimentación.[9]
La pareja de Luis Arce y David Choquehuanca y su candidato perdieron en la elección presidencial en la pasada primera vuelta. Después de 2023 no remontaron los bloqueos de la oposición de su propio partido en la asamblea, instrumentada por el expresidente Evo Morales;[10] y tampoco los vaivenes de la economía global después del desorden que produjo la pandemia del Covid 19, que limitó el flujo de las exportaciones de las economías extractivistas de América Latina.
Pero, volvamos con Colombia, que es el centro del examen principal en el desenlace de la crisis de hegemonía que enfrenta el Frente Amplio con la orientación del Pacto Histórico durante el último año del gobierno del cambio, ad portas del ciclo electoral del año 2026.
Avancemos con base en el informe de prensa del 30/6/2025, que firmó la redactora económica Lina Quiroga Rubio, en el diario El Tiempo, con un título revelador y alarmante: “Colombia paga la sexta deuda más costosa del mundo en moneda local”.[11]
Para probar su aserto, la articulista acudió a cálculos del Banco Popular, apéndice del emporio financiero de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, a la vez dueña del diario mencionado. Organización que es objeto de llamados de atención y repetidas críticas del presidente Petro. Medidas de gobierno como la reforma pensional, y la reforma agraria han puesto cierto orden y freno a los descomunales beneficios derivados del control oligopólico de las finanzas, y sus manejos especulativos en el mercado interno, donde los billones de la salud siguen siendo una de las presas más codiciadas.[12]
El bloque de poder que lidera la organización Sarmiento Angulo tiene en ese club de privilegiados la compañía de los Gilinski, Santodomingo, Grupo Antioqueño, Ardila Lulle, los “cacaos” más conocidos y publicitados. Así que la información suministrada tiene que ser objeto de las consabidas revisiones y contrastaciones.
En sustancia, la información en comento dice, que de conformidad con el marco Fiscal de mediano plazo 2025, el país “deberá destinar alrededor de 86 billones de pesos para el pago de intereses, esto es, 4,7 por ciento del PIB”. Este monto es el resultado en buena parte del creciente encarecimiento de la deuda pública de Colombia.
En suma, somos el sexto país con la deuda más costosa del mundo, si se tiene como medida, la tasa de bonos soberanos a 10 años en moneda local, según el Informe del Banco Popular. La tasa actual es 12,67 por ciento, que solamente superan Líbano, Turquía, Nigeria, Brasil y Rusia. Por qué esta tasa, debido en buena parte a la alta prima de riesgo. Sin embargo, la tasa de intervención del Banco de la República es inferior a la de Pakistán, cuya tasa de bonos soberanos es inferior, el 12 por ciento.
¿Qué con el endeudamiento público?
“El ministerio de Hacienda en mayo genera el ´Marco Fiscal de mediano plazo que nos da el derrotero del presupuesto que vamos a tener para inversión, deuda y financiamiento.” Martha C. García, directora Programación de inversiones públicas del DNP, ET, 21/8/25, p. 1.4.
“La polarización política y la cercanía de las elecciones dificultan un acuerdo sobre el presupuesto…con discrepancias sobre la cifra real de recursos no ejecutados (entre 19 y 97 billones de pesos)”. Lidio García, presidente del Senado, en: Foro La Riqueza de la Nación:¿dónde se produce, quién la administra y en qué se invierte?, en: ET, 21/8/25, p. 1.4.
De otra parte, los analistas del Banco Popular que examinan con ojo de águila la tasa de endeudamiento en bonos a 10 años denominados en dólares, establecen que Colombia ocupa el tercer lugar en el mundo, por debajo del costo de Argentina y Ucrania, únicamente.
¿Por qué estos costos? Argumentan que es importante la incertidumbre que existe sobre el futuro económico del país. Sin embargo, esta premisa aparece en abierto contraste con el crecimiento positivo de la economía en los tres años del gobierno de Gustavo Petro. Es una estrategia abierta de desvalorizar el presente, cuando la economía creció 2,4 por ciento en el primer semestre, y se proyecta en 2,7 con inflación a la baja para el año 2025
Hay, igualmente, otro patrón de medida esgrimido por el equipo económico de BanPopular, el Credit Default Swao (CDS) a 10 años. Para señalar que el indicador colombiano alcanza los 345 puntos, superado en este caso por la Argentina de Milei con 785, y la Turquía de Erdogan con 381.
Pero, y, ¿qué con eso?, ¿están los dos países que se comparan con Colombia ayunos del crédito internacional?
El presupuesto para 2026
“La iniciativa radicada por el Gobierno Nacional presenta un monto de 556,9 billones -el más alto de la historia- con un desfinaciamiento de alrededor de 26,3 billones de pesos. Es decir, al igual que en el debate del año pasado, la administración Petro ha atado el presupuesto a una eventual reforma tributaria.” El Tiempo, Ajustar el presupuesto, 21/8/25, p. 1.12.
“El país no puede darse el lujo de repetir el error de desfinanciar la inversión; el ajuste no puede seguir cayendo sobre las regiones y los programas sociales.” Carlos Zuluaga, vicecontralor, participante en el Foro de El Tiempo y la FND. Ver: ET, 21/8/25, 1.4.
Las anteriores consideraciones fácticas y argumentos antes revisados, tienen particular relevancia de cara al trámite bloqueado por la Oposición del proyecto del presupuesto 2026. El ministerio de Hacienda estimaba los recaudos tributarios en 321,6 billones, lo cuales fueron ajustados por el Marco fiscal a la baja, 281,4 billones. Esto arroja un posible diferencial de 40 billones de pesos. Diferencia atribuida, en buena parte, a ineficiencia administrativa en la gestión tributaria y fiscal.
Pero, en verdad, puesto que el gobierno requiere un presupuesto de 556,9 billones, calcula que 26,3 billones provendrán de la nueva reforma tributaria. Exige tramitar el nuevo proyecto de reforma tributaria que está estancado en la presente discusión del Congreso. Tal era la reforma sugerida desde el 13 de junio pasado, cuando se presentó el marco fiscal.
Allí, el gobierno propuso recaudar 19 billones adicionales, a los que sumaría un endeudamiento de 38 billones. Sobre el particular, el vicecontralor, Carlos Zuluaga, en el Foro promovido por El Tiempo, la FND, con su director ejecutivo, Didier Tavera, llamado “La riqueza de la nación”, con presencia a bordo del presidente del Senado recién elegido, Lidio García, hizo las siguientes cuentas.
Zuluaga advirtió a la opinión pública, que a futuro se podría abrir un hueco de más de 40 billones al cierre de 2025, de no corregirse las tendencias actuales, que según él son cuáles:
“A julio, el recaudo efectivo fue de 165,6 billones, 10,1 billones por debajo de la meta de la Dian y el desbalance esperado es de 7,1 por ciento del PIB ($119,6 billones), mayor al 6,7 por ciento de 2024.”[13]En la ejecución del gasto, solo se ha obligado el 41,5 por ciento del presupuesto a julio, por lo que urgen “mejoras en la ejecución, porque el dinero apropiado que no se convierta en obra o en servicio es pérdida”.[14]
En materia de rigideces, dice Carlos Zuluaga, el vicecontralor remata su exposición afirmando: “preocupa la composición del gasto de 2026, con el 66 por ciento de funcionamiento (365,8 billones), 18 por ciento de deuda (100,2 billones) y 16 por ciento de inversión (88 billones). El funcionamiento crece 11,1 por ciento, por encima del 6,3 por ciento de crecimiento nominal del PIB:” Igualmente, establece que, a cierre de 2025, la deuda del Gobierno Central alcanzará 1.008 billones, un 4,8 por ciento más comparada con 2024.
El resultado de estos cálculos, de no aprobarse la ley de financiamiento que se tramita en el Congreso para cubrir los 26,3 billones y el recaudo tampoco repunta el balance podría exceder 40 billones. Es el pronóstico alarmante de Carlos Zuluaga.
(Continuará)
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[1] Cursivas mías.
[2] Firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia subalterna de las Farc Ep en 2016. Acto calificado de alta traición por su ex jefe político, Álvaro Uribe Vélez, quien hizo posible que fuera elegido presidente, luego que se hundieran candidatos de su máxima confianza.
[3] El constitucionalista Mauricio Gaona, quien incursiona también como analista política, señala que es impropio hablar de “bloqueo” como lo hace también el ministro Montealegre. De lo que se trata es de ejercicio de la Oposición como es la moneda corriente de las democracias representativas, y, claro, Colombia no es una autocracia, mucho menos una dictadura.
[4] La discusión sobre el carácter semifeudal de la formación social de Colombia fue objeto de debates y discursos, respaldados con precarias estadísticas durante la década de los 70/80, por las diferentes organizaciones de izquierda y sus intelectuales. A partir de las cuales se fijaba el horizonte y el carácter de la revolución, si socialista, democrática, o anticapitalista sin más. En América Latina circularon estudios sobre el modo de producción y el devenir histórico en las colonias que fueron conquistadas y dominadas por las potencias de España y Portugal. De este debate quedaron huellas en los libros de la colección Pasado y Presente de la revista homónima orientada por José María Aricó, y al inicio por Oscar del Barco.
[5] En cuyo altar se sacrificó la ministra Carolina Corcho, una de las precandidatas del Pacto Histórico a la presidencia de la República.
[6] Se han vuelto recurrentes las visitas y pronunciamientos de figuras republicanas del gobierno como Marco Rubio, y el senador Bernie Moreno, que está asociado con el lobby de la reacción concentrado en la Florida, donde confluyen varias diásporas, inducidas por los Progresismos latinoamericanos.
[7]Él realizaba un mitin preelectoral en el barrio Modelia de Bogotá. Fue atacado por un sicario menor de edad en medio de una intervención que llamaba a que la ciudadanía se armara para garantizar su vida y propiedades.
[8] Revisar, entre otros, el primer volumen de la Trilogía Imperio, escrito por Hardt&Negri (2000), y la publicación de las conferencias titulada Globalización del terror, amenaza bioterrorista, John Saxe-Fernández, Gian Carlo Delgado Ramos, del Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello. La Habana, 2002.
[9] Álvaro García Linera, quien fue fórmula presidencial con Evo Morales, a partir de la que denominó forma comuna teorizó también acerca del capitalismo andino de las comunidades indígenas aymara y quechua.
[10] Evo Morales exigía que le autorizaran ser, contrariando la Constitución, ser de nuevo candidato presidencial. De lo contrario, nadie lo sería, por lo que agenció la divisa del voto nulo que casi alcanzó el 20 por ciento de la votación.
[11] Ver El Tiempo, 30/6/2025, p. 1.7.
[12] El incidente con la multinacional Keralty, dueña de Colsanitas es prueba fehaciente de la conflictividad en torno al “botín” de la salud en Colombia.
[13] ET, 21/8/25, p. 1.4.
[14] Op. cit.
Miguel Ángel Herrera Zgaib, Ph D, Estudios Políticos y RI.
Foto tomada de: Chica Noticias
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