En su mayoría movidos por la oportunidad de aprovechar y acaparar recursos y oportunidades, que nacen en buena parte de la falta de presencia del Estado y de la ignorancia compartida acerca de sus posibilidades reales, muchos actores conciben la tierra como espacio debajo del cual está la riqueza minera y petrolera; como elemento estratégico de control territorial militar; como lote de “engorde” a la espera del aumento de precio; como terreno para aprovechar la necesidad de vivienda de la gente y captar la plusvalía asociada a las “urbanizaciones piratas”, como región de siembra de cultivos ilícitos; como símbolo de estatus social y otros como única alternativa económica posible en el conflicto mediante la ganadería extensiva. El desplazamiento forzado hacia las ciudades, del orden de 7,2 millones de personas, es uno de los signos de Colombia en los últimos cincuenta años, y nos sitúa como el mayor en el mundo, después de ser un país “sui generis” en américa latina, pues antes de 1960, nuestras ciudades intermedias crecían tanto o más que la capital.
Son muchos los dueños o los que tienen puestos sus ojos en las tierras colombianas, como es el caso de la Orinoquia desde hace unos quince años, con la expectativa de la agroindustrial y actividad forestal. Todos ellos tienen dinámicas propias, en las cuales los actores pueden ser extranjeros, nacionales, residentes o no en la zona, legales e ilegales, en su gran mayoría con “mirada extractiva”, como lo explican Acemoglu y Robinson en “Porqué fracasan las naciones”. Es que la gran mayoría, quieren sacar sin devolverle nada a la tierra, al territorio, a la región, e incluso más bien desarticulándolos y degradándolos brutalmente como en el caso de los cultivos de coca y marihuana y la minería criminal; Para rematar, también el cambio climático está afectando desde ya las perspectivas de su posible uso futuro, como es el caso del oriente y norte de Colombia, regiones sobre las cuales los escenarios posibles futuros de IDEAM indican que serán las más afectadas en Colombia. La disponibilidad tradicional aparente de agua en la Orinoquia, puede disminuir dramáticamente en los próximos años por tres razones: la deforestación de la ladera oriental de la cordillera oriental; el mayor uso de agua de actividades como el arroz, la palma y las que están llegando, y el cambio climático; los conflictos sociales por la creciente escasez de agua serán crecientes.
El más grande problema ambiental rural colombiano es que la ocupación actual de gran proporción del territorio colombiano no corresponde a su vocación estimada por el IGAC, sino a los diferentes intereses y consecuencias de procesos como los de la violencia, de 53 años o, en realidad por lo menos 69 años (desde el 9 de abril de 1948), y nuestro limitado conocimiento. Es que tenemos 40,5 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva, cuando deberían existir solo 10,5 millones de hectáreas en esta actividad, mientras sólo contamos con 4, 5 millones de hectáreas sembradas , de las 10,5 aptas para la agricultura, lo cual se ha hecho tumbando monte, acabando ciénagas, destruyendo páramos, agotando las laderas de vegetación natural. Una cultura y visión “extractiva”, de ganadería extensiva, monocultivo e insumos foráneos, sin consultar la ecología, la agroecología de cada región y la violencia, han resultado en ese cuadro poco alentador. La ganadería extensiva es ante todo una estrategia de presencia y ocupación territorial sin los riesgos asociados a las enfermedades de los cultivos y a la necesaria presencia permanente para atenderlos; también es un signo de dominio feudal, muchas veces despótico y algunas, criminal. La leche, carne y los subproductos de esta actividad son apetecidos por la sociedad, pero es necesario cuestionarse acerca de los “costos escondidos” o externalidades negativas de una actividad ganadera mal hecha y mal localizada; en el futuro debemos elevar la exigencia hasta el punto que sólo se compre la carne o la leche correctamente producida, tanto social como ambientalmente. Buena parte de la explicación de esta situación también obedece a la pobre investigación, desarrollo tecnológico e innovación que hemos aplicado al campo, que hoy se hace más crítica en razón a que la minería y el petróleo han bajado de precio a nivel internacional y a sus externalidades negativas sociales y ambientales.
Los otros dos grandes problemas ambientales rurales de Colombia son los cultivos ilícitos y la minería criminal; las siembras de coca pasaron de 68 mil a entre 130 a 186 mil hectáreas en los tres últimos años y las de marihuana y amapola en menor proporción; el mismo acuerdo de paz puede haber disparado esta dinámica de aumento de siembra, al ofrecer que los esquemas de sustitución de cultivos beneficiarán por un periodo de tiempo a quienes la sustituyan; Afirmaciones como las de que se han creado “franquicias” por parte de sectores de las FARC son temerarias, frente a una nueva realidad dramática, que es la de la lucha por la ocupación de las zonas tradicionalmente controladas por esta guerrilla por varios actores: El ELN, las Bacrim, el Clan del Golfo, el Clan Usuga y muchos otros delincuentes que no alcanzan la notoriedad de los anteriores. La lucha no es sólo por el control de los cultivos ilícitos sino también por la explotación minera de oro especialmente, en condiciones brutales tanto sociales como ambientales. El gran problema es la ineficacia, la lentitud, la descoordinación del estado para hacer presencia real y efectiva antes que estos actores. Buena parte de los esfuerzos se están haciendo en obras físicas, cuando es fundamental que la justicia, la seguridad, la exclusividad del cobro de los impuestos sean ejercidos por el Estado, pues especialmente en el caso de las Farc-ep, además de su presencia armada y arbitraria, ejercían de todos modos como una “autoridad” de control ciudadano en casos de convivencia y seguridad.
El Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y la Guerrilla FARC-EP explicitó de nuevo esta discusión al concertar:
- La entrega de 3 millones de hectáreas a campesinos pobres o a asociaciones de estos que no cuenten con tierras o sólo tengan parte de lo que requieren para llevar una vida digna. Este punto debería ser obvio y una cuestión de honor de los colombianos, porque en primer lugar las obtiene de los terrenos baldíos de la nación, cuyo propósito es ese: el de dotar de tierra a los campesinos pobres; sólo es recordar la lucha de Quintín Lame, para entender que la lucha por un pedazo de tierra para poder sobrevivir ha sido una huella grave, dolorosa de la historia nacional, de marcado acento feudal y despiadado. La creación del Fondo Nacional de Tierras es un paso correcto, pero su funcionamiento será el que determine la realidad; la tarea es enorme.
- La legalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas, en un país en el que de 3,9 millones de predios inscritos, alrededor del 60 por ciento están en la informalidad. De acuerdo con las cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, en el 2013, solo 1,5 millones tenían su respectiva escritura. El “catastro multipropósito” cobra sentido de urgencia para atender esta necesidad de contar con tierra para sobrevivir y llegar a tener una vida digna; los dos puntos anteriores son un avance real, que se debe sentir en los diez próximos años, pues es una labor dispendiosa de identificar el predio, medirlo, clasificarlo, dialogar con los vecinos colindantes, para generar de manera simultánea el registro notarial del predio. Se requieren cambios fuertes en IGAC, así como en la superintendencia de registro y notariado para lograrlo. Un actor reciente, el DNP ha empezado a intervenir de manera masiva en el tema, sin contar con todos los elementos de experiencia; La “privatización” de los servicios de levantamiento y procesamiento de la información catastral es una decisión pragmática que podría beneficiar mucho a los municipios que no fueron contemplados en el proyecto de “POT Modernos” del DNP, que son la mayoría del país, siempre y cuando se mantengan los parámetros de calidad y agilidad; al respecto, los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, modernos se están demorando en iniciar y pareciera que las limitaciones de tiempo y alcances podrían resultar en productos mediocres.
- 3) El ordenamiento ambiental del territorio, inicialmente planteado para contener la frontera agropecuaria, contempla varios aspectos: a) la redelimitación de las reservas forestales de la ley 2da de 1959, en función de los usos actuales, siempre que sean compatibles con la protección forestal; b) la solución al problema de la presencia de campesinos dentro de algunos parques nacionales naturales, desde antes que estos fueran creados, acudiendo a fórmulas innovadoras como la de revitalización del concepto de las zonas de amortiguación, en las cuales las actividades económicas permitidas deben ser compatibles con las actividades del parque; y, en algunos casos su permanencia bajo acuerdos fundamentales; hay que dirimir satisfactoriamente para todos dos posiciones actuales sobre el tema: mientras el Ministerio se refiere a “medidas para el manejo de conflictos socio-ambientales generados por el uso, ocupación y tenencia en las áreas del Sistema de Parques Nacionales”; las comunidades residentes en los parques proponen “medidas tendientes a solucionar conflictos territoriales en áreas habitadas por comunidades campesinas declaradas parte del sistema de Parques Naturales”. 4) la validación y apoyo real de las “Zonas de Reserva Campesina”, que fueron creadas desde 1994 con la intención de consolidar la vida rural de los campesinos, pues los indígenas cuentan con resguardos , las comunidades afro con las propiedades colectivas y, en cambio, el campesino raso no tenía una figura que le permitiera consolidarse mejor. Las seis reservas campesinas existentes: Calamar (Guaviare), Cabrera (Cundinamarca), El Pato (Caquetá), el sur de Bolívar (Bolívar), el valle del río Cimitarra (Antioquia y Bolívar) y el alto Cuembí y Comandante (Putumayo) han demostrado su validez aunque enfrentan dificultades y prevención; el Gobierno inició el proceso de formalización para siete zonas más: dos en Montes de María, una en Catatumbo, dos en el Meta, otra en Cesar y una en el Sumapaz (Cundinamarca), según el IGAC.
- 5) la reorganización institucional para atenderlas , de tal manera que no sólo sea la tierra, sino también las vías terciarias, el acceso al crédito, la transferencia tecnológica, el apoyo a la organización productiva y social, los nexos con la demanda y obviamente las condiciones de salud, educación, servicios públicos que permitan una vida digna en el campo ; la ciencia, la tecnología y la innovación, no restringida a la innovación tecnológica sino también a la innovación social e institucional debe ser parte fundamental de esa reestructuración del quehacer de lo público. Los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial , PDETs, consignados en el decreto ley 893 que son 16 para 170 municipios, deberían ser una primera demostración de la capacidad de trabajar coordinadamente del Estado colombiano, tanto a nivel sectorial central, como a nivel multiescalar, es decir, entre las institucionales del orden nacional y las del orden territorial hasta el nivel municipal, lo cual ha sido una de las fuentes graves de tensión, como lo demuestra el caso de la minería en Colombia, en el cual estallan a diario nuevas manifestaciones ciudadanas locales de rechazo a las concesiones y autorizaciones de exploración y explotación minera. La sola construcción de vías terciarias, aparentemente muy positiva, podría conducir, sino se acompaña del resto de medidas integrales, a mayor inequidad social y ambiental, porque aumentará el precio de la propiedad y abaratará los costos de los intermediarios, dándoles más poder de negociación con los campesinos pobres. De manera muy importante, es necesario revaluar, reubicar la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación,- no sólo tecnológica, sino también social, empresarial e institucional-, como factor definitivo en el aumento de la productividad, de la competitividad, de la sustentabilidad y de la resiliencia de las actividades económicas productivas de las diferentes regiones.
La corporación SIMBIOSIS coordina actualmente un esfuerzo de elaboración de un proyecto multifacético de producción sustentable en las zonas de PDETs, en el cual se suman sinérgicamente agroecología, energías renovables, turismo de paz, pago por servicios ambientales y otras ecotecnologías constructivas de vías y de edificaciones, para contribuir a la consolidación de dichas zonas y territorios.
Igualmente, con el apoyo de la Universidad del Sinú, ha construido un ejercicio de entendimiento de la realidad territorial colombiana, consistente en la creación del IDTS; Índice de Desarrollo Territorial Sustentable, compuesto a su vez de cinco riquezas que deben existir en adecuada proporción en cada municipio, revela que estamos creciendo a costa del agotamiento de los ecosistemas, del aumento de riesgo de los más pobres y de la pérdida de la biodiversidad; Adicionalmente , al aplicar regresiones de cada una de las variables que componen estas riquezas frente a variables de control geográfico como la distancia de cada municipio a la capital de la república , a las capitales de departamento, a los principales puertos del país, que la discriminación por “lejanía” es todavía muy alta; la inequidad territorial es uno de los frenos más fuertes al verdadero desarrollo, a la paz territorial. Igualmente, la desigualdad de la propiedad rural resulta significativa como uno de los factores en la riqueza Pública e Institucional.
No debemos palidecer en concretar la entrega de tierras y su legalización; en la construcción de los PDETs; no debemos aflojar el ritmo y por el contrario multiplicarlo eficazmente, de presencia real, transparente y eficaz del Estado en todos los territorios del acuerdo de Paz con las FARC-EP, con mayor innovación , involucrando a más entidades como el caso de Colciencias, que debería ofrecer la “ciencia de la paz”, pues la paz tiene su ciencia, que es compleja, interdisciplinaria, transectorial y participativa. Ese es el camino, que hoy se asemeja a una vía terciaria maltrecha y debe convertirse en una carretera fluida hacia el progreso compartido; solo así se alcanza la paz territorial y el verdadero desarrollo, que debe ser para todos.
Carlos Hildebrando Fonseca Zárate: Director Técnico, Corporación SIMBIOSIS, Decano Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Universidad del Sinú Sede Bogotá
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