Las renegociaciones se centran ahora en los temas esenciales. Las FARC como era previsible han planteado sus propias líneas rojas que estarían contenidas en cuatro puntos que aquí en estas mismas páginas ya habíamos anticipado y que a su vez constituyen los puntos centrales que el uribismo pide que se modifiquen. En primer término está el punto de la cárcel para los jefes de las FARC así sea bajo la fórmula de colonias agrícolas. Un segundo punto se relaciona con las inhabilidades para estos mismos jefes de participar en la vida política aspirando a cargos de elección popular. Un tercer tema tiene que ver con la justicia transicional en cuyo centro está que todos los actores comprometidos en el desarrollo del conflicto concurran al Tribunal de Justicia para la Paz con unas mismas reglas del juego y reconozcan sus delitos al mismo tiempo que confiesen toda la verdad sobre sus actuaciones. Allí está el tema de las reparaciones en que las FARC tardíamente han ofrecido sus recursos de la “economía de guerra” como la llaman para reparar a las víctimas. En este tema se encuentra también la conexidad del delito del narcotráfico con la rebelión armada. Un cuarto tema tiene que ver con el blindaje de los Acuerdos de La Habana. Las FARC insisten en que por la vía del Acuerdo Especial que tendría el texto de los nuevos acuerdos pueda ingresar al bloque de constitucionalidad. En síntesis lo que se pretende renegociar es la médula de los acuerdos desconociendo el hecho que las negociaciones se hacen con un actor que no pudo ser derrotado en el terreno militar y por tanto no se trata de una rendición sino de una negociación.
Las distintas opciones del NO que ganó por un estrecho margen y contrario a lo que expresan de dientes para afuera es verdad que presentan diferencias notables. El uribismo que funge como el bloque más cohesionado es a su vez quien plantea las posturas más radicales. A los puntos anteriores plantean reparos específicos al punto agrario en defensa de la agroindustria, a mantener los bajos niveles de tributación predial que pagan los terratenientes y asumen la defensa de los segundos ocupantes para intentar detener el proceso de restitución de las tierras a los cientos de miles de familias despojadas y desplazadas. Así mismo buscan limitar o eliminar las circunscripciones especiales de Paz como también acabar con los estímulos económicos y de favorabilidad política que contienen los acuerdos en favor del nuevo agrupamiento político que surja de las FARC. Es decir a las líneas rojas planteadas por las FARC agregan otros puntos y claman porque la renegociación asuma cambios esenciales con lo cual quieren la reformulación a fondo de los Acuerdos.
Los puntos planteados por Andrés Pastrana y Martha Lucia Ramírez difieren notablemente de los planteados por el uribismo. En los documentos hasta ahora entregados por este sector no se plantea la cárcel para los jefes de las FARC comprometidos en delitos de lesa humanidad o en crímenes de guerra aunque plantea penas efectivas, se oponen a que los acuerdos adquieran el carácter de Acuerdos Especiales a la luz del Derecho internacional Humanitario y por esta vía ingresen al bloque de constitucionalidad lo que califican de una sustitución de la Constitución, expresamente piden que se asuma e incluya la defensa de la agroindustria pues consideran que el punto de reforma agraria integral cambia el modelo de desarrollo agropecuario, y plantean que deben resolverse problemas del sistema de justicia transicional como está planteado en los acuerdos pues este sistema debe pertenecer a la rama judicial y debe establecerse una relación con el sistema judicial ordinario, los jueces del Tribunal de Justicia para la Paz deben ser todos colombianos de nacimiento. Después de una reunión con el presidente, Juan Manuel Santos, el martes 25 de octubre han prometido un documento con propuestas concretas en el curso de los próximos días. El exprocurador Ordoñez oscila entre el bloque uribista y este bloque conservador. Como se sabe no asistió a la reunión con el presidente Santos, pues insiste que las reuniones deben abarcar a todos los sectores del NO.
Finalmente está el sector de las iglesias protestantes que tienen como objeción central lo que ellos han denominado como ideología de género que no se encuentra por ninguna parte en los acuerdos de La Habana. Lo que si permea todo el acuerdo es el reconocimiento a las mujeres víctimas que han sido el sector poblacional más golpeado por el conflicto y por tal razón los acuerdos reconocen esta situación y contienen medidas específicas en su reconocimiento y en su reparación. Con este sector el Gobierno Nacional ha realizado diversas reuniones.
La negociación que avanza es compleja y sobre la misma se avizora un resultado incierto pues las líneas rojas trazadas por las FARC chocan principalmente con quienes se oponen al cierre del conflicto armado representados por el uribismo que no se muestra dispuesto a ceder en las pretensiones de lograr una rendición de las FARC y reduce sus propuestas a que éstas guerrillas se rindan a la justicia ordinaria, vayan a la cárcel y sus militantes asuman la organización de su proyecto político sin ninguna favorabilidad. Si ninguno de los dos actores cede en sus pretensiones esenciales el choque y la ruptura será inevitable.
El Gobierno Nacional no ha avanzado posturas concretas sobre las líneas rojas trazadas por las FARC quizás con la excepción de la Justicia Transicional que según el presidente Santos puede sufrir pequeños cambios pero no cambios estructurales. Con respecto al resto de los puntos planteados por el Uribismo y por los Conservadores hasta ahora no se ha pronunciado al menos públicamente.
En un segundo plano se plantea el problema del camino jurídico para avanzar en la aprobación de los Acuerdos. Aquí existen varias alternativas. La primera el uso de las facultades constitucionales que conserva intactas el Presidente de la República de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional que dio vía a la convocatoria del plebiscito. Esas atribuciones van desde el uso de la figura de los Estados de Excepción, la vía del Congreso para aprobar el grueso del paquete legislativo que le de viabilidad y convierta los acuerdos en Actos Legislativos, Leyes y Decretos para que tengan vida jurídica; además está pendiente que la Corte Constitucional resuelva una demanda del propio Centro Democrático sobre la inconstitucionalidad del artículo 5 del Acto Legislativo del trámite rápido o Fast Track lo que permitiría que todo este andamiaje jurídico pueda ser aprobado en un año de vigencia de este mecanismo excepcional. La demanda plantea que el artículo quinto que condicionó el uso del Fast Track a la aprobación de los acuerdos en el plebiscito y por ello no rige pues no se cumplió este requisito al ganar el NO en las votaciones del 2 de octubre, sea declarado inexequible porque no se debatió y voto este artículo en los ocho debates realizados para su aprobación y solo apareció en el quinto debate, con lo cual se violó el principio de consecutividad.
En un tercer plano se encuentra el problema de la legitimidad que es quizás el tema más complejo además del tema mismo de las negociaciones de las reformas al Acuerdo que ya hemos comentado. Aquí los caminos son más complicados. El primer recurso es de nuevo acudir al plebiscito con un nuevo texto esperando que el tortuoso camino recorrido después del 2 de octubre haya producido un efecto pedagógico y un efecto político y el SI finalmente pueda sacar los votos suficientes para la aprobación de los Acuerdos. Este es un camino arriesgado pues una segunda derrota sería el entierro definitivo de lograr un acuerdo con las guerrillas y de un efecto devastador sobre las nacientes negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional.
Un segundo camino es el de una Asamblea Nacional Constituyente que tiene el gran inconveniente en que es un mecanismo demorado pues se requiere de una aprobación en el Congreso de la República y los peligros de una regresión de los avances democráticos de la Constitución de 1991.
Finalmente una tercera alternativa es la que promueven los ciudadanos de la utilización de la figura de los Cabildos Abiertos para la Paz que brindaría un camino de refrendación política que le daría legitimidad a los acuerdos modificados que sería lo que se refrendaría en dichos cabildos. Esta vía nos parece que es adecuada a la necesidad de que los Acuerdos tengan una refrendación popular. Una vez acordadas las reformas a los Acuerdos esta será la urgencia mayor.
Pedro Santana Rodríguez
Director Revista Sur
Bogotá 26 de Octubre de 2016.
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