Pasados los primeros cien días de gobierno, nos preguntamos si tal objetivo se ha cumplido. La respuesta es que la descentralización prometida ha sido un instrumento de propaganda política, para generar aceptación y cooptación de los gobiernos locales y regionales, pero no se ha traducido en el fortalecimiento de lo local y regional como mecanismo de desarrollo económico, social y territorial, como lo implica la descentralización. Ello se ha expresado en diferentes acciones, a lo largo de estos primeros 100 días de gobierno.
- Ley de competencias sin prioridad ni compromiso.
Con la expedición del acto legislativo 03 de 2025, producto de un amplio consenso en el parlamento colombiano, se decidió que los recursos del Sistema General de Participaciones debían llegar a representar el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación en el 2038, partiendo de una participación aproximada de 28,5% en el 2024. Tal decisión se hace efectiva a partir de 2027, de conformidad con una Ley de Competencias, presentada por el Ejecutivo y que debe ser aprobada en el presente año.
Este compromiso constitucional fue asumido por el Gobierno Nacional por lo cual, al inicio de la actual legislatura, en julio de 2026, presentó el proyecto de ley No. 119 de 2026, el cual trató de ser retirado por el actual gobierno, poniendo en evidencia su falta de compromiso con las implicaciones que tiene el Acto Legislativo en la defensa de la descentralización, con el fortalecimiento de las capacidades institucionales locales y regionales y con el cierre de brechas sectoriales en agua potable y saneamiento básico, en educación, salud y desarrollo económico local que son los soportes para la construcción de una nación efectivamente descentralizada en donde se proponga una efectiva y real confluencia social y territorial, como la planteada en la Constitución Política Nacional.
No darle la importancia que tiene la expedición de la ley orgánica que ordena el Acto Legislativo 03 de 2024, es una clara señal de oposición a los procesos para robustecer las acciones de desarrollo territorial, evitando el florecimiento de la cercanía del gobierno con sus ciudadanos, como lo señala reiteradamente los conceptos sobre la descentralización. No apoyar y evitar poner en práctica lo dispuesto en el Acto Legislativo es seguir tratando a las entidades locales y territoriales como sujetos de política pública que no pueden asumir su mayoría de edad y que requieren la guía y control del Gobierno Central para su funcionamiento. Es, de alguna manera, revivir las formas de gobierno centralistas y autoritarias que se enfrentaron y derrotaron con la expedición de la Constitución Política de 1991.
Evitar el incremento de recursos definido en el Acto Legislativo, en nombre del déficit fiscal que afecta las finanzas públicas nacionales, es sacrificar las soluciones sobre aspectos cruciales del desarrollo económico y territorial como lo son el agua y saneamiento básico, la educación para la primera infancia y la básica y la salud en el primer nivel del servicio, que tienen que ser responsabilidades de las entidades territoriales y son condición indispensable para el desarrollo y crecimiento económico y social.
- Recorte de recursos para las regiones y departamentos en el presupuesto general de la nación
Una segunda y evidente actuación en contra de la descentralización y la autonomía regional, ha sido la distribución regional del presupuesto nacional, pues pese al abultado incremento del presupuesto general de la Nación, 24 de los 32 departamentos del país han sufrido una importante disminución de inversión con recursos del PGN, dejando sin opciones reales a sectores como el desarrollo agropecuario, la educación básica y superior, inversiones en acueductos y saneamiento básico, cultura, ciencia y tecnología, lo que pone en evidencia que las prioridades del desarrollo local y la autonomía regional no son las prioridades del gobierno de Abelardo de la Espriella.
- Fondo de reconstrucción sin recursos.
El evento sísmico del 10 de agosto que afectó buena parte del territorio nacional fue una opción para evaluar la capacidad estatal para responder eficiente y eficazmente a las demandas coyunturales y/o estructurales de los territorios afectados.
Pese a que en el gobierno del presidente Petro, debido a los diferentes retos ambientales que se presentaron, se gestionaron recursos por 200 millones de dólares destinados a la respuesta y superación de los eventos de riesgo, la actuación de la actual administración, fue desconocer la existencia de la institucionalidad existente – UNGRD- y de dichos recursos y, por el contrario, tratar de conformar un Fondo Milagro, sin definir su propia naturaleza jurídica y sin apropiación presupuestal definida, con recursos insuficientes frente a las necesidades identificadas, poniendo en evidencia una total improvisación y muestra de incapacidad institucional y técnica para resolver un reto que afecta a más del 50% de la población colombiana, recayendo con especial énfasis en las poblaciones más pobres y más desprotegidas de los territorios afectados.
- Descentralización sin continuidad de compromisos.
En estos 100 días de gobierno que se iniciaron desde el proceso de empalme, que fue desechado por el gobierno entrante. Con el inicio de un nuevo gobierno no puede implicar el desconocimiento de los compromisos previos entre el gobierno existente y las comunidades locales y regionales, compromisos direccionados a resolver problemas sociales, de infraestructura o apuestas de desarrollo económico y territorial. El desconocer esos compromisos solo conducen a generar inversiones incompletas o frustraciones territoriales, que impiden la consolidación de la descentralización e incrementan el despilfarro estatal, en contra de las comunidades y el desarrollo local y regional.
Cumplir con los compromisos con el desarrollo territorial y la descentralización, no es continuar con las prioridades de un gobierno, es avanzar en la resolución de problemas identificados por la comunidad y que deben ser superados para que se dignifique la calidad de vida, el crecimiento económico y se establezcan las condiciones de desarrollo social, económico y político de una comunidad y un territorio específico.
- Lucha contra la corrupción o afianzamiento de la debilidad institucional local y regional.
Un elemento que reiteradamente se identifica como un lastre para el desarrollo económico local y regional es la debilidad institucional, que conlleva inexorablemente a la corrupción y al manejo inadecuado de los recursos y bienes públicos.
La identificación y combate de la corrupción en las entidades locales y regionales no pasa por suplantación ni por su desconocimiento por parte de las autoridades nacionales.
La corrupción y la clientelización en la vida sociopolítica de las comunidades locales y regionales, son una gran barrera para la consolidación y avance de la descentralización, pero ésta no se combate y supera con el desconocimiento y suplantación de las autoridades locales, como lo ha hecho el actual gobierno
nacional. Retar a las autoridades locales o regionales, desconocer sus atribuciones legales o amenazarlos sin sustento jurídico y técnico, no pasa de ser un acto de campaña política, que algunos lo aplauden, pero que no resuelve y supera las practicas consuetudinarias de la corrupción local, que han impedido el aseguramiento de la descentralización y la autonomía.
Solo una política nacional de fortalecimiento institucional local y de asistencia técnica, podrá ser el instrumento para que la descentralización se haga efectiva en el país, pero en el actual gobierno brilla por su ausencia, pues no genera aplausos y tampoco permite las poses de salvador que asume reiteradamente el actual presidente de la República.
- Desconocimiento de un modelo de desarrollo local basado en ventajas comparativas y no en economías extractivas y de saqueo.
En la base misma de las acciones anti descentralistas que tiene el actual gobierno está el modelo económico anti-industrialización que ha asumido. El énfasis que se ha puesto en las economías extractivistas, (petróleo, oro, minerales raros, y otros), es la expresión de considerar que el desarrollo y el crecimiento económico solo se logra con base en la apropiación y destrucción de la naturaleza, la sobreexplotación de los recursos naturales y de la fuerza laboral y la violación y desconocimiento de los derechos sociales y laborales de la comunidad y de los trabajadores. Esta visión, que se ha expresado reiteradamente en el actual gobierno, nos condena a una economía dependiente, con bajos niveles de crecimiento y altos índices de pobreza, atraso y falta de oportunidades para el país y las regiones.
Esta visión del desarrollo económico prioriza las ventajas comparativas, es decir, las ventajas derivadas de la naturaleza o del territorio, que con su explotación aunque generen crecimiento económico, son agotables y en el mediano y largo plazo destruyen las condiciones que soportan la vida y contribuyen al deterioro y los riesgos ambientales, Esta opción se contrasta con el desarrollo basado en las ventajas competitivas, condiciones creadas y reproducibles en los procesos productivos, que generan valor agregado producto del trabajo del hombre y no de la explotación indiscriminada e irresponsable de los recursos naturales y las condiciones ambientales, Las ventajas competitivas soportan una conceptualización de largo plazo basada en la industrialización de procesos y en la inserción del cambio tecnológico en sus diversas posibilidades como soporte del crecimiento y el desarrollo económico nacional y territorial, que armonizada con políticas sociales incluyentes, permiten crear una sociedad respetuosa de los derechos de los trabajadores y la sociedad en su conjunto, respetuosa de la calidad de vida de todos, donde se pueda
hacer efectiva la seguridad económica y la democracia como condición de vida para todos.
Insistir en la visión extractivista del desarrollo económico limita la generación de las ventajas competitivas que requiere el país y sus regiones para pasar de una economía basada en la explotación y destrucción de nuestros recursos naturales, a una visión donde el valor agregado sea la condición fundamental para asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico en cada uno de los territorios de Colombia.
Ismael A. Molina Giraldo
Foto tomada de: La FM
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