Algunos ciudadanos consideraban que, una vez elegido presidente, sus posiciones podrían moderarse. Una cosa era conquistar votos mediante un discurso de confrontación y otra gobernar una sociedad compleja, desigual y políticamente diversa.
Sin embargo, sus primeros meses de gobierno permiten identificar importantes continuidades entre sus propuestas electorales, la conformación de su equipo de trabajo y las decisiones adoptadas.
La pregunta que orienta este análisis es: ¿hasta qué punto las decisiones, los nombramientos y las actuaciones del presidente Abelardo de la Espriella reflejan las posiciones que defendió durante su campaña electoral, y qué consecuencias podría tener la profundización de ese proyecto político para la democracia, la economía y las condiciones de vida de los colombianos?
- Las principales posiciones de su campaña
El proyecto político de De la Espriella se estructuró alrededor de seis grandes orientaciones.
Primera: autoridad y seguridad. Propuso fortalecer las Fuerzas Armadas, combatir militarmente a las organizaciones criminales, endurecer las penas, construir nuevas cárceles y desmontar la política de Paz Total del gobierno anterior. Su propuesta privilegiaba la recuperación del orden público mediante el fortalecimiento de la capacidad coercitiva del Estado.
Segunda: reducción del Estado. Defendió la eliminación de entidades consideradas innecesarias, la disminución de la burocracia y la austeridad fiscal. Su argumento era que un Estado menos costoso y con menos obstáculos administrativos favorecería la actividad económica.
Tercera: fortalecimiento de la empresa privada. Prometió reducir impuestos empresariales, estimular la inversión, garantizar la propiedad privada y ampliar la explotación de recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.
Cuarta: conservadurismo religioso y cultural. Incorporó a su discurso la defensa de la familia tradicional, la religión y determinados valores morales, en oposición a posiciones progresistas sobre sexualidad, género y derechos reproductivos.
Quinta: alineamiento internacional. Planteó fortalecer las relaciones con Estados Unidos, restablecer vínculos con Israel y modificar la orientación internacional del gobierno de Gustavo Petro.
Sexta: confrontación radical con la oposición. Uno de los aspectos más controvertidos de su campaña fue el lenguaje utilizado contra la izquierda, el petrismo y sus adversarios políticos. La expresión «destripar a la izquierda», atribuida a sus intervenciones electorales, ilustra la intensidad de aquella confrontación.
Esta última característica merece especial atención. La disputa política no se presentaba únicamente como una competencia entre programas diferentes, sino, en ocasiones, como una confrontación entre proyectos considerados incompatibles.
No obstante, la dureza de un discurso electoral no demuestra por sí sola una intención de restringir los derechos de la oposición. Esa diferencia es fundamental para evaluar el comportamiento presidencial.
- El gabinete ministerial: los nombramientos también expresan una orientación política
Uno de los aspectos más importantes para comprender el proyecto de gobierno es la selección de sus principales colaboradores.
La conformación de un gabinete nunca es una decisión exclusivamente administrativa. Los presidentes seleccionan funcionarios por su experiencia, sus relaciones políticas, su capacidad de gestión y, frecuentemente, por sus afinidades ideológicas.
En el caso de De la Espriella, los nombramientos en Educación, Cultura e Interior permiten examinar la influencia del conservadurismo político y religioso en áreas estratégicas del Estado.
Ilva Myriam Hoyos, en Educación. El reemplazo de Viviane Morales por Ilva Myriam Hoyos no representó un giro hacia posiciones más liberales. Hoyos ha sido reconocida por sus convicciones católicas conservadoras y sus posiciones contrarias al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Su trayectoria incluye responsabilidades durante la administración del exprocurador Alejandro Ordóñez.
Este nombramiento tiene especial significado porque la educación constituye un espacio decisivo para la formación ciudadana, la educación sexual, el reconocimiento de la diversidad y el respeto a las libertades individuales.
Paola Holguín, en Cultura. Su trayectoria política ha estado vinculada al uribismo y al Centro Democrático. Su presencia en esta cartera plantea preguntas sobre la orientación de las políticas culturales, el reconocimiento de la diversidad y la autonomía de las expresiones artísticas.
Alejandro Ordóñez, en Interior. Su designación resulta especialmente significativa por su trayectoria de conservadurismo religioso y sus controversias públicas sobre derechos sexuales y reproductivos. El Ministerio del Interior es una institución clave para las relaciones con el Congreso, los partidos políticos, los movimientos sociales y las organizaciones ciudadanas.
La coincidencia entre las posiciones de estos funcionarios y varios componentes del programa presidencial permite plantear una hipótesis: el presidente estaría conformando un equipo con afinidades ideológicas que faciliten la ejecución de sus principales propuestas de campaña.
Sin embargo, no todos los integrantes del gabinete tienen necesariamente las mismas convicciones, ni sus antecedentes personales determinan automáticamente sus decisiones ministeriales.
La verdadera prueba estará en las políticas que desarrollen, particularmente en educación, cultura, participación ciudadana y garantías democráticas.
- Las primeras decisiones: continuidad y contradicciones
Los primeros meses de gobierno muestran actuaciones que pueden relacionarse con las promesas electorales.
En seguridad, el fortalecimiento de las operaciones militares y policiales responde a su propuesta de recuperar el control territorial mediante una política más estricta frente a las organizaciones criminales.
En política exterior, el restablecimiento de las exportaciones de carbón a Israel y el acercamiento a Estados Unidos reflejan una modificación respecto de las prioridades del gobierno anterior.
En administración pública, las medidas de reorganización institucional y reducción de gastos corresponden a su propuesta de disminuir el tamaño del Estado.
En materia económica, los recortes presupuestales y la presentación del proyecto de Ley de Rescate Económico muestran la intención de introducir ajustes fiscales y reformas tributarias.
Sin embargo, también han surgido contradicciones. El Gobierno enfrenta compromisos de deuda, necesidades sociales y obligaciones presupuestales que limitan su capacidad para reducir rápidamente el gasto público.
Así, la promesa de un Estado más pequeño convive con la necesidad de financiar un presupuesto considerable y buscar nuevas fuentes de ingresos.
En este debate aparece un problema que atraviesa la historia de la administración pública colombiana: la corrupción. Reducir entidades, disminuir funcionarios o recortar presupuestos no garantiza, por sí mismo, acabar con ella. La apropiación indebida de recursos públicos también puede producirse mediante contratos, concesiones, intermediarios privados, favorecimientos políticos y relaciones poco transparentes entre empresarios y funcionarios.
Por consiguiente, la verdadera transformación del Estado no debería medirse únicamente por cuánto disminuye su tamaño, sino también por su capacidad para impedir que los recursos públicos terminen favoreciendo intereses particulares.
La continuidad ideológica no significa, por tanto, que todas las promesas puedan ejecutarse exactamente como fueron anunciadas.
- La economía y la clase media: ¿quién pagará los ajustes?
El proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado el 29 de octubre, constituye una de las principales pruebas para evaluar la orientación social del Gobierno.
La iniciativa contempla modificaciones tributarias, estímulos a la inversión, reducción de gastos y reorganización de instituciones públicas.
El Gobierno sostiene que necesita corregir los desequilibrios fiscales y recuperar la confianza de los inversionistas. Sus críticos cuestionan la distribución de los costos del ajuste, particularmente cuando algunas medidas podrían aumentar las cargas sobre los consumidores y determinados trabajadores.
Estos son efectos posibles de medidas propuestas, no consecuencias definitivamente comprobadas.
La clase media merece especial atención. Son hogares que pueden superar las líneas estadísticas de pobreza, pero destinan gran parte de sus ingresos a vivienda, alimentación, transporte, educación, salud y servicios públicos.
En la Región Caribe, donde las tarifas eléctricas constituyen una preocupación económica persistente, cualquier aumento adicional del costo de vida puede intensificar las dificultades familiares.
Pero existe otra cuestión que no debería quedar por fuera del debate fiscal. Antes de exigir nuevos sacrificios tributarios a los ciudadanos, resulta indispensable examinar cuánto pierde el Estado por corrupción, evasión, contrabando, contratación irregular y utilización ineficiente de los recursos públicos.
No se trata de afirmar que eliminando la corrupción desaparecería el déficit fiscal, porque las dificultades financieras del país tienen causas mucho más amplias. Se trata de reconocer que la legitimidad de cualquier reforma tributaria también depende de la confianza ciudadana en el manejo de los impuestos.
El debate fiscal debe responder dos preguntas fundamentales: ¿los sacrificios necesarios para equilibrar las finanzas públicas serán distribuidos equitativamente entre los diferentes sectores de la sociedad? ¿Qué garantías tendrán los colombianos de que los nuevos recursos se administrarán con transparencia y se destinarán efectivamente a satisfacer necesidades colectivas?
- La oposición política: del discurso electoral al ejercicio del poder
Durante la campaña, De la Espriella utilizó un lenguaje de confrontación particularmente radical frente a la izquierda y al gobierno anterior.
Después de asumir la Presidencia, ha manifestado que la oposición cuenta con garantías constitucionales para ejercer sus derechos. Sin embargo, sus críticas a sus adversarios políticos continúan siendo un componente importante de su discurso público.
Aquí aparece una cuestión fundamental: la democracia no se define únicamente por la existencia de elecciones, sino también por el respeto a quienes pierden, discrepan o se movilizan contra las decisiones gubernamentales.
El problema no consiste en que un presidente defienda firmemente sus ideas. Consiste en determinar si reconoce la legitimidad de quienes sostienen posiciones diferentes.
La conformación de un gabinete ideológicamente afín puede facilitar la ejecución del programa presidencial. Pero también hace necesario observar si existen espacios suficientes para el diálogo con organizaciones sociales, sindicatos, universidades, movimientos culturales y partidos opositores.
El tratamiento que reciban las protestas ciudadanas será una prueba especialmente importante, sobre todo si las medidas fiscales producen inconformidad entre trabajadores y sectores de ingresos medios.
Igualmente, la lucha contra la corrupción debe estar sometida a criterios institucionales y no convertirse en un instrumento de confrontación selectiva contra los adversarios políticos. Investigar las irregularidades de gobiernos anteriores es necesario, pero también lo es garantizar que las actuaciones del gobierno actual estén sujetas al mismo escrutinio.
La transparencia no puede depender de quién gobierna ni de quién ejerce la oposición.
- Estados Unidos y la orientación internacional
El acercamiento a Estados Unidos constituye una de las continuidades más visibles entre la campaña y el Gobierno.
La cooperación en seguridad, inversión y recursos estratégicos puede generar beneficios económicos y tecnológicos. Sin embargo, también plantea preguntas sobre las condiciones de los acuerdos y la capacidad de Colombia para preservar su autonomía.
El respaldo de Washington a determinadas políticas no equivale necesariamente a un apoyo incondicional al presidente ni garantiza respaldo ciudadano dentro de Colombia.
Por ello, el análisis debe distinguir entre cooperación internacional, afinidad ideológica y dependencia política.
También resulta necesario examinar si las decisiones sobre inversión extranjera, explotación de recursos naturales y contratación pública garantizan beneficios para el conjunto de la sociedad y mecanismos suficientes de transparencia.
- ¿Hacia dónde podría dirigirse el Gobierno?
El futuro de De la Espriella no depende exclusivamente de sus convicciones personales. También estará condicionado por la situación económica, el Congreso, las decisiones judiciales, las relaciones internacionales y la respuesta ciudadana.
Pueden identificarse tres escenarios:
El primero es la profundización de su programa. Si conserva apoyo social y capacidad de negociación política, podría avanzar en sus reformas económicas, administrativas y de seguridad. La afinidad ideológica de parte de su gabinete podría facilitar esa continuidad.
El segundo es la moderación. Las restricciones fiscales, la oposición legislativa, los controles constitucionales y las dificultades para ejecutar sus propuestas podrían llevarlo a introducir cambios y buscar acuerdos.
El tercero es el aumento de la conflictividad social. Si las reformas tributarias, los recortes estatales y otras decisiones incrementan las dificultades económicas de los hogares, podrían surgir protestas ciudadanas y nuevas expresiones de oposición, tanto organizadas como espontáneas.
El respaldo electoral inicial no garantiza apoyo permanente. Un ciudadano puede compartir las políticas de seguridad del presidente y, al mismo tiempo, cuestionar sus decisiones económicas o culturales.
En cualquiera de estos escenarios, la transparencia administrativa y el tratamiento de los eventuales casos de corrupción constituirán factores importantes para evaluar la confianza ciudadana y la legitimidad del Gobierno.
Por eso, sería prematuro afirmar que el Gobierno necesariamente se radicalizará. Lo que sí puede examinarse es si sus decisiones futuras profundizan las orientaciones de campaña y cómo responde cuando encuentra resistencia social o institucional.
- La coherencia ideológica y las consecuencias sociales del poder
Los primeros meses de gobierno permiten identificar tres dimensiones de continuidad entre la campaña electoral de Abelardo de la Espriella y el ejercicio de la Presidencia.
La primera es discursiva: persisten orientaciones relacionadas con la autoridad, la seguridad, la empresa privada, el conservadurismo cultural y la confrontación con sectores de la izquierda.
La segunda es política y administrativa: sus decisiones sobre seguridad, política exterior, austeridad y reforma fiscal reflejan componentes importantes de su programa electoral.
La tercera es la conformación de su equipo de gobierno: la incorporación de figuras conservadoras en ministerios estratégicos permite estudiar cómo las afinidades ideológicas influyen en la dirección de las políticas públicas.
Sin embargo, también existen contradicciones entre las promesas de reducción del Estado y las necesidades fiscales que enfrenta su administración.
La reforma tributaria será una prueba importante. El Gobierno afirma que busca sanear las finanzas públicas y proteger a los sectores vulnerables, mientras sus críticos advierten sobre los posibles efectos de los nuevos impuestos en el consumo y la clase media.
A ello se suma una responsabilidad que corresponde a cualquier gobierno, independientemente de su orientación ideológica: combatir la corrupción, fortalecer los organismos de control y garantizar que los recursos públicos no sean utilizados para favorecer intereses particulares.
La corrupción no es patrimonio exclusivo de la derecha ni de la izquierda. Es un fenómeno estructural que puede reproducirse bajo diferentes gobiernos cuando los intereses privados capturan decisiones públicas y los mecanismos de vigilancia resultan insuficientes.
El interrogante central no es únicamente si De la Espriella está cumpliendo lo que prometió. También es necesario establecer quiénes reciben los beneficios de sus políticas, quiénes soportan sus costos, cómo se administran los recursos públicos y cómo responde el Gobierno a quienes manifiestan su inconformidad.
La democracia colombiana deberá enfrentar estas discusiones mediante sus instituciones, la participación ciudadana, el control político y el respeto a las libertades constitucionales.
En definitiva, la coherencia ideológica de un presidente no puede evaluarse solamente por su fidelidad a las promesas electorales, sino también por las consecuencias sociales de sus decisiones, el respeto a las libertades democráticas y la transparencia con que ejerce el poder.
El rumbo del país dependerá tanto de las decisiones presidenciales como de sus resultados económicos y sociales, de la actuación de las instituciones y de la capacidad de la ciudadanía para participar en las decisiones que afectan su vida cotidiana.
Referencias documentales
- Presidencia de la República. Comunicado del 2 de septiembre de 2026 sobre la designación de Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación.
- Cámara de Representantes. Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, «Ley de Rescate Económico», radicado el 29 de octubre de 2026.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de Ley de Rescate Económico, 2026.
- Constitución Política de Colombia, artículos 40, 112, 209 y 267.
- Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción.
- Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.
- Ley 2195 de 2022. Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.
- Transparencia por Colombia. Informes y análisis sobre riesgos de corrupción, transparencia e integridad pública.
José de Jesús Camacho Gamero.
Foto tomada de: BBC
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