El informe de la Defensoría del Pueblo reseñado de manera amplia por el Portal Verdad Abierta -quien tuvo acceso al mismo- señala que la situación de líderes sociales y de defensores de derechos humanos- es cada vez más dramática por cuenta de las acciones armadas en su contra. Las amenazas, intimidaciones y muertes se registran en todo el país, afectando a representantes, voceros e integrantes de por lo menos 310 organizaciones sociales, comunitarias y de derechos humanos.
Es particularmente dramática la situación del movimiento político Marcha Patriótica que ha denunciado que desde su nacimiento el 20 de julio del año 2010 ha registrado el asesinato de 132 militantes de dicha organización; casos que en más del 95% se mantienen en la más completa impunidad. Y en el informe de la Defensoría del Pueblo se indica que también es dramática la situación de los líderes sociales y de los defensores de los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca. El informe de la Defensoría del Pueblo y su Sistema de Alertas Tempranas referencia 282 municipios de 31 departamentos del país que presentan elevados niveles de riesgo en las zonas rurales y cabeceras de los municipios relacionados, lugares en los que desarrollan sus labores habituales los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos a los que hace referencia el informe. El informe señala que de los 111 asesinatos registrados en el país en el año 2016, 41, es decir, el 37% de los casos ocurrieron en el Departamento del Cauca, 18 en Antioquia, 8 en Cundinamarca, 8 en Norte de Santander y 7 en Nariño. Estos cinco departamentos reúnen el 74% de las muertes violentas cometidas contra este sector de la población. Así mismo el Informe de la Defensoría registra para el año 2016 cinco casos de desaparición forzada y por lo menos 431 amenazas recepcionadas por la Defensoría, el 14% de las cuales son colectivas. No se descarta que exista un subregistro de los hechos, lo que evidenciaría que la situación de riesgo es más grave de lo que públicamente se ha reconocido.
En cuanto a los responsables el informe reconoce que “son proferidas principalmente mediante panfletos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, sufragios, entre otros, se hacen a nombre de estructuras que se autodenominan “AUC”, “Águilas Negras Nueva Generación”, “Águilas Negras-AUC”, “Águilas Negras”, “Comando Central los Rastrojos”, “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, “AGC”, “Los Gaitanistas”, “Los Urabeños”, entre otros”.
Si hay sistematicidad
Pero lo más significativo del informe es que afirma en contra de las declaraciones del Ministerio de la Defensa y de la Fiscalía General de la Nación de que si hay sistematicidad. El Ministro de la Defensa, Luís Carlos Villegas ha reiterado recientemente en el Congreso de la República su postura: “Vuelvo a decir que esto no será lo más simpático, pero es la verdad. No hemos podido documentar que haya detrás de esa actividad (muertes) de eventos contra líderes sociales sistematicidad alguna”. En ese mismo sentido se ha pronunciado el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Contrario a esta afirmación y es quizás por ello que el informe no ha sido oficialmente publicado, la Defensoría afirma que si hay sistematicidad y fundamenta su afirmación en cuatro hechos. El primero de ellos indica que “por lo menos el 69% de las víctimas desarrollaban su labor de organización comunitaria e impulso de acciones de reivindicación de derechos en zonas rurales”; el segundo establece que “por lo menos el 25% de las víctimas eran líderes de pueblos y comunidades indígenas. La mayor afectación sobre este sector de la población se registra en el departamento del Cauca con un total de 19 víctimas”.
El tercer aspecto de sistematicidad es que “si bien por las características de los procesos organizativos en los territorios, algunas de las víctimas pertenecen simultáneamente a varias organizaciones (de víctimas, campesinas, indígenas, comunales, entre otras, que a su vez están adscritas a procesos de nivel regional o nacional), se observa un alto nivel de afectación sobre líderes de Juntas de Acción Comunal, tanto en zonas rurales como en sectores periféricos de las cabeceras municipales”.
Y por último, destaca que “respecto a los proceso de convergencia de organizaciones sociales a nivel nacional, se observa un alto nivel de afectación sobre líderes adscritos al Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos”.
En un documento sobre el tema preparado por la Corporación Nuevo Arco Iris y que contó además con la participación de investigadores de diversas universidades se podría agregar un elemento más de sistematicidad de los que allí se contemplan. Una buena parte de los líderes fueron asesinados en zonas que han sido recientemente abandonadas por las FARC-EP en su proceso de concentración y otra parte significativa en sitios cercanos a las zonas en donde se concentran las FARC-EP.
Hacia una política pública de desmonte del paramilitarismo
El Acuerdo final para la terminación del conflicto firmado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional contempla en su punto 3.4 una completa estrategia para hacer frente a este fenómeno de las llamadas organizaciones sucesoras del paramilitarismo. De manera muy suscinta quisiera señalar los contenidos de este punto y lo que a mi juicio acertadamente plantea. Como principios orientadores el desmonte del paramilitarismo lo que busca es el respeto, la garantía y la promoción y respeto de los Derechos Humanos asegurando el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Todo ello en el marco del fortalecimiento de la administración de justicia asegurando entre otras cosas el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública con un enfoque territorial y de género en el marco de las garantías de no repetición.
Para ello se crea en el Acuerdo y ya ha sido instalada una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento del paramilitarismo que tiene como objetivo central el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata el Acuerdo con el fin de garantizar la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Dicha Comisión está presidida por el Presidente de la República y cuenta en su seno con la participación entre otros de los ministros del Interior, Defensa, Justicia, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Comandante General de las Fuerzas Armadas, Director General de la Policía Nacional y cinco voceros de las plataformas de derechos humanos. Es decir y de manera acertada se contemplan los más altos dignatarios del Estado al lado de expertos y defensores de Derechos Humanos.
Así mismo y de manera acertada se plantea que la política pública de desmantelamiento del paramilitarismo debe conllevar la puesta en marcha y concreción de un gran pacto o acuerdo nacional para sacar las armas de la política y yo agregaría también para sacar la corrupción de la política que debe construirse desde los municipios comenzando por aquellos más afectados por el conflicto; pacto o acuerdo que debe involucrar a las autoridades municipales, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas sin exclusión ninguna, las iglesias, las organizaciones de víctimas, la fuerza pública, en fin, los pactos deben ser acuerdos refrendados en mecanismos como los cabildos abiertos o asambleas municipales que comprometan a todos los actores para erradicar a estos grupos. Se deben realizar así mismo grandes debates públicos sobre los contenidos y los instrumentos de la política pública para el desmonte del paramilitarismo. Todo ello debe ser orientado y organizado por la Comisión Nacional de Garantías.
Deben hacerse así mismo acuerdos en los niveles departamentales y por supuesto en el nivel nacional. Como parte de la política deberían establecerse mecanismos de monitoreo y seguimiento los acuerdos. Dada la penetración de estas estructuras criminales en los órganos judiciales, en los poderes públicos y en la fuerza pública deberán establecerse mecanismos para ejercer veeduría sobre el desempeño de estos organismos tales como por ejemplo registro de las violaciones y la presencia de estos organismos criminales estableciendo las responsabilidades de los diversos organismos dentro de los cuales se debe destacar a los organismos de la fuerza pública y de la rama judicial del poder público.
En los Acuerdos de La Habana se contempla así mismo la creación de la Unidad Especial de Investigación para el desmonte del paramilitarismo que estará adscrita a la Fiscalía General de la Nación pero que gozará de autonomía administrativa, presupuestal y operativa. Esta Unidad fue puesta en marcha con el nombramiento de Alexandra Valencia como su directora, pero, con el triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre este punto se renegoció y se estableció que la elección de la directora o director la hará el Fiscal General de una terna que el grupo de cinco electores debe enviarle al Fiscal(los delegados del secretario general de Naciones Unidas, de la Corte Europea de Derechos Humanos, del Instituto Internacional de Justicia Transicional, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y del sistema de universidades públicas de Colombia, que ya ha sido constituido). Esta nueva realidad ha retrasado la conformación de esta Unidad lo cual es muy grave para la conformación de este que es el principal instrumento de lucha contra estos grupos criminales que han incrementado su accionar con el saldo que ya hemos registrado. Urge ahora que los cinco electores procedan con la mayor celeridad posible a conformar la terna para la elección de la directora o director de dicha Unidad. Así mismo el Acuerdo Final contempla le creación de un Cuerpo Elite en la Policía Nacional con un enfoque multidimensional para el desmonte de las llamadas estructuras sucesoras del paramilitarismo. Finalmente se contempla la creación de una Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política también con los personeros del más alto nivel del Estado y esta si con presencia de dos delegados del partido político que creen las FARC-EP-.
Así pues el propio Acuerdo Final para la terminación del conflicto contempla los instrumentos para poner en marcha una política real para el desmonte del fenómeno paramilitar. Lo que ahora debemos exigir es que todo este capítulo del Acuerdo Final se ponga en marcha. Debemos exigir que como parte de la política para el desmonte del fenómeno paramilitar se contemple una política de sometimiento a la justicia de las estructuras paramilitares lo cual no debe entenderse de ninguna manera como reconocimiento de carácter político a dichas organizaciones sino como una política de sometimiento a la justicia.
Pedro Santana Rodríguez: Director Revista Sur
Bogotá marzo 23 de 2017.
NOTAS
[i] Por lo menos 310 organizaciones están en situación de riesgo en todo el país. Verdad Abierta, publicado el 21 de marzo de 2017. En www.verdadabierta.com