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Las agendas que el agro necesita. ¿Con qué congreso?

14 marzo, 2022 By Jaime Alberto Rendón Acevedo Leave a Comment

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Pasaron las elecciones al congreso. Las y los colombianos elegimos a quienes van a legislar por los próximos cuatro años. También harán control político y podrán elegir altos dignatarios de las instituciones públicas.  No será poca su responsabilidad, mucho más ante la historia de un congreso gigante, muy bien remunerado y, con algunas exenciones, caracterizado por la ineficacia.

De entrada, hay poco que esperar. La composición no varió sustancialmente. A juzgar por las experiencias mundiales, las malas gestiones se castigan con el no voto a los partidos y a las personas, se busca renovar de acuerdo con el éxito legislativo. La teoría de la elección pública es clara cuando afirma que el voto se convierte en el precio, mejor, en el mecanismo para premiar o no, la actividad realizada. Como buenos neoliberales, consideran la política como un mercado donde el voto es el precio que se paga ante el ejercicio. En estas circunstancias tampoco en Colombia funciona esta idea de mercado político.  Así que las renovaciones no solo son mínimas, sino que el control legislativo seguirá estando en las manos tradicionales. Hay que esperar que las nuevas caras y las renovadas fuerzas políticas aprovechen bien los nuevos tiempos.

Mientras tanto y aun ante posibles ajustes a las listas de entrada tanto a cámara como a senado, algunos congresistas de alto reconocimiento en el mundo rural se quedaron en el camino. Castigo, desidia de los votantes o simplemente otras mejores opciones alinearon a los electores. Lo cierto es que la idea de la ruralidad se desvanece en un congreso urbano, una brecha que seguirá creciendo, tanto que ya poco importará. Recuperarla, en el sentido de hacerla visible, si que debe ser un propósito de quienes pensamos que la paz, el crecimiento, el desarrollo y la buena vida en el país, pasa necesariamente por la ruralidad, por las producciones de alimentos, pero en particular, y con ahínco, por las familias campesinas.

Pero esto requiere más que una bonita expresión. Se trata de un conjunto de reformas, de acciones concretas que los movimientos sociales, la academia, entre otros, han venido reclamando, discutiendo y poniendo en consideración del país político.

Todo empieza por los alimentos, el cómo se producen y el para quien se producen. De allí queda el tema final: el producto, la riqueza generada se distribuye de manera adecuada o termina concentrada probablemente en las manos menos laboriosas. En este proceso pasan temas como la tenencia de la tierra, la titulación, la recuperación de tierras perdidas en el conflicto. Deudas sin lugar a dudas sustanciales de la sociedad con el campo, elementos que nos han conducido a la propia guerra y lo que de ella se ha derivado: una concentración absoluta de la tierra, con un índice de Gini del 0.92.

El proceso mismo de producción agropecuaria es un martirio, pasa por problemas de financiamiento, de asistencia técnica, de usos de tecnología o de mecanización. La comercialización se choca ante la carencia de infraestructuras o de medios de transportes adecuados. Y, por si fuera poco, llega al mercado a competir con 15 millones de toneladas de alimentos que vienen del exterior a través de TLC y en cuyos países de origen esos bienes y productores gozan de los beneficios y protecciones que en Colombia se les niegan de cuenta del argumento que es el mercado, en competencia perfecta, quien determinará quien es competitivo y puede seguir en él.

En este sentido, frente a las comercializaciones, las reformas deben ser sustanciales, no solo en tanto diseñar e implementar los puntos de distribución geoestratégicamente localizados, sino que cumplan con los propósitos de impedir la acción de los intermediarios y, a la par, promover los circuitos cortos y verdes con el fin de optimizar los procesos logísticos de llegada a los mercados y accesos a los consumidores.

Otros temas cruciales en el campo tienen que ver con calidad de vida, reconocimiento e inclusión. De esta manera hay que seguir avanzando en aspectos de formalización de los mercados de trabajo, pero también de procurar una renta básica para familias campesinas. La educación rural de calidad es una condición para garantizar no solo una mayor aprehensión a los territorios sino para lograr incrementos sustanciales en productividad económica y ecológica. Es necesario pensar en proyectos de ley que focalicen y prioricen acciones para mujeres y jóvenes. Políticas de este estilo procurarán que el campo sea una real alternativa de vida para quienes hoy lo habitan y sea un espacio de realización individual y colectiva.

No son pocas las agendas, los retos innumerables, pero se necesitan dolientes y cada vez más, a juzgar por los resultados, en el congreso no se tiene la iniciativa para ello. Hasta ahora quienes aspiran a la presidencia tampoco han mostrado una mayor disposición sobre estos temas, pasan por cuestiones muy generales, que poco aportan. Desde la Universidad se han apoyado documentos colectivos de propuestas que recogen estos y otros aspectos frente a las economías campesinas (https://www.sur.org.co/libroagendatransiciondemocraticacol/) o sobre las juventudes rurales (https://universidadean.edu.co/sites/default/files/landing/PilasFuturo/UniversidadLaSalle.pdf) . Sería importante que se realizaran debates temáticos frente a la ruralidad y que juntos como país, podamos firmar el pacto de compromiso por nuestra ruralidad. (https://observatorioruralunisalle.com/wp-content/uploads/2022/01/manifiesto-rural.pdf). La propuesta está planteada y nuestra casa les espera.

Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle

Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia

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Filed Under: Revista Sur, RS Desde el sur

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