Del escándalo político-mediático en el que estuvo envuelta por varios días la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez Blanco, quedan dos conclusiones. La primera, y quizás la más dolorosa desde la perspectiva ético-política, es lo irrelevante e insulso que resulta para la involucrada, aquello que se conoce como la institucionalidad.
Es tal el desprecio hacia este conjunto de valores y prácticas que terminan por caracterizar a una o a varias instituciones estatales, que Ramírez Blanco prefirió atornillarse a su cargo, antes que preocuparse por los daños que ella misma le produjo a la imagen del Estado, de la Vicepresidencia, a la Política y a ella misma como funcionaria y como Mujer. Así, la decisión de la Vicepresidenta está anclada a la lealtad que ella le debe al Régimen de poder y a sus máximos líderes, que para el caso específico, son Álvaro Uribe Vélez y todos los demás que respaldan a este último: militares, empresarios, banqueros e industriales que de tiempo atrás usan a este tóxico líder como su “avanzada ético-política” para consolidar una democracia, un Estado y un mercado ajustado a sus intereses corporativos y al carácter feudal con el que asumen las relaciones patronos-trabajadores.
El respeto por las instituciones y por la institucionalidad derivada de la operación de aquellas es la semilla de donde brota la legitimidad de un Estado e incluso, del propio Régimen que está detrás de aquel. Y es claro que el Régimen colombiano deviene asociado a un ethos mafioso y criminal, resultado del maridaje entre Política y crimen, entre operadores políticos y narcotraficantes, sicarios y toda suerte de malandrines que sirven a los propósitos de la élite económica y política.
La segunda conclusión, con estrecha relación con la primera, señala que el apoyo dado a la Vicepresidenta, tanto por Uribe, como por otros miembros del Establecimiento colombiano, está fundado en lealtades muy parecidas a las que solían guardarse entre los capos de los carteles de la droga de Cali y Medellín, para nombrar a los más populares. El respaldo político que recibió Ramírez del expresidente antioqueño expone la perniciosa lealtad que los une como operadores políticos, derivada de una vieja relación política entre la Vicepresidenta y el hoy Senador de la República.
Una vez traspasados los límites éticos y morales, los miembros del Establecimiento colombiano están obligados a respaldarse por cuanto de por medio hay un compromiso mayúsculo: mantener el control sobre el Estado, pero, sobre todo, hacer que la escala de valores impuesta de tiempo atrás y en particular desde el 2002, se consolide, se entronice y logre el cometido de guiar la vida privada y pública de todos aquellos que simpatizan con las maneras de operar del Régimen, así este, para la Oposición y para millones de colombianos, devenga oprobioso, sucio y criminal.
Así las cosas, lo acaecido con Ramírez Blanco deja nocivas sensaciones alrededor de la responsabilidad ética de los funcionarios del Estado frente al actuar de sus familiares y de sus conductas individuales. El argumento, pueril por demás, de que “no hay delitos de sangre” en Colombia, solo sirve para fortalecer la imagen de país corrupto que tiene Colombia en varios países del mundo. El ser reconocidos como mafiosos y corruptos ante la llamada “comunidad internacional”, coadyuva a que muchas de las relaciones políticas y comerciales establecidas a través de la cooperación internacional, funcionen, giren y operen sobre el débil valor que acá en Colombia le damos a la transparencia, al actuar ético y a la responsabilidad social y política que se asume cuando se llega al Estado.
Gracias a que Ramírez Blanco no vio en su silencio un conflicto ético-político, la Colombia mafiosa, corrupta y complaciente con todo tipo de prácticas dolosas salió airosa, lo que de inmediato nos confirma como una sociedad propicia para la trampa y la consolidación de mafias, estatales y privadas.
Al final, la Vice Ramírez ni se cayó, pero tampoco se calló ante los medios. En las últimas horas dejó aflorar su desfachatez no solo al validar la desastrosa-exitosa jornada sin IVA, sino su lejanía de la causa feminista.
Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo
Foto tomada de: La Nación
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