Un cambio en la forma en la que se entiende la seguridad
De manera general, la concepción de la seguridad de la administración de ADLE y de Petro son diferentes y, en ciertos puntos, opuestas. Por un lado, el ejecutivo a posesionarse parte de la “mano dura” como forma para enfrentar el crimen, el cual se considera “el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país”.
A esto se suma que, dentro de la Patria Milagro, se plantean cuatro amenazas: “autoritarismo, violencia criminal, corrupción política y penetración del narcotráfico y de las economías ilegales”. Esta elección es relevante en la medida que define una hoja de ruta y eleva a la categoría de seguridad una propuesta discursiva por parte de la administración a posesionar. Por ende, esto lleva a afirmar en el Plan de Gobierno de ADLE: “Convertir la elección en una decisión histórica de defensa nacional”.
Esta visión se encuentra más cercana a una posición tradicional en términos de la política de seguridad, en la cual, de la defensa (salvación) del Estado (o en este caso, de la patria), depende el logro de la garantía de los derechos y las libertades públicas. Esta perspectiva es opuesta a la propuesta por Petro de “Seguridad Humana”, en la cual se pone como centro a la persona y la garantía de derechos de la misma, partiendo de la idea de que la satisfacción de las necesidades lleva a una reducción de la inseguridad.
En términos generales, esto significa que se va a dar una reorganización de las prioridades de una administración a otra, teniendo un foco centrado en promover acciones que se basen en la fuerza.
¿Qué es esperable de la administración ADLE en seguridad?
En el momento en el que se realiza un compilado de las propuestas de ADLE es fundamental afirmar que estas aún se encuentran en un punto general, teniendo pocas acciones concretas definidas. Esto quiere decir que un análisis del impacto real que pueda tener esta política resulta limitado; no obstante, los puntos que aquí se proponen son parte integrante que han sido afirmados por el presidente electo o su círculo cercano.
- Fin de las negociaciones con grupos armados: Hay un rechazo a la negociación política con cualquier tipo de organización armada. De esta manera, la paz se impone por medio de la ley y de la fuerza; no hay posibilidades de establecer compromisos por parte del Estado. En este orden, es poco probable la existencia de ceses bilaterales.
Al respecto, el único camino habilitado para las organizaciones ilegales es el sometimiento, ya sea individual o colectivo. Existen posibilidades de que se presenten diálogos, pero no desde una postura política, sino desde la aplicación de la ley.
Es importante poner la lupa sobre el llamado hecho por el presidente electo en relación con el sometimiento de los grupos armados ilegales en 30 días, a consecuencia del enfrentamiento militar frontal por parte del Estado. Esta propuesta no tendrá cabida en estas organizaciones, en parte porque, en el cálculo de las mismas, los costos del sometimiento en la actualidad son superiores a los posibles beneficios. La propuesta se basa en un cálculo a futuro y en costos que todavía no son medibles por las agrupaciones ilegales.
La afirmación hecha por el ejecutivo es útil en la medida que permite a futuro justificar las acciones militares que se tendrán, partiendo de la idea que se les dio una oportunidad para abandonar sus actuaciones ilegales. Mezcla una perspectiva de beneficio al sometimiento (aunque acotada) con un alistamiento de la acción militar.
Cabe anotar, así como el nuevo gobierno se adecua de acuerdo con su visión y las propuestas hechas en campaña, reorganizando el Estado en su conjunto (especialmente la manera en la que se da el accionar de la Fuerza Pública); los Grupos Armados Organizados harán lo mismo. Esto quiere decir que el ELN, el Clan del Golfo, las Disidencias de las FARC y otras agrupaciones, adecuarán sus estrategias dependiendo la manera en la que el nuevo gobierno actué.
En ese orden de ideas, se puede pensar en una escalada de confrontación y de intentos de demostración de fuerza mutuas en el corto plazo, teniendo repercusiones en la población. Dependiendo de cómo se dé este inicio de mandato se darán pautas para toda la administración.
- Control territorial y fortalecimiento de la Fuerza Pública. Uno de los puntos centrales que tiene la propuesta de Abelardo es el fortalecimiento del Ministerio de Defensa Nacional, esperando con ello llegar a territorio y ejercer la ley en el mismo.
Lo primero a señalar en este apartado es el control territorial, como uno de los ejes clave de la política de seguridad de ADLE, buscando llegar con la misma formula tradicional que han aplicado todos los gobiernos en el país: entrada de la Fuerza Pública, para, de esta manera, facilitar que las otras instituciones puedan llegar al territorio. No obstante, es importante que se haga una revisión sobre la manera en la que avanza esta estrategia, dado que, si bien cada gobierno en el papel anuncia medidas similares, en la realidad es necesario ver las particularidades que se tendrán.
ADLE tiene un Plan de Choque ambicioso de 90 días en la que busca establecer líneas claras de acción en territorio. Dentro de ellas se encuentran decretos para establecer la Fuerza Pública en las regiones, un bloque de búsqueda contra la extorsión, la inclusión de la reserva activa y veteranos de las Fuerza Militares y la Policía y una ofensiva total en terreno, incluyendo la capacidad del uso de la Fuerza Aeroespacial para bombardeos.
En este punto el gran reto se encuentra en lograr acciones que se sustenten en terreno de manera diferente a la de sus antecesores, teniendo un respeto por los derechos humanos al tiempo que se avanza en la consolidación del Estado a nivel territorial. Asimismo, es requerido que se empiece a hacer una evaluación del papel que va a tener la institucionalidad en dichos territorios garantizando el cumplimiento de las obligaciones estatales más allá de la seguridad.
- Alineación estratégica con los Estados Unidos. Uno de los puntos clave de la política de seguridad será el relacionamiento que se tenga con Estados Unidos, mencionándose en Washington la posibilidad de un Plan Patriota 2.0, haciendo referencia al Plan Patriota que se tuvo para la ofensiva militar en el periodo de Álvaro Uribe. Asimismo, desde la campaña de Abelardo se ha mencionado la posibilidad de un Plan Colombia 2.0, así como la participación en el Escudo de las Américas.
Es fundamental mencionar que es esperable que no se dé de la misma manera una alianza estratégica con Estados Unidos de la manera histórica en la que esta se ha presentado. El gobierno Trump tiene intereses específicos en la región y, por lo tanto, los recursos que destine tendrán correlación con las acciones que la administración colombiana desarrolle. Al respeto se puede esperar un foco en el narcotráfico y la migración, así como una mirada en Colombia como un país estratégico por su ubicación, siendo un puente para toda la región.
Estados Unidos tiene una relación más utilitarista, con más condiciones y una menor financiación de posibles acciones. Un posible relacionamiento variará y es necesario ver la manera en la que se estructura dicho plan.
Un contexto diferente: Grupos armados dispersos y sin ideales
En cuanto al interrogante de si esta constituye una política de seguridad democrática 2.0, la respuesta es un no parcialmente, en la medida en que tiene aspectos importantes de la misma, especialmente relacionados con la mano dura. No obstante, el desconocer los cambios que se han dado en términos geopolíticos y de planeación de la seguridad a nivel internacional llevaría a hacer un análisis limitado de lo que puede significar la política de ADLE.
No se tendrá una política de seguridad democrática 2.0 debido a que esta respondió a unas dinámicas específicas territoriales entre 2002 y 2010: adicional a que este este término cuenta repercusiones que se derivan de debates políticos. El denominarla así puede recortar de manera profunda el análisis, recortando puntos clave. Hay una convergencia en aspectos relevantes, pero no son lo mismo.
Algunos de los cambios relevantes son:
- Salida del multilateralismo: Abelardo ha manifestado que tiene un propósito de salirse de instituciones multilaterales, teniendo repercusiones en la forma en la que Colombia cuenta con limitaciones. Al respecto, es fundamental tener cuidado con las organizaciones de derechos humanos que podrían estar al interior de la lista, saliéndose del modelo tradicional colombiano que se ha manejado a nivel internacional.
- Política penitenciaria como eje estructurante: El presidente electo ha manifestado cambios estructurales en cuanto al sistema penitenciario del país, teniendo transformaciones específicas en dicho apartado: La construcción de 10 megacárceles, las cuales se espera que pueda administrar el sector privado y tendrán máxima seguridad; la eliminación del INPEC y asignación de tareas al Ejército Nacional, y la búsqueda del endurecimiento de penas
Respuestas viejas a una nueva amenaza
Asegurar per se que las estrategias que plantea ADLE van a fracasar es apresurado. La política de seguridad, al igual que lo ha sido en otras administraciones, será dinámica y tendrá que adaptarse dependiendo de los avances que se tengan.
Sin embargo, si se decide desarrollar formas basadas únicamente en la mano dura o en estrategias del pasado, es probable que no se logren los resultados esperados. El fenómeno de la criminalidad ha cambiado de un modo vertiginoso en las últimas tres décadas, estableciendo una amplia dependencia al factor internacional, abandonando las concepciones políticas y basándose en una presencia territorial cada vez más difícil de detectar.
El reconocer las características y las maneras en las que se mueve la criminalidad en la actualidad debe ser una prioridad. Es necesario evitar los lugares comunes y el caer en las soluciones simplistas. Actualmente se articula un fenómeno complejo, mutable y que se actualiza dependiendo de las respuestas institucionales.
Conclusión
La política de seguridad propuesta por Abelardo de la Espriella representa un cambio de enfoque frente a la administración anterior, al privilegiar una concepción tradicional de la seguridad basada en el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la recuperación del control territorial y el uso de la coerción estatal como mecanismo principal para enfrentar las amenazas. Empero, aunque incorpora elementos que recuerdan la Política de Seguridad Democrática, el contexto actual presenta diferencias sustanciales: las organizaciones criminales son más fragmentadas, flexibles y vinculadas a economías ilegales transnacionales, por lo que los resultados dependerán de la capacidad del gobierno para adaptar sus estrategias a estas nuevas dinámicas y no únicamente de la intensificación de la respuesta militar.
En este escenario, los principales desafíos de la nueva administración estarán relacionados con lograr que el fortalecimiento de la capacidad operativa del Estado se traduzca en una consolidación efectiva de la institucionalidad en los territorios. La eventual finalización de las negociaciones con grupos armados, el énfasis en el sometimiento y la ofensiva militar podrían generar un incremento de la confrontación en el corto plazo, mientras que la cooperación internacional y la reforma del sistema penitenciario constituirán factores adicionales que influirán en la implementación de la política. En consecuencia, el éxito de esta estrategia dependerá de su capacidad para combinar el control territorial con la presencia integral del Estado, el respeto por los derechos humanos y respuestas flexibles frente a una criminalidad cada vez más compleja y cambiante; de lo contrario, podría ser limitada al responder con formas del pasado a problemas del futuro.
Farid Camilo Rondón Raigoza, Politólogo, Magíster y estudiante de Doctorado en Estudios Políticos y Jurídicos.
Foto tomada de: Caracol Radio
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