El pasado 27 de agosto se cumplieron cuatro largos años durante los cuales la región de La Mojana ha permanecido inundada, causando a sus cerca de quinientos mil habitantes inmensos sufrimientos, al igual que a sus sectores económicos —agricultores, ganaderos, transportadores—, lo que se traduce en mayor pobreza en una región con enormes posibilidades productivas. Entre 1998 y 2020, en los 11 municipios que conforman la región central de La Mojana, se presentaron 495 eventos de origen hidrometeorológico, de los cuales 338 fueron inundaciones, crecientes súbitas y avenidas torrenciales. Esto generó 1.253.110 personas afectadas, 75.846 viviendas averiadas y 1.222 viviendas destruidas. Y la cuenta siniestra sigue en aumento.
Lo primero que hay que decir en esta fecha desconsolada y triste es que el problema de las inundaciones en La Mojana constituye una vergüenza nacional cuya solución no admite más dilaciones. Es una vergüenza porque ninguno de los gobiernos nacionales, incluido el actual, que ya está con el sol a la espalda, ha sido capaz de resolver esta tragedia, pese a la existencia de numerosos estudios y documentos Conpes. Por falta de una política de Estado, la dispersión institucional, la corrupción y la indolencia, el problema no se ha resuelto. Mientras tanto, sus habitantes sobreviven de inundación en inundación, repitiendo ciclos de pobreza y ruina económica que impiden mejorar sus condiciones de vida que frenan el aprovechamiento de lo que bien podría ser una despensa agrícola nacional.
La intervención del Estado ha sido insuficiente e ineficaz en la solución al problema de las inundaciones. Como reconoce el Documento Conpes No. 4084 de 2022:
“La situación actual de pobreza, deterioro ambiental y recurrencia de desastres en la Mojana denota que las intervenciones han tenido una limitada capacidad para fomentar el desarrollo resiliente, sostenible, productivo y competitivo, ya que no han contemplado los conflictos socioambientales, la gestión integral del riesgo, la armonía de las prácticas productivas con los ecosistemas de la región, el desarrollo planificado con visión de cuenca hidrográfica, la vulnerabilidad física y social de los asentamientos humanos, y los efectos de la variabilidad climática incrementados por el cambio climático. Como resultado, las inversiones no han sido sostenibles en el tiempo, han sido ineficientes en reducir el riesgo y no han ocasionado mejoras en la calidad de vida ni en el desarrollo económico de la región” (p. 3).
La mayor prueba de esta ineficacia es que, al día de hoy, el boquete de Cara de Gato sigue abierto en una longitud de 63 metros, con el consiguiente aumento de la pobreza en la zona.
Una de las mayores dificultades que impiden soluciones prontas y efectivas es la dispersión institucional de la Mojana. En la ecorregión confluyen 28 municipios —la denominada Mojana Ampliada— pertenecientes a los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia; varias corporaciones ambientales —Cormagdalena, Corsucre, Corpomojana, Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, Corantioquia-Panzenu, con sede en Caucasia—, además del Ministerio de Ambiente, el Fondo de Adaptación y la controvertida Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Esta dispersión absurda ha propiciado un diálogo de sordos, en el que cada institución toma decisiones por separado, según sus propios criterios, lo que impide concretar las obras que conduzcan a resolver las dificultades inmensas de los habitantes de la Mojana. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) se ha visto relegado al papel de notario de ese desorden institucional, sin ninguna intervención transformadora del territorio, dejando de lado su misionalidad:
“El DNP es el centro de pensamiento del país que, a partir de su posición técnica y las características del ordenamiento del territorio, coordina, articula y orienta la planificación de corto, mediano y largo plazo, el ciclo de las políticas públicas y la priorización de los recursos de inversión.”
Desde el mayor y más completo estudio que se ha realizado sobre la Mojana y sus soluciones, el Programa de Desarrollo Sostenible de la Mojana (PDSM, DNP-FAO, 2003), se hace hincapié en la necesidad de contar con un ente que centralice las decisiones sobre la región. En el apartado Megaproyecto Dique-compuertas-canal-carretera, del capítulo de Infraestructura, Juan Guillermo Garcés señala con claridad la necesidad de:
“Una agencia de desarrollo que, como empresa comercial del Estado y regida por el derecho privado, sea capaz de asociar a los once municipios y los cuatro departamentos con la nación para planificar, gestionar y ejecutar el PDSM.”
De otra parte, en el subcapítulo Transporte Fluvial en los cursos de agua en la parte occidental de la Mojana, del mismo estudio, Omar G. Becerra Hoyos plantea que:
“Si se lograra la creación de un ente regional para la Mojana, con delegación de funciones asignadas por la ley a otras entidades y autonomía presupuestal, se podría articular institucionalmente la zona e impulsar en forma rápida y efectiva la construcción de la infraestructura portuaria” (p. 309).
En las actuales circunstancias del país y con base en su ordenamiento legal, una Región Administrativa y de Planificación (RAP) para la Mojana, independiente de la RAP Caribe, puede suplir la necesidad de esa coordinación y articulación urgente en una región que comparte características ecosistémicas, culturales y socioeconómicas similares. La visión de ecorregión no ha sido promovida por las instancias y mecanismos de coordinación suprarregional existentes. Como resultado, en la Mojana no se cuentan con procesos de Asociatividad Territorial (EAT) para impulsar proyectos de impacto regional (Conpes 4084, pp. 41-42). No contar con una herramienta de coordinación y articulación dificulta el actuar de las entidades territoriales para superar sus divisiones político-administrativas. Esta es una tarea pendiente en la región.
La constitución de una Región Administrativa y de Planificación (RAP) para la Mojana es imperiosa. El departamento de Antioquia, y su dirigencia política y técnica —el más avanzado del país en aplicar los Esquemas Asociativos Territoriales (EAT)—, puede jugar un papel primordial y definitivo en la constitución de la RAP de la Mojana. La influencia antioqueña es notoria en poblaciones como Ayapel, San Marcos, Magangué y, en general, en toda la Mojana. (Ver: Ayapel, Antioquia, en Ayapel, trozos de Historia, 2022, del historiador Jonny de la Ossa.)
La Mojana, responsabilidad nacional
Las dificultades que hoy vive la Mojana y sus habitantes son una responsabilidad nacional, debido principalmente a las particularidades de su geografía, al mal uso del suelo —un problema estructural en la ocupación del territorio colombiano— y a la desidia del Estado. La Mojana hace parte de la llamada Depresión Momposina, una amplia área que, al recibir la escorrentía de los valles interandinos —cuenca Magdalena-Cauca—, se comporta como un delta aluvial interior de tierras bajas e inundables, con variada intensidad durante ciertas épocas del año. El río Cauca desemboca directamente al Magdalena sobre el brazo de Loba, y el río San Jorge le entrega sus aguas más abajo, a través de una serie de ciénagas. Existen numerosas ciénagas y caños que se conectan entre sí y con los ríos San Jorge y Cauca.
Como La Mojana hace parte del macrosistema ambiental de la cuenca Magdalena-Cauca, la situación de su agudo deterioro ambiental tiene hondas repercusiones en la región. Cuando el río Magdalena pasa por la frágil y delicada ecorregión, arrastra consigo la profunda huella ecológica de la intervención antrópica: la deforestación alcanza el 77 % de su cobertura vegetal original; la pesca ha caído en más del 50 %; el transporte de sedimentos al bajo Magdalena se incrementó un 33 %; y la erosión alcanza el 78 % del área de la cuenca. De los 130 municipios ribereños, el 63 % arrojan sus aguas residuales al río sin ningún tipo de tratamiento.
Cuando el río Cauca atraviesa la Mojana, trae consigo una carga mortal. Es uno de los ríos más contaminados del mundo debido a la actividad minera, en su mayoría ilegal, como consecuencia de la pérdida de control territorial que es imperativo recuperar. Se estima que, de los ríos contaminados por mercurio, llegan a las centrales de abastos de Medellín 9 toneladas de pescado al mes.
El estado de la cuenca Magdalena-Cauca es reflejo del estado de insostenibilidad por el que transita el país, y del cual la angustiante situación de la Mojana es una muestra dramática.
Fernando Guerra Rincón
Buen artículo Cuca hasta hoy pude leerlo