Las Incursiones Armadas de Los Paramilitares a
los Corregimientos de la Granja y El Aro en el Municipio de Ituango
Hechos relativos a La Granja de La incursión armada
Por ser suficientemente claros los hechos y acciones reconocidos como hechos probados e indiscutibles las actuaciones penales y disciplinarias, tenidas en cuenta en Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de julio de 2006, su resumen detalla con claridad lo acontecido en estas masacres.
En los primeros meses del año 1996, sectores de la sociedad, entre estos el Abogado Jesús María Valle Jaramillo, expresaron a las autoridades departamentales su temor y la preocupación por la posibilidad de una incursión armada paramilitar en la zona de Ituango.
El teniente del Ejército Jorge Alexander Sánchez Castro indicó, en Consejo Municipal de Seguridad del 14 de mayo de 1996, que el Ejército tenía retenes en lugares estratégicos para vigilar todas las entradas a la población. El 10 de junio de 1996, el Comando del Batallón Girardot, retiró la mayoría de las unidades que operaban en la zona y las desplazo al sector de Santa Lucía y otras veredas alejadas de La Granja. Al día siguiente, 11 de junio de 1996, veintidós paramilitares armados con fusiles y revólveres, se dirigieron al corregimiento de La Granja del municipio de Ituango. Iniciaron su recorrido en el municipio de San Andrés de Cuerquia, pasando a corta distancia del comando de policía quien nada hicieron para detenerlos; su recorrido, fue vistos por los ocupantes de un bus de trasporte público que recorría la ruta entre Medellín e Ituango, posteriormente por los ocupantes del bus que realizaba dicha ruta en sentido inverso, así como por los habitantes del El Filo de la Aurora, lugar donde permanecieron por dos horas.
Al llegar al corregimiento de La Granja, ordenaron el cierre de los establecimientos públicos; tomaron control del corregimiento, e iniciaron ejecuciones selectivas, sin oposición alguna de la Fuerza Pública y a la vista de los pobladores.
Investigaciones Penales y Disciplinarias sobre La Granja
A partir de los hechos de La Granja, la Policía, la Fiscalía Seccional de Ituango y la Procuraduría General de Antioquia, iniciaron investigaciones preliminares por las muertes de Jairo de Jesús Sepúlveda Arias, William de Jesús Villa García, Héctor Hernán Correa García y María Graciela Arboleda Rodríguez; la investigación pasó de la Fiscalía General de la Nación a la Unidad Nacional de Derechos Humanos (FGN UDH). Desde noviembre de 1996, hasta mediados del año 1999, realizó varias diligencias investigativas, incluyendo la recepción de declaraciones, inspecciones judiciales y la búsqueda de testigos.
El 17 de junio de 1999, tres años después de ocurrida la masacre en La Granja, la FGN UDH, profirió resolución de apertura de instrucción; dispuso la vinculación y la imposición de medida de aseguramiento, en detención preventiva, y ordenó las capturas de Jaime y Francisco Angulo Osorio, Hernando de Jesús Álvarez Gómez, Manuel Remigio Fonnegra Piedrahita y Carlos Castaño Gil. También ordenó la vinculación a la investigación de los militares: José Vicente Castro comandante de la Policía en Ituango, German Morales Hernández teniente Coronel y comandante del Batallón Girardot y de Jorge Alexander Sánchez Castro, teniente del Ejercito Nacional; por los delitos de coautoría en la conformación de grupos de justicia privada, homicidios agravados y secuestro simple agravado a título de dolo por omisión impropia.
El 2 de junio de 2000 vinculó al proceso como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (“AUC”) a John Jairo Mazo Pino, Lider Yamil Concha Rengifo, Gilberto Antonio Tamayo Rengifo y Jorge Alberto Muletón Montoya.
El juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en sentencia de fecha 14 de noviembre de 2003, condenó José Vicente Castro, comandante de la policía de Ituango a 31 años de prisión, “por omisión en el delito de homicidio agravado con fines terroristas”; la Fiscalía radicó ante la Corte Suprema de Justicia una Acción de Revisión en contra del fallo absolutorio del 12 de julio de 2004.
El 20 de agosto de 2002 se profirió medida de detención preventiva en contra de Hernando de Jesús Álvarez Gómez, John Jairo Mazo Pino, Gilberto Antonio Tamayo Rengifo y Jorge Alberto Muletón Montoya.
El 10 de noviembre de 2003 la Fiscalía profirió resoluciones de acusación contra Hernando de Jesús Álvarez Gómez, Gilberto Antonio Tamayo Rengifo y Orlando de Jesús Mazo Mazo, Carlos Antonio Carvajal Jaramillo, y Jorge Alexander Sánchez Castro.
En el mes de septiembre de 2004 la Fiscalía individualizo e identifico a Jacinto Alberto Soto Toro Alias “Lucas”, como jefe financiero de las AUC, que desde el Parqueadero Padilla manejaba la contabilidad la planeación logística y los recursos para financiar las actividades para la época de los hechos, verificados por Justicia y Paz, con los registros y mensajes de la masacre, dispuso su vinculación a la investigación, medida de aseguramiento de detención preventiva y ordenó su captura.
El 8 de julio de 2005 el Juzgado Primero Especializado de Antioquia profirió sentencia condenatoria en contra de Jorge Alexander Sánchez Castro, Teniente del Ejército Nacional, Gilberto Antonio Tamayo Rengifo, Orlando de Jesús Mazo Mazo y Carlos Antonio Carvajal Jaramillo, por muerte, dispuso la cesación de procedimiento respecto de Hernando de Jesús Álvarez Gómez.
La incursión armada en el Corregimiento del Aro del Municipio de Ituango
Consumada la incursión en La Granja, miembros de la sociedad civil del Municipio de Ituango elevaron comunicaciones a las autoridades estatales con el fin de solicitarles la adopción de medidas para garantizar la vida y la integridad personal de la población civil amenazada por el accionar de los grupos al margen de la ley. Entre estas personas, el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien elevó comunicaciones a las autoridades departamentales sobre la presencia paramilitar en la región. El 20 de noviembre de 1996 se comunicó con Álvaro Uribe Vélez Gobernador de Antioquia y con la Defensoría del Pueblo de Medellín con el fin de solicitar protección para la población de Ituango. Dicha solicitud fue reiterada y ampliada el 20 de enero de 1997 por la entonces Comisión Inter-congregacional de Justicia y Paz. En esa oportunidad, la petición de protección y atención a la zona se remitió también a autoridades nacionales.
Con anterioridad el grupo paramilitar se había reunido en el municipio de Puerto Valdivia con miembros del batallón Girardot del Ejército, entre los días 22 de octubre y 12 de noviembre del año 1997, tuvo lugar una incursión paramilitar en el corregimiento de “El Aro”. La cadena de ejecuciones selectivas perpetradas por un grupo paramilitar Bloque Mineros de Las AUC, que recibía ordenes de Salvatore Mancuso Gómez, estos se movilizaron por varios días a pie, con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del General del Ejercito Alfonso Manosalva Flores y otros miembros de la Fuerza Pública; se inició en el corregimiento de Puerto Valdivia, punto de partida de su recorrido, torturando y asesinando a varios pobladores, destruyendo el Caserio, forzando el desplazamiento de sus habitantes, robando sus animales.
Investigaciones Penales y Disciplinarias sobre La incursión armada en el Corregimiento del Aro del Municipio de Ituango
Los hechos de El Aro fueron investigados por las Fiscalías delegadas ante los circuitos de Ituango y Yarumal. El 20 de noviembre de 1997, las investigaciones se reasignaron a la entonces Fiscalía Regional de Medellín y remitida el 23 de julio de 1999 a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General.
Entre los meses de noviembre de 1997 y febrero de 1998, la Fiscalía General recibió declaraciones de testigos y familiares de las presuntas víctimas, ordenó y llevó a cabo diligencias investigativas para determinar la identidad de las personas involucradas y realizó inspecciones judiciales en el corregimiento.
El 19 de marzo de 1998 la Fiscalía General resolvió proferir resolución de apertura de instrucción y dispuso la vinculación de los señores Carlos Castaño Gil y Francisco Enrique Villalba Hernández al proceso, declaró a Carlos Castaño persona ausente y se escuchó en indagatoria a Francisco Enrique Villalba Hernández. El 1 de julio de 1999 se profirió orden de captura contra Carlos Castaño Gil y Francisco Villalba Hernández por homicidio en concurso y conformación de grupos de justicia privada.
El 22 de abril de 2003 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia dictó sentencia en contra Carlos Castaño Gil, Salvatore Mancuso Gómez y Francisco Enrique Villalba Hernández, condenando a los primeros dos a 40 años de prisión, y al último a 33 años de prisión, por el homicidio de 15 personas, concierto para delinquir y concurso homogéneo de hurto agravado y calificado. Con la excepción de Francisco Enrique Villalba, los civiles mencionados –incluyendo importantes líderes paramilitares— fueron juzgados y condenados en ausencia y las órdenes de detención en su contra aún no han sido ejecutadas.
El 6 de febrero de 2004 se trasladó a la investigación penal el fallo disciplinario, en contra del Teniente del Ejército, el señor Everardo Bolaños Galindo y el cabo primero, el señor Germán Antonio Alzate Cardona, por colaboración y omisión en relación con los hechos ocurridos en el corregimiento de El Aro. El 16 de diciembre de 2004 fueron vinculadas al proceso penal.
Testigos, abogados y fiscales involucrados en las investigaciones de los hechos de El Aro han debido abandonar la zona o el país por razones de seguridad.
El 30 de septiembre de 2002 la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos resolvió sancionar a los militares, Everardo Bolaños Galindo, Teniente y Germán Antonio Alzate Cardona, cabo primero, alias “Rambo”; destituyéndolos de sus cargos como funcionarios públicos, por hallarlos responsables de haber colaborado y facilitado con dolo, la incursión paramilitar en El Aro y la sustracción de ganado.
Legal Visiones
Foto tomada de: Pares
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