Las formas mesiánicas de contar la historia han servido para estimular el centralismo y los fines de la élite dominante. Así, la manera de acomodar los hechos ha ido estimulando la pretensión de hacer pasar las mentiras y sofismas por mitos y verdades grandiosas, por historias extraordinarias, para promover el caudillismo y el populismo. Por supuesto, más recientemente, a esto han servido dócilmente los grandes medios de comunicación, ante una sociedad fácilmente influenciable. Sin embargo, cabe reflexionar si siempre y en toda circunstancia será posible que triunfen en sus propósitos los vendedores de humo.
A propósito de ello, hoy el uribismo pretende popularizar y presentar como verídica la falacia de la denominada “crisis institucional”, en su empeño por demoler la Justicia Especial Para la Paz-JEP, piedra angular del Acuerdo de Paz Gobierno-Farc. Lo más probable es que muchos de los acontecimientos que se han venido presentando, como sustento de la pretendida crisis, sean parte de un guion relativamente preparado con el fin de apuntalar las reformas que garanticen dar al traste con el Acuerdo de Paz en su conjunto y el desmonte de los logros democráticos alcanzados con la Constitución Política de 1991.
Al respecto, el caso Santrich es utilizado como detonante para este propósito. Referido a los presuntos delitos de concierto para delinquir y narcotráfico, la detención de Santrich por parte del CTI de la Fiscalía colombiana se realizó el 9 de abril de 2018; luego, vino la solicitud de extradición por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos; posteriormente, su caso fue remitido a la Justicia Especial para la Paz, previa determinación de competencia por parte de la Corte Constitucional para decidir acerca de la garantía de no extradición, teniendo como base en el artículo 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, referente a personas que hayan pertenecido a las Farc-EP y cuando los delitos que se les imputen sean anteriores al 01 de diciembre de 2016 y la evaluación de la conducta, en caso de duda, se pueda resolver mediante la práctica de pruebas para verificar cuándo ocurrieron los hechos.
A diferencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre pedidos de extradición, donde la Corte solo emite un concepto con base en un ejercicio de control formal de verificación de requisitos de extradición, la JEP con base en el mandato constitucional debe tomar decisiones de fondo, a partir del análisis del material de pruebas practicadas y allegadas.
Como lo plantea la JEP en su comunicado del 17 de mayo de 2019, la Sección de Revisión de la JEP, luego del análisis jurídico realizado, aplicó la garantía de no extradición a partir de no contar con pruebas suficientes para determinar la fecha precisa de la conducta que se le imputa a Santrich por parte de una corte de los Estados Unidos. Dicha garantía de no extradición fue acompañada de la orden para que las autoridades colombianas continuaran la investigación y acepta que la Procuraduría anunció inmediatamente su propósito de presentar apelación. Reconoce, así mismo, los salvamentos de voto presentados por las Magistradas Gloria Amparo Rodríguez y Claudia López Díaz y el paso a la Sala de Apelaciones de la JEP que podría revertir la decisión y enviar el expediente a la Corte Suprema. Al tiempo, expresa que horas después de la providencia la fiscalía colombiana procedió a ostentar nuevas evidencias y elementos de prueba, como el testimonio de Marlon Marín y un nuevo video que nunca fueron aportadas por la fiscalía a la Sección de Revisión de la JEP. Con base en ello, Santrich fue nuevamente detenido por la fiscalía con la pretensión de pasar su caso a la justicia ordinaria, segundos después de traspasar las puertas de salida de la Cárcel La Picota, luego de un Habeas Corpus, la demora en la expedición de boleta de libertad y el intento de suicidio por parte del dirigente de la Farc. No obstante, esta semana su caso debió pasar a concepto de la Corte Suprema de Justicia, luego de la recusación por parte de los abogados defensores de Santrich, a la Juez encargada del caso, en razón de éste contar con credencial de Representante a la Cámara, sin haber podido llegar a la posesión oficial.
Es de resaltar que los hechos se atropellaron de manera artificial desde la fiscalía, desde del uribismo y desde el gobierno. El libreto estaba preparado desde hacía, muy seguramente, varios días. Luego del hundimiento de las objeciones presidenciales en la Cámara de representantes y de no triunfar en el Senado en una enconada discusión acerca de la interpretación de la mayoría absoluta que llevó a dejar la decisión en manos de la Corte Constitucional, como lo reconocen distintos analistas, el Fiscal General solo esperaba el fallo de la JEP para presentar su renuncia como manifestación vehemente de desacuerdo con la providencia de libertad.
No obstante, a dicha pieza teatral le surgen inconsistencias y los días van develando las razones de su atropellada renuncia y salida del país. El mismo hecho de no haber entregado a la JEP las últimas pruebas mediante las cuales procedió la fiscalía a la recaptura denota ocultamiento, así como la incapacidad del exfiscal para responder si el delito era en Colombia por qué no debía juzgársele acá. En su empeño por desmontar la JEP e irse contra los elementos medulares del proceso de paz, Néstor Humberto Martínez fungió como arquitecto de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP y fracasó. Dejó mal parada a la Fiscalía con respecto a su papel en el caso Santrich, incluso, frente a la actuación ilícita de funcionarios extranjeros que con procedimientos irregulares para recoger pruebas por parte del departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Fiscalía General de la Nación omitieron tramitar la asistencia judicial como instrumento de cooperación internacional, elemento clave que funciona como permiso para recaudar pruebas con participación de agentes extranjeros, dejándolos como particulares que actuaron como provocadores encubiertos, como lo evidencia la providencia de la JEP, a la par que se presentó inducción a cometer conductas ilícitas y hubo violación de domicilio así como de los derechos humanos del dirigente de la Farc. En este sentido, la decisión de la JEP sobre el caso Santrich resalta la importancia de salvaguardar la soberanía judicial e invita a reflexionar acerca de la actividad de órganos judiciales y de inteligencia de Estados Unidos en Colombia. Esto, sin ahondar en el caso Bermeo y del “Tuerto” Gil y un Agente mexicano encubierto, que también involucra a la fiscalía.
Una vez pasados los días, el Fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa para el caso Odebrecht, cuyo encargo terminó con la aceptación de la renuncia del Fiscal General, por parte de la corte Suprema de Justicia, remitió la denuncia del Senador Jorge Robledo a la comisión de Acusación de la Cámara de representantes y solicitó la investigación de dos delegados de la Fiscalía por irregularidades en el proceso contra Otto Bula como la no imputación de los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir, así como el desarchivo de la investigación con respecto a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez. Así mismo, la remoción de delitos a varios empresarios, sin que sus casos hubieran precluido. Así mismo, las irregularidades también tienen que ver con órdenes de captura contra tres funcionarios extranjeros de Odebrecht las cuales no fueron registradas lo que les posibilitó salir del país, sin que se hubiese tampoco tramitado circulares ni boletas de captura por parte de Interpol. Es decir, sobre las espaldas del fiscal pesan los casos de Odebrecht y, también, los del empresario Carlos Mattos, señalado por los delitos de, cohecho, utilización ilícita de redes, acceso abusivo y daño a un sistema informático, que también complican al fiscal, por haber sido su abogado.
Horas después de la renuncia de Néstor Humberto Martínez y de María Paulina Riveros, como fiscal y vicefiscal, la embajada Norteamericana se apresuró a destacar vía twitter su papel como patriotas, promotores del Estado de Derecho que abogaron por una “vibrante y productiva cooperación judicial bilateral”.
En medio de la polémica por el caso Santrich, también se presentó la renuncia de la Ministra de Justicia, Gloria Borrero. Es de aclarar que su papel estaba en las vísperas de un debate y propuesta de moción de censura en la Cámara de Representantes, con el respaldo de sesenta representantes, por considerar que no estaba en condiciones de desempeñar el cargo. Entre los argumentos para la moción de censura estaban el extravío de la Carta de la Presidenta de la JEP al gobierno de Estados Unidos, en relación con la solicitud de material probatorio en el caso de Santrich, carta que terminó extraviada en Panamá. Igualmente, en razón de su ausencia del país, durante 17 días en que se intensificó en el congreso el debate acerca de las objeciones presidenciales a la JEP.
En cuanto al Centro Democrático, el Mira y Colombia Justa Libres, sus más destacados voceros, empezando por Uribe, se apresuraron a presionar al gobierno en pro de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y a que se declarara la conmoción interior, con el fin de suspender las atribuciones de la JEP, proceder a derogarla y expedir un decreto para la extradición de Santrich. Desde luego, su sueño de Constituyente pasa por la unificación de las cortes en una Supercorte y en revivir el artículo de la reelección para concretar su sueño del retorno de Uribe a la Presidencia. Es claro que el Gobierno de Duque, como señalara Juan Fernando Cristo, “Colombia no tiene hoy una crisis institucional sino un gobierno sin rumbo”. Lo ve como un gobierno rehén del ala radical del Centro Democrático, anclado en el pasado y sin visión de futuro, empeñado en cambiar la constitución y en afectar la separación de poderes.
Parte relevante de la Agenda gubernamental está en el derrocamiento de Nicolás Maduro, en mantener la penalización de la dosis mínima, aprobar el porte legal de armas paras particulares “VIP” y la renarcotización de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, la derogación de la JEP, haciendo importantes cambios en materia de extradición, de exclusión de los terceros implicados en la guerra. Incluso, buscando que la FARC pierda su participación en el Congreso hasta que se surta un proceso de justicia en contra de quienes dejaron las armas.
En dicho sentido, el gobierno inició convocatorias en pro de un “Pacto Nacional” sin la oposición para avanzar en temas coyunturales. En dicho sentido, el Presidente Duque inició contactos con César Gaviria, Jefe del Partido Liberal, Aurelio Iragorri, Jefe del Partido de la U, Andrés Pastrana como vocero del Partido Conservador y Germán Vargas Lleras de Cambio Radical. El énfasis estuvo en el tratamiento de los temas que ya habían sido hundidos en el Congreso, especialmente, las objeciones presidenciales. Para ambientar dicho pacto excluyente el periódico El Tiempo del Domingo 19 de mayo llamó al consenso nacional entre poderes públicos y partidos políticos para salvar los acuerdos de paz. Vargas Lleras dio puntadas acerca de la posibilidad de “llenar vacíos y corregir problemas”.
Expresamente, invitó a rescatar las iniciativas del Fiscal para tramitar iniciativas en la implementación del Acuerdo de Paz y a generar nuevos instrumentos para enfrentar el narcotráfico.
La médula de su reflexión estuvo en la demostración de la inviabilidad de la Constituyente, en razón “del desgaste gubernamental y la poca probabilidad de éxito”. Su análisis muestra la necesidad de una ley en el Congreso que apruebe por mayoría absoluta en ambas cámaras las competencias y tiempo de sesiones de la Constituyente; su paso a revisión en la corte constitucional, de ser ésta aprobada y luego, el paso a la convocatoria de los votantes para definir su eventual aprobación y buscar obtener un tercio, como mínimo del censo electoral; es decir 12´700.000 de votos válidos. Luego, implicaría convocar a nuevas elecciones para elección de constituyentes, sin que dicha jornada coincida con otra elección. En tal sentido, estima que el proceso preparatorio tardaría dos años con alto riesgo de aumentar la polarización social, tras lo cual insinúa propósitos ocultos ¿El articulito de la reelección de Uribe? En tal sentido, concluye que dicha iniciativa consumiría el Gobierno de Duque, por lo que la ve inviable.
En cuanto a César Gaviria, afirmó en un comunicado que el compromiso del Partido Liberal con la paz es indeclinable y subrayó que ese acuerdo tiene protección institucional. Además, resaltó que es necesario que se respeten los fallos judiciales tomados por la JEP y que el caso Santrich no se puede usar para hablar de “lecturas de crisis institucional o de choque de trenes”. Así mismo, enfatizó en que los diálogos no pueden realizarse sin la participación de la oposición.
Por su parte, Aurelio Iragorri, Presidente del Partido de la U enfatizó en la necesidad de consolidar un gran acuerdo nacional. Resaltó que el Presidente Duque optó por las objeciones sobre el acuerdo y por el individualismo partidista sobre la construcción nacional, optando por una pérdida solitaria frente a una victoria colectiva. Por esto llamó a que el acuerdo nacional es con todos, con la oposición, con los líderes sociales y con los jóvenes. Destacó la importancia de nombrar un Fiscal que represente a todos los colombianos, que no persiga a la oposición, que de tranquilidad de una fiscalía que sea músculo fundamental del Estado Social de Derecho. En tal sentido, llamó a no seguir polarizando al país, de avanzar hacia la estabilidad jurídica de los acuerdos de paz.
En cuanto a Andrés Pastana y Omar Yepes, Director del Partido Conservador, enfatizaron en la inconveniencia de una Constituyente o de una conmoción interior para hacer modificaciones a la JEP. Enfatizan en los canales institucionales y tramitar a través del Congreso las reformas para fortalecer la extradición, “garantizar que el narcotráfico y el secuestro no sean conexos al delito político” y hacer reformas a la JEP sobre delitos sexuales contra menores.
Por su parte, la oposición se ha manifestado vigorosamente para rechazar el acuerdo nacional excluyente convocado por el Presidente Duque. En Declaración de Defendamos La Paz a través de la vocería de Iván Cepeda, se enfatiza en que “Todo pareciera una actuación meticulosamente tejida para provocar una crisis de legitimidad de la JEP y causar un grave daño al proceso de paz”. Enfatiza en que Colombia requiere de un verdadero consenso nacional que pasa por escuchar las voces distintas al gobierno y a quienes fueron signatarios del acuerdo de paz, del nuevo partido político Farc y a muchas fuerzas sociales que están siendo en este momento víctimas del exterminio de líderes sociales. En tal sentido, no le augura ningún éxito ni de largo alcance a un pacto entre algunos partidos políticos con el Gobierno.
Para la Alianza Verde, a través de Antonio Sanguino, la convocatoria a los partidos declarados en independencia y a los partidos de la coalición de gobierno no se puede denominar acuerdo o pacto nacional, sino, una reedición uribista del Frente Nacional que está condenada al fracaso dada su pretensión de hacer trizas los acuerdos de paz que pone en riesgo al Estado de derecho. Por su parte, Angélica Lozano destacó la preocupación que el Presidente Duque entiende por “pacto de país” a medio país.
Para Aida Avella, este tipo de pactos no se le ocurría ni a Turbay Ayala. Atribuye el tipo de convocatoria excluyente a inexperiencia gubernamental y a falta de audacia para llamar a todos los sectores sociales para escuchar las voces distintas. Considera que los pactos a medias son los que generan polarización.
Para Timochenko del Partido Farc, la convocatoria sin la oposición y sin la bancada alternativa es perder la oportunidad que le está dando la vida de convertirse en el presidente que permite que Colombia transite por los caminos de la reconciliación y de la paz. Su actitud solo sirve para alimentar el conflicto cuando se pueden sentar las bases para la reconciliación y la consolidación de la paz de Colombia.
Por su parte en carta firmada por más de un centenar de organizaciones, aseguran que seguirán enviando comunicaciones a la JEP con copia a la Corte Penal Internacional, como recurso en pro de lograr justicia y restauración de derechos.
En la noche del 22 de mayo, la Oposición con la vocería de Gustavo Petro, hizo uso del derecho de réplica para responder al pronunciamiento del Presidente Duque con relación a la renuncia del fiscal. Petro insistió en que el Presidente duque tampoco defiende el Estado Social de Derecho cuando amenaza con decretar la conmoción interior o irrespeta las decisiones de los jueces. Paralelamente, los partidos independientes y la oposición avanzan en acuerdos para desarrollar iniciativas en la próxima legislatura con respecto a nuevas maneras de enfocar la problemática del narcotráfico. Esto deja entrever que el gobierno está perdiendo la iniciativa en materia de agenda política.
En síntesis, por ahora se evidencia que el gobierno y el Centro Democrático, con sus aliados del Mira y Colombia Justa Libres se van quedando solos con sus propuestas de Constituyente, conmoción interior y pacto social excluyente.
El panorama internacional tampoco le favorece: el gobierno y la oposición venezolana han iniciado negociaciones en Noruega, lo que muestra el fracaso del intento de golpe del 30 de abril; en Europa, el triunfo del PSOE en las elecciones de España restringe las posibilidades de consolidación de Guaidó como alternativa. La guerra comercial entre Estados Unidos y China abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Donald Trump, en momentos en que también, atiza el conflicto con Irán. Mientras tanto, su margen de maniobra interno se reduce, dada la mayoría demócrata en la Cámara. Como si fuera poco, el tema del glifosato aumenta su descrédito en el mundo, dadas las demandas contra Monsanto y las grandes pérdidas que esto le ocasiona a Bayer, lo que resta a la ya menguada popularidad de la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito.
Mientras tanto, la ONU y la Unión europea mantienen su respaldo a los acuerdos de paz y a la JEP en particular, por lo que se genera gran expectativa en pro de la superación de la polarización.
Podría decirse que, por ahora, la coyuntura no favorece la opción autoritaria del uribismo. Incluso, si la Corte Suprema fallara en torno al paso de Santrich remitiéndolo a la justicia ordinaria, con base en la valoración de las pruebas se cuenta con canales institucionales para tramitar el proceso jurídico. En la coyuntura actual, las cortes han evidenciado una actitud de independencia con respecto a las presiones del gobierno norteamericano y de la Embajada en particular; posición que se espera se mantenga en aras de afianzar la soberanía judicial, sin por ello perder la capacidad de cumplir con los pactos internacionales.
No obstante, la propia sentencia de la JEP reconoce que entre Colombia y EE. UU. existe un tratado de extradición celebrado en 1979. Advierte que, sin embargo, este es inaplicable dado que la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena mediante sentencia del 12 de diciembre de 1986 declaró inconstitucional la ley que lo hacía parte del ordenamiento jurídico colombiano ya que no fue firmado por el presidente de la República. En tales circunstancias las extradiciones se han ejecutado con base en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Teniendo esto en cuenta, la Sección estableció que la extradición depende de normas internas y no de un imperativo internacional.
No sobra, finalmente, recalcar que los Acuerdos de Paz han contribuido significativamente en la construcción de la democracia política y social del país: nuestra Constitución Política de 1991 en buena parte es un legado de los Acuerdos de Paz de los años 90, así como de la movilización de la juventud por la Séptima Papeleta. Sus alcances permitieron avanzar hacia la construcción del Estado Social de Derecho, hacia el desarrollo de la democracia participativa y el afianzamiento de la descentralización, más allá del Acto Legislativo 01 de 1986 que estableció la elección popular de alcaldes. En su contexto, se ha avanzado hacia el reconocimiento de los derechos colectivos o derechos de los pueblos, como es el derecho a la paz, a la justicia, a la reparación de las víctimas, a la verdad y a la no repetición de las acciones que las han afectado.
Así mismo, en el mismo sentido, el Acuerdo de Paz Gobierno-Farc permitió crear el sistema de disposiciones transitorias para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, mediante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, donde son baluartes La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y La Jurisdicción Especial Para la Paz. Así mismo, estableció la prevalencia del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera sobre otras normas y el ejercicio preferente del Tribunal Especial para la Paz, en las materias de su competencia.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: www.semana.com
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