El diseño de la justicia transicional estuvo revestido de una serie de aspectos fundamentales. Estuve en Cartagena acompañando la reunión del presidente Santos con los Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un tándem de consulta respecto a ceñirse en un todo a las disposiciones emanadas de esta Alta Corporación para no incurrir en posibles yerros que después se pudieran pagar con eventuales demandas ante el Sistema Interamericano. Los magistrados avalaron la propuesta del Gobierno y consideraron que había una serie de sentencias de la propia Corte Interamericana de DDHH que avalaban la fórmula, muy original, por cierto. El caso de El Mozote contra El Salvador fue un claro antecedente.
El mismo Horacio Serpa acuñó una famosa frase: “Prefiero ver a las FARC echando lengua en el Congreso, que balas en el monte”. Colombia presentaba un empate militar negativo: ni el Estado derrotaba a las FARC, ni las FARC derrocaban al Gobierno. Era la guerrilla más grande del continente. La guerrilla no iba a entregar las armas gratuitamente. Por ello, después de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo, avalado por la comunidad internacional, incluyendo las ONU, la UE y EEUU.
El Acuerdo de Paz siempre queda debiendo algo, pero se avanzó en temas centrados en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, siempre centrados en las víctimas. La institucionalidad reflejada en la creación de la JEP, con la Comisión de la Verdad, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas reflejó un interesante esquema que ha arrojado dolorosas pero necesarias verdades sobre el conflicto armado.
Personalmente invité a la JEP a una audiencia entre, militares victimarios y civiles deudos y víctimas de los mal llamados falsos positivos, y encontré cómo lo más importante para los familiares era la verdad: dónde estaba enterrado su ser querido, por qué lo mataron, etc. No querían cadenas perpetuas de cárcel, que en la justicia ordinaria no se dan, pero sí el resarcimiento del dolor con la colocación de vallas que dijeran quiénes y por qué asesinaron a sus deudos. Se trata de recuperar y mantener viva la memoria histórica.
Como director de la Maestría en Derechos Humanos de la UPTC he contado en mi nómina de docentes a magistrados de la JEP, como los doctores Alejandro Ramelli y Sandra Gamboa, entre otros, así como hemos coordinado con la Dra. Martha Bello diplomados sobre justicia transicional cuando estaba en la decanatura de la Facultad de Derecho, con importantes perspectivas.
La venganza de los enemigos de la paz, una década después, viene de la mano del presidente de la República Abelardo de la Espriella, el cual ha impulsado y defendido con su ministro de Hacienda y los congresistas del Gobierno, la asfixia presupuestal de la JEP recortándole cerca de $200.000 millones para el año 2027, con lo cual su fin misional se verá seriamente afectado. Ni siquiera Duque, que fuera también enemigo de la paz, se atrevió a tanto. Estamos frente a un Gobierno amigo de la necropolìtica y enemigo de la paz, en clara contravía del artículo 22 de la Carta.
La ONU calificó a la JEP como un logro mundial y pidió proteger sus recursos financieros. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos Volker Turk defendió el modelo de justicia restaurativa y exigió a las autoridades competentes respetar el presupuesto de la Jurisdicción de paz. Víctimas y organizaciones de DDHH también han elevado petición ante la Comisión de DDHH de la ONU y la Corte Penal Internacional para pedir que se respete el fuero de la jurisdicción de paz.
Los firmantes del Acuerdo de Paz y más de 7 mil integrantes de la fuerza pública han comparecido ante la JEP. Cerca de medio millar de excombatientes han perdido su vida luego de la firma del acuerdo. Otra venganza cruel. Por fortuna no se han retirado del escenario. Inclusive Timochenko tuvo permiso para ir a un Congreso en Europa y regresó, pese a que ADLE dijo que se iba a volar.
El recorte, como ha dicho el presidente de la JEP, afecta partes esenciales del proceso, como el acompañamiento psicosocial, la mediación restaurativa, la representación judicial, y la protección de víctimas y comparecientes. De asfixiarse la JEP pasaríamos a un escenario de impunidad crucial.
Se critica el bajo número de sentencias, cuatro, pero tienen más de 3.000 decisiones con efectos de sentencias y aún están dentro del tiempo legal para realizar investigaciones. No se puede confundir la jurisdicción ordinaria con la especial. Son diez años para investigar y cinco para proferir sentencias. En los macrocasos se hacen investigaciones gigantescas, como 21.000 secuestros. La ordinaria los toma individualmente y generalmente la impunidad es de mas del 90%. Hay más de 16.000 víctimas individuales. Hay macro imputación por 18.666 menores reclutados. La justicia ordinaria no había avanzado en ello.
Respecto a ejecuciones extrajudiciales se ordenó la remoción de 60 mil metros cúbicos de tierra para demostrar que “las cuchas tenían razón” en La Escombrera de Medellín.
La JEP ha sido también víctima de 20 bodegas que difaman de la jurisdicción y lesionan su credibilidad. Ello debería combatirse, pero la IA le ha tomado ventaja a la regulación y por ello ADLE está siendo demandado en la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Con el severo recorte, lo que se busca es la quiebra de la JEP y la generación de más violencia. Los cálculos más pesimistas llevan a pensar en 10 mil muertos en este cuatrienio. Y seguramente habrá que crear una nueva jurisdicción para seguir en este frenético ciclo de tanatología en Colombia.
Podría, igualmente, activarse la competencia de la CPI y llamar a juicio a los responsables de los crímenes estipulados en el Estatuto de Roma.
Los organismos de control han auditado las cuentas de la JEP y desmienten a los críticos de la jurisdicción, pues han sido muy celosos del buen manejo de sus recursos. Si los magistrados ganan el sueldo que ganan, es porque hay normas nacionales que unifican esa tarifa, que ciertamente es muy alta frente al salario mínimo que ganan los colombianos, pero no ha habido la voluntad para bajar los altos salarios y pensiones. Petro lo intentó con la rebaja del sueldo de congresistas y se lo negó este Gobierno. El edifico donde funciona sería mejor comprarlo que pagar arriendo, pero la crisis fiscal lo impide, menos si se produce el acuerdo con el FMI y el proceso de ajuste.
Más grave aún es establecer que las condenas de la JEP contra los militares serían revisadas por la justicia penal militar, que podría revocarlas. La justicia militar es de disciplina castrense, no jurisdiccional, no independiente. No hay garantías de debido proceso. Se genera el desconocimiento del derecho de las víctimas al debido proceso. Se rompe la seguridad jurídica, por ejemplo, para los militares que comparecieron y que pasarían a ser juzgados por la CPI. Los excombatientes están cumpliendo su palabra y van a cumplir sus sentencias, en el marco de la Constitución y la Ley. Pueden ver lo que se hace en Pitalito actualmente.
En conclusión, la embestida del Gobierno y la bancada parlamentaria de derecha contra la JEP es una venganza contra el modelo de justicia transicional. El Congreso tiene la palabra para evitar que este adefesio se cristalice, con las graves consecuencias enunciadas.
COLETILLA. Agradezco el apoyo de los estamentos de la UPTC para ser el próximo rector de la Universidad. Defenderé la autonomía universitaria y la financiación como mecanismos irreductibles por parte del Gobierno. El principio de confianza legítima y de progresividad serán básicos en esa batalla. Me opongo a la militarización de los campus universitarios, pues han generado muerte y desaparición forzada, como en mayo de 1984 en la Nacional, de infausta recordación. ¿Dónde está Orlando Villamizar, por ejemplo?
Luis Bernardo Díaz, Analista Político
Foto tomada de: Larazon.co
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