Con respecto a la ley ordinaria de la Jurisdicción Nacional Agraria esta se requiere para avanzar y acelerar el proceso de reforma rural integral. Hay que recordar que durante este gobierno se aprobó una reforma constitucional para introducir esa jurisdicción especializada en la Justicia. La propuesta original que buscaba la creación de una Corte Agraria de Cierre no fue aceptada por las altas Cortes de Justicia que cerraron filas para oponerse, al final se llegó al Acuerdo de seguir considerando que en materia civil y penal sea la Corte Suprema el Tribunal de Cierre como también sea el Consejo de Estado el tribunal de cierre en asuntos administrativos, no estaba en discusión que la Corte Constitucional sea el tribunal de cierre de todas las jurisdicciones. Con esta enmienda se aprobó la Jurisdicción Nacional Agraria que luego se reglamentó en una Ley Estatutaria restando solo la ley ordinaria para ponerla en funcionamiento.
Esta ley ordinaria es importante como he señalado para acelerar el proceso de reforma rural integral. Por una parte agiliza y desmonta muchas trabas a los procesos de compra de tierras sin llegar en su texto a lo que sería óptimo para agilizar dichos proceso de compra y es la posibilidad que por vía administrativa se pueda declarar de utilidad pública la compra de tierras para su adjudicación a familias sin tierras, como cuando se declara de utilidad pública en zonas urbanas o rurales unas tierras porque se requiere ampliar o construir una vía o un viaducto para agua potable, o el trazado de una línea del metro o de un sistema masivo de transporte. En Colombia es tal el poder político de los terratenientes que los candidatos a la presidencia de la República tienen que firmar ante notario que no lo harán. Con todas las limitaciones que nacen de esa realidad el proyecto agiliza como he señalado la compra de tierras y también la restitución de tierras que fueron despojadas por la acción de los grupos paramilitares o fueron abandonadas por la acción de los actores armados. Este despojo o abandono supera los siete y medio millones de hectáreas desde el año 1985.
Esa reforma es urgente toda vez que durante el funcionamiento de la ley 1448 de 2011 que ya completó 13 años apenas han podido ser restituidas unas 840 mil hectáreas con un importante saldo durante este gobierno, pero quedan pendientes de resolver reclamaciones de restitución de más de 5.5 millones de hectáreas enredadas en el burocrático sistema de justicia que opera en nuestro país. Desde la aprobación de dicha ley con el entonces senador Luis Carlos Avellaneda y con las organizaciones de víctimas y organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas propusimos que se introdujera un artículo en un proyecto de Ley que tuvo origen en la sociedad civil, me refiero a la ley 1448 conocida popularmente como Ley de Víctimas, allí advertimos que debería establecerse la restitución de tierras abandonadas o despojadas por vía administrativa cuando en el proceso de reclamación no hubiese oponente. De los 5.5 millones de hectáreas actualmente reclamadas en la Agencia Nacional de Restitución, aproximadamente unos 3.2 millones de hectáreas no tienen oponente en los procesos judiciales, es para estos procesos que se reclama la introducción de la figura de restitución de tierras por vía administrativa. No ha habido poder humano para convencer al Congreso de la República que esta reforma legal debe ser aprobada. En el año 2012 presentamos con el entonces senador Avellaneda y con el respaldo de los movimientos campesinos dicha reforma la cual fue archivada sin discusión. En el actual proyecto de Ley tampoco se logra este propósito, pero se establecen mecanismos que buscan agilizar estos procesos. Y este proyecto de Ley ya aprobado en Cámara no avanza en el Senado de la República.
Otro tanto o peor sucede con el trámite de la reforma a la salud. Aprobada dos veces en la Cámara de Representantes desde el 13 de febrero del año 2023 en que fue radicada sigue sin abrirse la discusión en la Comisión Séptima del Senado de la República. El 3 de abril del año 2024 la reforma fue hundida sin discusión en la Comisión Séptima del Senado donde 9 senadores se ufanaron y celebraron su archivo. Pacientemente el gobierno volvió a presentar el proyecto en la legislatura que comenzó el 20 de julio del año 2024 aprobada de nuevo con un texto más corto en la Cámara volvió al Senado desde el mes de abril de este año para su discusión. De manera filibustera la mesa directiva de esa Comisión con el fin de dilatar su discusión decidió convocar nuevas audiencias cuando ya se habían celebrado en las pasadas legislaturas más de 50 Audiencias y grupos técnicos para su discusión pública. Puedo afirmar que ningún otro proyecto de reforma ha sido más estudiado y discutido que este proyecto de reforma la salud en los años de vigencia de la Constitución de 1991.
En síntesis, la reforma lo que plantea es quitar el manejo de los recursos públicos de la salud a los privados, es decir a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, que han resultado todo un fracaso en ese manejo, corrupción, desvío de recursos públicos para financiar campañas políticas, para financiar canchas de golf, pilates, torneos de tenis, financiar grupos paramilitares, etc. Tal es el fracaso de este modelo instalado por medio de la ley 100 de 1993 que convirtió a la salud en un negocio. En 1995 había 157 EPS hoy sobreviven apenas 29, es decir se han liquidado 128 que han dejado billonarias deudas quebrando de paso a hospitales públicos, a clínicas privadas, a proveedores de medicamentos. Nadie responde por esas deudas. La ADRES que es la administradora de los recursos de la salud sería la ordenadora del gasto con el pago directo a los prestadores de los servicios de la salud con un sistema de doble auditoria, las EPS que pasarían a Gestoras de Salud y Vida, harían la Auditoria de cuentas a los proveedores de servicios de salud y la ADRES auditoria a las Gestoras. La organización de un sistema de Atención Primaria en salud estableciendo un sistema preventivo y predictivo en todo el país, la creación de un sistema único de información en línea que dé cuenta de todas las transacciones que se hacen en el sistema y facilite el control ciudadano, un sistema robusto de participación ciudadana y un sistema de atención eficaz de resolución de las quejas y reclamos de los usuarios del sistema.
Es tal el contubernio entre las EPS y el poder político que esta reforma no ha podido ser siquiera discutida en la Comisión Séptima del Senado donde, para colmo de males, fue elegido en la presidencia de la misma al senador Liberal Miguel Ángel Pinto férreo opositor de la reforma y reconocido politiquero clientelista de Santander. Esta mesa directiva sigue en la misma tónica de la anterior dilatar no abrir el debate donde ya han sido presentadas dos ponencias favorables a la reforma.
Igual pareciera el destino del proyecto de Ley de financiamiento que busca recursos adicionales para financiar el presupuesto general de la Nación del año 2026. Con un servicio a la deuda que hoy representa el 6.5 del PIB, es decir, unos 112 billones de pesos, el gobierno debe buscar recursos adicionales por cerca de 20 billones de pesos. Ha presentado desde la pasada legislatura un proyecto que busca gravar los juegos de Azar, eliminar exenciones injustificadas, para solventar ese faltante para la inversión social. Las Comisiones terceras y cuartas sobre todo del Senado se han negado a discutir siquiera la propuesta. Ya veremos que pasa con el proyecto de Ley del presupuesto General de la Nación para la vigencia del próximo año. Recordemos que el presupuesto de este año fue adoptado por decreto porque no fue aprobado por el Congreso de la República el año anterior.
En igual sentido se encuentra el proyecto de sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados, GAO, que avanzan en procesos de diálogos sociojurídicos en distintas regiones del país como el Valle de Aburra en Antioquia, en Buenaventura, en Quibdó. A pesar de la urgencia del mismo, su discusión no se ha abierto. En pocas palabras el Congreso sigue dominado por una oposición obstruccionista y filibustera. Las grandes reformas pendientes como la de la Salud, la reforma política, la reforma a la justicia, la reforma a la ley de servicios públicos, requieren que este Congreso sea revocado y las fuerzas progresistas logren mayorías este próximo 7 de marzo en las elecciones parlamentarias.
Adendo.
Condenamos el atentado Terrorista perpetrado al parecer por las Disidencias de Iván Mordisco en Cali , así como el ataque a un helicóptero en Amalfi, Antioquia, atribuido al Clan del Golfo. Frente al terrorismo y a la extremaderecha que quieren hacer invivible la República la respuesta debe ser la movilización popular y la exigencia a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Fiscalia de combatirlos y doblegarlos. ¡No pasarán!
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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