La elección del Procurador
Si había una elección perdida para el gobierno del presidente Gustavo Petro, esa era la del Procurador, cabeza del Ministerio Público. De la terna de candidatos, los aspirantes seleccionados respectivamente por la Corte Suprema y por el Consejo de Estado eran figuras políticas, el uno portador de una pugnacidad inmancable contra el presidente; el otro, ciertamente un exsenador moderado; pero ambos muy cercanos a Cambio Radical, uno de los dos partidos de oposición. Por cierto, también fueron parlamentarios, por lo que debían conservar más de una amistad en el Congreso.
La situación no podía ser más sombría para el gobierno: un poder de tanto peso como la Procuraduría caería, de todas maneras, en manos de algún amigo de Germán Vargas Lleras, un dirigente político que ha venido intensificando su beligerancia contra el gobierno, incluso levantando al viento exageraciones como la de que Gustavo Petro se va a quedar en el poder después del 2026, lo que equivale a acusarlo con anticipación de un golpe de Estado, sin exhibir ninguna prueba.
Cuando todo se precipitaba bajo la sombra de los malos augurios, Petro aprovechó la circunstancia de que él no había presentado candidato alguno y en un movimiento repentino sacó de la manga una carta ganadora: la postulación del secretario del Senado que, sin ser de la constelación de partidos petristas, era titular de múltiples lazos de solidaridad con los miembros de la “cámara alta”, más allá de cualquier diferencia política o ideológica; cálculo éste que no falló y que al final le significó un sonoro triunfo con el 95% de los votos, algo que le permitió al gobierno asimilar como suya la victoria, aunque lo propio hicieran las demás fuerzas, empezando por el presidente del Congreso, un senador conservador cada vez más lanzado a la oposición.
El magistrado de la Corte Constitucional
La confección de la terna para esta escogencia por el Consejo de Estado tuvo ribetes más singulares, con una homogeneización ideológica y doctrinaria, un monocolor conservador en el abanico, a pesar de que el encargo legal era el de reemplazar a un magistrado liberal, a punto de cumplir su período. La baraja quedaba así más cerrada para la configuración de opciones y para la definición de apoyos por parte de la bancada gubernamental.
En principio, ninguno de los seleccionados era cercano al petrismo. Las inclinaciones se tornaban entonces más difusas, tal vez más difíciles, debido a las distancias ideológicas. El asunto pudo sin embargo despejarse por la emergencia de un dato anecdótico: uno de los ternados, por más “godo” que fuera como lo califican los que lo conocen, era al mismo tiempo magistrado auxiliar de Vladimir Fernández, un abogado que antes fuera Secretario Jurídico de Presidencia y ahora Magistrado de la Corte, algo que podía suponer un puente de comunicación menos frágil con el nuevo aspirante; aunque también hubiera desempeñado ese papel con otros magistrados; lo hizo con el liberal Alejandro Linares y con los hiper-conservadores Rodrigo Escobar Gil y Luis Guillermo Guerrero; a más de emplearse muy comprometido como asesor en la unidad legislativa del mencionado Germán Vargas Lleras; todo un récord de relaciones jurídicas cuando la misión profesional es la de proyectar ponencias y de hacerlo en medio del espectro ideológico más inimaginable posible.
El caso es que las fuerzas del gobierno se decantaron por este jurista, de nombre Miguel Polo, al parecer muy competente como magistrado auxiliar, mientras el conservatismo y los dos partidos de oposición se decidieron por el apoyo a Claudia Dangond, la misma que en su momento no resistiera la tentación de hacer un comentario jocoso y ofensivo contra el presidente de la República.
Después de un inusitado empate en la primera votación, no exenta de algunos elementos rocambolescos; en una segunda ronda, el doctor Polo terminó por alzarse con una cómoda mayoría, en la que se integraban principalmente los votos del Pacto Histórico y los del Partido Liberal; fue un suceso inmediatamente calificado por el jefe de Estado como un “gran triunfo”, después de las debidas felicitaciones al ganador, un gesto que sin duda era la forma de reivindicar el triunfo, aunque no se tratara de un candidato propio, el que por otra parte estaba obligado a proclamar su independencia como es apenas obvio.
Azares y posibilidades del juego
Frente a dos potenciales derrotas en el Congreso, el presidente le arrancó a la suerte inasible, dos partidas ganadas; y consiguió la mano con cartas inesperadas. Los dos eventuales fracasos estaban cantados por la sencilla razón de que las bancadas del gobierno constituyen minorías, particularmente en el Senado. Al mismo tiempo, las que se convirtieron en victorias obedecen a que los otros partidos políticos también ostentan esa condición de minorías, lo cual obliga a que cada uno de los match jugados, se defina por la conformación de coaliciones momentáneas, las mismas que terminan superponiéndose a la polarización de los extremos.
Así las cosas, los albures que revolotean como fantasmas en cada partida quedan resueltos en las estrategias de los jugadores que, si quieren imponerse, no pueden aventurarse en un juego de “suma-cero”, el del jugador que se arriesga a ganarlo o a perderlo todo. Menos si se trata de coaliciones circunstanciales; todo ello dentro de un mosaico de minorías, en el que nadie por su cuenta puede apostarlo todo al sí o al no, salvo que se trate de una constancia. Seguramente es mejor inscribirse razonablemente en un juego de “suma-mixta”, en el que el actor respectivo gana, aunque así mismo pierda algo.
Que fue justamente lo que sucedió: el presidente Petro ganó, si bien no lo hizo del todo; activó una estrategia, con la que atraía el interés de otras minorías, de modo de producir por agregación una mayoría; lo cual no le representa, claro, un triunfo en toda la línea; pero le trae, como regalo, qué duda cabe, una derrota de sus opositores, que por el momento se “quedan con los crespos hechos”, lo que en política no deja de tener su resonancia.
Naturalmente son ganancias compartidas con otros participantes del juego; solo que ni el Procurador ni el magistrado, dejarán de reconocer que el factor decisivo en cada elección fue el presidente, el mismo que se la jugó por su causa, la de ellos, algo que no implica el quid pro quo de devolver favores, como con cierta malevolencia lo predican los opositores. Supone sí, que no le hagan daño deliberadamente al gobierno, lo que no es una nimiedad en el equilibrio de poderes, en el que caben el control constitucional de la Corte y la persecución disciplinaria a los funcionarios por la Procuraduría.
Consecuencias e implicaciones
El desenvolvimiento de este juego prueba el hecho de que la existencia de minorías, aún sin una coalición mayoritaria de gobierno, brinda posibilidades para que surjan mayorías, empujadas por una lógica de sumatorias, lógica que se superpone al radicalismo de los extremos, a esa división cerril entre gobierno y oposición, que bloquea el curso de una agenda potencialmente progresista en el Congreso.
Sería una dinámica de coaliciones mayoritarias; puntuales, volátiles de pronto e inestables; pero coaliciones de todas maneras. Como lo es por cierto la coalición inmensamente mayoritaria – casi un consenso total – que se ha construido alrededor de la reforma constitucional sobre el Sistema General de Participaciones, la misma que amplía las transferencias desde el sector central hacia los municipios y departamentos.
Con ese tipo de coalicionismo coyuntural, dictado por cada tema, por cada proyecto, nacería la posibilidad para despejarle el camino a algunas reformas de la agenda del gobierno, bajo la condición, eso sí, de que los distintos actores no trabajen con la perspectiva de “suma-cero”, sino con la lógica de la “suma-mixta”, que supone acercamientos serios en la elaboración final de las propuestas.
Ricardo García Duarte
Foto tomada de: La Silla Vacía
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