Así lo evidencia el trágico saldo de 51 muertes en combate, como resultado de enfrentamientos ocurridos el 26 y el 27 de mayo pasados [1] entre la Estructura 44 del Bloque Amazonas del EMC y la Estructura Isaías Carvajal del Bloque Jorge Suárez Briceño (EMBF) del bando de Calarcá, en la Vereda La Siberia, zona rural de San José del Guaviare. Entre las personas fallecidas se encuentran 11 menores de edad (8 niños y 3 niñas).
La Defensoría del Pueblo informó el pasado 1 de junio que el Guaviare está abocado a una grave crisis humanitaria ante la persistente violencia que ejercen los grupos armados ilegales cuyo actuar vulnera los derechos humanos [2]. Actualmente, según el Informe de la Defensoría, se ha llegado a la situación de confinamiento de más de diez mil personas, debido a la escalada de confrontación entre los bandos en disputa.
En la zona rural de San José del Guaviare está en riesgo la vida de los habitantes del corregimiento Charras Boquerón, el Inter veredal San Francisco, Guacamayas, Cámbulos y otras. La comunidad residente que transita por la “Trocha Ganadera” que sirve a 60 veredas y a 10.000 personas es víctima de confinamiento, con motivo de la confrontación. Esta situación bloquea el acceso de misiones médicas, el paso de alimentos y bienes de consumo; impide la pesca, la caza, la movilidad nocturna y afecta a la comunidad estudiantil. La zona donde se realizaron los combates afectó directamente tres veredas y dos resguardos indígenas.
La situación fue advertida por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana 001 de 2025. La Defensoría solicita al Ministerio del Interior la convocatoria extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) y la instalación de un Puesto de Mando Unificado por la Vida – PMUV en San José del Guaviare, con miras a coordinar las acciones pertinentes de respuesta humanitaria.
Así mismo, insta a la activación de mecanismos humanitarios de diálogo encaminados a levantar el confinamiento y a prevenir la repetición de los hechos.
En 17 meses, el EMC dirigido por alias Iván Mordisco ha perdido a más de 122 de sus integrantes en enfrentamientos con el grupo de alias Calarcá y en las operaciones militares adelantadas por la Fuerza Pública en los departamentos del Guaviare, Vaupés y del Cauca [3].
La ruptura entre los bandos en contienda comenzó en el año 2023, dentro de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), con base en pugnas por intereses económicos y dada la intención de la facción de Calarcá de avanzar en los diálogos con el Gobierno Nacional, en el marco de la Paz Total.
Mientras tanto, Iván Mordisco continuó sus actividades que afectaron a las comunidades, en especial, a los indígenas del Cauca, a la par que desató la confrontación con las Fuerzas Armadas en un intento por mantener el control del Cañón del Micay, a través de la Estructura Carlos Patiño del EMC. En este escenario el Gobierno Nacional ha venido copando el territorio con programas sociales y control militar, pese a la contraofensiva adelantada por el grupo armado ilegal mediante el uso de drones. Desde octubre de 2024, mediante la Operación Perseo, la Policía y el Ejército vienen avanzando en el control territorial, el desmantelamiento de laboratorios, de minería ilegal y copamiento de rutas. Esta presencia sostenida, por parte de la Fuerza Pública, no se veía en el Cañón del Micay desde 2007.
La división al seno del EMC se concretó en 2024, con la creación por parte de Calarcá del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). La disputa territorial por el control de las rentas ilegales y corredores estratégicos en el Meta, Caquetá y Guaviare llevó a la confrontación armada entre ambas facciones ilegales.
Actualmente, el grupo de Calarcá se ha expandido hacia Calamar en el departamento del Guaviare y disputa la “Trocha Ganadera”. Los mayores riesgos se encuentran en las veredas de Barranco Colorado, Charras, La Siberia y el Retorno. de San José del Guaviare, capital del departamento.
Por su parte, Iván Mordisco intenta mantener el control de El Retorno, Miraflores y Calamar en el Guaviare, así como en el Sur del amazonas, Caquetá, Meta, Tolima, Huila, Nariño, Cauca y Magdalena Medio.
El primer enfrentamiento entre ambos grupos ocurrió el 18 de enero de 2025 en Miravalle o San Miguel Alto, zona rural del municipio de Calamar en el Guaviare. En la confrontación murieron 20 insurgentes, seis de ellos menores de edad.
El 11 de noviembre de 2025, en una acción combinada de las Fuerzas Armadas en la zona rural de Calamar, contra un campamento de Iván Mordisco murieron 19 de los integrantes del EMC. Allí fueron rescatados tres menores de edad.
El 15 de enero de 2026, en un ataque del grupo de Calarcá en contra de una Estructura del EMC, en el municipio de El Retorno, en el Guaviare, murieron 26 integrantes del EMC, entre quienes se cuentan varios menores de edad. No obstante, Iván Mordisco denunció que varios de sus integrantes murieron fuera de combate, después de haber sido sedados o envenenados, para luego ser rematados con tiros de gracia. También, en el departamento del Vaupés, en zona rural del Corregimiento de Pacoa, mediante bombardeo de la Fuerza Pública, fueron abatidos seis integrantes del EMC (cuatro mujeres y dos hombres).
En lo relacionado con los enfrentamientos ocurridos el 26 y 27 de mayo pasados, en la Vereda Siberia, Corregimiento de Charras-Boquerón, las personas muertas fueron 48 integrantes del EMC de Iván Mordisco y tres del EMBF de Calarcá. Los hechos detonantes de la confrontación ocurrieron a partir del intento de 200 integrantes del Frente Armando Ríos del EMC, de atacar un campamento del Frente Isaías Carvajal del EMBF. El ataque se frustró por presunta delación y los atacantes fueron sorprendidos, con el resultado de 48 muertos del EMC.
Posteriormente, el 3 de junio, con base en información obtenida por la Fuerza Pública, en zona rural de San José del Guaviare, a una distancia de alrededor de 22 kilómetros del enfrentamiento entre las estructuras ilegales, fue bombardeado un campamento del EMC, con saldo de tres de sus integrantes muertos y la recuperación de un menor de edad.
Un factor incidente en la confrontación entre Calarcá y Mordisco tiene que ver con el levantamiento del cese al fuego por parte del presidente Petro en marzo de 2024, luego del asesinato, por parte del EMC, de Carmelina Yule, lideresa indígena del Cauca.
Mientras Mordisco, entonces reconocido como máximo comandante del EMC se decidió a salir del proceso de diálogo con el Gobierno, Calarcá insistió en mantenerse, lo que llevó a la división.
Los primeros enfrentamientos entre las facciones se presentaron entre agosto y septiembre de 2024 y escalaron en enero de 2025.
La naturaleza de estos enfrentamientos, con ribetes de masacre en algunos de los casos mencionados, la responsabilidad del Frente 36 del EMBF en el ataque al helicóptero de la Policía en Amalfí, con saldo de 13 Policías muertos, más la información encontrada en el computador incautado en Anorí, donde se establece el reclutamiento de menores, las actividades de secuestro, los atentados en contra de personas defensoras de derechos humanos y firmantes de Acuerdos de Paz, los presuntos nexos con integrantes del Ejército y la Dirección de Inteligencia y el asesinato del periodista Mateo Gómez en Briceño siembran dudas acerca de la viabilidad de mantener este proceso de negociación con el Grupo de Calarcá.
De otra parte, el Guaviare como territorio de disputa entre bandos de un mismo origen, tiene como referente a una zona de fácil conexión con la Serranía de la Macarena en el departamento del Meta, con salida a Brasil y a Venezuela a través del río Guaviare.
Además, se trata de un bastión histórico de las FARC EP, por su condición de bisagra entre la Orinoquía y la Amazonía. Para Calarcá significa disputar el control territorial y el acceso a un corredor estratégico mientras que para Iván Mordisco constituye la defensa del núcleo de su poder armado territorial.
La dimensión humanitaria del conflicto y su atención rápida es una cuestión urgente. En especial, en lo relacionado con la prevención y el control al reclutamiento de menores, así como la afectación de las comunidades.
De allí la importancia de la intervención integral del Estado, con presencia interinstitucional, a partir del Puesto de Mando Unificado por la Vida, de la concurrencia interinstitucional de las autoridades nacionales y regionales y del trabajo proactivo que está llamada a desarrollar la Consejería Comisionada de Paz.
En especial, son de destacar los pactos ambientales firmados desde el Ministerio de ambiente con la gobernación, las alcaldías y las comunidades, los PDET con sus pactos comunitarios y étnicos para la Reforma rural y los Pactos de Transformación Territorial con los liderazgos sociales territoriales y el fortalecimiento de capacidades en materia de derechos humanos contra todo tipo de agresión, en especial, en lo relacionado con los delitos sexuales.
Así mismo, es relevante la presencia de la Fiscalía y el desarrollo de la capacidad de investigación criminal en los territorios de la región, en trabajo coordinado con la Fuerza Pública.
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Fuentes:
[1] Ortega Natalia. Guaviare, otra vez epicentro de guerra: la evidencia de la fractura entre Mordisco y Calarcá. Colombia +20. El Espectador. Junio 06 de 2026. [2] Defensoría en los Medios. Defensoría colombiana alerta de 10 mil personas confinadas en el Guaviare por violencia armada. Defensoría del Pueblo. Junio 03 de 2026. [3] Redacción Política. Los enfrentamientos y operativos que han debilitado a las disidencias de “Iván Mordisco”. El Nuevo Siglo. Junio 07 de 2026.
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris{
Foto tomada de: El Tiempo
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