Hay gran malestar entre sectores de la ciudadanía de Pereira, Risaralda, Valle del Cauca y Chocó, donde se anunció, con bombos y platillos, un espectacular Plan Marshall que todavía debe demostrar sus resultados. En Quibdó, las promesas de reconstrucción contrastan con la incertidumbre de comunidades que esperan soluciones concretas y no nuevos espejismos.
Pero donde más se evidencian los cuestionamientos es en el dispositivo institucional organizado para atender las obras de reconstrucción. Me refiero al Fondo Milagro, cuya dirección y funcionamiento han despertado serias dudas. Mientras las comunidades esperan respuestas, las reglas de contratación parecen ofrecer amplios márgenes de discrecionalidad.
Apenas ahora se conocen detalles de este “Frankenstein administrativo”, creado mediante el Decreto Legislativo 1379 del 9 de septiembre de 2026 para financiar la recuperación de los territorios afectados por el terremoto.
Se trata de un patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda y administrado mediante Fiducóldex. El decreto establece instrumentos de planeación, contratación, administración de riesgos, control y seguimiento.
El Fondo contempla un Plan de Acción Específico para identificar necesidades e intervenciones; un Manual Operativo; un Manual de Contratación; un Reglamento del Consejo Directivo; una Política de Administración de Riesgos; un Plan Anual de Contratación y un Presupuesto Operativo.
Sin embargo, no basta con anunciar manuales y planes: es indispensable conocer sus actos de aprobación, contenidos y mecanismos de aplicación. Las actas del Consejo Directivo y sus decisiones deberían estar disponibles para el escrutinio ciudadano en la página web que no existe.
El 5 de octubre se suscribió un convenio entre el Ministerio de Hacienda y Fiducóldex por aproximadamente $2.983 millones, relacionado con la administración fiduciaria. El Consejo Directivo realizó su primera reunión el 15 de octubre.
Entre sus funciones están aprobar los planes de reconstrucción, definir criterios de priorización, adoptar los manuales, establecer indicadores, examinar informes financieros y seleccionar una firma internacional de auditoría independiente.
Hasta acá la formalidad jurídica e institucional del Fondo Milagro.
Pero, a juicio de la representante Cathy Juvinao, algunas disposiciones podrían convertirlo en un nuevo contratadero, semejante a los esquemas cuestionados en otras entidades que administran recursos públicos. Las investigaciones relacionadas con los contrataderos como el Fondo Mixto Sierra Nevada y AREMCA en Barranquilla para Regalias, muestran por qué resulta indispensable extremar las precauciones.
La parlamentaria del Partido Alianza Verde ha formulado denuncias y advertencias sobre la contratación, la administración de recursos y los mecanismos de control del Fondo Milagro.
Su primera denuncia se refiere a la selección de Fiducóldex. Según Juvinao, la entidad fue escogida mediante un proceso con una sola oferta y una remuneración aproximada de $248,6 millones mensuales, equivalente a cerca de $2.983 millones anuales.
También cuestiona la concentración de decisiones: cinco de los siete integrantes del Consejo Directivo serían representantes de la Presidencia, mientras departamentos y municipios afectados carecerían de representación directa.
La estructura institucional concentra en la Gerencia amplias facultades relacionadas con contratación, ordenación del gasto, supervisión y pagos. Una distribución semejante exige contrapesos independientes, publicidad y vigilancia ciudadana.
Pero las denuncias más preocupantes se refieren al Manual de Contratación.
Juvinao cuestiona su artículo 74 porque, según su interpretación, permitía contratar durante 20 días hábiles desde el 28 de octubre sin exigir previamente la publicación de los procesos en el SECOP. También advierte sobre la posibilidad de adelantar contrataciones sin matrices de riesgos durante ese período.
Si esta interpretación corresponde al texto aprobado, la disposición merece una revisión inmediata. La urgencia de la reconstrucción no debería convertirse en una excusa para debilitar la transparencia y el control preventivo.
El manual contempla, según la congresista, 21 causales de contratación directa. Aunque esta modalidad no es necesariamente irregular, semejante amplitud plantea interrogantes sobre la competencia entre oferentes y la discrecionalidad para seleccionar contratistas.
El artículo 27 permitiría realizar invitaciones cerradas con plazos ordinarios de apenas dos días hábiles para presentar propuestas. Juvinao menciona procesos de cuantías comprendidas entre $5.253 millones y $14.007 millones.
En procedimientos de menor cuantía bastaría solicitar cotizaciones a tres proveedores y conceder un día para responder. Estos plazos pueden restringir la participación de empresas que necesitan preparar ofertas técnicas y económicas rigurosas.
Otro cuestionamiento corresponde al artículo 57. Según la parlamentaria, el manual no incorpora el límite general de adiciones contractuales previsto en el régimen ordinario de contratación estatal. Aunque ese límite no se aplica automáticamente a todos los regímenes especiales, la ausencia de restricciones equivalentes exige controles y justificaciones especialmente rigurosos.
De otro lado, el Consejo Directivo solamente tendría que autorizar determinados contratos superiores a aproximadamente $17.509 millones. Los demás quedarían bajo decisión de la Gerencia.
Hay, entonces, interrogantes sobre la concentración de facultades y la efectividad de los controles independientes.
Otra perla del manual, según Juvinao, consiste en que el gerente puede eximir determinados contratos de pólizas, conforme a la matriz de riesgos. También cuestiona disposiciones que permitirían contratar siguiendo instrucciones de donantes, especialmente ante eventuales vínculos entre estos y los contratistas.
El Manual Operativo presenta, además, interrogantes sobre la publicidad de los beneficiarios de ayudas. Es indispensable garantizar la transparencia en la distribución de recursos, respetando simultáneamente la protección de los datos personales de las familias damnificadas.
La reconstrucción no puede convertirse en un negocio administrado a espaldas de las comunidades. Los procedimientos excepcionales pueden ser necesarios frente a una catástrofe, pero no justifican la ausencia de controles, la opacidad contractual ni la exclusión de los territorios afectados.
Las denuncias de Juvinao requieren respuestas documentadas del Fondo Milagro, del Ministerio de Hacienda y de Fiducóldex. También corresponde a los organismos de control verificar los riesgos advertidos y determinar si existen irregularidades.
Así está el cuadro de la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto: grandes promesas, necesidades urgentes y serios cuestionamientos sobre las reglas para administrar los recursos.
La ciudadanía tiene pleno derecho a la movilización, la protesta pacífica y la veeduría para exigir celeridad, transparencia y resultados concretos en vivienda, planteles escolares, hospitales y recuperación económica.
El verdadero milagro no será contratar miles de millones, sino reconstruir los territorios con honestidad, participación comunitaria y resultados verificables.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: CAMBIO Colombia
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