Este hecho es de innegable repercusión negativa para la paz. Constituye esta posición un evidente error histórico al debilitar y cuestionar los esfuerzos realizados hacia el logro de la paz. Lo cual se asume a partir de tal declaración sobre supuestos políticos falsos, desde la postura de renegar del importante pacto de paz conseguido y en ruptura con las amplias y diversas vertientes progresistas del país y con el apoyo brindado por la comunidad internacional. Así mismo, la descalificación y ruptura con el acuerdo de paz y sus medidas de implementación, objetivamente sirven y alientan a las posiciones de la extrema derecha que han realizado una oposición sistemática a la paz y al acuerdo conseguido con las FARC EP para viabilizarla.
Al respecto, en el documento divulgado por este grupo de ex comandantes guerrilleros se afirma que el tránsito de las FARC EP de la a la vida civil, que implicó la consiguiente dejación de las armas, supuestamente se hizo “a cambio de nada”, lo cual no tiene ningún asidero en la realidad. Paradójicamente fue el mismo Iván Márquez quien lideró por las FARC EP en todo momento, el conjunto de la negociación y el logro de la totalidad de los acuerdos, incluida la revisión final hecha para introducirle modificaciones que respondieran en lo posible a las objeciones al mismo acuerdo hechas por los partidarios del NO, tras su triunfo en el plebiscito por estrecho margen.
“Desde la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, y del desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada…”[2].
Afirmación que se cae de peso ante la evidencia de los hechos, puesto que tras cinco años de intensa discusión con acompañamiento de la comunidad internacional, el Estado y las FARC EP consiguieron consensos importantes que implican la toma de medidas y de reformas en cada uno de los tópicos y asuntos considerados. Así, se convinieron acuerdos relativos a: la reforma rural integral; las garantías de participación social y política y el estatuto de oposición; el cese de las hostilidades, la dejación de las armas y la reincorporación de los integrantes de las FARC EP; la sustitución de economías ilícitas con apoyo oficial; los programas hacia el desarrollo social concertados con las comunidades en los territorios; el otorgamiento de la amnistía, indultos y formas transicionales de justicia, los compromisos de reparación de las víctimas; la adopción de mecanismos internos e internacionales de seguimiento, de verificación y el monitoreo por parte de misiones políticas de la ONU.
A la vez, se dice de manera contradictoria en el mismo documento que se firmó el acuerdo “con la convicción de que era posible el cambio”, lo cual implica reconocer las posibilidades que brinda el acuerdo para las transformaciones democráticas referidas. Pero se afirma que “el incumplimiento y la traición del Estado (…) nos obliga a tomar las armas”. Lo cual también resulta ser una falsedad y una justificación expuesta de manera forzada para volver al alzamiento.
Decimos falsedad por cuanto todos los informes y reportes y análisis realizados sobre la implementación del acuerdo, desde distintos actores y visiones, coinciden en registrar que hay medidas del acuerdo aplicadas satisfactoriamente, medidas parcial o defectuosamente aplicadas y medidas pendientes de aplicar. Por supuesto, todas ellas en medio de intensas controversias y de la oposición de algunos sectores frente a varias de las medidas centrales del acuerdo. Incluso frente a la resistencia del actual gobierno para implementar asuntos medulares del acuerdo, pero que hechos como su fracaso para reformar negativamente la JEP, evidencian la existencia de mayorías políticas parlamentarias empeñadas en la defensa de la implementación del acuerdo.
Es bien conocido que el acuerdo de paz que tiene un horizonte de 15 años ha consiguió valiosos desarrollos constitucionales y legales en distintas materias. Sobresale la actuación del partido FARC con cierta favorabilidad política que incluye representaciones en el Congreso por varios períodos; en lo social la implementación de programas como el PNIS, los PDET; los relativos a la reincorporación de excombatientes no obstante inconsecuencias y lentitudes gubernamentales que han sido cuestionadas; la implementación del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación No Repetición con las importantes instituciones que la integran en plena actuación en el ámbito nacional; las instancias de seguimiento interno e internacional en actuación y las dos misiones de alto nivel para la verificación y el monitoreo adoptadas al más alto nivel de la ONU; entre otros logros que impiden hablar de negación general del Estado y sus instancias para con los compromisos de este pacto de paz.
Sin embargo, en el documento referido los ex comandantes para justificar su rompimiento con el proceso de paz, concluyen a la vez sin fundamento con el término lapidario: “fracasamos”, con relación al conjunto del proceso de paz. Por supuesto que hay que advertir que el acuerdo de paz y su implementación ha sido una intensa batalla política sin tregua contra sus opositores de la extrema derecha, que en ocasiones han conseguido aliados coyunturales y que han maniobrado de muchas formas para tratar de impedir o menoscabar las medidas a adoptar y que han tenido sus representaciones y agencias al seno del Estado y de los mismos gobiernos en distintos grados. En tal contexto, es explicable evidenciar que no todo se ha conseguido aún, como es el caso del otorgamiento de tierras a campesinos a través del Fondo creado, del proyecto de reforma política y electoral hundido en el Congreso y el que está en litigio ante las cortes el reconocimiento de la aprobación por el Congreso de la Circunscripción Especial Territorial de Paz, que cuenta además con una campaña nacional a su favor liderada por Defendamos La Paz. También se registra el que la JEP en su aprobación fue afectada en algunos de sus aspectos centrales como la competencia ante terceros y en su autonomía en algunos procedimientos, no obstante lo cual se salvó de los intentos del gobierno y del Centro Democrático este año por desnaturalizarla.
De otra parte, queda la duda sobre las verdaderas causas que motivan el marginamiento del compromiso con la paz, al menos de parte de estos ex comandantes, dado que su marginamiento desde hace dos años se adoptó alegando razones de seguridad y ante el temor expreso por las decisiones que la justicia pudiera tomar. Este hecho se evidenció en el propio Iván Márquez, quien de ser la principal vocería de las FARC en el proceso de paz, tras verse involucrado su sobrino en hechos delincuenciales y hacer señalamientos que lo podían involucrar y hacerlo posiblemente con otros dirigentes de las FARC, optó por marginarse. Adicionalmente, pero también con relación a tal situación, denunció inseguridad y persecución. Por su parte Santrich luego de tan sonado caso y la movilización democrática amplia para que se le ofrecieran las garantías debidas, aunque declaró con vehemencia ante el país y en el Congreso cumplir con el acuerdo de paz y con las decisiones de la justicia, también al parecer por sus temores a las decisiones judiciales en su contra se margina del proceso. Igual situación puede suceder con otros de los ex comandantes que rompen con el proceso de paz, en términos de temores ante las decisiones judiciales incluso las que pueden ser adoptadas por la misma justicia alternativa ofrecida por la JEP.
Este grupo ahora reconfigurado como disidencia política y militar, en rechazo al acuerdo de paz logrado entre el Estado y las FARC EP y su implementación, llama a reemprender el camino de la insurgencia armada, lo que implica desconocer cualquier valía del acuerdo suscrito y romper con el compromiso solemnemente suscrito. Desde tal posición ahora llaman a emprender una
“nueva etapa de lucha” armada, es decir, llaman a reactivar la guerra que se espera cerrar definitivamente con el pacto de paz. Hecho que contrasta además, cuando en la actualidad de manera progresiva y mayoritariamente la población colombiana rechaza todas las formas de violencia política y se moviliza con decisión desde los años noventa en contra la guerra y sus graves efectos de distinto orden, incluidos los millones de víctimas ocasionadas.
En pronunciamiento de forma retórica aluden al contexto histórico de hace cinco décadas cuando surgió las FARC al hablar de “una nueva Marquetalia para levantarse en armas ante la opresión”. Es evidente que ya no se trata de comunidades campesinas agredidas por operativos militares oficiales de persecución mortal que las llevaron a optar por formas de autodefensas que ante la presión mutaron en guerrillas insurgentes propiciando el alzamiento armado. Ahora se trata de estructuras armadas que pretende desde un ámbito ajeno a la movilización y el interés social un proyecto insurgente, que ha perdido posibilidades, legitimidad y razón de ser. Se trata es de grupos armados que persisten en el entorno de las economías ilegales, con interés de perpetuar tales dinámicas e incluso de entrar a disputar con otros actores ilegales controles territoriales, zonas y rutas con tal propósito, como ya se ha registrado con dramatismo por parte de varias de las estructuras disidentes existentes en distintas regiones.
Aún no es claro si Márquez y su grupo controlan o podrán controlar los distintos grupos armados en disidencia como el liderado por Gentil Duarte desde lo que fue el Frente I y otras fracciones de frentes del oriente, o los rearmados con posterioridad al acuerdo final de paz, parte de los cuales evidencia tener solo un propósito de lucro y delincuencial, en medio de posibles tensiones y diferenciaciones entre tales vertientes.
En el plano militar han dicho en la declaración referida que no actuarán en la profundidad de la selva, que “el objetivo no es el soldado y el policía respetuosos”, que consideran que “hay militares y policías partidarios de la paz” y anuncian que su objetivo será “la oligarquía excluyente, corrupta, mafiosa y violenta”, a partir de una modalidad operativa defensiva. Pero en todo caso se declaran en acción armada, manifiestan disposición a coordinarse con el ELN y con las otras estructuras armadas disidentes al proceso de paz. Por tanto, su actuación en tales términos será una contribución a la violencia política, a la búsqueda de la reactivación de la guerra, a la prolongación de los impactos y daños contra la población y la institucionalidad que puede viabilizar opciones democráticas y en contra de las propias posibilidades de la implementación de la paz, sus programas y medidas.
Indicativo de su regresión a la guerra es la consigna que asumen en su pronunciamiento de acción insurgente “hacia un gobierno popular (…) alternativo”, de manera que de tal manera no se expresa ninguna posibilidad de recuperar una posición de entendimiento en términos de los compromisos de construcción de paz que se habían adoptados con el acuerdo logrado. Además, esto no es óbice para que expresen de forma irónica o incluso cínica, supuesta disposición hacia futuras conversaciones de paz. Y cierran su declaración con divagaciones marcadas de sectarismo histórico y retórica, a propósito del bicentenario de la independencia, con la consigna: “¡Con Bolívar, con Manuel, con el pueblo al poder!”.
De inmediato se produjo en el país una intensa discusión sobre este hecho, de forma que en declaración a los medios de comunicación quien fuera jefe negociador de paz por la parte gubernamental Humberto de la Calle y quien fuera alto comisionado de paz del gobierno Sergio Jaramillo, ambos firmantes importantes del acuerdo de paz, expresaron con acierto: “El acuerdo de paz es un logro histórico que no tiene marcha atrás. No es la primera ni será la última crisis del proceso. Hacemos un llamado (…) a arropar y proteger el proceso de paz”[3]. En consecuencia expresaron rechazo a Iván Márquez y otros comandantes de las FARC por su posición de marginamiento del proceso de paz y retorno a las armas. Pero más allá de ello también criticaron al gobierno del presidente Duque puesto que la habían advertido que sus ataques permanentes al acuerdo de paz podían estimular situaciones como esta.
Por su parte, se pronunciaron pronto especialmente vertientes partidarias del acuerdo de paz, agrupaciones ciudadanas y sectores de opinión, en términos similares a De la Calle y Jaramillo, pero además expresando especial apoyo y solidaridad con el partido FARC, con la gran mayoría de ex combatientes que se mantienen firmes con el acuerdo de paz y su implementación, a la vez que llaman a la ciudadanía, a la institucionalidad, al gobierno y a la comunidad internacional a brindarle el apoyo requerido al proceso de paz. En contraste, el partido Centro Democrático aprovecha este traspié sufrido por el proceso de paz para oxigenar su posición y sus propuestas orientadas a atacar el acuerdo de paz y sus posibilidades de distinto orden.
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[1] “Manifiesto. FARC Ejército del Pueblo”, leído en video y enviado el texto a medios de comunicación por Iván Márquez junto con otros excomandantes de las FARC EP, Inírida, 29 de agosto de 2019.
io[2] “Manifiesto. FARC Ejército del Pueblo”, leído en video y enviado el texto a medios de comunicación por Iván Márquez junto con otros excomandantes de las FARC EP, Inírida, 29 de agosto de 2019, pág.6.
[3] Declaración de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, Bogotá, Bruselas, 29 de agosto de 2019.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática.
Foto tomada de: El Espectador.
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