- Las Comunidades locales y mineros tradicionales (Provincia de Soto Norte: Vetas, California, Suratá) que defienden la minería artesanal y ancestral como su principal sustento económico histórico. Exigen una delimitación justa que no ahogue sus economías y piden alternativas viables de reconversión laboral o formalización minera. Se encuentran permeados por actores ilegales del negocio ilícito del oro.
- Ambientalistas y plataformas ciudadanas (Ej. Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán): Líderes de la sociedad civil y ambientalistas “urbanos” de Bucaramanga y la región, que defienden el principio de que “el agua vale más que el oro” y exigen el cese definitivo de licencias mineras en todo el ecosistema y sus zonas de influencia hídrica. La plataforma cívica, constituida en noviembre de 2009 por varias organizaciones y personas para defender el agua en la estrella hídrica Santurbán-Berlín, que tiene característica binacional y que se ocupa del páramo y de la alta montaña, incorporando gradualmente consideraciones como la regulación climática e hídrica, el fenómeno de El Niño y los “Ríos Voladores” a medida que se han conocido. Consideran a Santurbán como un tesoro Andino Ecuatorial e insisten que el 80% de la población de Santander y Norte de Santander dependen de esta región. Exigen la aplicación del principio de Precaución; como hito histórico se señala la movilización masiva en febrero 2 de 2011, que resultó en que el Ministerio de Ambiente negara la licencia ambiental a la empresa Greystar , que después se convirtió en ECO-ORO.
- Compañías Multinacionales Mineras (Ej. Eco Oro, Minesa): Empresas con inversión extranjera que han impulsado macroproyectos de extracción aurífera en las zonas bajas o colindantes al páramo, argumentando una minería con altos estándares de sostenibilidad ambiental y generación de empleo.
- Corte Constitucional de Colombia: Actor clave del marco legal, el cual mediante la Sentencia T-361 de 2017, tumbó la delimitación previa del páramo por no haber garantizado una participación ciudadana real, obligando al Estado a concertar nuevamente el territorio con las comunidades de forma transparente.
Conflictos Ambientales (OCA-IDEA-UN)
- Gobierno Nacional: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y SINA): Ente rector encargado de concertar y delimitar formalmente la frontera entre el páramo protegido (donde está prohibida la minería) y las áreas de desarrollo social y económico. Corponor tiene jurisdicción sobre 108.472 hectareas y CDMB sobre 66.170 hectareas.
- Gobierno Nacional: Ministerio de Minas y Energía, apoyado en la ley 685 de 2001 (Código de Minas), que potencia la extracción minera en función de satisfacer el TLC y TBI con Canadá y Estados Unidos, en cuanto a la promoción de inversión extranjera, con clausulas de protección a la inversión, sin considerar adecuadamente la dimensión ambiental. Eso resulta en concesiones en el páramo y subpáramo de Santurban en 37.657,25 hectáreas.
Tras años de dilaciones en el cumplimiento de la Sentencia T-361, el Ministerio de Ambiente implementó un esquema de decisiones estratégicas de protección:
- Adopción de la “Delimitación Progresiva” (Resolución 0992 de 2026): El Ministerio oficializó una metodología de delimitación por fases o etapas para el complejo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín, que permite avanzar gradual y formalmente en los municipios donde ya existen consensos de concertación, sin esperar a destrabar todo el territorio en un solo acto administrativo.
- Ampliación y Prórroga de la Zona de Reserva Temporal (Resolución 0970 de 2026): El Ministerio prorrogó y amplió la extensión de la Zona de Reserva Temporal de Recursos Naturales Renovables hasta 2029. Esta figura congela temporalmente nuevos trámites, concesiones o expansiones mineras en zonas sensibles mientras se liquida el mapa definitivo.
- Revocatoria y Reevaluación de la Protección en la Microcuenca “La Baja”: Luego de objeciones por falta de garantías en los trámites participativos de expedientes exprés, el Gobierno revocó resoluciones previas sobre la microcuenca La Baja (municipio de California) para abrir una nueva evaluación técnica, jurídica y participativa de la protección del agua en esa zona de alto valor hídrico y minero.
- Mesas de Concertación Municipal: El Ministerio ha venido consolidando los espacios informativos y de concertación obligados por la justicia en decenas de municipios de Santander y Norte de Santander (como Cúcuta, Villa del Rosario, El Zulia, Vetas, entre otros) para construir acuerdos de delimitación. Conflictos Ambientales (OCA-IDEA-UN)
El debate actual se concentra en el equilibrio técnico y social: mientras los colectivos ambientales ciudadanos exigen el máximo blindaje para el acueducto regional, las comunidades mineras locales exigen garantías jurídicas para no quedar desplazadas socioeconómicamente por el nuevo mapa de zonificación y las Multinacionales exigen que se cumplan acuerdos adelantados; según la IA una posición equilibrada, “no puede alinearse ni con el prohibicionismo radical (que ignora la realidad socioeconómica de los municipios mineros) ni con el extractivismo a toda costa (que pone en riesgo la seguridad hídrica de más de dos millones de personas)”, basándose en cuatro pilares fundamentales:
- Prioridad absoluta e innegociable a la seguridad hídrica
El agua para el consumo humano y el sostenimiento de los ecosistemas estratégicos debe ser el criterio dominante, amparada por la propia Constitución Colombiana. La alta montaña y las zonas de recarga de acuíferos no pueden ser sujetas a minería de gran escala ni a proyectos industriales que utilicen químicos pesados o alteren la dinámica hidrogeológica y menos cuando su localización esté por encima de la bocatoma de un acueducto. La protección del agua es un derecho colectivo de presente y futuro.
- Justicia social y respeto a la minería tradicional; al mismo tiempo, los habitantes de municipios como Vetas, California o Suratá, que han practicado la minería artesanal y de pequeña escala durante siglos, mucho antes de las grandes concesiones multinacionales no pueden ser criminalizados; La solución exige:
- Diferenciar claramente entre megaminería transnacional, la ilegal por actores externos y la minería ancestral/artesanal.
- Ofrecer procesos reales de formalización y reconversión tecnológica para eliminar el mercurio y el cianuro sin destruir la economía de estos municipios.
- Garantizar alternativas de reconversión laboral o reconversión productiva (como el pago por servicios ambientales o el ecoturismo) con financiación estatal de largo plazo, para reemplazar la actividad minera por otras.
Así mismo, se requiere una delimitación basada en ciencia rigurosa, que no sucumba ante la presión corporativa ni a consignas de carácter político partidista, que se sustente en estudios hidrogeológicos independientes que identifiquen con precisión las conexiones entre la alta montaña y los acuíferos subterráneos, los riesgos de abatimiento del nivel freático, la influencia de los “ríos voladores” provenientes tanto de la amazonia como de la Orinoquia, la existencia de acuíferos y su dimensión real, temas todos en los cuales el país está atrasado.
Dentro de los argumentos que se esgrimen está el de que “si la ciencia demuestra que una zona baja no afecta la cuenca hídrica, debe permitirse un desarrollo económico controlado; si demuestra riesgo, debe protegerse sin excepción”, al referirse a que una parte de la actividad minera estaría por debajo de la zona de captación de aguas para el acueducto de Bucaramanga; sin embargo, esa afirmación puede ignorar precisamente algunos de los factores arriba planteados como el del abatimiento del nivel freático, que incide en la disponibilidad superficial del agua, como se ha comprobado en varios proyectos de túneles en Colombia y que resultan en la necesidad de medidas de fondo para su solución. Un reclamo fuerte también es el de que la toma de decisiones no puede ser impuesta unilateralmente desde Bogotá ni bloqueada indefinidamente en los territorios, en cumplimiento de la Sentencia T-361, que exige una concertación real con las comunidades locales y urbanas, transparencia en las licencias ambientales y presencia institucional permanente para evitar que la ilegalidad o los grupos armados ocupen el territorio.
Como ya mencioné, la tensión entre los diferentes actores locales y transnacionales se inició en 2009 con manifestaciones y marchas ciudadanas en torno al tema del riesgo de abastecimiento para Bucaramanga, que escaló en 2016 cuando el alcalde Rodolfo Hernández [1] planteó que “Esa mina nos va a contaminar el agua o en un futuro van a destruir el páramo de Santurbán y van a acabar con el agua”, al referirse a los trabajos del proyecto Soto Norte, de la minera Minesa, que ya habían sido aprobados por la Agencia Nacional de Minería mientras que la licencia ambiental se encontraba en estudio por parte de la Anla, para un proyecto que invertiría “unos 1.000 millones de dólares y pagaría unos 450 millones de dólares en regalías y 1.700 millones de dólares en impuestos” al extraer alrededor de 9 millones de onzas de oro con minería subterránea durante 25 años, en el municipio de California, con una planta de tratamiento en el municipio vecino de Suratá. La operación de Soto Norte, como se conoció el proyecto por la provincia donde se encuentra, se desarrollaba a una altura de 2.640 metros, abajo del límite de páramo a los 3.100 metros. Es decir, el conflicto ya cumple 17 años sin que hayamos terminado de solucionar.
La mina, a un costado de la quebrada La Baja, que en el sector de tronadora se une con el río vetas y este a su vez en el sector de panaga entrega sus aguas al río Suratá, que a su vez se une con el río Tona, que surte de agua a Bucaramanga en un sitio aguas abajo del punto de captación del acueducto de la ciudad, según Minesa, y llega posteriormente al río Sogamoso que termina en Hidrosogamoso, ofrece amplia discusión sobre los riesgos de contaminación, puesto que la extracción proyectada de oro, plata y cobre, que resultaría en un producto final llamado concentrado polimetálico, cuya separación de estos metales además se llevaría a cabo en otro país, por lo que no se iba a usar en ningún momento ni mercurio ni cianuro, según la compañía, pues “lo único que se haría es ponerle agua y usar unos químicos que se llaman santatos, que son completamente biodegradables” y, por ser subterránea “con una profundidad que va hasta los 780 metros, lo que minimiza el impacto en la superficie”, con la cual tendría comunicación mediante dos túneles de 6 por 6 metros cada uno, los cuales se abrirán con tuneladoras o con geles, un tipo de explosivos controlados que causan implosión de la roca en el sitio”. Uno de estos túneles, pero de solo 150 metros de longitud, fue abierto para tareas exploratorias; desde 2020, era Post-Covid, se aprecian numerosas intervenciones ilegales dentro y fuera del páramo, con fines mineros ilegales. Según Minesa, en ese momento, “El total de la operación de la mina necesita 33 litros por segundo, un 1,5% del total del agua que necesita una ciudad como Bucaramanga: 2.340 litros por segundo.
Sin embargo, con los túneles de 5,8 kilómetros. así como los de la explotación como tal, se podría afectar, como un proceso natural, “un poco el cauce de las quebradas, pero en ningún momento que se vayan a secar”. Calculaban que una de ellas, la quebrada San Francisco, cuyos trabajos estarán a 150 metros bajo su superficie, en temporada de verano disminuya su caudal hasta en un 30%, reconociendo que el drenaje artificial podía causar modificaciones importantes, ante lo cual “para que se filtre solo el 20% del total del líquido de lo que lo hace en condiciones normales, Minesa asegura que empleará una técnica denominada preinyección, la cual consiste en inyectar un tipo de cemento especial por esas fracturas que se producen”; es inevitable que se filtre agua y haya fracturas. La afectación en la parte alta, cerca de la planta de tratamiento proyectada, por una zona para depositar escombros, de 60 hectáreas, ofrece también preocupación pues se iría “depositando el material estéril y su proceso de apertura, llenado y recuperación se hará a medida que se vaya desarrollando el proyecto”.
Todo esto en 25 años, con otros 12 años para recuperar las posibles afectaciones de la zona. “El aserradero es un área de seis hectáreas enfrente de la mina, allí se tendrá que remover árboles que se recuperarían al terminar la operación después de 25 años. Se depositará una parte de los materiales estériles que salgan de la planta de tratamiento, el otro irá para rellenar los túneles”.
La Greystar en 2009 estimó un proyecto a cielo abierto que requeriría 230 toneladas de explosivos ANFO y 40 toneladas de Cianuro inicialmente; posteriormente, Minesa planteaba que se haría “algo novedoso para el sector minero colombiano, y es que habrá retrollenado, que consiste en que volquetas de 30 toneladas ingresarán por ese túnel trayendo el material estéril que queda después de la separación de los minerales”. En Suratá se concentraban todas las instalaciones: planta de separación y tratamiento del material, mantenimiento, e instalaciones adicionales que se necesitan para operar como una subestación eléctrica, oficinas, campamentos, helipuerto, zonas de recreación, etc., y desde allí se llevaría el material hasta un puerto en el Caribe colombiano para que el material sea separado en un país aún por determinar, sin considerar tampoco la posibilidad de hacerlo aquí en Colombia; en total, el área total de la operación iba a cubrir 172 hectáreas, de las cuales 150 corresponden al área Suratá y el resto al municipio de California, en donde está la mina. Según Minesa todo el proyecto fue consultado con la misma comunidad, así como con el ministerio de Minas, medio ambiente, ANLA, y las corporaciones ambientales regionales y locales en mesas de trabajo que harían una veeduría y monitoreo constante al proyecto durante los 25 años de duración.
El proyecto de oro en Santurban ha gozado de especial interés internacional; los árabes y posteriormente los canadienses han tenido intereses económicos muy fuertes en este[2]. Aris MIning, liderada por Alejandro Jiménez, se quedó con la mina que Mohamed Bin Zayed soñaba convertir en la más grande del mundo y que no logró licencia ambiental por la ANLA; la administración Uribe en sus dos períodos estimuló a la inversión extranjera apoyada en la seguridad en el país y abrió expectativas en el sector petrolero y minero. Según las dos Orillas, uno de los primeros en advertir la oportunidad fue el grupo de los venezolanos de Pacific Rubiales con Serafino Iacono, Frank Giustra, Miguel de la Campa, entre otros, que apostaron por petróleo en el Meta y por la minería de oro de Gran Colombia Gold que nació de la compra al Estado de la Frontino Gold Mines con sus yacimientos de oro en Segovia, Marmato y la mina del Zancudo; la presidente de la nueva minera fue María Consuelo Araujo quien había sido ministra de Cultura y canciller y ahora embajadora en Estados Unidos, del círculo del gobierno Uribe que le daba toda la tranquilidad a los inversionistas que adquirían un gran activo pero con muchas dificultades financieras, pero especialmente laborales. En julio del 2022 Gran Colombia Gold presidida por Serafino Iacono cambió de nombre y pasó a llamarse Aris Mining, producto de una fusión entre Mining Corp y Aris Gold Corporation; en ese mismo año la canadiense Aris Gold en cabeza Ian Telfer, le había adquirido a los árabes de Minesa que llegaron en el 2006, el 20 % de la mina Soto Norte en el páramo de Santurbán.
A pesar de la oposición ciudadana y la política de protección ambiental fortalecida en el gobierno Petro, los canadienses siguen apostando al potencial de Santurbán hasta el punto que se quedaron con el 100 % del proyecto minero. Minesa, del fondo árabe Mubadala Investment Company conservaba el 49 % y pagaron 80 millones de dólares para quedarse con la totalidad de la mina. El yacimiento de mayor interés multinacional está ubicado en la zona de influencia del páramo en el departamento de Santander, donde están California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona, con licencia ambiental pendiente en la ANLA por el daño potencial que representa sobre las aguas y la riqueza vegetal del páramo, un ecosistema único en el mundo.
El presidente de Aris Mining en Colombia, Alejandro Jiménez, con 15 años de experiencia entre ellas en Frontera Energy (sucesora de Pacific Rubiales) ha asumido el desafío de lograr la licencia para un proyecto al que se le han invertido millones por su potencial productivo, con reservas probables estimadas en 20.3 millones de toneladas de oro. Aris Mining tiene otras dos minas subterráneas en Colombia —Segovia y Marmato— que apuntan a superar las 500.000 onzas anuales hacia 2026. A esto se suma el avance del proyecto Toroparu en Guyana, que se encuentra en etapa de prefactibilidad y representa un vector adicional de crecimiento. En la junta directiva de Aris Mining están figuras como el exministro caleño de Minas y Energía Germán Arce, la expresidenta de la junta de Ecopetrol Mónica de Greiff y el exviceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Henández Jiménez, así como la rectora de la universidad EAN, Brigitte Baptiste. Ahora se trata de construir una mina subterránea más pequeña con un nuevo diseño que reduce a la mitad la capacidad de procesamiento de la planta, desde 7.000 a 3.500 toneladas por día (tpd).
La Resolución 0994 de 2026 que se expidió el 6 de agosto (a menos de 24 horas de terminar el anterior Gobierno), aparentemente se hizo a pesar de haber una tutela admitida en curso por posible vulneración de derechos y mientras se encontraba pendiente una recusación contra la entonces ministra encargada, circunstancia que suspendía legalmente la actuación administrativa. Con la revocatoria quedan sin vigencia los efectos sobre las 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja y el trámite vuelve así al punto en el que deben garantizarse plenamente la participación de las comunidades, la transparencia de la actuación administrativa y el respeto por el debido proceso. Según la nueva administración “se trata de una decisión orientada a garantizar que el proceso se adelante bajo las condiciones legales y procedimentales exigidas”.
En ese sentido encontramos que el Ministerio de Ambiente del nuevo gobierno De la Espriella expidió la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026 que revoca la Resolución 0994 expedida el 6 de agosto del presente año (a menos de 24 horas de terminar el anterior Gobierno), y que había declarado una reserva de recursos naturales renovables de carácter definitivo en 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, por fuera de los límites del Páramo de Santurbán. Con esta decisión, también se da cumplimiento a las órdenes impartidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que en un fallo de tutela dispuso reiniciar el proceso para garantizar su validez, transparencia y participación ciudadana. La decisión corrige aparentemente las irregularidades identificadas en el trámite, y permite al Ministerio de Ambiente realizar una nueva evaluación técnica y jurídica para definir la protección del agua y la mencionada microcuenca.
La justificación fue la de “proteger el Agua y la Biodiversidad, corregir las irregularidades durante la consulta pública, garantizar los derechos fundamentales de las comunidades de dicha resolución que había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo ‘La Baja’, ubicada por fuera del Páramo de Santurbán. La decisión, ratificada en la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, responde a la necesidad de corregir las irregularidades identificadas en el trámite y cumplir las órdenes impartidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que dispuso reiniciar el proceso para garantizar su validez, transparencia y participación ciudadana. El fallo judicial también ordenó dejar sin efectos la consulta pública adelantada en el marco de ese trámite al identificar la posible vulneración de tres derechos fundamentales de los habitantes de California (Santander).
No cabe duda que hacia el futuro el tema de Santurbán estará dentro de los temas más discutidos; Muy probablemente, un escenario posible al que se debe llegar es un esquema en el cual la prioridad absoluta sea la permanencia y seguridad del agua para el área metropolitana de Bucaramanga, que ha crecido de manera muy significativa, con la compensación adecuada de pequeños mineros que les permita vivir dignamente y una dimensión y características de la minería transnacional que sean compatibles con lo anterior bajo condiciones de mínimo riesgo y costos sociales y ambientales demostrados. En esta lógica no tiene sentido la exportación de la “pasta” de oro, plata y otros materiales, sin procesamiento y adición de valor agregado en Colombia. Sin embargo, es posible que también se llegue a un escenario en el cual el valor del agua sea tan nítidamente apreciado y sopesado que el interés por el oro de Santurbán sea reemplazado por otras localizaciones y condiciones menos riesgosas. Colombia tiene oro en muchas regiones y está pendiente construir un algoritmo de decisión que nos guie para tomar las mejores decisiones. El Valor del Agua es cada vez más critico e importante en un mundo con cambio climático y variabilidad climática cada vez más relacionados.
En próxima oportunidad profundizaré sobre el valor del agua tanto desde el punto de vista teórico como desde la dimensión pragmática de toma de decisiones. El valor actual del oro en esta coyuntura mundial de competencia entre superpotencias que ha llevado su precio hasta 4.500 dólares por onza e incluso más, frente al costo del agua en un ambiente o entorno dinámico, en el cual el riesgo de su disminución o de su pérdida debe ser un pretexto para entender mejor el reto cultural profundo que tienen nuestras sociedades localizadas en la zona ecuatorial, que son las más afectadas y bajo mayor riesgo, con Africa en torno a los enormes impactos climáticos que van creciendo; en la coyuntura actual de fenómeno de El Super Niño, que según la CEPAL significará por lo menos una pérdida de 2.0% del PIB para América Latina y el Caribe y la pobreza de 4,8 millones de habitantes con penurias en por lo menos los cuatro años siguientes, el agua cobrara cada vez más valor que el oro por que nos puede pasar lo del Rey Midas, que todo que tocaba se convertía en oro, hasta no poder tomarse un vaso de agua porque se transformaba en oro. Ahí comprenderemos el verdadero valor del agua.
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[*] Acudimos a la IA y a fuentes como la V Cumbre Internacional de Páramos recientemente llevada a cabo en Bucaramanga bajo la coordinación de la fundación “Agua Somos”. Desafortunadamente no fue posible contar con información que se presentó en dicho evento.
[1] Oro versus agua en Santurbán: ¿un falso dilema? Portafolio Pedro Miguel Vargas
05.12.2017
[2] “Cómo los canadienses se quedaron con el oro de Santurbán y sacaron del camino a los árabes que le apostaron primero” Las dos Orillas, febrero 2016.
Carlos Fonseca Zárate
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