La propuesta genera varias inquietudes. La primera tiene que ver con el beneficiario inmediato del ahorro. La segunda con la institucionalidad de los administradores de los fondos de pensiones. Y la tercera con la seguridad social vista en el largo plazo.
1. El beneficiario inmediato del ahorro
El 10% del ahorro se puede utilizar de dos maneras. En la opción uno el dinero lo recibe el Gobierno, que se comprometería a reponerlo cuando la persona esté pensionada. Esta modalidad tiene un claro impacto fiscal en el futuro. Y en la opción dos los recursos se le entregan directamente al ahorrador. Esta última parece ser la preferencia del ministro Carrasquilla.
Los fondos privados administran unos $260 billones. Si el Gobierno dispusiera del 10% tendría $26 billones (2,6% del PIB). No hay ninguna claridad sobre el destino que tendrían estos recursos.
La segunda opción consistiría en permitirle a la persona que, por una sola vez, pueda solicitar un monto que llegaría hasta el 10% de su ahorro. Esta operación se reflejaría en el futuro en una reducción de la pensión.
Los fondos de pensiones privados rechazan estas medidas porque disminuyen su rentabilidad. Han insistido en que es preferible que las personas retiren las cesantías en lugar de las pensiones.
Más allá de los argumentos de los fondos de pensiones, no es conveniente utilizar el ahorro pensional, porque la disponibilidad de liquidez coyuntural se reflejará en desequilibrios futuros.
Si el gobierno toma directamente los $26 billones encontraría una alternativa de financiación fácil, y su margen de maniobra se ampliaría. Pero esta opción tiene un claro impacto fiscal, porque el día de mañana el gobierno tiene que responderle a los pensionados.
La opción dos, que le permite a la persona retirar una parte de su ahorro, también es un alivio para el gobierno, que podría reducir parte de los subsidios, ya que con los nuevos recursos las familias pueden sortear, así sea parcialmente, sus dificultades económicas. Este mecanismo favorece el consumo presente pero reduce el monto de la pensión y, por tanto, se sacrifica el consumo futuro.
2. El debilitamiento de la institucionalidad de los fondos privados
De manera ambigua, y en medio de la crisis, esté gobierno está dando dos mensajes. Por un lado, le coquetea al voluminoso ahorro pensional. Y, por el otro, muestra sus dudas sobre la capacidad de los fondos privados de financiar, en los años próximos, las obligaciones de pensión mínima. Y si los privados no son capaces, el gobierno tendrá que llenar el vacío. Como la rentabilidad de los fondos está cayendo, este escenario va siendo más evidente. Para el gobierno es lógico tratar de aprovechar una liquidez que necesita de manera angustiosa. Y, además, puesto que el Estado deberá responder en última instancia, cuando los fondos privados no sean capaces, no tiene sentido que éstos sigan disfrutando de las ventajas de la alta liquidez.
Por la vía menos esperada, y antes de cualquier reformar pensional, el gobierno está tomando medidas que mostrarían que poco a poco va cediendo a la tentación de nacionalizar el ahorro pensional. De hecho, ya está utilizando el 30% de este ahorro, que es el porcentaje del portafolio que los fondos están destinando a la compra de TES.
El Congreso también ha expresado su sospecha frente a las bondades de los fondos privados, y por esta razón está a punto de aprobar una ley que le permitiría el traslado hacia Colpensiones, a quienes les falta menos de 10 años para pensionarse.
3. La seguridad social en el largo plazo
Los economistas de la escuela austriaca, como Böhm-Bawer y Mises, y también Keynes, mostraron que los seres humanos preferimos el consumo presente al consumo futuro. Y por esta razón, los sistemas de seguridad social tienen que obligar a los jóvenes a que ahorren hoy, de tal forma que tengan recursos para cuando sean viejos. Si esta decisión se deja a la libre elección, es muy factible que la mayoría de las personas no ahorren, ya que la presión por el consumo presente termina imponiéndose.
Los sistemas de seguridad social están sostenidos en normas que obligan a ahorrar. El Estado tiene una visión de largo plazo más clara que la del individuo, que en su vida cotidiana está ahogado por las urgencias del presente. Si el Estado también queda prisionero del corto plazo, las bases de la seguridad social se resquebrajan.
Jorge Iván González
Foto tomada de: El Heraldo
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