A los cien días del desgobierno del “Ilegítimo”, ha quedado demostrado que su política anti derechos es calco y copia de los métodos fascistas de sus amos los criminales y genocidas Donald Trump y Benjamín Netanyahu y se fundamenta en el odio, tanto por la izquierda y la oposición, como por la clase trabajadora y los pobres, convertidos en objetivo y víctimas de criminal persecución. Su misión es proteger los privilegios y los intereses de los ricos, mega ricos, narcotraficantes, contrabandistas, corruptos, banqueros, mafiosos, etc., y garantizarles la sobrexplotación laboral, el saqueo de los recursos públicos e increméntales sus ganancias.
Apoya la persecución y expulsión de trabajadores inmigrantes de los EE. UU, el genocidio de Gaza, la guerra contra Irán, los bombardeos a Siria, Yemen, a embarcaciones de pescadores en el Mar Caribe y el Océano Pacífico; el bombardeo a Venezuela y el secuestro del presidente Maduro y su esposa Cilia Flórez y al criminal bloqueo naval y comercial al pueblo cubano. Su adhesión a los crímenes de lesa humanidad de sus amos, Trump y Netanyahu, lo hacen cómplice del genocidio. Reabrió relaciones con el estado sionista de Israel y, contrario a mandatos de la ONU, instaló la embajada de Colombia en Jerusalén.
Desde su posesión, mostró su catadura de cipayo, tanto del gobierno, como de los mega – ricos del imperio estadounidense. Firmó con el secretario de Estado, Marcos Rubio, el “pacto de Barranquilla” y se comprometió a pedirle permiso a los EE. UU. Para vender o licitar cualquier activo de minerales críticos o tierras raras; otorgó a Washington el poder de veto geopolítico para permitir o no, la explotación de dichas riquezas nacionales; además de permitir al complejo militar e industrial estadounidense, elaborar el mapa geológico de Colombia para inventariar y controlar las reservas estratégicas del país y, se comprometió a desregular y acelerar permisos mineros a las multinacionales gringas para que exploten nuestros recursos y para que, mediante licencias ambientales exprés, hagan exploración petrolera con el sistema del fracking, que envenena el agua y destruye la placa tectónica, la vida y la naturaleza.
Se trató, ni más ni menos, de “una capitulación y entrega de los recursos estratégicos nacionales a los intereses de las multinacionales mineras gringas” (Kevin Gómez Paz, senador). Así mismo, adhirió, al llamado “Escudo de las Américas”, y se comprometió con la realización de operaciones militares conjuntas en territorio nacional; ahora, más que nunca, seremos una colonia norteamericana.
Desgobierno del odio (Aporofobia) por la clase trabajadora y los pobres de Colombia
El proyecto de reforma tributaria, enmascarada de “rescate económico”, es muestra de su desprecio por las clases trabajadoras y los pobres del país; pretendía grabar con IVA del 19% los productos de la canasta familiar; pero, el rechazo masivo, expresado en la convocatoria al paro nacional del 19 de noviembre, contra la regresiva reforma, obligó al ilegítimo a recular y anunciar que la canasta familiar no será gravada; un triunfo anticipado del paro nacional; pero, como dice el proverbio “hasta no ver no creer”.
El retiro del IVA a la canasta básica, no significa que la reforma deje de ser regresiva; porque mantiene el gravamen del 19% al servicio de internet para los estratos 1,2 y 3, a los celulares de baja gama y aumentan los aportes a la salud del 4% al 5.5% y progresivamente hasta el 8% de los salarios; a la medicina prepagada le aumenta el impuesto del 5% al 19%, los planes complementarios, ya no pagarán el 5%, sino el 19%, las tarifas de los servicios públicos quedaran sin subsidios y serán elevadas; etc.; al tiempo que anunciaron un recorte de más del 22% del gasto público, lo cual significa que harán una masacre laboral, despidiendo más de 350. 000 trabajadores del sector público, y recortarán la inversión en salud, educación, desarrollo agropecuario, al SENA, al deporte, la cultura, etc. La ministra de educación ya solicitó recorte de $381.000 millones a su cartera. Millones de niños, niñas y jóvenes se quedarán sin educación, sin alimentación escolar y sin docentes.
La demagógica de devolución del IVA a 19 millones de consumidores, es una farsa que ya fracasó en el gobierno de Duque, porque la facturación electrónica opera en las super tiendas, pero no en las tiendas de barrio, ni para los vendedores de líchigo o puchos, en las centrales de abastos.
Las y los trabajadores, formales e informales, con ingresos de $3 millones mensuales en adelante, tendrán que declarar y pagar renta, eliminan deducciones clave en la retención en la fuente por personas dependientes (hijos o familiares a cargo) para incrementarles el impuesto real a pagar cada año; imponen IVA del 19% a las compras en las plataformas de comercio electrónico internacional e incrementan progresivamente el impuesto al carbono. Se impondrá IVA de 19% al abono, los plaguicidas y los tractores; los campesinos pagarán más por los insumos y el pueblo pagará más caro los productos de la canasta familiar.
Con esta regresiva reforma, si el pueblo colombiano no la derrota, las familias pobres y de la clase media empobrecida, a duras penas pondrán en la mesa un plato de comida diario, escaso de nutrientes y calorías; y, el acceso al internet, la información y la cultura será inalcanzables para los jóvenes que se educan en la escuela pública. El pueblo, debe seguir movilizado y en pie de lucha contra el desgobierno y su regresiva reforma tributaria.
¿Dónde está la plata para los damnificados del terremoto?
El show del ilegítimo repartiendo besos, sonrisas, balones y falsas promesas de pronta reparación y reconstrucción de sus casas, auxilios económicos para arriendos, vestido y alimentos, etc., entre los cientos de miles de familias damnificadas, fue clara muestra de su desprecio y su aversión por los pobres; cien días después de la tragedia, la ilegítima primera dama sigue burlándose de un fallo de tutela y de un incidente de desacato, que le ordenan a su fundación entregarle cuentas al país sobre el destino de los cerca de dos billones de pesos de aportes solidarios, nacionales e internacionales, recaudados por ella, que aún no se han invertido para reparar a los damnificados. La población y la bancada del Pacto Histórico siguen preguntando ¿Dónde está la plata?. Entre tanto, las familias con sus hijos, deambulan, protestan, duermen en carpas y cambuches armados con bolsas de basura, aguantan hambre, malnutridos y expuestos al sol y al agua y a todo tipo de enfermedades.
El llamado “Fondo Milagro”, creado dos meses después del terremoto, con los $624.000 millones del empréstito del Banco Mundial, gestionado por Gustavo Petro, aún no ha informado, ni presentado un plan de reconstrucción y apoyo a las familias en los departamentos afectados por el terremoto, que, hasta el momento, no han recibido ayudas de ninguna especie. El filipichín y su esposa le mienten al país.
Abelardo nombró como gerente del fondo al autor de tres millones de firmas falsificadas para inscribir su candidatura, Jaime Uribe, con salario de $40 millones mensuales, y una planta de 130 personas, que costará $45.162 millones en un año, quien por inepto y remiso a los debates de control, debió renunciar. El Fondo Milagro será administrado como patrimonio autónomo por la fiduciaria FIDUCOLDEX que cobrará una comisión de $2.982 millones al año. Los billones recaudados están refundidos y el desgobierno los gasta en costosa burocracia, mientras las familias damnificadas viven en la pobreza, a la intemperie y sufriendo las vicisitudes de su desgracia, la inclemencia y la codicia de Abelardo, sus cómplices y su esposa.
Desgobierno de la guerra, narco – paramilitar, inepto y fracasado
El ilegítimo no sometió, ni exterminó los grupos armados, ni dio de baja diez de sus cabecillas en 90 días, como lo prometió en su campaña; ese es el centro de su política de seguridad; pero, según la revista The Economist, su política no ha pasado de ser un show y una estela de fracasos, sin resultados contundentes y con muchos videos editados, auto referenciados y auto elogiados, además de grotescos, y, advierte que “hará falta más que videos de Tik Tok para romper el dominio de los grupos armados”.
Por el contrario, el país regresó a la violencia indiscriminada, en 9 bombardeos solo ha abatido a segundones, apenas eliminaron tres cabecillas; las cifras oficiales sobre las consecuencias de la guerra del tigre de Temu son fatales; se registraron 161 actos violentos, 511 víctimas, 66 civiles asesinados, 44 uniformados muertos; el asesinato de militares aumentó en 58% y los ataques de las disidencias a cuarteles y poblaciones, con drones explosivos, siguen dejando decenas de uniformados, civiles inocentes muertos y heridos.
El reclutamiento de menores aumentó el 152%, los muertos de miembros de la fuerza pública aumentaron el 56%, los heridos crecieron 72%, confinamiento de comunidades aumentó 155%, atentados terroristas ascendieron 304%, los secuestros 6%; etc. Su política de guerra solo ha causado desolación y muerte. Además, el ridículo show de Abelardo, disfrazado de militar con pistola al cinto, agrediendo, humillando y violando los derechos y el debido proceso a los capturados, es objeto de rechazo y de frecuentes burlas entre la población y los militares.
El combate al narcotráfico y su política de retorno a la fumigación de cultivos de coca, con Glufocinato de Amonio, más letal que el glifosato, también fracasó; gracias a la resistencia popular, un juez prohibió los ensayos que habían programado en el departamento de Putumayo. El senador del Pacto, Ferney Silva entregó estas cifras comparadas con los registros que dejó Gustavo Petro en sus primeros 100 días: la erradicación de cultivos cayó 66%, destrucción de laboratorios 27%, incautación de base de coca, menos 23%, decomiso de hoja de coca, menos 34%. Se trata del retorno a la persecución a los cultivadores, mientras sus amigos, los capos del narcotráfico, viven en Miami y en grandes metrópolis árabes y europeas.
Desgobierno de mega ricos, corruptos, narcotraficantes y paramilitares.
Es de conocimiento público que Abelardo y Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol hicieron parte de la fundación FIPAZ, financiada por la cúpula de las AUC, que el narcotraficante, Massim Orfale, financiador de su campaña, fue capturado y extraditado a USA pedido por la justicia gringa, que él y su familia negociaron tierras con el narco-paramilitar alias Barbi; que el senador Iván Cepeda presentó ante la Comisión de Investigación y acusación de la Cámara de representantes, denuncia penal contra el ilegítimo, con solidas pruebas, relacionadas con presuntos vínculos económicos y empresariales con narcotraficantes y paramilitares. Los hechos se refieren a lavado de activos por $370.000 dólares, en los EE.UU., en complicidad con Alex Saab, del cual fue su abogado y sus socios Jorge Luis Hernández, alias “Boliche”, condenado en USA, por actividades ilícitas relacionadas con paramilitares, y Daniel Peñarredonda como posible “coconspirador 1”. El conflicto de interés se refiere a los nombramientos de sus familiares, los de su esposa, la exesposa y los integrantes de su empresa “De La Espriella Sawyer” en altos cargos públicos.
La senadora Alejandra Omaña, presentó en plenaria del Senado una lista de altos funcionarios del gobierno, cuyos familiares fueron procesados penalmente o tienen procesos en curso por vínculos con paramilitares y narcotraficantes, entre ellos Vivian morales cuyo esposo, Carlos Alonso Lucio fue asesor de comandantes de las AUC; María consuelo Araujo, embajadora en USA, es parte del clan Araujo con nexos con el jefe paramilitar Jorge 40; Elsa Noguera, ministra de transporte, su esposo ha sido condenado por concierto para delinquir y por vínculos con alias “Los Mellizos” de las AUC; Juan Camilo Valencia, sobrino de un condenado por concierto para delinquir y vínculos con paramilitares; Paola Holguín, Ministra de cultura, hija de un testaferro de Pablo Escobar; Gisselle Roa , Secretaria General de cultura, hija de un condenado por paramilitarismo; Alejandro Pretelt, +Secretario del Ministerio de Agricultura, hijo de condenado del Cartel de la Toga y comprador de fincas confiscadas a los paramilitares; José Vicente Carreño, investigado por desaparición forzada. La senadora remató su denuncia preguntando si, el de Abelardo, es o no un gobierno paramilitar. La respuesta salta a la vista.
José Arnulfo Bayona
Foto tomada de: El País

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