El 15 de marzo de 2023 fue radicado, ante el Senado de la República, el proyecto de ley del gobierno del Presidente Petro [1] relacionado con el sometimiento a la justicia y desmantelamiento de grupos y bandas criminales de alto impacto.
Este proyecto se constituye en un componente fundamental del proceso de paz total, por la incidencia y diversidad de este tipo de grupos armados ilegales en los territorios rurales y urbanos, su afectación a las comunidades, a los ecosistemas, la corrupción de las instituciones democráticas y su entrelazamiento con el crimen transnacional.
A la vez, el proyecto de ley se convierte en un elemento nodal del cumplimiento del Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno Santos y las extintas FARC EP, en lo relacionado con el Punto 3.4 referente al desmantelamiento de las bandas, grupos criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Como es lógico, en un país atravesado por múltiples violencias sería completamente iluso pensar que dicho logro fuera, solamente, el fruto de la acción de las fuerzas armadas, como pretenden, de manera engañosa, los voceros de los grandes medios y de las élites tradicionales empeñadas en perpetuar las dinámicas de confrontación armada como escenario propicio donde pervivan la impunidad, el síndrome del enemigo interno, las políticas contrainsurgentes y las camufladas conexiones con las economías ilegales.
Es de tener en cuenta la complejidad de la violencia armada en los territorios donde concurren y se enfrentan dinámicas de actores armados de carácter político, tales como el ELN, las disidencias de las FARC EP, hoy denominadas Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, incluso contaminadas con actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal. A la par, la incidencia degradante del tejido social e institucional en su conjunto, por parte de las bandas criminales dedicadas a la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de personas, la cooptación de jóvenes en riesgo social, el reclutamiento forzado, la apropiación de recursos públicos a través de la corrupción, del crédito gota a gota a los actores de la economía informal y el asesinato por encargo, especialmente, en contra de personas defensoras de los derechos humanos, reclamantes de tierras, líderes y lideresas sociales, campesinos, indígenas, afros, excombatientes y población LGBTIQ+.
El año 2023 comenzó con la buena nueva de los decretos de cese al fuego con diversos grupos armados ilegales, entre ellos, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, más conocidos como “Los Pachencas”, con lo cual se aliviaría la situación humanitaria en cerca de 200 municipios afectados por la violencia armada.
En los decretos gubernamentales [2], el gobierno estableció mecanismos para la veeduría, monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral y temporal integrado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Fuerza Pública; delegados autorizados del respectivo grupo armado ilegal con quien se establece el cese bilateral, previamente por el gobierno; las organizaciones sociales territoriales y la iglesia católica. También, se invitó a participar al Consejo Mundial de Iglesias y se solicitó a la II Misión de Verificación de la ONU en Colombia y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA la labor de conformar el componente internacional de dicha labor de verificación de cese al fuego bilateral.
La Misión de Verificación de la ONU, a través de su vocero, Carlos Ruíz Massieu, informó en ese momento que no había recibido, todavía, la solicitud formal por parte del gobierno nacional y que, por tanto, no estaba en capacidad de hacer dichas verificaciones. Al tiempo, recomendó la definición de protocolos de verificación para poder hacer una propuesta al Consejo de Seguridad de la ONU.
Como lo expresara el Ministro del Interior, Alfonso Prada [3], dichos ceses bilaterales, como se ha visto durante los últimos tres meses y, especialmente en marzo en el Bajo Cauca, no inhiben la actuación de la fuerza pública para atacar la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y todo tipo de delito en contra de la comunidad en cualquier parte del territorio nacional. Con dichas medidas de cese bilateral se buscó garantizar la protección de las comunidades afectadas por las confrontaciones armadas, en contra de la fuerza pública, atenuar el desplazamiento forzado y salvar vidas, lo que permitiría aliviar la situación de violencia, como se ha dicho, en cerca de 200 municipios [4].
No obstante, los ceses al fuego, por ser bilaterales entre los grupos y la fuerza pública y no multilaterales entre los diversos actores armados, no alcanzan a frenar la confrontación violenta entre grupos armados ilegales, lo que afecta a las comunidades que quedan en medio del conflicto.
Una excepción a esta dinámica de confrontación entre bandas y grupos armados ilegales la constituye el cese de hostilidades, por mediación de la Iglesia Católica y el acompañamiento gubernamental, entre los Shottas y Espartanos en Buenaventura, lo que ha permitido detener los asesinatos, eliminar las fronteras invisibles en los barrios del municipio y abrir caminos de diálogo socio-jurídico [5] para la transición a la legalidad de más de 1.660 jóvenes, con base en el reconocimiento de la verdad de las víctimas, con garantías de no repetición, lo que permitiría neutralizar el riesgo de reclutamiento de siete mil jóvenes por parte de las bandas criminales en los próximos años.
Dada la complejidad y variedad de ceses de hostilidades entre grupos y la fuerza pública, a la fecha, solamente se ha pactado el protocolo de cese al fuego con la disidencia de las FARC EP conocida como Estado Mayor Central, con quien se avanzará en un proceso de negociación política. En dicho protocolo se prohíbe el tránsito o permanencia del grupo armado ilegal en las cabeceras de municipios, zonas rurales y vías primarias, con el fin de evitar la afectación de la vida e integridad física de la población civil. Con ello, se neutraliza una dinámica de acción que este grupo venía ejecutando en municipios del departamento del Cauca y en el Bajo Cauca antioqueño intimidando a la población.
En contraste, en el caso del Cartel del Golfo se presenta la suspensión del decreto de cese al fuego. Este grupo – antes denominado Los Urabeños y conformado por exparamilitares y narcotraficantes ligados a las Autodefensas de la Casa Castaño, fundado en 2007 con incidencia de altos mandos militares como lo declarara días antes de ser extraditado, Otoniel su comandante -, se presenta a sí mismo como Autodefensas Gaitanistas, con la intención de atribuirse un carácter político que no tiene. Con ello, busca forzar una negociación de acuerdo de paz, en vez de un sometimiento o acogimiento jurídico a la institucionalidad.
La situación de conflictividad ha llevado al gobierno a la suspensión del decreto de cese bilateral del fuego con dicha organización multicrimen y a copar militarmente varios departamentos, especialmente, de Antioquia, Córdoba y Chocó con más de ocho mil soldados y dos mil efectivos policiales, a raíz de los bloqueos de carreteras, el incendio de vehículos, el confinamiento poblacional y los ataques armados a la fuerza pública colocando como pantalla el paro de los pequeños mineros artesanales. Como se sabe, el gobierno ha hecho una adecuada distinción entre los pequeños mineros artesanales y los operadores de minería ilegal a los cuales, en hechos sin precedentes se les ha venido destruyendo las dragas y maquinaria amarilla, para impedir que se sigan lucrando de actividades ilegales. A la par, las operaciones militares se articulan con el cierre de rutas del narcotráfico y la interdicción aérea, marítima y fluvial, como estrategia de lucha contra el narcotráfico.
Paralelamente, se avanza en la mesa de concertación con los mineros artesanales, los alcaldes de los municipios del Bajo Cauca, el gobernador de Antioquia y delegados de los ministerios competentes, para avanzar en los procesos de creación del distrito agrominero en la región, en los programas de formalización de la minería artesanal, para la transformación productiva, la restauración ecológica y la creación del multicampus universitario para ampliar la oferta educativa, entre los aspectos relevantes.
El conflicto con el Clan del Golfo ha conmovido los cimientos sociales e institucionales, más allá de las zonas de presencia armada del grupo multicrimen. En contraste con otras épocas trágicas de plan pistola contra la policía y varios paros armados en varios departamento, donde hubo silencio absoluto de gobernantes, con la rara excepción de algunos alcaldes de pequeños municipios, actualmente, se han expresado 17 alcaldes de grandes ciudades, voceros de medios de comunicación y de partidos de ultraderecha, en una campaña disfrazada de patriotismo con el lema del escudo nacional, de “Libertad y Orden” con la probable intención de cuestionar la política de paz total. A esta campaña respondió oportunamente el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, para mostrar que la libertad y el orden están en relación con el Estado Social y Democrático de Derecho, como propósito colectivo que compromete a todos los sectores políticos, sociales, académicos y juveniles en el país. Lo cierto es que en los últimos meses se ha logrado desescalar la violencia en las zonas de incidencia de las disidencias y del Clan del Golfo, como lo muestra Indepaz [6].
En la coyuntura, también se ha exacerbado la participación de Francisco Barbosa, el Fiscal General, en los medios de comunicación, en foros universitarios y en reunión con sectores de partidos políticos de oposición. Pese a que la comisión encargada de redactar el proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales a la justicia acogió las recomendaciones que éste presentó al Presidente Petro, para fortalecer el borrador del Proyecto de Ley, el Fiscal se erige como vocero de oposición tildando de “irresponsable” al Presidente, por el manejo del orden público, pidiendo que se deroguen todos los decretos de cese bilateral del fuego argumentando presunta generación de dificultades de operatividad [7]. El Fiscal, también se fue lanza en ristre en contra del Plan de Desarrollo aduciendo siete posibles riesgos en protocolos de transparencia pública, en una dinámica de intervención que, presumiblemente, rebasa sus funciones constitucionales.
Lo cierto es que, incluso, con la suspensión del decreto de cese bilateral del fuego por parte del gobierno, a raíz de las hostilidades realizadas por parte del Clan del Golfo, el gobierno nacional mantiene la firme decisión de continuar con la puerta abierta al diálogo, con miras al sometimiento a la justicia de esta estructura criminal. Así lo expresó el Ministro de Defensa Iván Velásquez en reciente entrevista [8]
En lo concerniente a las nueve observaciones relacionadas con el primer borrador de la ley de sometimiento a la justicia [9], Barbosa reclamó que: 1) La Fiscalía es el ente competente para asumir la investigación y ejercer la acción penal sobre quienes manifiesten su voluntad de sometimiento. 2) Mayores tiempos procesales para estudio profundo de corroboración y contrastación probatoria. 3) Mayores potestades para investigar otras conductas no puestas en conocimiento por parte de quienes se someten. 4) Topes en extinción de dominio y bienes afectados con medidas cautelares no pueden hacer parte de negociaciones de las organizaciones criminales. 5) No competencia de la Fiscalía en aprobación de listados ni verificación de cumplimiento de obligaciones. 6) Aplicación del principio de oportunidad, entendido como inmunidad penal sólo se debe otorgar cuando el aspirante al mecanismo cumpla todos los compromisos de verdad y colaboración efectiva. 7) Protección de las víctimas. Ruta de atención, reconocimiento y reparación de las víctimas. 8) Respeto al principio de cosa juzgada para que ni se modifiquen o alteren sentencias que están en firme y 9) No aplicar el principio de oportunidad al concierto para delinquir en delitos graves relacionados con infracciones a los derechos humanos y a la dignidad de las víctimas.
Con los ajustes introducidos por la comisión redactora del proyecto de ley de sometimiento, el proyecto recibió concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal, aunque con observaciones, previa radicación ante el congreso de la República. Por parte de la Fiscalía, desde el seno del Consejo se pretende mantener la denominación de grupos armados organizados que el proyecto de ley sustituye y otras instancias plantean que se debe aclarar si quienes se someten pueden o no ser objeto de extradición y el impacto que esto puede tener en la entrega de bienes y en los derechos de las víctimas.
El proyecto de ley de sometimiento a la justicia radicado ante el Congreso de la República el pasado 15 de marzo, como elementos fundamentales, propone un marco jurídico para que las estructuras armadas organizadas de crímenes de alto impacto, sin carácter político, se puedan someter a la justicia. Esto es, que reconozcan el ordenamiento jurídico colombiano, a partir del desmantelamiento de toda la organización, la entrega de armas, rutas, bienes ilícitamente adquiridos y de cualquier método de intimidación a la población y control territorial.
La ley 2272, Ley de Paz Total, en su artículo 2 establece las características de estas estructuras armadas organizadas. Precisa su conformación plural, su estructura jerárquica o en red, su dedicación permanente o continua a conductas punibles, sus patrones criminales incluido el sometimiento violento de la población y el cumplimiento de funciones en economías ilícitas.
Así mismo, el proyecto de ley establece las obligaciones que debe cumplir el integrante de una estructura criminal para acceder al tratamiento penal, lo que incluye su manifestación de intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La intención colectiva de desmantelar la estructura armada organizada, así como la suspensión de las actividades ilícitas, Manifestar el compromiso de asistir a los mecanismos institucionales de verdad y memoria histórica. Entregar las armas en poder de la estructura, La entrega de secuestrados, de menores reclutados, de los bienes y activos vinculados a la actividad ilegal dentro o fuera del país, así como del suministro de información precisa de redes de apoyo, colaboradores, determinadores y beneficiarios de actividades ilícitas.
Así mismo, debe manifestar su compromiso de entregar la información referente a métodos de operación, identificación de rutas, centros de acopio, de embarque y operadores de compra-venta de productos ilegales. También, la relacionada con vínculos con otras estructuras ilegales y demás, lo que deberá ser verificado por el Ministerio de Justicia, la fiscalía, la Oficina del Alto comisionado de Paz, con el apoyo de los mecanismos de acompañamiento y verificación que se definan.
El proyecto de ley establece, también, las causales de pérdida del tratamiento penal entre las que se encuentran el rearme, la comisión de delitos con posterioridad al sometimiento y suscripción del acta individual de sujeción y garantía de no repetición, el involucramiento en actividades ilegales, el incumplimiento reiterado e injustificado de la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración.
El proyecto de ley combina las modalidades de justicia retributiva y restaurativa, con penas de prisión efectivas en centro carcelario de entre 6 y 8 años para cabecillas y mandos medios, sin derecho a detención domiciliaria ni redención de penas por trabajo o estudio y cuatro años más de libertad vigilada para desarrollar actividades restaurativas del tejido social y reparación de comunidades afectadas por su actividad criminal.
Los bienes entregados se utilizarán en la reparación de las víctimas. Las personas procesadas podrán conservar hasta el 6% del valor de los bienes, acorde con la actual ley de extinción de domino, pero, no podrán exceder los diez mil salarios mínimos legales mensuales vigentes – SMLMV.
Los representantes-voceros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto serán los responsables de entregar los listados de sus integrantes incluyendo a quienes estén privados de la libertad, al gobierno nacional, por intermedio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, instancia que, junto con la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional -DIPOL-, la Dirección de Nacional de Inteligencia -DNI-, e Inteligencia Militar, constatarán y depurarán las listas y hará las exclusiones a que haya lugar. Se creará un Comité Interinstitucional de Verificación para consolidar el listado definitivo. El Comité estará integrado por un delegado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN- quien lo presidirá; el Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que ejercerá la Secretaría Técnica.
En caso de incluir en los listados personas ajenas a la estructura armada de alto impacto, tanto los voceros y representantes como las personas que pretendan hacerse pasar por integrantes serán penalizados de acuerdo con la ley y perderán los beneficios del tratamiento de la ley de sometimiento, en caso de haberlos obtenido.
La ley prevé un período de dos años para acogerse a la ley por parte de mandos y cabecillas y el Presidente tendrá discrecionalidad para prorrogar el plazo por un año más. Además de los bienes para reparación de las víctimas las penas de los mandos y cabecillas tendrán en cuenta los compromisos de reparación suscritos con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del alto Comisionado para la Paz. Todos los procesos estarán a cargo de la justicia ordinaria y no se creará ningún tribunal especial.
En caso de incumplimiento por parte de algún mando, en caso de que sea revocado el tratamiento penal de algún integrante beneficiario del principio de oportunidad, los hechos serán investigados y juzgados con base en el procedimiento ordinario.
Los procesos podrán tener fallos colectivos en contra de estructuras de una organización criminal de alto impacto, no obstante, las sentencias serán individuales.
Es de subrayar que la ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto no considera la modificación unilateral por parte del Estado colombiano, en relación con la extradición. De querer hacer tal tipo de modificaciones al régimen de extradición, el Estado debe dialogar con sus respectivas contrapartes con base en el derecho internacional pertinente.
En caso de existir mandos y cabecillas condenados, éstos podrán acceder al tratamiento penal considerado en el proyecto de ley, una vez aprobado. Con ello, la condena se podrá ajustar a lo dispuesto en la ley, una vez la estructura criminal de alto impacto que se somete a la justicia lo incluya en el listado y su nombre sea avalado por el Comité Interinstitucional de Verificación.
La Fiscalía y el gobierno vuelven a chocar porque Barbosa dice que sus recomendaciones no fueron recogidas, mientras que los voceros gubernamentales afirman que esto no es cierto. Incluso, Barbosa se atrevió a decir que como Fiscal no dejará que pase esa norma [10]. Además, llegó a expresar que Pablo Escobar estaría feliz con dicha Ley. El Ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha desmentido al Fiscal y ha enfatizado en que el sometimiento es una figura enfocada en los grupos que carecen de carácter político.
El Presidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda, también se ha expresado en rechazo a las afirmaciones del Fiscal y ha llamado la atención en que las objeciones por él planteadas fueron acogidas y luego se inventa otras desde una óptica de “pequeño dictador legislativo”. Incluso, el Presidente Petro le ha llamado la atención al Fiscal Barbosa dados los casos de corrupción con los bienes de los narcotraficantes en la SAE, los casos de la UNP y en la propia Fiscalía, sin que el Fiscal Investigue [11]. Queda en el ambiente la gran pregunta acerca del presumible incumplimiento de su misión constitucional y su actitud beligerante como cortina de humo para esconder el temor a la verdad que pueden contar quienes se sometan a la justicia. Son de recordar las movidas de extradición de los jefes paramilitares y de Otoniel, para alejarlos de las víctimas y de la confrontación con la verdad, así como de sus redes de relaciones económicas, sociales e institucionales donde están los determinadores.
En el contexto nacional de campos y ciudades, de territorios afectados por el conflicto y de la prevalencia de los intereses y derechos de las víctimas de todas las violencias está la pertinencia de avanzar en las distintas leyes y políticas de paz; en especial, en las de sometimiento de las bandas y grupos criminales de alto impacto.
Por ejemplo, en Medellín existen más de 12 estructuras criminales de alto impacto pendientes de esta ley en el país. Aunque algunas de ellas tienen objeciones, se enfocan en la búsqueda de justicia, verdad, reparación integral y no repetición, con disposición a entrar en el proceso de paz total en lo urbano y rural y si hoy no se disparan entre ellos es porque tienen acuerdos ilegales que las autoridades no controlan, como lo reconoce Fernando Quijano [12]. Según Quijano, la Oficina de Envigado cuenta hoy con 12 estructuras que articulan la mayoría de bandas que incursionan en Medellín y Antioquia y varias de ellas se expanden a nivel nacional. Su reflexión se refiere a que si se logra bajar “el poder de la criminalidad al 30 o 35% ya hay un logro”. Esto, máxime en un contexto de crecimiento del crimen transnacional donde inciden en forma determinante los carteles mexicanos.
La Ley de sometimiento presentada por el gobierno Petro para su trámite en el Congreso debe recoger lecciones aprendidas del fracaso de procesos de sometimiento durante pasados gobiernos, en particular, por carencia de verdad, por la no reparación de las víctimas, por la prevalencia del sometimiento individual, por la inviabilidad de acogida de las propuestas jurídicas por parte de las bandas y grupos criminales, por reincidencia de los grupos delincuenciales sucesores del paramilitarismo y su dinámica de expansión y penetración en diversas zonas del país, tal como ocurre actualmente en el Magdalena Medio y en las regiones del Guaviare, el Caquetá, el Meta, con grave afectación de las comunidades.
Fuentes:
[1] Ministerio de Justicia y del derecho. ABC Proyecto de Ley. ‘Por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones’. [2] Infobae. Conozca los decretos con los que el Gobierno nacional fija el cese al fuego con grupos ilegales. Enero 4 de 2023. [3] Preada Alfonso. “No hay un milímetro en que las Fuerzas Armadas estén vedadas para actuar”: así funcionará el cese bilateral al fuego. El Colombiano. Enero 03 de 2023. [4] Neira Santiago. Estado Mayor Central y Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada: quiénes son y dónde operan los grupos armados que firmaron un cese al fuego con el gobierno de Petro. Infobae. Enero 02 de 2023. [5] Presidencia de la República. Se abre el camino con los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’, en Buenaventura, para una mesa de diálogo que facilite la transición a la legalidad de 1.600 de sus integrantes. Diciembre 3 de 2022. Bogotá. [6] OBSERVATORIO DE DDHH, CONFLICTIVIDADES Y PAZ. Cifras del cese al fuego y cerse de hostilidades contra la población civil. Indepaz. Marzo 7 de 2023.Ver: https://indepaz.org.co/cifras-del-cese-al-fuego-y-cese-de-hostilidades-contra-la-poblacion-civil/
[7] Londoño Ortiz Ana María. Fiscalía pide que se deroguen todos los decretos de cese al fuego bilateral. W Radio. Marzo 22 de 2023.
[8] Yamid Amat. “Diálogos con Clan del Golfo continúan” pese a suspensión de cese del fuego: ministro de Defensa, Iván Velásquez. Pregunta Yamid. Canal 1. Marzo 21 de 2023.https://canal1.com.co/programas/pregunta-yamid/emisiones/pregunta-yamid-cese-al-fuego-clan-del-golfo
[9] Administrador Web El Quindiano. Las 9 observaciones del Fiscal Barbosa al proyecto de sometimiento a la justicia. Marzo 21 de 2023. [10] Reynoso Lucas.La Fiscalía y el Gobierno vuelven a chocar por la ley de sometimiento. El País América. Marzo 16 de 2023. [11] RTVC Noticias @RTVCnoticias. Marzo 22 de 2023.Ver: https://twitter.com/RTVCnoticias/status/1638703169176739840?s=20
[12] Alzate Gonález Camilo. Fernando Quijano: ¿Las bandas de Medellín en la Paz total? Colombia +20. El Espectador. Enero 25 de 2023.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: RTVC Noticias
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